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“Domado”: el Poder Judicial tiró a la basura la denuncias de Milei contra Lijalad y Pagni
5 de junio, por Libertad de expresión — Política, Libertades Democráticas, Medios de comunicación, Trabajadores y trabajadoras de prensa, Comodoro Py, Daniel Rafecas, Libertad de prensa, Libertad de expresión, Carlos Pagni, Javier Milei, Ariel Lijalad, Política, Libertades Democráticas, Medios de comunicación, Trabajadores y trabajadoras de prensa, Comodoro Py, Daniel Rafecas, Libertad de prensa, Libertad de expresión, Carlos Pagni, Javier Milei, Ariel Lijalad
Comodoro Py dejó en ridículo al Presidente, que había denunciado por “calumnias e injurias” a los cronistas de El Destape y La Nación. Para el juez y los fiscales, las columnas periodísticas que jodieron al gatito mimoso del poder están “dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de prensa”.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Rafecas, resolvió desestimar las denuncias penales que el presidente Javier Milei había realizado contra los periodistas Ari Lijalad y Carlos Pagni, acusándolos de haberlo calumniado e injuriado en dos columnas publicadas en El Destape y La Nación.
En un fallo conocido este miércoles, el juez actuó en línea con lo expresado previamente por los fiscales Paloma Ochoa y Ramiro González, quienes en ambos casos decidieron no avalar la acusación de la Casa Rosada contra los cronistas por no existir delito alguno.
A principios de mayo Milei, a través del abogado fascistoide Francisco Oneto, presentó en los Tribunales de Comodoro Py 2002 denuncias penales por “calumnias e injurias” a Lijalad, Pagni y Viviana Canosa. En los dos primeros casos, el Presidente afirmaba sentirse atacado por artículos periodísticos que trazaban ciertas comparaciones o paralelismos entre sus discursos y modos con los de los referentes del nazismo y el fascismo de la primera mitad del Siglo XX.
Sobre Lijalad, el gatito mimoso del poder afirmó que el artículo titulado “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi” era una violación flagrante del IHRA, un convenio internacional que busca combatir la banalización de Holocausto. En el caso de Pagni, el Presidente lo acusó de compararlo “insidiosamente” con Adolf Hitler, afectando gravemente su “honor” y “reputación” durante una de sus editoriales del programa Odisea Argentina emitido por LN+ y transcripto como columna en La Nación.
Según Milei y el entorno que lo asesora pésimamente en asuntos legales, los periodistas habían violado los artículos 109 y 110 del Código Penal, referidos a los delitos de “calumnias” e “injurias”, respectivamente. Lo que no registraron los cerebritos libertarianos es que desde hace muchos años esos delitos sólo se aplican sólo en situaciones de acción privada y no a expresiones relacionadas a temas de interés público.
Así lo entendieron los fiscales y el juez, quien en sus fallos de este miércoles remarcó que las expresiones de los periodistas están amparadas “por el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el rol propio de la labor periodística”. Derechos y garantías consagrados, además, por acuerdos internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Probablemente en La Libertad Avanza eso lo sepan, pero prefirieron quedar en ridículo igual.
Los fallos de Rafecas dejan en evidencia la voluntad persecutoria y censora del Gobierno, que llega al extremo de desconocer las mismas leyes y códigos del Estado capitalista. Un Estado que que no se destaca, precisamente, por respetar realmente las disidencias políticas, ideológicas y culturales.
El ataque de Milei y sus tropas celestiales contra medios y trabajadores de prensa es constante y cada vez más desembozado. La frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” viene siendo en las últimas semanas al latiguillo presidencial con el que firma y retuitea infinidad de posteos en X. Todo enmarcado en ataques más violentos que las denuncias penales, como pasó con Pablo Grillo, Tomás Cuesta, Antonio Becerra y decenas de cronistas reprimidos con saña en las movilizaciones de jubiladas y jubilados frente al Congreso. O en la agresión anónima y callejera contra Roberto Navarro, el empresario dueño de El Destape.
Frente a esas embestidas, que son amplificadas hasta el hartazgo por un ejército de tuiteros financiados con fondos públicos, la solidaridad con Grillo, Cuesta, Becerra, Lijalad, Pagni y demás atacados desde el Estado no se hace esperar. Desde sindicatos, asociaciones de periodistas y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, hasta los propios jubilados y jubiladas que marchan cada miércoles, el repudio a Milei y sus secuaces es permanente.
A Milei sólo lo bancan en esta campaña antiperiodística un puñado de acólitos (buena parte de ellos rentados), algún que otro vocero mediático ensobrado e instituciones reaccionarias siempre fieles al poder. Como la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), que saludó con fervor la insostenible denuncia penal contra Pagni.
Como se sabe, la DAIA cumplió un rol más que destacado en el encubrimiento del atentado a la AMIA de 1994 y hoy es una de las principales apologistas del genocidio que Benjaimin Natanyahu prepreta contra el pueblo palestino con complicidad de las potencias imperialistas.
Está más que claro que la campaña contra las y los periodistas de parte de La Libertad Avanza tiene un objetivo peligroso y temerario: atemorizar a personas u organizaciones que analizan, critican y denuncian públicamente el accionar autoritario y muchas veces criminal orquestado desde el propio Estado. Para eso atacan cada vez más desfachatadamente derechos democráticos elementales como el de la libertad de expresión y de prensa.
Si buscan evitar que se sigan denunciando las dramáticas consecuencias sociales de sus políticas de ajuste, hambre y miseria, van por muy mal camino. Redoblar la organización y lucha de las trabajadoras y trabajadores de prensa, rodear de solidaridad a quienes sufren los embates del Estado y persistir en mostrar lo que les hermanos Milei no quieren que se sepa, es una tarea de primer orden.
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Alejandro Vilca: “Hay que enfrentar el ajuste de Milei, las patronales y el FMI”
5 de junio, por Congreso nacional — Política, Libertades Democráticas, Alejandro Vilca, Política, Libertades Democráticas, Alejandro Vilca
El diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda intervino en la sesión de este miércoles 4 de junio que trata temas como la moratoria previsional, recomposición del bono jubilatorio y la Emergencia en Discapacidad. Planteo una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo nacional por el ataque al derecho a la huelga.
Alejandro Vilca, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, intervino en la sesión de este miércoles 4 de junio que trata temas como la moratoria previsional, recomposición del bono jubilatorio y la Emergencia en Discapacidad. Planteo una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo nacional por el ataque al derecho a la huelga.
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"El gobienno nacional ataca el derecho a la huelga porque quiere atacar el derecho a la protesta en el marco de un brutal ajuste", afirmó el diputado que también se refirió a los despidos que están realizando algunas patronales, como es el caso de Ledesma en la provincia de Jujuy, donde hay más de 200 trabajadores despedidos.
"La única manera de enfentar todo el plan de ajuste de Milei, las patronales y el FMI es coordinando todas las luchas y con la huelga general", concluyó.
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Caso Andrés Nuñez: niegan la prisión domiciliaria a uno de los policías condenados
4 de junio, por La Plata — Sociedad, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Policía Bonaerense, Andrés Núñez, Sociedad, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Gatillo fácil, Policía Bonaerense, Andrés Núñez
Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. "Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas", sostuvo su compañera Mirna Gómez.
A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.
A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.
"Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa", manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: "Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años".
Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.
La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.
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[Video] Desde Venezuela nos solidarizamos con la lucha del pueblo trabajador de Panamá
4 de junio, por Internacionalismo — Internacional, Libertades Democráticas, Centroamérica, Imperialismo, Panamá, Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Edición Costa Rica , Protestas Panamá, José Raúl Mulino, Canal de Panamá, Internacional, Libertades Democráticas, Centroamérica, Imperialismo, Panamá, Edición México, Edición Uruguay, Edición Venezuela, Edición Costa Rica , Protestas Panamá, José Raúl Mulino, Canal de Panamá
Organizaciones políticas de izquierda, sindicales y activistas de Venezuela nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Panamá en su resistencia contra las políticas del gobierno de Mulino y de Trump que busca retomar el control del Canal de Panamá. Exigimos la libertad inmediata de todos los panameños detenidos y detenidas en su justa lucha.
Las movilizaciones, paros nacionales, huelgas que se desarrollan en Panamá es en oposición a las políticas capitalistas y entreguistas que lleva adelante el gobierno de Mulino. Son trabajadores de la construcción, de las empresas bananeras, docentes, médicos y enfermeras, pueblos indígenas, que llevan adelante huelgas a nivel nacional a las que se han sumado estudiantes e importantes movimientos sociales. Pelean contra la Ley 462 sobre reforma de pensiones (privatización de la Caja del seguro social), la reactivación minera, proyectos de embalses y contra la entrega del Canal de Panamá.
La ofensiva del gobierno derechista de José Raúl Mulino con nuevos ataques a las condiciones de vida del pueblo trabajador panameño se combina con la política de Donald Trump de avanzar contra la soberanía de Panamá al buscar hacerse del control del Canal y la instalación de nuevas bases militares en el país centroamericano, en otras palabras, transformar a Panamá en un nuevo enclave de Estados Unidos.
Para el pueblo panameño, las demandas por sus condiciones de vida y su defensa ante los ataques del gobierno nacional que se disciplina a la Casa Blanca se entrelazan en una lucha simultánea contra el imperialismo. En esto radica la clave de la actual situación en Panamá.
La represión ha sido brutal y por centenas se cuentan las detenciones arbitrarias. Solo como muestra, este domingo 1 y lunes 2 de junio, el gobierno de Mulino llevó a cabo una guerra frontal con pueblos originarios y educadores del país. En lugares como Nogbe Blugle, en Darién, Bocas del Toro (donde se lleva a cabo una gran huelga de trabajadores del banano contra la transnacional estadounidense Chiquita Brands), en Comarcas la represión fue criminal, con un adolescente indígena asesinado el domingo. Educadores también fueron reprimidos con dirigentes sindicales detenidos.
Por eso desde Venezuela nos solidarizamos con una lucha que ya lleva más de mes y medio sin parar y para esta semana se preparan nuevas movilizaciones. Exigimos la libertad de todos y todas los detenidos, entre los que se encuentran dirigentes del sindicato de la construcción, del gremio de profesores y profesoras, de pueblos indígenas, estudiantes y de movimientos sociales.
Las siguientes organizaciones decimos sí a la lucha del pueblo de Panamá, y realizamos un video para hacerle llegar la solidaridad en su lucha contra Mulino y el imperialismo: Partido Patria para Todos – Alternativa Popular Revolucionaria (PPT – APR), Marea Socialista (MS), Partido Comunista de Venezuela (PCV – Dignidad), Partido Socialismo y Libertad (PSL), Liga de Trabajadores Socialistas (LTS, organización que impulsa La Izquierda Diario), Revolución Comunista (RC), Movimiento Popular Alternativo (MPA), Movimiento Comunes, sindicato universitario SINATRA-UCV y muchas y muchos activistas.
Desde #Venezuela organizaciones de izquierda y sindicales se solidarizan con la lucha que el pueblo de #Panamá lleva adelante contra las políticas capitalistas y entreguistas del Gobierno de #Mulino. Un pueblo que dice NO a la Ley 462, NO a la entrega del Canal de Panamá. pic.twitter.com/VsFuMDCn2z
— La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) June 4, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Viva la lucha del pueblo de Panamá.
NO a la entrega del Canal de Panamá.
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La Plata: por justicia, verdad y memoria por Johana Ramallo
4 de junio, por Sigue el juicio — Géneros y Sexualidades, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, Johana Ramallo, Géneros y Sexualidades, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, Johana Ramallo
El viernes pasado se realizó la segunda audiencia del juicio de una de las causas que se desprende de la causa principal donde se investiga la desaparición y el posterior femicidio de Johana Ramallo. En esta causa se juzgan los delitos de encubrimiento, comercialización de estupefacientes y facilitación de la prostitución. Su mamá, Marta Ramallo, declaró y su valiente testimonio fue clave para imputar a Javier Novarini, otra de las personas señaladas por la familia desde el comienzo de su búsqueda.
El viernes pasado se realizó la segunda audiencia por el juicio de los delitos vinculados a la causa principal de femicidio y desaparición de Johana. Su mamá Marta declaró y su valiente testimonio fue clave para imputar a Javier Novarini, otra de las personas señaladas por la familia desde el comienzo de su búsqueda. Es quien había tenido una relación con Johana tiempos antes de su desaparición y quien la habría acercado al consumo de drogas, tal como declaró Marta.
El relato de Marta fue estremecedor y contundente. Dejó al descubierto la red de complicidades que opera alrededor del delito de la trata y explotación sexual en nuestra región. Marta desde el momento que su hija no llegó a casa comenzó su búsqueda por hospitales y comisarías, ella misma buscaba datos y se dirigía a direcciones que le daban mujeres víctimas de redes de trata.
No recibió ningún tipo de ayuda, incluso por parte de la Policía solo recibió malos tratos, hostigamiento, amenazas y simulacros de investigación. Relató que un oficial le pegó a su hijo y le dijo "decile a la negra de tu mamá que cierre el orto porque le va a pasar lo mismo". También denunció que patrulleros de la Comisaría Novena se frenaban cerca de ella en una clara acción intimidatoria y que recibió tiroteos en su casa que nunca se investigaron." Todo está en el expediente de la impunidad de la provincia" señaló.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Expresó también que los ocho imputados no son los únicos responsables y exigió que se sigan investigando todas las responsabilidades. "A Johana la prostituyeron durante diez meses, la descuartizaron, ninguna de nosotras elegimos ser prostituidas". También denunció a la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones de la Policía Bonaerense) por la impunidad, desde donde Torres le dijo: "pueden devolverle a su hija con vida o en pedazos". Marta manifestó: "Yo destapé la olla y me devolvieron pedazos de mi hija".
Marta hizo referencia al dolor de la familia por la desaparición y femicidio de Johana, el padecimiento de su pequeña hija y los sueños de una joven que el sistema le quitó brutalmente y para siempre. Además, hizo un recorrido por la vida de una hija atenta, amorosa y compañera que de haber tenido las oportunidades y la contención necesaria hubiese podido rehacerse su vida.
El caso de Johana es testigo, no solo por impunidad que refleja sino porque, como cientas de pibas pobres, son arrojadas a su “suerte” sin protección del Estado, quien debería velar sus derechos
Por esto, por todas las pibas que ya no están, por el ataque del gobierno a los derechos de las mujeres y diversidad este 3J en La Plata y el 4J en CABA junto a las jubiladas y sectores en lucha, movilizamos para gritar bien fuerte ¡NI UNA MENOS!
