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La Justicia anuló el Protocolo Antipiquetes por ilegal… y lo resucitó en 24 horas
31 de diciembre de 2025, por Presión del Ejecutivo — Política, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Protocolo antipiquetes , Javier Milei, Política, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Protocolo antipiquetes , Javier Milei
Un día duró el fallo de la Justicia que, tras dos años de represión y criminalización de la protesta, declaró nulo el Protocolo Antipiquetes. El abogado del CEPRODH Matías Aufieri señaló: “el fallo es importante y la manera de hacerlo pesar va a ser obviamente redoblando la movilización y la pelea en las calles”.
Un día duró el fallo de la Justicia que, tras dos años de represión y criminalización de la protesta, declaró nulo el Protocolo Antipiquetes, esa herramienta de Patricia Bullrich que legaliza la brutalidad policial contra manifestantes. En cuestión de horas, la misma Justicia volvió sobre sus pasos y suspendió su propio fallo, cediendo rápidamente a la presión del gobierno de Milei y dejando el protocolo represivo otra vez vigente.
La Justicia servil al poder de turno
Con la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal no perdió el tiempo: concedió el recurso con ambos efectos y dejó la sentencia judicial en suspenso hasta nuevo aviso.
Así, el protocolo se puede seguir aplicando mientras se resuelve la cuestión de fondo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el propio gobierno celebraron la decisión y se jactaron en redes sociales del "orden recuperado". Bullrich, ahora senadora de La Libertad Avanza, fue una de las primeras en festejar el blindaje judicial sobre su legado represivo.
Matías Aufieri, abogado e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, damnificado por la represión que le provocó la pérdida de un ojo, afirmó en una entrevista en Radio 10: “No nos sorprende que el gobierno haya apelado a la resolución del juez Cormick y que como estamos acostumbrados Bullrich ejerza una presión importante para que le concedan el recurso de apelación, para poder tuitear lo que tuiteó hace algunos minutos”.
El mensaje del Ejecutivo fue claro: "El protocolo sigue vigente. No vamos a dar un paso atrás", declararon desde la Casa Rosada, aprovechando el aval exprés de la justicia para profundizar su ofensiva contra el derecho a protestar.
Lo cierto es que el fallo, respondiendo a la presentación realizada, hace dos años, por un colectivo de organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales encabezado por el CELS, e inclusive a una apelación del Ministerio de Seguridad, declaró el Protocolo antiprotestas ilegítimo.
La “Resolución 943/23 no resguarda el límite que le imponen los preceptos que surgen de la Constitución Nacional, de los Tratados que componen la ley máxima de nuestro país (art. 31 C.N.) y de la ley penal”; “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN…dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”; “Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23”, se puede leer en la resolución del Juez Cormick que reproducimos en este diario.
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Aufieri confirmó que “la resolución toma muchos argumentos que venimos planteando . Por ejemplo, que una mera resolución de Patricia Bullrich casi que hizo una reforma al Código Procesal Penal y al Código Penal, estableciendo que prácticamente manifestarse en las calles constituye un delito en flagrancia, con lo cual eso habilitaba a las fuerzas federales actuar sin ningún tipo de consulta a un juez. Además legitimó casi de hecho una intervención federal de las fuerzas de seguridad federales en los territorios locales”. El abogado del CEPRODH señaló que por tal motivo “el fallo es importante y la manera de hacerlo pesar va a ser obviamente redoblando la movilización y la pelea en las calles”.
Un protocolo a medida del ajuste y el FMI
La resolución 943/23 que dio vida al Protocolo Antipiquetes fue creada en diciembre de 2023, pensada como escudo para el ajuste y la entrega al FMI que Javier Milei pretendía imponer. Su implementación debutó reprimiendo la masiva protesta del 20 de diciembre de ese año.
Desde entonces, la represión se volvió moneda corriente: manifestantes que perdieron un ojo; heridos graves, como el fotoperiodista Pablo Grillo; jubilados y hasta una niña agredida por las fuerzas de seguridad. El saldo fue un repudio generalizado y la presentación de amparos y habeas corpus para frenar el abuso estatal.
Pero cuando el propio aparato judicial es parte del engranaje represivo, los derechos pueden esperar. La velocidad con la que la Cámara dejó sin efecto la nulidad es una postal del funcionamiento real de la justicia en Argentina: cuando se trata de blindar los intereses del poder y proteger a quienes aplican el ajuste, no hay feria ni burocracia que valga.
La única salida: unidad y lucha en las calles
La suspensión exprés del fallo que frenaba el protocolo de Bullrich es una señal de alerta y un llamado a la organización. No se puede confiar en una justicia que históricamente fue cómplice de la represión y la criminalización de la protesta. Es en la unidad, el apoyo y la nacionalización de todas las luchas –en un paro general y un verdadero plan de lucha– donde está la fuerza para frenar el ajuste y hacer retroceder los intentos de Milei de avanzar sobre derechos conquistados.
La represión y el blindaje judicial no se frenan en los tribunales: se frenan en las calles, con la movilización y la solidaridad de los trabajadores, la juventud y el pueblo. Solo así podremos arrancar de raíz las herramientas y protocolos que buscan callar la bronca y el reclamo justo de quienes no se resignan a vivir de rodillas.
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Uballes, el represor conocido como "Führer", obtiene la libertad condicional tras fallo de Hornos y Carbajo
31 de diciembre de 2025, por Otro genocida libre — Libertades Democráticas, Lesa humanidad, Genocidio, Genocidas, Verdad y Justicia, Libertades Democráticas, Lesa humanidad, Genocidio, Genocidas, Verdad y Justicia
Le otorgan la libertad a otro condenado por crímenes de lesa humanidad. La Sala IV de Casación priorizó informes favorables al represor por sobre las evaluaciones que destacaban su falta de arrepentimiento y la oposición unánime de las víctimas.
Eufemio Jorge Uballes, el ex subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) a quien sus víctimas identificaban en los centros clandestinos Club Atlético y El Banco con el apodo de "Führer" por su fijación con el nazismo, recuperará su libertad. Condenado a prisión perpetua en 2010 por crímenes de lesa humanidad, Uballes, de 78 años, fue beneficiado por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, firmado por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo. El mismo Tribunal que días atrás concedió la libertad a Emilio Eduardo Kalinec.
La decisión revirtió una resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que, el pasado 8 de septiembre, había rechazado su pedido de libertad condicional. El juez de ejecución Guillermo Costabel había fundamentado esa negativa en el informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que, dependiente de la propia Casación, destacó que Uballes no mostró "ningún tipo de arrepentimiento". Durante la entrevista, el represor afirmó no haberse defendido porque no había hecho "nada malo", justificó su accionar alegando que en el país se vivía una "guerra civil" y que solo obedecía órdenes.
Sin embargo, la defensa de Uballes apeló argumentando que no se había considerado suficientemente un informe de la Dirección de Inserción Social de Salta, organismo que lo controla bajo prisión domiciliaria -beneficio que obtuvo en 2016 por situaciones familiares-. Hornos y Carbajo hicieron lugar al recurso, sosteniendo que Costabel dio "excesiva relevancia" a las propias declaraciones del condenado, que evidenciaban su falta de colaboración para el esclarecimiento de los crímenes. El tercer miembro de la Sala IV, Mariano Borinsky, votó en disidencia.
Este fallo se inscribe en una tendencia reciente de la Sala IV a desestimar los informes del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal -especializado en evaluar el riesgo y la reinserción- en favor de otros que resultan más favorables para los represores, como informes del Servicio Penitenciario Federal que destacan la conducta carcelaria.
El perfil del "Führer"
Los testimonios de sobrevivientes durante el juicio pintaron un perfil siniestro. Uballes era conocido por su antisemitismo exacerbado. Daniel Merialdo declaró que se ensañaba especialmente con los detenidos judíos. Jorge Allega lo describió con una "fijación con el nazismo". Delia Barrera y Nelva Méndez de Falcone (madre de Claudia Falcone) relataron que Uballes obligaba a los secuestrados a gritar "Heil Hitler" y a escuchar discursos de Adolf Hitler. Ana Careaga, sobreviviente, lo identificó como uno de sus interrogadores.
Además de su rol en la tortura, Uballes, proveniente de la rama de comunicaciones de la PFA, se jactaba de haber creado un dispositivo de radiolocalización. En 1978, usó esos conocimientos para intentar detectar desde dónde Montoneros interfería las transmisiones del Mundial.
Un golpe a las víctimas y una advertencia
Tras el fallo, el juez Costabel -dejando constancia de su desacuerdo- dispuso la libertad condicional de Uballes. Con esta medida, ya son 434 los condenados por lesa humanidad que gozan de arresto domiciliario, representando el 84% del total, según datos de la Procuraduría de Crímes Contra la Humanidad. Solo 18 permanecen en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Para las víctimas y organismos de derechos humanos, la libertad de Uballes representa un nuevo golpe y un signo de época peligroso. Ana Careaga advirtió: "Este tipo de prebendas y privilegios que hoy se otorgan a autores de delitos de lesa humanidad y genocidio no son ajenos al conjunto de hechos que apuntan a negar la gravedad de estos crímenes, a su reivindicación y también a la banalización del mal. Asistimos a una época muy peligrosa en la que se pretende dar marcha atrás respecto de los logros que en materia de Memoria, Verdad y Justicia constituyen un patrimonio cultural".
En su voto, Hornos intentó responder a estos reclamos, argumentando que la concesión del beneficio "no debe entenderse como un incumplimiento por parte de la administración de justicia de la obligación internacional de sancionar a los responsables". Sin embargo, los sobrevivientes, familiares y luchadores por los derechos humanos condenan estos fallos judiciales por ser una avanzada de impunidad para los genocidas.
Este 24 de Marzo, cuando se cumplen 50 años del golpe, debemos redoblar las movilizaciones para seguir exigiendo: Memomoraia, Verdad y Justicia!!!
Foto: Centro Clandestino de Detención "Club Atlético"
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Audiencia contra el gatillo fácil: participan familiares, legisladores de la oposición, organismos de DDHH, sindicatos y centros de estudiantes
30 de diciembre de 2025, por Legislatura CABA — Sociedad, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Legislatura porteña, Principal 3 Nuevo, Sociedad, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Legislatura porteña, Principal 3 Nuevo
El PRO que habilitó la legislatura para actos de negacionistas y genocidas, les niega lugar a los familiares y organismos de DDHH para realizar la audiencia. La misma se desarrolla afuera del edificio, convocada por la legisladora del PTS/ FIT-U, Andrea D´Atri, junto a los legisladores de Fuerza por Buenos Aires, Salvatierra y Labunda, sobre los dos casos de “gatillo fácil” que se dieron los últimos días. Parcipan también CORREPI y el CeProDH, junto a sindicatos como ATE y Ademys y centros de estudiantes.
Ante los casos de "gatillo fácil" en la Ciudad de Buenos Aires, este martes se realiza una audiencia en las inmedicaciones de la Legislatura porteña. El macrismo de la ciudad, le negó un lugar a los familiares y organismos de DDHH para realizar la misma.
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El primer hecho tuvo lugar en el barrio 20 de Lugano el 25 de diciembre, donde Gabriel González fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad. El segundo episodio ocurrió el 28 de diciembre en el barrio de Constitución, donde Leonardo Vargas resultó gravemente herido tras recibir un disparo por la misma fuerza y permanece en estado crítico. Los casos fueron difundidos rápidamente por las redes sociales que permitió desarmar los intentos del oficialismo de defender a la policía.
La audiencia fue convocada por la legisladora del PTS/ FIT-U, Andrea D´Atri, junto a los legisladores de Fuerza por Buenos Aires, Salvatierra y Labunda. Participan también los legisladores con mandato cumplido: Victoria Montenegro, Alejandrina Barry (hija de desaparecidos) y Gabriel Solano.
De los organismos y personalidades de Derechos Humanos participan el CEPRODH, CORREPI, CELS, APDH y Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA. Por las organizaciones de trabajadores se encuentran presentes Jorge Godoy Secretario de DDHH de UTE y miembros de la comisión directiva de Ademys.
Además se hicieron presentes centros de estudiantes: Consejeros directivos y Conducción Centro de Estudiantes Normal 1, Consejero directivo del Joaquín V. González, Presidente del Centro de Estudiantes del Alicia M. Justo y la Secretaria General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras.
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Audiencia contra el gatillo fácil: participaron familiares, legisladores de la oposición, organismos de DDHH, sindicatos y centros de estudiantes
30 de diciembre de 2025, por Legislatura CABA — Sociedad, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Legislatura porteña, Sociedad, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Legislatura porteña
El PRO que habilitó la legislatura para actos de negacionistas y genocidas, les negó lugar a los familiares y organismos de DDHH para realizar la audiencia. La misma se desarrolló afuera del edificio, convocada por la legisladora del PTS/ FIT-U, Andrea D'Atri, junto a los legisladores de Fuerza por Buenos Aires, Salvatierra y Labunda, sobre los dos casos de “gatillo fácil” que se dieron los últimos días. Parciparon también CORREPI y el CeProDH entre otras organizaciones de DDHH, junto a sindicatos como UTE y Ademys y centros de estudiantes.
Ante los casos de "gatillo fácil" en la Ciudad de Buenos Aires, este martes se realizó una audiencia en las inmedicaciones de la Legislatura porteña. El macrismo de la ciudad, le negó un lugar a los familiares y organismos de DDHH para realizar la misma, por lo cuál se debió realizar en la calle.
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La policia de la ciudad asesinó a dos personas la última semana. El primer hecho tuvo lugar en el barrio 20 de Lugano el 25 de diciembre, donde Gabriel González fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad. El segundo episodio ocurrió el 28 de diciembre en el barrio de Constitución, donde Leonardo Vargas resultó gravemente herido tras recibir un disparo por la misma fuerza y permanece en estado crítico. Los casos fueron difundidos rápidamente por las redes sociales que permitió desarmar los intentos del oficialismo de defender a la policía.
La audiencia fue convocada por la legisladora del PTS/ FIT-U, Andrea D'Atri, junto a los legisladores de Fuerza por Buenos Aires, Salvatierra y Labunda. Participan también los legisladores con mandato cumplido: Victoria Montenegro, Alejandrina Barry (hija de desaparecidos) y Gabriel Solano.
De los organismos y personalidades de Derechos Humanos participaron el CEPRODH, CORREPI, CELS, APDH y Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA. Por las organizaciones de trabajadores estuvieron presentes Jorge Godoy Secretario de DDHH de UTE y miembros de la comisión directiva de Ademys.
Además se hicieron presentes centros de estudiantes: Consejeros directivos y Conducción Centro de Estudiantes Normal 1, Consejero directivo del Joaquín V. González, Presidente del Centro de Estudiantes del Alicia M. Justo y la Secretaria General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras.
Compartimos a continuación el comunicado del PTS-FITU:
GATILLO FÁCIL EN CABA: AMPLIO ARCO POLÍTICO Y DE DD.HH. REALIZA AUDIENCIA PÚBLICA
Tras la negativa del PRO de permitir el ingreso de la familia y amigos de Gabriel González a la Legislatura se realizó en la puerta una audiencia pública denunciando el fusilamiento del vecino de Villa Lugano el pasado 25 de diciembre.
Impulsada por la diputada Andrea D'Atri (PTS/Frente de Izquierda) y con la presencia de legisladores de Fuerza por Buenos Aires, un amplio arco de personalidades políticas, de organismos de DDHH y sindicatos docentes, se acompañó a la familia que exige justicia y el cese de la represión y el hostigamiento policial en los barrios populares.
En la apertura, D'Atri denunció el doble discurso de las autoridades de la Legislatura: "Nos tenemos que reunir aquí en la entrada, porque en este mismo edificio en el que durante este año permitieron hacer actos con negacionistas y exmilitares del criminal Operativo Independencia, le niegan el ingreso a la familia de un vecino asesinado por la Policía de la Ciudad en Navidad". Además, presentó el pedido de interpelación al Ministro de Seguridad, Horacio Giménez, que impulsó junto a los legisladores Vanina Biasi (PO/FIT-U) y Alejandro “Pitu” Salvatierra y Andrés La Blunda (Fuerza por Buenos Aires).
Por su parte, la legisladora (MC) e hija de desaparecidos, Alejandrina Barry, vinculó la violencia policial con la situación económica: "Jorge Macri reprime en los barrios mientras Milei nos quiere esclavos en los trabajos. Esta situación no fue casual, en 48h hubo un nuevo caso de gatillo fácil en Constitución y hoy Leonardo Vargas pelea por su vida. El policía que mató a Gabriel tiene que estar preso ya, y los responsables políticos dar la cara".
El momento más emotivo lo protagonizan los familiares de Gabriel González. Nelly Portillo, esposa de Gabriel, expresó: "Me quitaron al compañero de toda mi vida, necesito que sigan acompañándome para que haya justicia”. Mientras que Oscar, docente y primo de la víctima, manifestó: "De Gabriel hablo en presente. Es albañil, le da trabajo a los pibes del barrio para que salgan del consumo problemático. Es amigo y es papá. Está presente y por él vamos a seguir”.
La audiencia contó con un masivo apoyo de referentes que se sumaron al reclamo entre ellos Fabian Grillo papá de Pablo. También una importante delegación del bloque Fuerza por Buenos Aires además de los ex legisladores Gabriel Solano y Victoria Montenegro hija de desaparecidos; referentes del CELS, Correpi, CeProDH, APDH, los sobrevivientes de la última dictadura Carlos "Sueco" Lordkipanidse y Osvaldo Barros y distintos organismos de DDHH y del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. También se acercaron representantes de los sindicatos docentes UTE y Ademys, consejeros directivos y conducciones de centros de estudiantes de los profesorados de CABA, la secretaría general de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y organizaciones sociales.
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La policía brava de Río Negro, ataca nuevamente
30 de diciembre de 2025 — Sociedad, Chubut, Libertades Democráticas, Impunidad, Violencia institucional, Violencia policial, Daniel Solano, El Bolsón, Río Negro, Alberto Weretilneck, Policía de Río Negro, Chubut , Bruno Pogliano, Sociedad, Chubut, Libertades Democráticas, Impunidad, Violencia institucional, Violencia policial, Daniel Solano, El Bolsón, Río Negro, Alberto Weretilneck, Policía de Río Negro, Chubut , Bruno Pogliano
El pasado 24 de diciembre un joven fue brutalmente golpeado por la Policía de El Bolsón. Una muestra de la política represiva al servicio del ajuste y el saqueo ¡Basta de impunidad!
En la noche del 24 de diciembre, de acuerdo a lo que relata un comunicado de la APDH El Bolsón,
“Nicolás David Almendra, vecino del barrio Esperanza, relató haber sido víctima de una brutal agresión por parte de efectivos de la Policía de la Provincia de Río Negro.Los hechos se habrían iniciado cuando Almendra intentó auxiliar a su hermano, quien había sido atropellado por un vehículo y permanecía herido en la vía pública. Lejos de priorizar la asistencia a la persona lesionada y el esclarecimiento del siniestro vial, la intervención policial habría derivado en un violento accionar contra el propio denunciante y su grupo familiar, mientras que las personas involucradas en el atropello no habrían sido demoradas.
De acuerdo a lo relatado, Nicolás Almendra sufrió golpes de extrema gravedad, tanto en la vía pública como posteriormente en dependencias policiales, presentando lesiones en el rostro, en el torso, heridas cortantes y un cuadro de dolor intenso que requiere nueva atención médica. Asimismo, se denuncian lesiones provocadas por armas de fuego de tipo escopeta con perdigones contra su hermano —ya herido por el atropello— y contra un niño, además de agresiones a su pareja.”
Este brutal ataque se da en el marco del recrudecimiento de la violencia institucional en todo el país. Ayer, la Policía de Sadir en Jujuy, impedía a trabajadores azucareros ingresar a su sindicato. Semanas atrás, la Policía de Cornejo reprimió bellamente a los manifestantes que defienden el agua en Mendoza, contra la imposición de la minera San Jorge y de los proyectos mineros que se votaron en la Cámara de Diputados y Senadores Provinciales.
El mismo 25 de diciembre, la Policía de Jorge Macri asesinó a Gabriel Gonzalez de un escopetazo a quemarropa y, este domingo 28, Leonardo Vargas fue baleado y gravemente herido en Constitución por la misma fuerza policial.
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En Chubut, paralelamente, Ignacio Torres avanza encarcelando injustificadamente a Jones Huala y a Pablo Colhuan, y festeja alborozado la injusta condena a los defensores del agua, Mauricio Naum Vargas y Damián Diaz, mientras su ministro de Seguridad viene de defender a los policías que fusilaron a Tino John y refuerza el aparato represivo provincial.
Son ejemplos de cómo la violencia institucional se desarrolla en el marco de una crisis social, política y económica que crece y de proyectos extractivistas y depredatorios del medio ambiente que enfrentan la resistencia en los territorios.
Independientemente del protagonismo de las víctimas en estas luchas el mensaje es claro: el ajuste y el saqueo solo cierran con represión y las fuerzas policiales muestran músculo en estas acciones para amedrentar e intimidar.
No es casual que esto suceda en Río Negro, donde la policía fue responsable de la desaparición de Daniel Solano en 2011, del encubrimiento de la desaparición de Otoño Uriarte y de infinidad de casos de gatillo fácil como el de Ramiro Dina o el encubrimiento del asesinato de Atahualpa en Viedma. Pero tampoco es casual que suceda en el Bolsón, donde la Policía asesinó a Coco Garrido en la comisaría 12° fusiló a Juan Villa en Mallin Ahogado el verano pasado, miembro de la comunidad Inalef, y donde convive con las patotas de Lewis y Pogliano.
Este hecho demuestra una vez más que el arco político patronal está dispuesto a todo para defender los intereses de los ricos y de las empresas extractivistas el ataque a Almendra es solo un botón de muestra de lo que implica la política represiva del gobierno nacional y de los gobernadores, que esta semana tuvo un revés con la inconstitucionalidad del protocolo antipiquete de Bullrich, pero que busca profundizar su impunidad de cara a los ataques que se vienen con la Reforma Laboral, los recortes en universidades y escuelas técnicas, los proyectos mineros y la avanzada de los intereses imperialistas en nuestros territorios.
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Es necesario organizar la resistencia y la lucha en las calles para enfrentar este nuevo saqueo histórico al pueblo trabajador, exigiendo la libertad de los presos políticos Díaz, Naum, Huala y Colhuan y el castigo a los responsables de ataques brutales como el que sufrió Nicolás Almendra.
Dijimos Nunca Más, hagámoslo efectivo en las calles, organizados.
Reproducimos a continuación el comunicado de la APDH El Bolsón
COMUNICADO PÚBLICO – APDH EL BOLSÓN
Grave denuncia de violencia institucional en el barrio EsperanzaLa Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Regional El Bolsón manifiesta su profunda preocupación ante la grave denuncia pública realizada por Nicolás David Almendra, vecino del barrio Esperanza, quien relató haber sido víctima de una brutal agresión por parte de efectivos de la Policía de la Provincia de Río Negro durante un procedimiento ocurrido la noche del 24 de diciembre en nuestra localidad.
Según el testimonio difundido públicamente, los hechos se habrían iniciado cuando Almendra intentó auxiliar a su hermano, quien había sido atropellado por un vehículo y permanecía herido en la vía pública. Lejos de priorizar la asistencia a la persona lesionada y el esclarecimiento del siniestro vial, la intervención policial habría derivado en un violento accionar contra el propio denunciante y su grupo familiar, mientras que las personas involucradas en el atropello no habrían sido demoradas.
De acuerdo a lo relatado, Nicolás Almendra sufrió golpes de extrema gravedad, tanto en la vía pública como posteriormente en dependencias policiales, presentando lesiones en el rostro, en el torso, heridas cortantes y un cuadro de dolor intenso que requiere nueva atención médica. Asimismo, se denuncian lesiones provocadas por armas de fuego de tipo escopeta con perdigones contra su hermano —ya herido por el atropello— y contra un niño, además de agresiones a su pareja.La APDH El Bolsón advierte que, de confirmarse estos hechos, nos encontraríamos ante gravísimas violaciones a los derechos humanos, que incluyen apremios ilegales, uso desproporcionado y abusivo de la fuerza, falta de asistencia a personas heridas, violencia contra un grupo familiar y posibles actos de encubrimiento, todo lo cual compromete seriamente la responsabilidad del Estado provincial.
Desde la APDH El Bolsón:
Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos.
Reclamamos una investigación independiente y exhaustiva, tanto en sede judicial como administrativa.
Demandamos la identificación y eventual sanción de los responsables, materiales y jerárquicos.
Solicitamos garantías de protección para las víctimas y su familia, evitando cualquier forma de hostigamiento o represalia.
La violencia institucional no es un hecho aislado ni tolerable. El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad debe regirse estrictamente por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando el Estado viola estos principios, se erosiona gravemente la confianza social y se profundiza la vulneración de derechos fundamentales.
La APDH El Bolsón acompañará a las personas afectadas y seguirá visibilizando este caso, reafirmando su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la denuncia de la violencia institucional y la exigencia de verdad y justicia.APDH – Regional El Bolsón
El Bolsón, Río Negro
