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  • Milei pone a Kravetz, producto premium de “la casta”, a coordinar a los espías de la SIDE

    18 de diciembre de 2024, por Superlógico — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Como tantos otros, el flamante subsecretario de Inteligencia pasó de ser alfil kirchnerista a funcionario de La Libertad Avanza, previo paso protagónico por el PRO. El Gobierno lo puso a coordinar el espionaje contra quienes se oponen al saqueo y la represión. Conocé más del personaje que aprendió todas las mañas de la casta y hoy las pone al servicio de les hermanes Milei.

    Este martes Diego Kravetz, funcionario macrista que ocupaba el cargo de secretario de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, fue designado por el gobierno nacional como el segundo al mando de la recientemente reinstaurada Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) , que desde mayo maneja el publicista y productor mediático Sergio Neiffert, ladero del “asesor” central Santiago Caputo.

    Según la escueta información difundida anoche por el vocero presidencial Manuel Adorni, el flamante subsecretario Kravetz “estará a cargo de coordinar las operaciones de las cuatro agencias de inteligencia” que nuclea la SIDE desde julio (cuando fue reestructurada por Milei): Servicio de Inteligencia Argentino (SIA, a cargo de Alejandro Colombo), Agencia Nacional de Seguridad (ANS, conducida por Alejandro Cecati), Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC, la maneja Ariel Waissbein) y División Asuntos Internos (DAI, a cargo del contador Cristian Auguadra).

    En julio pasado, mientras Milei reestructuraba la SIDE , el entonces secretario de Seguridad porteño Diego Kravetz generaba una ola de repudio al declarar en una entrevista radial que “darle de comer a alguien en situación de calle es acomodarlo en la pobreza” y que quienes se compadecen de esas personas “los ayudan a estar más cómodos en la marginalidad”. En ese momento arreciaba en la Ciudad una fuerte ola de frío y la falta de políticas públicas del gobierno del PRO habían derivado en no menos de cinco muertes por hipotermia de personas en situación de calle.

    Aquellas declaraciones Kravetz pintan de cuerpo entero a este reaccionario abogado de 53 años. Y a sus opiniones hay que sumarle el derrotero de su carrera política, digno ejemplo de transfuguismo y acomodamiento según soplen los vientos.

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    De K a M&M

    En 2003, a sus 31 años, Kravetz ganó una banca en la Legislatura porteña a través de las listas del Partido de la Revolución Democrática. Ese espacio se integró prontamente al kirchnerismo e impulsó la reelección del entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Hasta 2009 Kravetz condujo el bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura y fue todo un referente del kirchnerismo porteño.

    Siendo legislador conoció a su colega Soledad Acuña, quien a la postre sería su esposa, madre de sus hijos y ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta. Por esa época ya tejía vínculos con el peronismo no kirchnerista porteño, representado entre otros por Alberto Fernández y Jorge Telerman. Del entonces futuro presidente del Frente de Todos llegó a ser su “mano derecha” cuando éste rompió con Cristina Kirchner y agrupaciones como La Cámpora lo bautizaron “traidor”. Kravetz incluso tuvo participación en el armado político de otro “traidor”, Sergio Massa.

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    El ahora subsecretario de la SIDE terminó rompiendo con el FpV y armó un bloque propio, Identidad Porteña. Con ese sello se integró al bloque peronista de la Legislatura y hasta llegó a presidirlo. Fueron años de intensa tarea legislativa pero, sobre todo, de frenética rosca con la casta política. Así, mientras militaba en el “albertofernandismo” fue tejiendo una estrechísima relación con el PRO, al que finalmente se integró en 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, de María Eugenia Vidal a la gobernación bonaerense y de Néstor Grindetti a la intendencia de la populosa Lanús.

    Grindetti lo puso al frente de la Secretaría de Seguridad y Movilidad Sustentable del Municipio. En 2017 se convirtió en jefe de Gabinete de Lanús, al tiempo que siguió manejando el área de “seguridad” comunal. Y en abril de 2023 directamente se hizo cargo de la Intendencia, cuando Grindetti pidió licencia para asumir como presidente del club Independiente de Avelleneda (era el vice de Fabián Doman, que al poco tiempo de ganarle a Hugo Moyano decidió renunciar al cargo).

    En las elecciones del año pasado Kravetz quiso seguir siendo un hombre fuerte del PRO en el Conurbano bonaerense. Se presentó como candidato de Juntos por el Cambio para continuar al frente de la intendencia lanusense. Pero perdió contra Julián Álvarez, su opositor de Unión por la Patria. La derrota lo devolvió a la Ciudad de Buenos Aires, donde el flamante jefe de Gobierno Jorge Macri lo convocó para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad porteña y, a la vez, constituirse en jefe de la Policía de la Ciudad.

    Los “pergaminos” de Kravetz al frente de las áreas de “seguridad” de Lanús y CABA son tan pobres como clarificadores. El hostigamiento violento y sistemático a la gente en situación de calle, la represión a las protestas callejeras de trabajadores y organizaciones civiles y la criminalización de la población pobre son la contracara de los múltiples pactos y negociados con las mafias del narcotráfico, el contrabando diverso y demás expresiones del crimen organizado que operan impunemente a lo largo y ancho del territorio.

    Valga como simple ejemplo la relación de colaboración mutua entre Grindetti y las barrabravas de los clubes Lanús e Independiente, donde todo tipo de actividades criminales se combinaron con el organigrama y la logística del PRO (algo copiado del peronismo, claro). Ese entramado de vínculos y alianzas subterráneas fue detalladamente descrito por Carlos Pagni en su libro El Nudo (Planeta, 2023). En ese entramado Kravetz tuvo un rol protagónico.

    Tras décadas de rosca y escalamiento, el reaccionario Kravetz finalmente llegó a uno de los puntos cumbres de su carrera política. Ahora, a las órdenes de les hermanes Milei y del “asesor” Caputo, le tocará “coordinar” a un ejército de agentes encubiertos, anónimos y con recursos económicos ilimitados cuyo objetivo central es el mismo que le han dado todos gobiernos: controlar y perseguir tanto a opositores como a enemigos políticos. Por eso a la SIDE se la conoce popularmente como “las cloacas del Estado”. Aunque a esta altura ya habría que llamarle “los cimientos”.

    Diego Kravetz con Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, Néstor Kirchner, Sergio Massa y Guillermo Nielsen

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  • Neuquén: Condenan a 11 años de prisión efectiva a dos funcionarios judiciales de la dictadura

    https://www.youtube.com/watch?v=bf1dx3oOF6Y
    17 de diciembre de 2024, por Juicio Escuelita VIII — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El Tribunal Oral Federal de Neuquén sentenció a 11 años de prisión efectiva al ex juez Pedro Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz, hallados culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La sentencia reconoce la complicidad de ambos funcionarios en la represión.

    Se desarrolló este martes, a sala llena, la audiencia final del juicio llamado La Escuelita VIII en el salón AMUC de la ciudad de Neuquén, con las palabras finales de los acusados, el exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Víctor Ortiz, señalados por su complicidad en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en Argentina. Los imputados Duarte y Ortiz fueron condenados a 11 años de prisión efectiva por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Ortíz también fue condenado por omisión de promover la acción penal, es un delito que le cabe como fiscal.

    La sentencia reconoce que los casos, tanto las privaciones ilegales de la libertad como el prevaricato, en que incurrieron en muchísimos casos, incluido el de Oscar Alfredo Ragni, hijo de Inés y Oscar Ragni, fueron como parte de delitos de lesa humanidad en el contexto de un genocidio, aún resta conocer los fundamentos, que se conocerán en el mes de febrero.

    Natalia Hormazábal y Mariana Derni, abogadas del CEPRODH que representan a la familia Ragni, expresaron su satisfacción con el veredicto. “Escuchamos al inicio las palabras finales de los genocidas que ya nos tienen acostumbrados durante más de diez años. Han intentado una defensa imposible”, subrayó Hormazabal.

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    Es un juicio realmente inédito porque llegan por primera vez en la región, en este octavo tramo, dos funcionarios de la dictadura militar que, si bien estaban absolutamente consustanciados con las fuerzas represivas, no dejaban de ser funcionarios y civiles.

    Este juicio marca un hito al condenar a civiles directamente involucrados en la represión. "Todo aquello que explicamos sobre el genocidio contra el pueblo trabajador quedó demostrado", aseguró Hormazabal.

    Una amplia delegación acompañó la lectura de la sentencia, entre ellos Lolin Rigoni Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén Alto Valle. También estuvo presente el diputado provincial del PTS Andrés Blanco, la secretaria adjunta de Aten Capital Yazmin Muñoz Sad e integrantes de la organización sindical. Agustín Donnadieu vicepresidente del centro de estudiantes de la Fadecs, junto a estudiantes de la agrupación En Clave Roja, docentes, ceramistas, entre otros.

    La justicia brindó un aporte fundamental para poder llevar adelante cada una de estas desapariciones, de las torturas, y el resultado el día de hoy con compañeros y compañeras desaparecidos, como es el caso de Oscar Alfredo Ragni, a quien representan las abogadas en este debate oral.
    La sentencia también implica la quita de la jubilación de privilegio de los condenados, quienes gozaron de impunidad durante décadas. "Estamos hablando de imputados que han tenido una vida tranquila mientras las víctimas buscaban justicia", señaló Hormazabal.

    Para la abogada, esta condena es un paso adelante en la lucha contra la impunidad, aunque reconoce que el camino es largo. "Por Noemí Labrune, por Oscar Ragni, por Inés y Oscar Ragni, que no llegaron a escuchar la sentencia, sabemos que esta pelea no tendrá fin", afirmó.

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    Tribunal Federal de Neuquén

    Mariana Derni abogada del Ceprodh coincidió en la importancia de este fallo y destacó la necesidad de continuar la lucha contra la impunidad. "Esta condena nos permite saber que el camino es continuar redoblando la batalla, contra la impunidad de ayer y el hoy, por el ayer por nuestra historia esa que tantas veces incluso en estos juicios han querido borrar, como por el hoy y por el futuro que queremos así que seguir dando batalla en todos los frente", expresó.

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    Por su parte Walter Pérez de la APDH habló sobre el veredicto y dijo que este tiene particularidades porque incluso se han conocido cuestiones que por ahí no habían quedado muy claras durante los procesos anteriores. “En cuanto al rol, papel que cumplieron, los recursos que cajonearon y por eso es algo histórico, que dos hombres de la justicia federal cómplices del engranaje de la represión que se registró en la región sean condenados”, afirmó.

    Sobre las palabras finales de los acusados dijo: “No aceptaron ningún tipo de cargo, de arrepentimiento, es más, cuestionaron y atacaron todo el proceso judicial, lo cual también ratifica ese papel que cumplieron como parte del plan criminal aquí en la provincia y en la región”.

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  • Juicio Escuelita VIII: Veredicto final para el juez Duarte y el fiscal Ortiz

    16 de diciembre de 2024, por Neuquén — , , , , , , , , , , , , ,

    Este martes se conocerá el veredicto del juicio Escuelita VIII, juzgando crímenes de lesa humanidad cometidos en Neuquén. Familiares y organismos de DDHH esperan justicia.

    El emblemático juicio conocido como "La Escuelita VIII" llega a su etapa final el 17 de diciembre, en el salón AMUC de Neuquén. Este proceso histórico ha puesto en el banquillo de los acusados al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz, señalados por su complicidad en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en Argentina.

    En este juicio, iniciado en octubre de 2023, se han escuchado testimonios impactantes que revelaron el papel de Duarte y Ortiz en la represión sistemática, incluyendo la omisión de investigar habeas corpus y el otorgamiento de impunidad a los responsables de desapariciones y torturas en la región. Entre los relatos más conmovedores está el de Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, quien desde hace 47 años busca justicia por la desaparición de su hijo Oscar Ragni en 1976. "La memoria, la verdad y la justicia son fundamentales para que estos crímenes no se repitan", expresó Ragni en su declaración.

    Natalia Hormazabal y Mariana Derni, abogadas del CeProDH y representantes de la querella de Inés Ragni y su esposo Oscar Ragni, han sido contundentes en señalar que Duarte y Ortiz desempeñaron roles fundamentales en el plan sistemático de represión de la dictadura. "Este juicio no solo es un paso hacia la justicia, sino también un acto de memoria colectiva frente al negacionismo y la impunidad", afirmó Hormazabal, quien destacó la importancia de la participación social en estos procesos.

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    El fallo que se dará a conocer mañana es esperado con gran expectativa por los organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y la sociedad en general. Este juicio marca un hito al ser el primero en la región de Neuquén que juzga a civiles y funcionarios judiciales por su complicidad con el régimen genocida. La defensa de los acusados ha intentado desacreditar las pruebas y solicitar la absolución, pero las querellas y la fiscalía han refutado sólidamente estas posturas, subrayando la responsabilidad ineludible de los imputados.

    La lectura del veredicto será un momento clave en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La sociedad está convocada a las 9 horas a acompañar este acto histórico, reafirmando el compromiso con la condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad y la defensa de los derechos humanos.

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  • El último testimonio de Adriana Calvo: los rugidos de una loba

    15 de diciembre de 2024, por Lucha contra la impunidad — , , , , , , , , , , ,

    Fue la primera sobreviviente de la dictadura que declaró en el Juicio a las Juntas de 1985. Hoy cumpliría 77 años. Aquí su último testimonio, mensaje de resistencia inquebrantable. Su lucha contra la impunidad se reactualiza ante el negacionismo de sectores reaccionarios aliados al Gobierno nacional.

    “El día que parí a mi hija en el patrullero en el que me trasladaban de la Comisaría 5° de La Plata al Pozo de Banfield hice la promesa que, si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todos los días de mi vida para que se hiciera justicia”, dijo Adriana Calvo ante el juez Guillermo Ledesma. La entonces integrante de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y luego fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), así lo hizo hasta el día en que murió, el 12 de diciembre de 2010, hace 14 años.

    Myriam Bregman, que luego sería una de las abogadas querellantes en numerosos juicios de lesa humanidad, recuerda que la noche del 21 de agosto de 2003, “mientras festejábamos en la calle la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Adriana me dijo que iban a necesitar muchos abogados, porque las querellas iban a ser tantas que iban a tener que llevarlas con carritos por Tribunales”. Fue entonces también que, luego de la fundación de la AEDD y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Adriana fue una de las principales impulsoras de Justicia Ya!, que actuaría como una gran querella colectiva en los juicios de lesa humanidad.

    Para eso, Adriana encabezó el trabajo de investigación y recolección de datos como no quiso realizar ningún gobierno constitucional. Ella misma sabía cómo funcionaba la memoria: “al día siguiente de su liberación, con mi papá empezaron a avisar a las familias. Entre los dos llamaron a más de 50 familias de quienes compartieron cautiverio”, cuenta su hija Teresa Laborde, que nació secuestrada pero pudo conservar su identidad. Sin embargo, la tarea de Adriana, ahora, era otra: dar con todos los genocidas, llevarlos al banquillo de los acusados y lograr que sean condenados como tales por todos sus compañeros y compañeras.

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    Irene Ippolitto, docente de la Facultad de Ingeniería e investigadora del CONICET, una de las mejores amigas de Adriana, cuenta que “ella siempre tuvo un método científico: cada vez que tenía que testimoniar, sacaba sus tablas que había hecho en un excel, con fechas, nombres, hechos, acotaciones, para no olvidarse de ningún compañero o compañera, y dependiendo de la causa en la que testificaba, armaba su testimonio. Lo mismo hacía en sus clases. Tenía un método científico característico”.

    Adriana fue pionera en la pelea por que la justicia reconociera la figura del genocidio en esos juicios, en los que además denunciaba que sólo algunos genocidas eran condenados a cuentagotas. No pudieron detenerla ni las amenazas que recibió luego de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz; ni las que recibió antes, cuando se preparaba para declarar en el Juicio a las Juntas; ni la propia enfermedad.

    “El cáncer de mi mamá duró un año y tres meses. No podía casi ni hablar. Pero aún así, la memoria que tenía era impresionante”, refuerza Teresa al acercarnos la última denuncia, el último testimonio de Adriana Calvo, en el marco de la causa de “Automotores Orletti II”, en octubre de ese 2010, unas semanas antes de su fallecimiento.

    Como recuerda su amiga Irene, para Adriana, declarar, denunciar la impunidad a los genocidas, civiles y militares, siempre era de primer orden. No sabía cuál iba a ser la última vez. Y cada vez era una renovada expresión de resistencia. En aquella oportunidad, dos cosas marcaron la declaración de Adriana: la pelea por la inclusión de Alicia Raquel D'Ambra en esa causa, y la denuncia del robo del nieto 133, cuya identidad aún no se conocía.

    Hasta el último respiro

    Adriana luchó incansablemente contra la impunidad. Hasta sus últimos días trabajó en denuncias y rodeada de familiares, compañeras y compañeros. No llegó a ver elevada a juicio la causa de la brigada de Pozo de Banfield, que se instruyó precisamente por la reconstrucción minuciosa que realizó junto a AEDD sobre el funcionamiento de ese Centro de Detención y de la maternidad clandestina que funcionó allí dentro.

    Según sus registros, en ese lugar estuvieron secuestradas al menos 23 mujeres embarazadas o inmediatamente después de parir y 12 hijos, hijas, hijes fueron apropiados. Hasta el momento en que Adriana dio su último testimonio, 8 de ellos continuaban desaparecidos: “uno de ellos es el hijo de Cristina Navajas”, volvió a repetir en aquella declaración.

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    Compañeras

    En cautiverio, Adriana conoció a Manuela Santucho, Cristina Navajas y Alicia Raquel D'Ambra, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que previamente habían sido secuestradas y torturadas en Automotores Orletti, el Centro Clandestino de Detención con el que contó la SIDE en el barrio de Floresta, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la dictadura.

    “Las conocí el 16 de abril de 1977 en el segundo piso del Pozo de Banfield, donde había sido llevada la noche anterior, desde la Comisaría 5ta. de La Plata”, contó en su lúcida y minuciosa exposición, ante fiscales y jueces que intervenían en la "Causa Orletti II", donde se condenó a 15 genocidas.

    Adriana no llegó tampoco a conocer esa sentencia, pero el 8 de octubre de 2010 estuvo allí para decir, ante el Tribunal que llevaba adelante ese juicio:

    “No puedo ni quiero terminar mi declaración sin explicar al Tribunal quiénes eran Manuela, Cristina y Raquel. Creo no haber mencionado hasta ahora que cuando llegué a Banfield llevaba dos meses y medio de cautiverio, que había adelgazado muchos kilos, a pesar de estar en mis últimos meses de embarazo, que venía de parir en el asiento de atrás de un auto, con los ojos vendados y las manos atadas atrás, que al llegar me habían obligado a limpiar la camilla donde me sacaron la placenta y el piso, desnuda frente a 10 o 12 guardias que se burlaban, mientras mi hija Teresa lloraba en una mesada, (...) estábamos en definitiva, en el último de los círculos de un infierno no imaginado siquiera por el Dante.
    Sin embargo, allí mismo y en gran medida gracias a Manuela, a Cristina y a Raquel conocí también lo más excelso, lo más sublime, lo más grandioso, del ser humano.
    (...)
    ¿Cuál es la otra respuesta posible al motín organizado por Manuela y Raquel cuando un guardia pretendió arrancarme a Teresa de los brazos para supuestamente protegerla del efecto de la pastilla de Gamexane que iba a prender para eliminar los piojos que estaban contagiándolos a ellos? Aprovechando que habían abierto todos los calabozos para que el gamexane hiciera su efecto, todas las compañeras formaron una barrera humana infranqueable delante de mí, gritando al mismo tiempo, ‘no, no se la llevan' en un rugido de leonas defendiendo a sus crías, que jamás olvidaré.
    Por último ¿qué otra explicación hay para el silencio de Cristina acerca de su parto y de por qué su bebé no estaba con ella que la voluntad expresa y admirable de no transmitirme el temor de que se llevaran a Teresa?
    Sres. Jueces, Manuela, Cristina y Raquel fueron personas dignas, justas, valientes, solidarias y libres. Están desaparecidas y los responsables están impunes.
    Para ellos pido castigo, para ellas, mi homenaje!

    El 27 de julio de 2023 fue restituida la identidad del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho.

    8 de octubre de 2010 - Audio de la Declaración completa de Adriana Calvo en la causa “Automotores Orletti II”, facilitado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, grabado por Nilda Eloy

    8 de octubre de 2010 - Desgrabación de la Declaración completa de Adriana Calvo en la causa “Automotores Orletti II”, facilitada por Teresa Laborde

    Manuela Santucho, Cristina ... by Sol Bajar

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  • Brutalidad policial en San Nicolás: el “método Bukele” de Passaglia y Kicillof

    15 de diciembre de 2024 — , , , , , , , , , , ,

    En la madrugada del domingo, la ciudad de San Nicolás fue escenario de un operativo masivo y represivo que encendió alarmas por su brutalidad y el abuso de poder ejercido por las fuerzas policiales. En el Parque San Martín, bajo la excusa de combatir las “picadas ilegales” y el ruido de motos con escapes libres, las autoridades municipales, la policía de Passaglia y Kicilof, y la justicia realizaron un procedimiento que recuerda peligrosamente al autoritarismo del “método Bukele”.

    El operativo, que según las autoridades había sido “planeado durante meses”, consistió en cercar a más de un centenar de motociclistas con vallas, dejando a los presentes sin posibilidad de salir del perímetro establecido. Durante horas, las fuerzas policiales retuvieron a las personas presentes, secuestraron 113 motos y 11 autos, y reportaron que algunos menores de edad fueron detenidos y luego entregados a sus padres.

    Si bien el comunicado oficial destaca la incautación de vehículos “por distintas irregularidades” y el hallazgo de armas blancas, testigos del operativo denuncian un accionar desmedido de la policía, que incluyó amenazas, golpes y un despliegue militarizado que no solo criminalizó a los motociclistas, sino que buscó instalar el miedo entre la población.

    Criminalización de los jóvenes y estigmatización de los barrios populares

    El operativo de San Nicolás no puede analizarse de manera aislada. Se inscribe dentro de un contexto en el que el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei y Patricia Bullrich, alienta a políticas de mano dura que se traducen en operativos policiales masivos, criminalización de la juventud y la implementación de medidas represivas similares a las utilizadas por Nayib Bukele en El Salvador.

    Bajo el pretexto de combatir el desorden y el delito, este tipo de operativos impactan principalmente en sectores vulnerables y buscan consolidar un control social autoritario. En este caso, el Parque San Martín se convirtió en una zona de guerra, donde quienes estaban presentes fueron tratados como criminales sin pruebas ni motivos claros más allá de la pertenencia a un sector social que suele ser señalado por prejuicios de clase.

    Esta política no es nueva. San Nicolás fue el escenario del brutal asesinato de Ulises y Ezequiel a manos de las fuerzas de seguridad, una tragedia que sigue sin justicia y que evidencia cómo la violencia estatal se ensaña contra los sectores más jóvenes y vulnerables.

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    “Seguridad” a costa de derechos humanos

    Lejos de solucionar los problemas estructurales de inseguridad o de ruido urbano, este operativo deja en claro la intención de las autoridades de imponer el miedo como método de control. San Nicolás es testigo de una creciente militarización en nombre de la “seguridad”.

    La implementación de operativos que cercan a grupos enteros de personas y los retienen durante horas no es solo un retroceso en términos democráticos, sino que constituye un ataque directo a los derechos humanos. La violencia estatal no se puede justificar bajo el paraguas de la “tranquilidad” o el “orden”.

    Tampoco se puede naturalizar estas provocaciones del intendente Passaglia. En tiempo récord, la Municipalidad publicó un video de edición profesional celebrando la brutalidad del operativo. Es el método de Sergio Berni y Patricia Bullrich que publicita los actos represivos como actos de gobierno contra la inseguridad.

    Ya en mayo de este año, con la presencia del gobernador Kicillof y la concejala Comerio, se inauguraba una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Lejos de combatir el narcotráfico, desde entonces se dedican a hostigar a los habitantes de los barrios de San Nicolás.

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    Frente a este escenario alarmante, es necesario que los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales, sociales y políticas en su conjunto denuncien este tipo de prácticas. No se puede permitir que el “método Bukele” se normalice.

    El operativo de Passaglia y Kicilof no es un caso aislado, es un síntoma de un modelo autoritario que pretenden instalar en el país. También lo venimos viendo en la provincia vecina de Santa Fe con Pullaro con la excusa de enfrentar el narcotráfico. No hay que permitir estos avances.

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