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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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Artículos

  • Al menos 30 heridos y 1 detenido en un nuevo miércoles de movilización

    24 de abril, por Jubilados — , , , , , , , , , , , , , , ,

    Así fue informado por la Posta de Salud y Cuidados que atendió a 16 de los afectados por la represión, y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que siguió de cerca la situación del detenido, liberado horas después.

    En una nueva jornada protagonizada por las y los jubilados que reclaman por sus derechos, el gobierno de Milei y Patricia Bullrich descargó su represión frente a este reclamo pacifico y legítimo. En esta oportunidad, convocaron a diferentes organismos de derechos humanos para que los acompañen en la movilización desde el Congreso hacia Plaza de Mayo.

    Mili. Enfoque Rojo.

    Las y los trabajadores de la salud y estudiantes de carreras afines que conforman la Posta de Salud y Cuidados, sumados al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) que integran estudiantes, abogados y abogadas, junto a familares de víctimas del terrorismo de Estado, vienen interviniendo en cada movilización para acompañar en la asistencia de quienes se movilizan desafiando el protocolo antipiquetes de Bullrich.

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    A continuación reproducimos el informe elaborado por estas instituciones que siguieron de cerca la situación:

    Comunicado de la Posta de Salud y Cuidado y el CEPRODH

    En el día de la fecha, como cada miércoles, concurrimos a la movilización de jubiladas y jubilados. Las fuerzas de seguridad a cargo de Patricia Bullrich que intervinieron fueron 3, como siempre mediante un megaoperativo desmesurado: la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de la Ciudad.

    Reprimieron en el anexo del Congreso, sobre la Av. Rivadavia.

    Estaban preparados para tirar balas de goma, gas lacrimógeno (gas pimienta), además de estar la policía motorizada amenazando con atropellar, empujando ellos mismos a la calle.

    La Policía Federal tenía un camión hidrante en la esquina de Av. Rivadavia y Ayacucho (sobre Av. Rivadavia).

    Tomamos conocimiento por otras organizaciones que hubo 30 heridos. Entre ellos se encuentran jubilados, trabajadores de prensa y manifestantes solidarios. Desde la Posta de Salud y Cuidados hemos atendido a 16 de ellos, afectados por los gases, que les provocaron quemaduras en la piel. Se realizó limpieza de gas lacrimógeno en rostro, ojos, cuello, tórax y miembros superiores. Se realizó atención de situaciones de angustia por el equipo de salud mental de La Posta.

    Hubo 1 detenido por la policía federal, que horas después fue finalmente liberado.

    Foto: Mili. Enfoque Rojo.

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  • Chubut: La criminalización mata

    23 de abril — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Ayer se conoció la sentencia para seis de los ocho vecinos imputados por su participación en las movilizaciones contra la megaminería en 2021. Un día antes de la sentencia, Lautaro Martínez, uno de los señalados, se quitó la vida. Este desenlace visibiliza las consecuencias de la criminalización de la protesta social. En este contexto, dejamos una reflexión y hacemos un llamado a llenar las calles este miércoles 23 y jueves 24, en repudio a los avances mineros de los gobiernos de Torres y Milei, que siguen avanzando sobre los territorios.

    Hace casi cuatro años, en Chubut, el gobierno de Arcioni —con el aval político de los Fernández— avanzaba con el plan de zonificación minera. No era otra cosa que el avance extractivista, el sueño húmedo de gran parte del establishment político-empresarial para saquear estas tierras. Sin embargo, en Chubut, gracias a su tradición ambientalista, se había gestado algo: una fuerte conciencia ambiental, muy generalizada. Desde la pelea contra el basurero nuclear en los 90, las movilizaciones que enfrentaron el intento de avanzar con la mina de oro en 2000, y sucesivos intentos extractivistas que se repitieron hasta 2021.

    Cuando Arcioni, con el acuerdo de los bloques de la UCR y el PJ, aprueba la zonificación, se produce lo que fue una rebelión obrera y popular. Es decir, cuando cientos salen a las calles, enfrentan a la policía e interviene la clase laburante, en este caso, sectores de la pesca. En esa rebelión participaron cientos y cientos de pibes y pibas que defendían el agua. La mayoría, clase trabajadora, familias precarias. No se comieron el verso de “más trabajo”. Enfrentaron a la policía en lo que fue una cacería, en una ciudad como Rawson, que por su diseño urbano es casi un laberinto. Entre ellos estaba Lautaro Martínez.

    Luego de la caída de la zonificación —producto de la rebelión chubutense— el gobierno avanzó con un ataque de criminalización. Armó causas, salió a cazar. Esto lo graficamos acá, acá, acá y acá.

    Todas las causas se fueron cayendo. Sin embargo, el gobierno logró —con otra causa armada— avanzar en la condena de ocho vecinos. El fallo se conocería este martes 22. Sobre el final del lunes, conocimos la noticia de que Lautaro se había quitado la vida. Al día siguiente, la jueza absolvió a dos de los ocho acusados, entre ellos, él. Parece una mala parodia de la vida, pero no: es la justicia, con su carácter de clase. Como brazo jurídico del Estado de los ricos, es una línea cínica absolver a un pibe que ya habían roto. Sobre el resto de los acusados, dicen sus defensores y los organismos antirrepresivos, no hay pruebas, las causas están armadas. Y nosotros les creemos.

    El gobierno de Torres quiere votar este jueves un nuevo avance megaminero, y como punta de lanza plantea la explotación de uranio. No es menor que un día antes intenten penalizar a los ocho vecinos. Es un mensaje político. Es una línea extractivista que atraviesa la grieta y los unifica. Para Massa, la cordillera era una torta; para Bullrich y Milei, en la Patagonia solo viven guanacos y hay “enterrados” minerales para explotar. Un discurso de territorialización que viene desde hace más de cien años.

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    Por eso la criminalización de la protesta, la persecución, la estigmatización, son instrumentos más del Estado para flagelar cuerpos, romper voluntades, desmovilizar y desmoralizar.

    Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Lo decía en un doble sentido. Por un lado, la creencia en un mundo mejor en el más allá anestesiaba las luchas del presente. La política cristiana, como ideología de Estado, jugaba el rol de frenar cualquier tipo de movilización que enfrentara las injusticias: no pelees ahora, cumplí con tu deber, con tu mandato divino, que en el paraíso te vas a liberar. Pero también, para Marx, cumplía el rol de aliviar los dolores cotidianos de una vida penosa. El campesino —en la época en que Marx pensaba esto— podía soportar su existencia difícil porque tenía la religión como creencia, la esperanza de un futuro mejor. El opio anestesiaba los dolores del presente.

    Nosotros, por estos motivos, nos pensamos ateos y materialistas. No pensamos una vida por fuera de esta, una trascendencia por fuera de esta materialidad.

    Y eso es algo difícil. Porque trascender, encontrarle sentido a todo este dolor, a todo lo que nos pasa, solo encuentra sentido en ser parte de una pelea colectiva, de un proyecto colectivo.

    Para quienes tuvimos algún ser querido en una situación parecida a la de Lautaro, ayer no fue un día más. Más aún cuando sabemos que hay un rol del Estado (en todos los casos), pero en este en particular. Por eso nos organizamos. Por eso peleamos: para que a ningún pibe, en ningún lado, le falte el plato de comida; para que ningún viejo labure hasta morir; porque no nos arrodillamos ante los planes de saqueo colonial que nos quieren imponer los distintos gobiernos, de todos los partidos. Para que no haya ningún pibe más al que le rompan la voluntad. Militamos, y ahí se nos va la vida. Porque, como decía Trotsky, soñamos con transformarla para que sea hermosa, sin explotación ni opresión, y que las futuras generaciones la vivan plenamente.

    Por eso estos días vamos a estar en la calle, buscando nuestra trascendencia, contra la megaminería. Como vos hiciste, Lautaro. Vamos a marchar por vos, y en honor a esta vida, que la vamos a cambiar. Tarde o temprano, la vamos a dar vuelta.

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  • Nueva infiltración policial en el movimiento ecologista en Madrid: doce casos descubiertos desde 2022

    23 de abril, por Persecución — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    “Nieves” era la identidad falsa de N.M.C.F, policía infiltrada en colectivos ecologistas como Extinction Rebelión o Fridays For Future. Con esta ya van doce infiltraciones policiales descubiertas en movimientos sociales desde 2022, exponiendo tácticas represivas avaladas por el Estado.

    El caso de una agente encubierta en colectivos ecologistas, como Extinction Rebelión o Fridays For Future, en Madrid, ha puesto nuevamente en evidencia las prácticas represivas de infiltración policial en movimientos sociales. Bajo la identidad falsa de "Nieves López Medina", esta agente participó en actividades de desobediencia civil durante aproximadamente seis meses.

    Una de las activistas de Extinction Rebellion declaraba que las sospechas de su actitud comenzaron temprano, ya que “conocía los nombres y apellidos de una persona que estuvo presente en una acción pero que llevaba mucho tiempo sin militar en el movimiento”. Su verdadera identidad fue descubierta tras una multa por desobediencia que permitió a los activistas acceder a su documentación encubierta.

    Este caso no es un hecho aislado; se suma a otros once agentes infiltrados descubiertos desde 2022, lo que expone la sistematicidad de esta estrategia. De hecho, su infiltración comenzó en 2023, cuando otros casos de infiltraciones ya habían sido descubiertos, generando un escándalo en redes sociales. En estos casos, al propio espionaje de activistas y militantes con identidades falsas, se sumaba el uso de métodos como el establecimiento de relaciones sexoafectivas manipuladoras, para infiltrarse en organizaciones sociales y políticas.

    Estas prácticas, además de violar derechos fundamentales, han dejado un profundo impacto emocional y organizativo en los colectivos afectados. Las denuncias incluyen acusaciones de abusos sexuales y evidencian la complicidad del sistema judicial y del gobierno actual.

    Desde que en 2022 medios como La Directa o El Salto se dedicaran a investigar las infiltraciones policiales en movimientos sociales han aparecido doce casos en entornos como el movimiento independentista catalán, por el derecho a la vivienda, antirrepresivo o ecologista.

    Estas infiltraciones no son simples acciones descontroladas, sino una estrategia de Estado para reprimir los movimientos sociales, detener otros activistas en acciones, planificar la represión con información obtenida mediante espionaje y obtener datos de activistas y luchadores. Estas tácticas represivas son una constante en las cloacas del régimen del '78 y han sido implementadas tanto por gobiernos del PP, como por el gobierno progresista de coalición entre el PSOE-UP y posteriormente por el actual de PSOE-Sumar. La utilización de leyes represivas y la impunidad garantizada para los responsables son parte de este engranaje.

    Todas estas actuaciones son responsabilidad última del ministro del Interior Grande-Marlaska. Por ello es clave su dimisión, así como la disolución de las unidades policiales dedicadas a estas prácticas, la derogación de la Ley Mordaza y otras leyes represivas que amparan estas prácticas, así como la realización de investigaciones independientes del estado que aseguren justicia para las víctimas. Es necesario levantar en común un amplio movimiento antirrepresivo que una esta pelea con el combate por la amnistía de todas las personas encausadas por luchar, con casos como los 6 de Zaragoza, las 7 de Somosaguas o las 6 de La Suiza.

    Estos episodios son un llamado a la solidaridad y autoorganización, para enfrentar estas tácticas y frenar una represión con la que quieren anular nuestra capacidad de responder a futuros ataques a la clase trabajadora y sectores populares.

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  • A 40 años del Juicio a las Juntas Militares

    22 de abril, por Efeméride — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio público a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares, que condujeron el “Proceso de Reorganización Nacional”, acusados por violaciones a los Derechos Humanos.

    Los antecedentes

    Hacia finales de la dictadura, el gobierno de facto del general Reynaldo Bignone pactó con la Multipartidaria (integrada por el PJ, la UCR y, entre otros, el PC) una transición ordenada. Antes de abandonar el Poder Ejecutivo, sancionó la ley 22.924 (conocida como "Ley de Pacificación Nacional" o "Ley de autoamnistía") que tenía como objetivo evitar que se juzgara y castigara su accionar durante los años que estuvo en el poder.

    Esta norma otorgaba inmunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) por los crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.

    No obstante, el entonces presidente Raúl Alfonsín tuvo que derogar esta ley a poco de asumir el gobierno debido al desprestigio de las FFAA ante las masas por los crímenes que cometieron durante la dictadura y la posterior capitulación en la guerra de Malvinas.

    Junto con la derogación de la Ley de autoamnistía firmó, bajo la infame teoría de los dos demonios, los decretos 157 y 158 que ordenaban el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y las tres primeras juntas militares. A fines de ese año, el gobierno radical dispuso la formación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y a principios de 1984 sancionó la Ley de reforma del Código de Justicia Militar.

    La modificación del Código reconocía la autoridad del fuero castrense en el juzgamiento de los delitos cometidos por el personal militar entre 1976 y 1983. La ley tenía como objetivo que las FFAA condenaran a sus miembros, incorporándose de esta forma al proceso democrático; pero, al mismo tiempo, permitía la apelación de la justicia civil a través la Cámara Federal. Hasta ese momento los delitos militares eran juzgados únicamente por el fuero militar.

    Los militares no aceptaron ni siquiera este exceso de beneficios que la UCR les otorgaba. El 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, expresó en un documento que las órdenes de represión que habían dado las cúpulas militares eran "inobjetablemente legítimas".

    Fracasado el intento del gobierno de Alfonsín de que las FFAA se “juzgaran” así mismas, la Cámara Federal se hizo cargo del juicio a las Juntas en octubre de 1984. Los militares hicieron todo lo posible por evitar el juicio. El General Albano Harguindeguy, exjefe del Ejército durante la dictadura militar, en representación de las FFAA, trato de negociar para evitarlos.

    Te puede interesar: Argentina 1985, la película: historia del juicio a las Juntas Militares

    La teoría de los dos demonios

    Con la colaboración de los integrantes de la CONADEP, se legitimó el discurso oficial del gobierno de Alfonsín que instaló la teoría de los dos demonios, que igualaba el accionar de las organizaciones armadas con el terrorismo de Estado, reduciendo el genocidio a una guerra entre bandos beligerantes.

    Esta “teoría” intentó ocultar que el golpe tenía el objetivo de liquidar a todos los activistas y referentes obreros antiburocráticos y los cuerpos de delegados que enfrentaban al peronismo en el poder.

    El radicalismo se planteaba desmovilizar los reclamos por juicio y castigo. La burguesía temía que estos fueran más allá y amenazaran la propia estabilidad del Estado capitalista, con unas FFAA en crisis para poder reprimir. Con ese fin, el alfonsinismo montó el juicio a las Juntas Militares en las que fueron juzgados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, y los líderes de los grupos armados que actuaron en la década del '70, mientras dejaba a más de 150.000 genocidas impunes, cifra estimada a partir de los datos de cuántos represores actuaron en los más de 500 centros clandestinos, sumado a los grupos de tarea que intervinieron en los allanamiento donde secuestraron a más de 30.000 personas.

    El juicio

    El 22 de abril de 1985 se iniciaron las audiencias y el 9 de diciembre del mismo año se dictó la sentencia a las Juntas. Se juzgaron a las tres primeras Juntas, dejando impune a la última Junta Militar y a todos los responsables civiles que participaron del genocidio de clase.

    Alfonsín, que como presidente de la Nación era también jefe de fiscales, nombró a Julio César Strassera: quien fuera fiscal durante la dictadura y que poco antes de morir habló contra la lucha de los derechos humanos para que “presente las pruebas” contra los militares.

    Los jueces que integraron el tribunal fueron: Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D' Alessio. Durante el juicio los jueces rotaron cada semana en la presidencia del tribunal. Luis Gabriel Moreno Ocampo fue el fiscal adjunto.

    Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública y en ella declararon 833 personas, entre ellos exdetenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y represores. Durante el juicio, aunque no se abrieron los archivos de la dictadura, y menos aún se conoció la identidad de los niños apropiados que nacieron en cautiverio, quedó en evidencia que desde el '76 al '83 hubo un aparato clandestino de represión.

    La clandestinidad de las detenciones, las prácticas de interrogatorios bajo torturas, eliminación física de los detenidos y el saqueo de las viviendas de los detenidos, quedaron expuestos durante el juicio. Todos estos hechos fueron cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, bendecidos por la Iglesia Católica argentina. Un plan de exterminio contra una clase social, que los militares justificaron que pudo haber “excesos propios de cualquier acción militar”.

    Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, el fiscal Strassera realizó el alegato de la fiscalía. Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre alegaron las defensas de los jefes militares. Insistieron en que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra. La sentencia fue leída por León Arslanián en su condición de presidente de la Cámara Federal.

    Fueron sentenciados a prisión Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini. El fallo que condenó sólo a cinco de los responsables del genocidio fue apelado por la defensa. El 30 de diciembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia modificó la calificación de los delitos lo que consiguió la reducción de penas para Viola y Agosti a penas de 16 años y 6 meses de prisión y 3 años y 9 meses, respectivamente.

    Si bien el fallo reconoció que las Juntas diseñaron e implementaron un plan criminal, señaló que cada fuerza actuó en forma autónoma y que las penas debían ser graduadas en función de ello.

    Este argumento permitió disminuir aún más las condenas. Incluso señalaron que con posterioridad a 1980 no se pudo comprobar crímenes que pudieran ser responsabilidad de la Junta Militar, exculpando a la tercera Junta: Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Arturo Lami Dozo. Junta que fue responsable del secuestro y asesinato de Ana María Martínez, militante del PST, el 4 de febrero de 1982. La cuarta y última Junta fue excluida del juicio, dejando impune a Reynaldo Bignone, Augusto Hughes y Rubén Franco. Recién en el año 2011, Bignone fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante el tiempo que ostentó el poder.

    Pero en el último gobierno de facto comandado por Bignone, mucho más débil por la crisis de la derrota de Malvinas y las movilizaciones previas del movimiento obrero, fue asesinado el joven obrero metalúrgico Dalmiro Flores durante la marcha de la Multipartidaria del 16 de diciembre de 1982. A pesar de la apertura política, el aparato represivo del gobierno militar continuó funcionando y el 17 de mayo de 1983 fueron asesinados por policías bonaerenses los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Enrique Pereyra Rossi.

    Reynaldo Bignone le entregó el bastón, la banda y la Casa Rosada a Raúl Alfonsín.

    Un año después de finalizado el Juicio a las Juntas, y ante una enorme cantidad de denuncias contra las FFAA, el Congreso aprobó la Ley de Punto Final, cerrando la posibilidad de nuevos juicios. Al año siguiente, se sancionaba la Ley de Obediencia Debida, que desvinculaba de los crímenes de la dictadura a los oficiales y suboficiales de menor rango, evitando el juzgamiento de toda la cadena de mandos. Pero Alfonsín desde un comienzo ordenó juzgar solo a los comandantes de las tres fuerzas, bajo la lógica de la Obediencia Debida.

    A 40 años

    El aniversario número 40 del Juicio a las Juntas Militares, nos encuentra con un gobierno de extrema derecha, negacionista del genocidio de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. La visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a los genocidas presos, junto con el cura reaccionario Javier Olivera Ravasi, fue una prueba de su intento (fallido) de avanzar con la impunidad. Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, defensora de los genocidas, a pesar de estar en conflicto de poder interno con el presidente, fue elegida para la fórmula presidencial por su perfil negacionista.

    Pero el importante repudio a la visita a los genocidas el año pasado. Y, éste año, la enorme movilización del último 24 de marzo (aniversario del golpe del '76), demostró que la memoria de las mayorías sigue intacta. A pesar del intento del gobierno de Javier Milei de tergiversar la historia, a través de la figura de Agustín Laje; cientos de miles de personas gritaron en las calles de todo el país: 30 mil detenidos desaparecidos ¡Presentes! y fue un genocidio.

    La lucha por memoria, verdad y justicia continúa. Por la apertura de los archivos secretos de la dictadura, que guardan tanto el Estado como la Iglesia católica. Por conocer el destino de los desaparecidos y desaparecidas. Y por recuperar la identidad apropiada de sus hijos e hijas.

    Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri

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  • Luca Bonfante: "¿TN quiere dejar afuera del debate de candidatos a la izquierda?"

    19 de abril, por Proscripción — , , , , , , , , , , , , , , ,

    El referente de la lucha estudiantil y segundo en la lista del FITU detrás de Vanina Biasi para las elecciones a la Legislatura porteña denunció que la señal de cable no incluiría a “la cuarta fuerza política de la Ciudad en el debate que está organizando” en lo que sería un hecho inadmisible.

    A través de La Política Online y otros medios se conoció que TN estaría organizando un debate de candidatos para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, dejando afuera al Frente de Izquierda Unidad con sus candidatos Vanina Biasi y Luca Bonfante. La fuerza política tiene como principales referentes a Myriam Bregman y Nicolás del Caño y una bancada de cinco diputados nacionales, en la CABA cuenta con 3 legisladores, en el 2021 obtuvo una banca en el Congreso Nacional con el 8% de los votos y es una de las principales fuerzas en el distrito.

    El dirigente estudiantil y candidato a legislador Luca Bonfante declaró que "de confirmarse lo publicado en La Política Online y distintos medios TN estaría proscribiendo al Frente de Izquierda Unidad. Es inadmisible: ¿pretenden dejar afuera del debate a la cuarta fuerza política de la Ciudad?”

    El joven referente conocido por las tomas de facultades y por debatir con libertarios insistió “sería la única fuerza con representación en la Cámara de Diputados y la Legislatura que dejan afuera, aun cuando las encuestas nos dan claramente arriba de otros invitados. Es un ataque clarísimo al Frente de Izquierda. El pueblo de la Ciudad necesita un debate en igualdad de condiciones de todas las fuerzas políticas, sin ningún tipo de proscripción ni censura. Es un derecho elemental tener acceso a todas las propuestas".

    Bonfante denunció además que "las condiciones en las que se da esta elección, organizada por el ejecutivo porteño, ya de por sí son restrictivas sin espacios de difusión gratuitos que favorecen solo a las listas bancadas por los grandes grupos económicos".

    Así lo denunció este sábado en el programa El círculo rojo de Radio Con Vos.

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