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Seis años de impunidad: ¿quién va pagar por lo que le hicieron a Facundo Castro?
15 de agosto, por Sumario sin secreto — Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Policía Bonaerense, Desaparición forzada, Facundo Castro, Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Policía Bonaerense, Desaparición forzada, Facundo Castro
El 15 de agosto de 2020 su cuerpo esqueletizado fue hallado en un cangrejal inaccesible tras 107 días desaparecido. Su último contacto fue con una patota de la Policía Bonaerense. Berni, Kicillof y el Poder Judicial encubrieron a más no poder. ¿En qué estado está la causa por desaparición forzada seguida de muerte? Hablan su madre Cristina y el abogado Leandro Aparicio.
“Los de azul son los buenos”, decía Javier Milei en su campaña electoral de 2023. Así prometía que, si era elegido Presidente, todo lo que hiciera la Policía, incluyendo crímenes atroces, sería avalado desde la Casa Rosada. Nadie duda de que su Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich primero y Alejandra Monteoliva después, cumplió con creces la premisa.
Es cierto que Axel Kicillof nunca se atrevió a pronunciar en público semejante sentencia. Pero, cuando su segundo mandato va entrando en la recta final, ¿alguien con juicio y fundamentos puede negar que “los de azul son los buenos” es un eslógan apropiable por la gestión que conduce la Provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2019?
¿Qué cosmovisión, qué doctrina y qué prácticas político-institucionales diferencian en lo sustancial al tándem Bullrich-Monteoliva de la dupla Sergio Berni-Javier Alonso? Despejando hojarascas retóricas y algún que otro gesto Nac&Pop, los dos ministros en los que Kicillof confió el manejo de la Policía Bonaerense tuvieron para con esa fuerza prácticamente el mismo tratamiento que La Libertad Avanza le dispensa a la Federal, la Gendarmería o la Prefectura.
Esas políticas del Ministerio de Seguridad van desde mejoras salariales para la Policía y el Servicio Penitenciario mientras el conjunto de las y los verdaderos trabajadores estatales deben soportar paritarias miserables, hasta el encubrimiento sostenido de uniformados que roban, secuestran, torturan, asesinan y hasta hacen desaparecer personas. Pasando, claro, por el fortalecimiento del aparato represivo estatal mientras se desfinancian la educación y la salud públicas, las infraestructuras barriales y las políticas sociales que garantizan derechos.
Como en casi todo, en esto la gestión kicillofista no es muy original. Que lo diga, si no, el gran Ricardo Ragendorfer, cuya emblemática investigación sobre los deslices criminales de La Bonaerense está pronta a cumplir treinta años. O quienes hace dos décadas reclaman la aparición de Jorge Julio López, “chupado” por la misma policía en 1976 y en 2006, cuya causa judicial duerme en los Tribunales sin un solo imputado. O la familia de Luciano Arruga.
Facundo Castro a sus 22 años Lo que sí le cabe a Kicillof es haber empoderado a la Policía como pocas veces se hizo desde el fin de la dictadura. Allí está para confirmarlo la sucesión de crímenes cometidos por La Bonaerense y el SPB durante los meses de cuarentena de 2020. Amparado en el decreto de Alberto Fernández que impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las fuerzas federales y provinciales fueron las rectoras de la vida y la muerte para amplios sectores populares. Sobre todo en las barriadas conurbanas.
El caso de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro es un trágico emblema de ese momento histórico, en el que el peronismo gobernante hizo gala de ser un verdadero “partido del orden”, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Y no sólo lo es porque el último registro que se tiene de Facundo vivo lo ubica en manos de policías empoderados, sino también por el férreo encubrimiento institucional que desplegaron Kicillof, Berni, Julio Alak (entonces ministro de Justicia), jueces y fiscales desde el momento en que Cristina, la mamá del joven de 22 años, empezó a clamar verdad y justicia.
“En estos seis años ningún funcionario de Kicillof se contactó conmigo. Me quieren callada y todos cumplen como soldaditos las órdenes que reciben de arriba”, dice Cristina Castro a La Izquierda Diario cuando se cumplen exactamente seis años de la aparición del cuerpo esqueletizado de su hijo en un cangrejal inhóspito de Bahía Blanca. Lugar al que nadie, salvo un baqueano, accede por voluntad propia. Seis años del hallazgo, tras pasar 107 días desaparecido. Entre esos funcionarios indiferentes están los encargados del área de “Derechos Humanos” y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Mario Sosa junto a Facundo Castro el mismo día de su desaparición | Foto Policía Bonaerense ¿Dónde estuvo Facundo?
Este diario (con este cronista) siguió el caso desde el principio. Como siempre, apostando al esclarecimiento de los hechos y ubicados del lado de las víctimas de la violencia del Estado y sus mandantes capitalistas. Así lo demuestra la sección especial que reúne todo lo publicado al respecto. Sólo a modo de recordatorio, algunos apuntes.
Facundo tenía 22 años y vivía en Pedro Luro, partido de Villarino, bien al sur de la provincia. La última vez que lo vieron con vida fue el 30 de abril de 2020. La familia logró reconstruir que los oficiales Mario Sosa y Jana Curuhinca lo retuvieron en la Ruta 3, haciendo dedo a la altura de Mayor Buratovich. No tenía permiso para circular, le hicieron un acta y lo fotografiaron de espaldas contra un patrullero. También le sacaron foto a su DNI, que nunca más apareció. Testigos aseguran haberlo visto horas después, también en la ruta, cerca de Teniente Origone, cuando era abordado por otro patrullero.
Pese a existir fuertes indicios sobre la participación policial, el Poder Judicial bonaerense abrió una causa sólo por “averiguación de paradero” y delegó las pesquisas en la misma Policía. Todo avalado por Berni y Kicillof. Pero Cristina y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto sabían que La Bonaerense era la principal sospechosa. En sus propias declaraciones los efectivos se contradecían.
La lucha de una madre y dos letrados comprometidos con la verdad logró hacerse oír. Por eso el caso llegó a los medios nacionales y sacudió a la opinión pública. Las bancas de Diputados nacionales y provinciales del Frente de Izquierda pidieron informes al Gobernador, que nunca respondió. La Comisión Provincial por la Memoria sumó el caso a su larga lista de litigios. Cuando la tenacidad de la querella obligó a que se abriera una causa federal por “desaparición forzada”, los criminales ya llevaban dos meses destruyendo evidencias y plantando pistas falsas.
La noche del sábado 15 de agosto de 2020 un pescador alertó sobre la presencia de un cuerpo tendido en un claro del cangrejal de Villarino Viejo. El nefasto fiscal federal Ulpiano Martínez, junto a la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, fueron los primeros en llegar y preparar la escena antes de dar aviso a la familia. El cuerpo estaba esqueletizado y desnudo.
Pese a que Berni hizo correr la versión de que también estaba la mochila de Facundo, cerca del cadáver sólo se halló su zapatilla derecha, en estado impecable. Y las huellas secas de un vehículo dibujadas en el lodazal, allí donde sólo por una cuestión de fuerza mayor alguien ingresaría motorizado.
La autopsia se hizo el 25 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. Apenas difundieron los resultados, el Gobierno nacional y el provincial salieron a decir, casi con entusiasmo, que Facundo “se ahogó solo”. Pero los peritos no pudieron determinar con precisión cuándo ni dónde se produjo la muerte. Sólo establecieron un mínimo de cuarenta días en estado post mortem, sin fijar una fecha máxima.
Casi un mes después, en el mismo cangrejal pero a cuatro kilómetros de donde se halló el cadáver, otro lugareño encontró la mochila. Adentro estaban las ropas, sus dos celulares, el carnet de conductor, auriculares, un cargador, un encendedor y un papel con la leyenda “Médanos” (una localidad de Villarino). Su DNI, que Sosa y Curuhinca manipularon y fotografiaron, nunca apareció.
El fiscal Martínez y la jueza federal María Marrón continuaron el encubrimiento judicial del caso. Después de hacer desastres en el expediente, terminaron apartados. Desde hace años la causa descansa en el Juzgado Federal 2 bahiense, a cargo de Walter López da Silva. Los tres fiscales federales a cargo de investigar, Iara Silvestre, Horacio Azzolin y Alberto Gentili, siguen sin avanzar en procesamientos y determinación de más responsabilidades.
Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González siguen imputados, pero a seis años de los hechos siguen sin ser procesados. También viene zafando la productora rural conocida como “Testigo H”, quien en su declaración favorable a los policías se contradijo y hasta reconoció haber mentido. Berni sigue haciendo de las suyas, refugiado en su banca del Senado bonaerense. Y Kicillof, ya tú sabes.
Policías Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González | Fotos de redes sociales “El Estado es desaparecedor”
En diálogo con La Izquierda Diario, el doctor Leandro Aparicio recuerda los hechos de aquel sábado 15 de agosto de 2020.
¿Qué recuerdos e imágenes más fuertes tenés de aquella noche, cuando les avisaron que se había encontrado un cuerpo?
– Ya era de noche, muy tarde, yo estaba en la casa de mi novia que está relativamente cerca de donde se encontró el cuerpo. La imagen que nunca se me borró es la de las caras de los de la Policía Federal, sobre todo el comisario al que le pedía que me dejara pasar y que auxiliara a Cristina y Luciano que se habían encajadado en el barro con la camioneta y no tenían señal. Eran caras de burla, como aparentando no entender lo que estaba pasando. Y la sensación de querer ayudar a Luciano, que me gritaba por el teléfono casi sin señal, mientras esos tipos no nos daban pelota.
El cuerpo sin ropas, sólo una zapatilla intacta, huellas de vehículo. Desde tu experiencia, ¿cómo describirías esa escena por demás extraña?
– Me pasó algo muy raro. Justo ese día yo había puesto en mi Instagram una frase de Marshall McLuhan, algo que no acostumbro a hacer. McLuhan hablaba de la información. Decía que la forma de desinformar que tienen los medios masivos es haciendo el tipo de “coberturas” como la que se dio en este caso. No tengo ninguna duda de que todo eso fue armado, con todo puesto de una manera para que se encontrase ese cuerpo, que no había estado ahí antes. Estaba todo preparado para que el cuerpo apareciera con todas las incongruencias, contradicciones e irregularidades como lo de la zapatilla.
Y a eso se suma la fake news de Berni sobre que también ahí estaba la mochila.
– Berni compartía la información con Ulpiano Martínez. Sabía qué decir y qué no. Él ya tenía precisiones, al igual que Germán Sasso, que daba como “primicia” información que nosotros como querella no teníamos y aún no figuraban en el expediente. Por eso digo que todo eso estuvo armado. Me quedo con una declaración del expresidente Alberto Fernández, de unos días antes, donde hizo una especie de amenaza velada de que la desaparición de Facundo tenía que terminar. Para mí eso fue un mensaje para Berni.
Luciano Peretto, Cristina Castro y Leandro Aparicio | Foto Facebook Cristina Castro ¿Cuáles son hoy las “coordenadas” de la causa judicial por la desaparición forzada seguida de muerte?
– La causa es por un delito imprescriptible, así que está totalmente abierta. El tema es que los fiscales no quieren “arriesgarse”. Por eso, más allá del relevamiento y entrecruzamiento de llamadas entre policías y funcionarios, están tratando de extraer información y mensajes que están en los celulares de las dos policías, que no dieron las claves para desbloquearlos. Con eso, dicen, quieren obtener más datos. Para nosotros, para la querella, teniendo en cuenta todo el contexto y la prueba ya colectada, sobran fundamentos para detener por lo menos a los cuatro que está comprobado que tuvieron participación. Dos son los más comprometidos, Sosa y Curuhuinca, y los otros dos participaron coordinando la coartada.
¿Y de las otras causas laterales, como la que le armaron a Marcos Herero y Luciano Peretto?
– Obviamente son causas que estuvieron armadas desde un principio. Tanto lo de Herrero y Lucho, que recién pudo obtener su sobreseimiento hace poco, como lo de Virginia Créimer. Es una barbaridad que la hayan llamado como testigo cuando ya la habían denunciado por, supuestamente, encubrir a Herrero. Y están las denuncias disciplinarias que me hicieron a mí en el Colegio de Abogados. En definitiva yo soy el más afortunado, comparado con lo que vienen sufriendo los otros compañeros de la causa.
Desde una mirada comprometida con los derechos humanos, ubicada del lado de las víctimas, ¿qué significa para vos, en clave histórico-política, el caso de Facundo?
– Yo creo que demuestra que el Estado, sea cual sea el signo político partidario del Gobierno de turno, es desaparecedor. La Policía y sus agentes pueden hacer desaparecer a personas porque tienen claro que van a ser respaldados por fiscales, por jueces, por funcionarios. En este caso, los personajes son el fiscal Martínez, la jueza Marrón y políticos como Berni y Kicillof. Pero es una cuestión de Estado.
Axel Kicillof, Sergio Berni y la Policía Bonaerense delante de la mirada de Facundo Castro
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El premio nobel de la Paz, Madres de Plaza de Mayo y la APDH recibieron a referentes campesinas
14 de agosto, por Violaciones a derechos humanos — Edición Argentina, Libertades Democráticas, Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira
Una comitiva de mujeres, integrantes de organizaciones campesinas, estuvo en Argentina denunciando el Estado de Excepción y las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo. Además de la marcha donde fueron acompañadas por una importante cantidad de organizaciones sociales y políticas, se entrevistaron con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, así como por Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y otros organismos en una reunión convocada por la APDH Argentina.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente honorario del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), recibió en los últimos días a la delegación de Bolivia que llegó al país para participar de distintas actividades y denunciar la situación que se vive en ese país. Entre ellas importantes referentes de organizaciones campesinas, como Jesusa Yampara (Vice Presidenta de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba), Zenaida Rocha Paco (Secretaría de Hacienda de la Coordinadora de las 6 Federaciones), Seferina Ortega (Ejecutiva de la Departamental de Santa Cruz de la Organización Intercultural).
Como difundió el Serpaj, "el Premio Nobel recibió a la delegación de mujeres, integrada por referentes de pueblos indígenas, campesinos, originarios y organizaciones sociales de Bolivia. Durante el encuentro, les transmitió su preocupación ante la información que circula en los medios de comunicación y redes sociales acerca de la situación del país. En particular, manifestó su inquietud respecto del estado de excepción decretado por el presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz, medida extrema adoptada por el gobierno tras más de 50 días de bloqueos".
"Según lo señalado por la delegación visitante - difunde el Serpaj - esta disposición habría dado lugar a diversas violaciones de derechos humanos, entre ellas: detenciones arbitrarias e irregulares, torturas denunciadas por familiares de algunos detenidos, persecución de dirigentes y referentes de los pueblos indígenas, campesinos, originarios y sindicales, sin que se respete el debido proceso. Preocupa de manera especial la criminalización y estigmatización de las personas a través de las carátulas judiciales que se les imputan".
Desde el organismo de amplio reconocimiento internacional se brindó un importante apoyo al reclamo, así como un mensaje especial al gobierno de Bolivia. "Tras escuchar los testimonios de la delegación, deseamos expresar, desde nuestra institución una profunda preocupación y, a la vez, manifestar al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la importancia de garantizar los derechos fundamentales y los Derechos Humanos. Hacemos un llamado a no estigmatizar a los pueblos, a no criminalizar la protesta social, a cesar la persecución de líderes sociales y a respetar el debido proceso de todas las personas detenidas".
Encuentro con otros importantes organismos de DDHH
La comitiva también fue recibida por distintos referentes en una reunión convocada por la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina. Por el CeProDH estuvo presente Alejandrina Barry, quien fue parte de la Misión Humanitaria que fue expulsada ilegalmente de Bolivia cuando concurrió en medio de la rebelión.
Como difundió la APDH, "sus testimonios dieron cuenta en primera persona de los mecanismos de represión estatales implementados por el actual gobierno boliviano para reprimir la protesta social e inhibir la denuncia de los abusos en el uso de la fuerza por parte de los grupos parapoliciales y fuerzas represivas estatales bolivianas. También se dió cuenta sobre la instrumentalización de la justicia boliviana para perseguir, censurar y hostigar a manifestantes, activistas, sindicalistas, políticos y defensores de los derechos humanos en Bolivia".
La campaña contra el Estado de Excepción se está llevando adelante en distintos países. Pero hay que redoblar los esfuerzos, para que realmente el mundo ponga los ojos en Bolivia en defensa de las libertades del pueblo movilizado. Desde el ProDHCre, profesionales por los derechos humanos de aquel país, están impulsando un petitorio para que sea firmado ampliamente.
Suma tu firma de adhesión y apoyo aquí:
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Bullrich se despega del Gobierno en medio de la crisis: “No tengo comisario amigo”
12 de agosto, por Policía Gauna — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Myriam Bregman, Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva , Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Myriam Bregman, Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva
La senadora negó tener un vínculo con el comisario Gauna, quien fue fotografiado armado y de civil durante la represión en el Congreso. Este distanciamiento ocurre en un momento en que el Gobierno acumula derrotas en medio de importantes manifestaciones, como la del pasado 6 de agosto contra la ley de extranjerización de la tierra, mientras que Myriam Bregman y la izquierda crecen en las encuestas como la única alternativa para los trabajadores.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió a despegarse del comisario mayor Gustavo Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, quien fue fotografiado armado y vestido de civil durante la represión a la multitudinaria movilización contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "No tengo ningún comisario amigo", afirmó la senadora, intentando cortar cualquier vínculo con el efectivo, a pesar de las imágenes que los muestran juntos en actos oficiales durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. En particular, cuando fue el secuestro del niño Loan, desaparecido en Corrientes.
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Este "despegue" público de la senadora respecto de las fuerzas represivas, a las que siempre defendió, solo se explica por la profunda crisis que atraviesa el gobierno de Javier Milei. La declaración de Bullrich -quien reconoció el revés del oficialismo al admitir que el plan de reformas "chocó"- ocurre en un contexto de creciente descontento social y derrotas parlamentarias. La represión frente al Congreso, que dejó decenas de heridos y detenidos, sumó un nuevo capítulo de violencia estatal que la exministra intenta eludir. En este escenario salieron a la luz las imágenes de Gauna de civil disparando a los manifestantes. Por este motivo, cobró gran relevancia el hallazgo de Luca Bonfante, militante del PTS, y de La Izquierda Diario, quienes identificaron al comisario al difundir una foto en la que aparece junto a la entonces ministra de Seguridad durante la búsqueda del pequeño Loan. La hipótesis de que Bullrich no recuerde a Gauna, a quien designó en la Dirección General de Organizaciones Criminales en enero de 2025, resulta difícil de sostener.
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La hipocresía de Bullrich y su complicidad con la represión
Mientras Bullrich intenta despegarse de Gauna, su historial al mando de las fuerzas represivas la persigue. La senadora siempre tuvo "unidad de cuerpo" con las fuerzas de Seguridad, como cuando defendió el accionar criminal de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado y de la Prefectura en el asesinato de Rafael Nahuel. Así como defendió cada operativo ordenado por ella, como en la gran movilización contra la Ley de Bases, donde hubo decenas de detenidos y heridos, como el abogado del CeProDH, Matías Aufieri, asesor de la banca de Myriam Bregman, perdió la visión de un ojo por un disparo de bala de goma.
Monteoliva intenta justificar lo injustificable
por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, intentó justificar la presencia del comisario de civil y armado, argumentando que Gauna integra una brigada de investigación y puede portar armamento no letal. Sin embargo, su explicación fue recibida con burlas, ya que nadie cree que el arma que portaba Gauna, una escopeta, fuera de "estruendo" ni que su accionar fuera "disuasivo". La ministra, que reconoció no haber verificado si el comisario llevaba la placa visible, profundizó el descrédito del gobierno.
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En medio de la crisis, la izquierda se afianza y crece la figura de Myriam Bregman
Mientras el gobierno pierde en el Congreso y la calle, un fenómeno político se consolida: el crecimiento de la izquierda. Las encuestas ubican a Myriam Bregman como la dirigente con mayor imagen positiva del país, superando al propio Milei y a los referentes del peronismo como Axel Kicillof y Cristina Kirchner. El Frente de Izquierda Unidad, con su programa anticapitalista y su lucha consecuente contra el ajuste y la represión, se presenta como la única salida para los trabajadores frente a un gobierno que solo ofrece más hambre y violencia.
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Mientras Milei pierde centralidad y el peronismo se muestra incapaz de ofrecer una alternativa, Bregman y la izquierda se consolidan como la verdadera oposición al régimen, encarnando la bronca y la necesidad de una alternativa a la crisis.
En este contexto debe leerse la maniobra de Bullrich para despegarse de Gauna y de la represión, la cual no es más que un intento por salvarse del naufragio de un gobierno en caída. Sin embargo, la realidad es tozuda: su rostro es el de la represión y su nombre evoca las balas de goma y los palos recibidos por el pueblo trabajador cada vez que ella ocupó la cartera de Seguridad de la Nación. Mientras tanto, la izquierda, con Bregman a la cabeza, sigue creciendo y mostrando el camino de la lucha y la organización para terminar con este sistema de explotación.
Patricia Bullrich junto Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Flavia Royón, durante el ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín en el Malba. Foto: Maxi Failla.
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Campaña de solidaridad internacional con Jülide Yacizi
11 de agosto, por Petitorio — Internacional, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Edición México, Internacional, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Edición México
Publicamos a continuación un petitorio internacional por la inmediata libertad de Jülide Yazıcı, activista turca refugiada política en Francia que fue detenida el 7 de agosto en Albania a pedido de las autoridades turcas por medio de una alerta de Interpol.
Firma de apoyo a Jülide Yacizi
Jülide Yazıcı, estudiante de doctorado en filosofía y autora de Théorie et Politique, una revista y periódico con sede en Turquía, es una refugiada política en Francia involucrada en luchas sociales y políticas. Fue interrogada el 4 de agosto de 2026 en Albania y posteriormente detenida el 7 de agosto de 2026, tras una solicitud de extradición emitida por el Estado turco y transmitida a través de Interpol.
Esta exigencia forma parte de un patrón de represión política dirigido contra activistas y voces críticas.
El uso que hace el Estado turco de la Interpol se presenta aquí como uno de los instrumentos de una política de presión y persecución de opositores, en el marco de una estrategia más amplia de intimidación a las fuerzas revolucionarias y a los activistas políticos.
Jülide Yazıcı lleva varios años dedicada al trabajo intelectual y al activismo en el ámbito de las luchas sociales y políticas. Su posible extradición a Turquía constituiría una grave violación del derecho de asilo y, sin duda, la expondría a persecución, enjuiciamiento político y encarcelamiento debido a sus opiniones y su activismo.
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a toda la comunidad universitaria, figuras públicas, etc., para que firmen este llamamiento en apoyo de Jülide Yacizi.
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Monteoliva fingió demencia, pero reconoció que quien disparó de civil es un jerarca de la Federal
10 de agosto, por Impunes — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Policía Federal, Congreso de la Nación , Represión, Alejandra Monteoliva , Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Policía Federal, Congreso de la Nación , Represión, Alejandra Monteoliva
La ministra de Seguridad trastabilló al intentar encubrir al comisario inspector Gustavo Gauna, fotografiado sin uniforme ni identificación mientras disparaba a manifestantes el jueves frente al Congreso. Entre mentiras, dijo no saber quién es, pero se trata de un jefe de la PFA mano derecha de su antecesora Bullrich. La izquierda exige que Monteoliva dé explicaciones.
Durante un reportaje en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la ministra de Seguridad sucesora de Bullrich, Alejandra Monteoliva, fue consultada sobre la foto que circuló por casi todos los medios, en la cual se ve a un policía vestido de civil, sin identificación alguna y disparando en posición horizontal contra los manifestantes durante la represión del pasado jueves.
Monteoliva intentó justificar el accionar del comisario Gustavo Antonio Gauna, a quien evitó nombrar y dijo no recordar con exactitud su cargo: "no se si es comisario o subcomisario". Durante su explicación tuvo un momento de niebla mental y duda e hizo un esfuerzo para decir que la escopeta habría sido de "estruendo". Ni siquiera pudo confirmar de que Gauna hubiera tenido su identificación fuera de toda vista: "probablemente tenía su placa colgada", mintió.
"Si, es un agente de la Policía Federal, es un oficial jefe", reconoció. “La gente de Investigaciones está de civil, tienen una camperita con el logo de la fuerza y deben colgar una placa. Generalmente el jefe de esas divisiones de investigaciones están de civil con su placa. Es probable que este comisario o subcomisario -no lo tengo claro- que es el oficial de turno ese día haya tenido su placa colgada...”. Y continuó: "frente al uso del arma, por la foto que vi... me podés corregir Juan Pablo (su asesor) con más ojo... es una escopeta de... (se rasca la cabeza), la de ruidos, con... perdigones de... de... estruendos... eso quería decir".
Es decir que de formas insólitas Monteoliva intentó justificar a Gauna. Por un lado dando una explicación de porqué el comisario estaba sin el uniforme y vestido de civil: "Es de investigaciones, y generalmente los jefes están de civil". ¿Y sobre la ausencia de idenfificación? La ministra nos dice que "probablemente" tendría su placa colgada (en un lugar fuera de toda vista).
Por otro, apelando al recurso de que la escopeta utilizada por Gauna no disparaba postas de goma sino que era solamente de "estruendo". Algo que deberá demostrar en el marco de los 1500 heridos por el accionar de Gauna y el resto de las fuerzas, con impactos de proyectiles en las zonas oculares de algunos manifestantes.
Es que Monteoliva cuenta con experiencia difundiendo fakenews para garantizar la impunidad de las fuerzas policiales. En 2024, cuando aún era secretaria de Bullrich y virtual viceministra de Seguridad, se encargó de difundir un video falso sobre el ataque con gas pimienta por parte de un efectivo contra la niña Fabrizia de diez años de edad, que había ido a apoyar a los jubilados junto a su madre el miércoles 11 de septiembre de 2024, cuando se trataba un magro aumento previsional.
En esa ocasión envió a distintos medios una filmación en la que un hombre ajeno a las fuerzas de seguridad comandadas por Bullrich gaseaba a una niña. Con ese falso registro intentaban deslindar de responsabilidades al efectivo de la policía federal Cristian Rivaldi que había atacado a la Fabrizia. Esa campaña, amplificada por los medios amigos del Gobierno, fue finalmente desbaratada, gracias a los registros de los propios manifestantes durante aquella jornada. El bochorno fue tal, que hasta algunos "ensobrados" pidieron la renuncia de Monteoliva en sus programas televisivos.
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Volviendo a lo sucedido el pasado jueves, tras las declaraciones de Monteoliva en la Bolsa de Córdoba, Alejandrina Barry, ex legisladora del Frente de Izquierda y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunció mediante un posteo en X: La Ministra de Seguridad ahora reconoce que el policía que disparó de civil pertenencia a la Policía Federal. No es cualquiera, Gustavo Antonio Gauna es un Comisario, parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina, las explicaciones las tiene que dar en la JUSTICIA."
La Ministra de Seguridad ahora reconoce que el policía que disparó de civil pertenencia a la Policía Federal. No es cualquiera, Gustavo Antonio Gauna es un Comisario, parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina, las explicaciones las tiene que dar en la JUSTICIA. https://t.co/CIFxSQtafg
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) August 10, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>El diputado nacional por el PTS en el FITU, Nicolás del Caño, también salió a denunciar la impunidad con la que la ministra de Seguridad justifica el accionar de Gauna y el resto de las fuerzas represivas durante esa jornada:
Impunidad Total.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció en la Bolsa de Comercio de Córdoba que un agente federal de civil disparó durante la represión en Congreso con “un arma de ruido”.
El Gobierno tiene que explicar por qué un agente vestido de civil estaba… pic.twitter.com/NB40AEOBnQ
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 10, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>En la nota publicada este domingo en este sitio, titulada ¿El “policía sin uniforme” que disparó a manifestantes en Congreso es un alto jefe de la Federal se alertaba ya que el hombre de la foto viralizada "sería el Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina." En ese artículo, citado por diversos medios durante ese lunes, se indicaba que "el hombre es parte de la máxima plana de la PFA. En el Orden del Día (ODI) N° 9 de enero de 2025 fue designado como responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales."
Las fotos de la brutal represión del pasado jueves 6 de agosto tuvieron un enorme repercusión. Hubo personas heridas con balas en el rostro, una periodista quedó internada con fractura en el cráneo y hubo más de 1500 heridos. El Gobierno y la ministra Monteoliva deben dar explicaciones por ese feroz accionar represivo de las fuerzas de Seguridad para intentar dispersar la enorme e insistente movilización en contra de las leyes de entrega que se trataban en el Senado.
