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Cumbre de la DEA en Buenos Aires: control de recursos estratégicos bajo la pantalla de la "guerra antidrogas"
21 de agosto, por Subordinación imperial — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Narcotráfico, Drogas, Columnistas Vertical , Guerra contra las drogas, Donald Trump, DEA, Javier Milei, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Narcotráfico, Drogas, Columnistas Vertical , Guerra contra las drogas, Donald Trump, DEA, Javier Milei
El gobierno de Milei armó una reunión internacional a pedido de la agencia estadounidense que lleva medio siglo de espionaje global, comprando funcionarios y jueces para sus planes de dominación. Tras décadas de intervención militar e “inversiones” millonarias, el narco no para de crecer. Estados Unidos sólo siembra muerte y destrucción. Acá te contamos la historia de la DEA y su relación con los gobiernos argentinos.
Entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, Buenos Aires fue sede de la 40° Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), coorganizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad argentino. Bajo el lema "Justicia a través de la fortaleza y la unidad", el Palacio Libertad (ex CCK) reunió a más de cien países y cientos de delegados en lo que marcó la primera vez que Argentina coorganiza este foro global de inteligencia operativa antidrogas. La cumbre contó con la presencia del administrador de la DEA, Terrence Cole, y del secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.
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La elección de Argentina como sede, bajo el gobierno de Javier Milei, no es casual; es una demostración más del servil alineamiento de la derecha argentina con Donald Trump para consolidar a Argentina como socio estratégico de Washington, donde la llamada seguridad vuelve a ser el principal ordenador de las relaciones hemisféricas.
¿Qué es la DEA y por qué genera tantas sospechas?
La Administración de Control de Drogas (DEA) fue fundada en 1973 por Richard Nixon bajo la política de "guerra contra las drogas". Pero lejos de ser una agencia técnica y neutral, nació con un enfoque puramente punitivo que trató un problema de salud pública como asunto de seguridad nacional y guerra militar. La agencia nació con ese sesgo, y diversos estudios demuestran que sus políticas impulsaron la encarcelación de integrantes de las comunidades afroamericanas y latinas, a pesar de que los índices de consumo de drogas eran similares a los de la población blanca. En los años 80, la DEA respaldó leyes que castigaban el crack, asociado a barrios pobres y minorías, con penas cien veces más severas que las de la cocaína en polvo, vinculada a clases altas, profundizando la desigualdad judicial.
Tras billones de dólares invertidos, sin embargo, la DEA no ha logrado reducir el consumo ni siquiera en Estados Unidos. Las muertes por sobredosis, ahora impulsadas por el fentanilo, siguen batiendo récords históricos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito relevó más de 330 millones de consumidores en el mundo y millones de personas con trastornos graves por uso de sustancias, pero la gran mayoría de las muertes en el mundo por consumo legal e ilegal recae en el alcohol y el tabaco, relegando a las sustancias ilegalizadas a una fracción menor de las muertes puramente toxicológicas en varias regiones, salvo donde operan crisis agudas de opioides sintéticos como el fentanilo, como ocurre al interior del propio Estados Unidos. Y la distribución y consumo de sustancias ilegales no disminuyó desde que existe la DEA.
La estrategia de "descabezar" cárteles, capturar a los grandes capos, promovida por la DEA, suele fragmentar a las organizaciones criminales, desatando guerras internas aún más sangrientas y aumentando la violencia civil en los países productores y de tránsito. A eso se suman los escándalos de agentes de la DEA que han sido investigados y condenados por colaborar con cárteles, desviar fondos, lavar dinero y participar en fiestas pagadas por narcotraficantes, como el famoso escándalo en Colombia en 2015, donde diez agentes participaron en fiestas con prostitutas pagadas por narcotraficantes locales.
La agencia opera en decenas de países bajo el principio de "atacar la oferta en origen", lo que generó denuncias por violación de soberanías y espionaje político. México, Bolivia y Venezuela han acusado a la DEA de actuar como una extensión de la CIA. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede Estados Unidos presentarse como líder de la lucha contra el narcotráfico cuando, tras más de 40 años de intervención en Colombia y Perú, con bases militares y millones de dólares invertidos cada año, el narcotráfico no dejó de crecer? La respuesta es clara: el narcotráfico fue una excusa para intervenir, condicionar y someter a los países del continente, restando cada vez más cuotas de soberanía.
La DEA como instrumento de política exterior y espionaje político
Existen numerosos casos documentados donde la DEA operó como una herramienta de política exterior y espionaje político para Washington, utilizando la pantalla de la lucha contra el narcotráfico para desestabilizar administraciones incómodas, presionar gobiernos o perseguir fines estrictamente geopolíticos.
En Bolivia (2008), el expresidente Evo Morales expulsó formalmente a la DEA tras acusarla de espionaje político y financiamiento encubierto a líderes opositores de la región de Santa Cruz que impulsaban protestas violentas e intentos separatistas, lo que años después fue confirmado por cables diplomáticos que revelaron que los agentes en La Paz no realizaban inteligencia operativa sobre laboratorios de droga, sino que monitoreaban reuniones políticas y recolectaban información para el Departamento de Estado, actuando como una extensión de la CIA.
En 2024, en Venezuela se destapó un informe secreto que detallaba la operación encubierta plurianual "Tejón en el Dinero", mediante la cual la agencia envió espías e informantes de forma unilateral y vulnerando el derecho internacional para armar casos judiciales contra altos funcionarios chavistas, incluyendo al expresidente Nicolás Maduro, con el fin de generar el entramado legal necesario para justificar sanciones económicas y órdenes de captura internacionales, utilizando la justicia como arma de presión electoral y geopolítica contra el Palacio de Miraflores.
Este año, cuando el gobierno de Trump secuestró al exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, del cual, entre otras cosas, lo acusaban de liderar el supuesto "Cartel de los Soles", se demostró que se trataba de una ficción. Fue el propio Departamento de Justicia estadounidense el que desnudó que ese cartel no existía. Dejando en evidencia que el verdadero objetivo del ataque imperialista siempre fue el petróleo, y no la supuesta "guerra contra las drogas".
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En México, en 1985, tras el asesinato del agente Enrique "Kiki" Camarena, el gobierno de Ronald Reagan implementó la Operación Leyenda, una represalia masiva que violó por completo la soberanía mexicana al contratar de forma ilegal a mercenarios y expolicías para secuestrar ciudadanos mexicanos dentro de su propio territorio, como el médico Humberto Álvarez Machaín, y trasladarlos en vuelos clandestinos a prisiones de Estados Unidos, funcionando como un mecanismo de castigo institucional que forzó al Estado mexicano a rediseñar sus agencias de seguridad bajo los términos impuestos por Washington.
Durante la década de 1980 en Nicaragua, la prioridad de la administración Reagan era derrocar al gobierno sandinista, por lo que financiaron ilegalmente al grupo paramilitar de la "Contra" mientras la DEA ignoró y encubrió sistemáticamente los masivos cargamentos de cocaína que esta introducía en Estados Unidos para financiarse, priorizando la agenda ideológica de la Casa Blanca (frenar el “comunismo”) por encima de su mandato constitucional de combatir el narcotráfico, permitiendo que la droga inundara las calles de su propio país.
Finalmente, la DEA posee la capacidad global de realizar arrestos extraterritoriales mediante operaciones encubiertas de simulación, mientras que críticos internacionales señalan que Estados Unidos recurre constantemente a la agencia para detener a figuras sin relación con el tráfico de drogas, pero con alto valor político (como intermediarios financieros, traficantes de armas o funcionarios extranjeros) bajo el pretexto de que "conspiraban para introducir sustancias al país", permitiendo extraditarlos y obligarlos a cooperar bajo la presión de largas condenas en lo que se conoce como guerra jurídica o "lawfare".
El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández
, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos, es una muestra de cómo Washington maneja la justicia a su antojo: mientras algunos caen, otros son indultados por la misma administración, como ocurrió cuando Donald Trump le otorgó el perdón a finales de 2025, permitiéndole salir de la cárcel y regresar a Honduras.
La DEA en Argentina: historia de una subordinación silenciosa
La presencia de la DEA en Argentina comenzó el mismo día de su fundación global, el 1 de julio de 1973. Desde entonces, su impacto no ha seguido el modelo militarizado de combate abierto o de erradicación de cultivos, casi inexistente en el país, como lo hacen en Colombia o México. En cambio, su influencia opera a través de un mecanismo silencioso de diplomacia, cooptación judicial y subordinación de inteligencia. Su presencia se estructura bajo tres grandes ejes críticos: el uso del país como base geopolítica para la región, la cooptación de jueces y fiscales, y el monopolio de la inteligencia antidrogas.
Durante la dictadura y los primeros gobiernos constitucionales, la agencia instaló su oficina regional en Buenos Aires para espiar y lanzar operaciones hacia Bolivia, que era el verdadero foco de interés de Washington. Para evitar sospechas en sus primeros años, la agencia contrató a personal local con coberturas llamativas, como el caso de René Tenembaum, un agente de la DEA que en paralelo trabajaba como luchador en el popular programa televisivo Titanes en el Ring, aprovechando las giras regionales.
Pero fue durante el menemismo (1989-1999) cuando la DEA alcanzó su mayor consolidación e institucionalización. Bajo la política exterior conocida localmente como las "relaciones carnales" con Estados Unidos, que implicaba un alineamiento automático y absoluto con Washington, el gobierno de Carlos Menem le abrió por completo las puertas del Estado a la agencia estadounidense. En 1989, el gobierno fundó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que, según diversos investigadores, nació bajo la tutela directa de la DEA, adoptando de forma idéntica los manuales, estrategias y la retórica punitiva de la "guerra contra las drogas" de Washington. La DEA pasó a dictar la política criminal interna del país.
En 1991 estalló el mayor escándalo de narcotráfico y lavado de dinero del gobierno: el Yomagate. La causa involucró a Amira Yoma (cuñada del presidente Menem) y a altos funcionarios aduaneros en una red que lavaba millones de dólares del narcotráfico a través del aeropuerto de Ezeiza. El rol de la DEA frente a la inmensa crisis política fue clave: Menem mantuvo reuniones de urgencia con el embajador estadounidense Terence Todman y la jefatura regional de la DEA. Para frenar la presión de Washington, el gobierno argentino entregó el control informático y de fronteras a la agencia, ordenando operativos coordinados y patrullajes aéreos conjuntos. La DEA utilizó el escándalo como un mecanismo de chantaje político para aumentar su control sobre las fuerzas de seguridad locales.
La década del 90 estuvo marcada por el plan de convertibilidad y la apertura financiera desregulada. La DEA ignoró el flujo masivo de divisas sospechosas que ingresaban a través de bancos y la privatización de empresas públicas. Mientras la DEA exigía detenciones de pequeños eslabones de la cadena en barrios vulnerables, los grandes movimientos de capitales del narcotráfico transnacional (incluidos cárteles colombianos) operaban con comodidad en el sistema financiero argentino. Años después de dejar el poder, el propio Menem terminó siendo investigado por la justicia y agencias de Estados Unidos por presuntos nexos con el lavado de activos.
En 1993, meses antes de la muerte del capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, su esposa e hijos negociaron en absoluto secreto su exilio en Buenos Aires. Aunque Menem declaró públicamente que impediría su ingreso, el asentamiento de la familia Escobar en el país bajo identidades falsas fue pactado formalmente por el gobierno y la DEA. La agencia utilizó a la familia como "anzuelo" de inteligencia y moneda de cambio en sus operaciones transnacionales, operando en suelo argentino por fuera de los controles de los jueces locales.La era de Menem fue el momento en que la DEA introdujo su influencia de forma irreversible en el sistema judicial y policial de Argentina. El gobierno menemista delegó soberanía de inteligencia a cambio de aprobación política en Washington. Esto permitió que la agencia manejara "los hilos" de las fuerzas federales a través de presupuestos paralelos, transformando a la Argentina en un actor dócil de la geopolítica de seguridad estadounidense en el Cono Sur.
Históricamente, la DEA ha tejido vínculos directos y autónomos con jueces federales, fiscales y jefes de fuerzas de seguridad locales (Gendarmería, Prefectura o la Policía), donde es evidente la pérdida de soberanía, donde las fuerzas argentinas a veces comparten información sensible con la oficina que tienen en la Embajada de Estados Unidos antes que con sus propios ministerios nacionales. La agencia consolidó su influencia financiando cursos de capacitación para policías en Buenos Aires u hoteles de lujo, actuando como una red de incentivos económicos y profesionales informales que condiciona las agendas de investigación locales.
El impacto de la agencia en el país también ha quedado salpicado por los escándalos de la política local. Causas judiciales complejas, como el Triple Crimen de General Rodríguez o redes de espionaje paraoficiales, revelaron la intervención de supuestos informantes o intermediarios de la agencia, vinculando su nombre a operaciones opacas de la inteligencia nacional.
Con los Kirchner, la relación se enfrió. En 2011, el canciller Héctor Timerman inspeccionó y retuvo un avión militar estadounidense que había traído instructores para la Policía Federal, un gesto que se interpretó como una respuesta a la gira de Obama por Sudamérica que excluyó a Argentina. Lo que no significó que durante los tres gobiernos K tomaran distancia de las políticas security del imperialismo; solo recordar las leyes “antiterroristas” y la formación de las fuerzas represivas con los manuales redactados en Washington.
Pero con la llegada de Mauricio Macri en 2015, la cooperación se reactivó. El gobierno de Patricia Bullrich consideró una prioridad restablecer la cooperación con la agencia estadounidense. El gobierno de Macri incrementó el número de agentes permanentes de la DEA de tres a diez, reabrió una oficina en la provincia de Salta y planeó desplegar una base operativa cerca de la Triple Frontera. Además, se reanudaron los cursos de capacitación para las fuerzas de seguridad argentinas y se intensificó el intercambio de información sensible, con el objetivo de alinear al país en la "guerra global" contra el narcotráfico.
En una nueva muestra de subordinación al imperialismo yanqui, el gobierno de Milei entregó silenciosamente a la DEA el monitoreo de la estratégica Hidrovía del Río Paraná. Bajo la excusa de combatir el narcotráfico, la agencia estadounidense barrió con todo obstáculo para controlar un sector clave que Washington busca apropiarse. Esta cesión de soberanía de La Libertad Avanza viola los propios acuerdos bilaterales que prohíben la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, dejando abierta la pregunta de qué mecanismos ilegítimos está utilizando el imperialismo para avanzar en este saqueo.
En conclusión, la DEA no es más que un invento imperialista para impulsar el espionaje y la militarización a gran escala. Una herramienta de control social a la que se subordinan, con mayor o menor entusiasmo, todos los gobiernos de la región. La mentira de la "guerra contra las drogas" deja cada vez más expuesta la verdadera política para justificar la intervención militar y militarizar los barrios populares. Una estrategia antiimperialista consecuente exige echar a la DEA, terminar con la criminalización de la juventud que cultiva o consume mediante la despenalización y legalización de todas las drogas, y atacar el corazón financiero del gran negocio capitalista que las propias fuerzas del Estado encubren y administran.
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Va a juicio el prefecto que hirió a Jonathan Navarro e investigan la represión del 6 de agosto
21 de agosto, por Agarrate Monteoliva — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, María Romilda Servini , Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad, Criminalización de la protesta social, Policía Federal, Congreso de la Nación , Comodoro Py, Patricia Bullrich, Julián Ercolini, Represión, Bloque4 A4 2, Pablo Grillo, Jonathan Navarro, Alejandra Monteoliva , Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, María Romilda Servini , Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad, Criminalización de la protesta social, Policía Federal, Congreso de la Nación , Comodoro Py, Patricia Bullrich, Julián Ercolini, Represión, Bloque4 A4 2, Pablo Grillo, Jonathan Navarro, Alejandra Monteoliva
Milei se derrumba y el Poder Judicial se “despierta”. Malas noticias para la ministra de “Seguridad”. El criminal Sebastián Martínez será juzgado por quitarle la visión a un laburante que marchó al Congreso el mismo día que Gendarmería casi mata a Pablo Grillo. Y en Comodoro Py se activa una causa por la represión a la marcha por la Ley de Tierras, donde se descubrió al comisario de la Federal Gustavo Gauna de civil disparando a manifestantes.
El gobierno de La Libertad Avanza no quiere ni puede resolver los acuciantes problemas económicos y sociales que sus propias políticas agravan día a día. Y cuando miles salen a las calles a protestar, refuerza sus operativos represivos, plagados de ilegalidades que dejan saldos inéditos de heridos y detenidos. En ese marco, desde el Poder Judicial parecen oler el declive de Javier Milei y su banda de forajidos. Por eso aparecen novedades que pueden comprometer aún más a personajes como la ministra de “Seguridad” Alejandra Monteoliva y a su antecesora Patricia Bullrich.
El caso de Jonathan Navarro
En las últimas horas se supo que Sebastián Emanuel Martínez, oficial de la Prefectura Naval Argentina, será juzgado por haber malherido a Jonathan Navarro la tarde del 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El uniformado disparó a corta distancia su escopeta de gas pimienta contra el rostro del joven trabajador, provocándole la pérdida de la visión de su ojo izquierdo. Navarro es simpatizante de Chacarita y había ido a movilizarse junto a las y los jubilados, convocado por decenas de hinchadas de fútbol a las que, sin pruebas ni razón, el Gobierno acusó de “barrabravas”. Esa misma tarde el gendarme Héctor Guerrero casi mata al fotorreportero Pablo Grillo.
En una extensa entrevista de abril del año pasado, Navarro relató los hechos a La Izquierda Diario. Allí reclamó que se investigara el accionar de las fuerzas represivas y que el Gobierno respondiera sobre quiénes fueron los culpables de haberlo dejado sin la visión de uno de sus ojos. Durante meses la entonces ministra Bullrich negó toda responsabilidad sobre ese acto criminal. Pero en julio, cuando una investigación colectiva coordinada por el Mapa de la Policía identificó al prefecto Martínez, al Gobierno se le complicó.
Esta semana, un año después de aquel hallazgo periodístico, la jueza federal María Servini decidió finalmente elevar a juicio oral y público la causa contra Sebastián Emanuel Martínez, acusado de disparar y dejar gravemente herido a Navarro. La titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 cerró la etapa de instrucción de la causa CCC 13238/2025, dando paso a la realización del enjuiciamiento del uniformado. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir qué tribunal será el encargado de juzgar los hechos.
Jonathan Navarro en su casa de San Martín | Foto Enfoque Rojo El entrerriano Martínez, de 33 años, es oficial auxiliar de la Agrupación Guardacostas de la Prefectura. Aquel 12 de marzo fue uno de los cientos de rabiosos perros guardianes enviados por el Gobierno a gasear ya apalear jubiladas, jubilados y demás personas solidarias con sus reclamos. A él y otros prefectos le tocó ejecutar disparos sobre los manifestantes con una lanzadora neumática Byrna , modelo TCR, cargada con proyectiles químicos de gas pimienta.
A la voz de “dispará” ejecutada por sus superiores, Martínez apuntó a varias cabezas de quienes tenía enfrente, a pocos metros de distancia. Sin posibilidad de cubrirse ni correrse de la línea de fuego, Navarro fue uno de los blancos. El disparo fue certero y el oficial fue felicitado por los jerarcas de la fuerza. A pesar de todas las operaciones a las que fue sometido, Jonathan terminó perdiendo la visión de su ojo izquierdo.
Pese a la elevación a juicio aún sin fecha contra Martínez (quien tiene prohibido salir del país), la jueza Servini decidió cerrar el expediente y no hacer lugar a un pedido muy importante de la querella para que la causa avance parcialmente contra el prefecto y a la vez se siga investigando la cadena de responsabilidades. Lo que incluiría, obviamente, las órdenes dadas por el Ministerio de Seguridad y el posterior encubrimiento del ataque a Navarro.
La represión del 6 y el comisario Gauna
Paralelamente, el fiscal federal Franco Picardi acaba de presentar una serie de pedidos al juez federal Julián Ercolini para que se avance en la investigación sobre la brutal represión ocurrida el pasado jueves 6 de agosto frente al Congreso contra la masiva movilización en repudio a las reformas impulsadas por La Libertad Avanza sobre la Ley de Tierras y otras normativas.
Según las solicitudes de Picardi, durante esa represión hubo claros casos de “violencia institucional”, por lo que propuso una serie de medidas para obtener pruebas en el marco de una denuncia penal presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Pocas horas después de finalizada la masiva protesta, organismos de derechos humanos y grupos de asistencia como la Posta de Salud y Cuidados dieron cuenta de unas 1.500 personas atendidas con heridas y afecciones de diferente gravedad. Y el saldo de detenidos arbitrariamente durante “cacerías” en calles aledañas a la Plaza Congreso fue de más de treinta.
En ese sentido, el fiscal pidió también que se investigue qué rol tuvo en esa jornada el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, quien fue fotografiado y filmado escopeta en mano, vestido de civil y sin ningún tipo de identificación. Este diario fue uno de los primeros en identificarlo, mientras desde el Gobierno la ministra Monteoliva miraba para otro lado y encubría. Según la denuncia penal, Gauna habría disparado la escopeta violando las normas nacionales e internacionales de uso de armas “antidisturbios”.
Gustavo Antonio Gauna en la movilización del 6 de agosto, en Congreso (foto Kaloian Santos) | Gauna junto a Patricia Bullrich (foto Ministerio de Seguridad de la Nación) | Gauna junto a Enriqueta Pearson, subadministradora nacional de la ANMAT (foto Ministerio de Seguridad) Según información difundida por Tiempo Argentino, el 11 de agosto Picardi emitió un dictamen para que se avance en la investigación sobre Gauna y tres días después amplió ese pedido ante el juez Ercolini. En sus escritos el fiscal hizo un repaso detallado de la denuncia presentada por la CPM, en la que se alerta sobre las heridas y golpes sufridos por manifestantes, reporteros gráficos y periodistas, además de la detención masiva de personas durante la protesta.
Además de lo realizado por Gauna, a quien en 2025 su jefa Bullrich puso al frente de la Dirección General de Organizaciones Criminales de la PFA, el fiscal investiga diversos hechos ocurridos en el anochecer del 6 de agosto. Por caso, a las 19:50 en el cruce de Lima y Avenida de Mayo una patota de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desató una cacería de manifetantes combinando balazos de goma y el avance de camión hidrante. Según los denunciantes, todo eso se hizo sin cumplir los criterios de necesidad, proporcionalidad y legalidad que exige la ley.
Sobre el comisario Gauna y otros hechos de aquel operativo, la diputada nacional Myriam Bregman pidió interpelar en el Congreso a Monteoliva. Por el momento ese pedido no avanzó en la Cámara baja. Ni siquiera tras las pobres declaraciones que la ministra dio pocos días después de la represión, durante una charla en la Bolsa de Comercio de Rosario. Fingiendo demencia, trastabilló al intentar encubrir al comisario inspector diciendo que “no sabe quién es”, aunque no le quedó otra que reconocer la presencia del jerarca de la PFA en el operativo.
La causa que investiga Picardi gira en torno a diversos episodios de la llamada “violencia institucional”, que no es otra cosa que represión estatal a la protesta social. Según los dictámenes del fiscal, ese accionar provocó situaciones en las que muchas personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas en puestos sanitarios o derivadas a hospitales. Además, se habrían producido detenciones arbitrarias durante la represión.
Para el pueblo trabajador, depositar confianza en los jueces y fiscales de Comodoro Py es un contrasentido. La historia de la casta judicial desborda de capítulos llenos de criminalización e injusticias contra la clase obrera y los sectores populares. Eso no invalida la exigencia permanente de que los funcionarios que ejecutan crímenes contra el pueblo rinda cuentas y paguen por sus responsabilidades. Eso es lo que merecen, de mínima, el trabajador Jonathan Navarro, el fotorreportero Pablo Grillo, la jubilada Beatriz Blanco y la pequeña Fabrizia, entre muchas otras víctimas de los gases, los palos y la balas del Estado.
Prefecto Sebastián Martínez (foto PNA) | Comisario Gustavo Gauna y PFS (foto Kaloian Santos)
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Narcotráfico como excusa: la cumbre de la DEA consolida el alineamiento de Milei con la Casa Blanca
19 de agosto, por Un siglo de fracasos — Edición Argentina, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Narcotráfico, Columnistas Vertical , Donald Trump, DEA, Javier Milei, Alejandra Monteoliva , Edición Argentina, Libertades Democráticas, Ministerio de Seguridad, Narcotráfico, Columnistas Vertical , Donald Trump, DEA, Javier Milei, Alejandra Monteoliva
Con altos cargos de un centenar de países, Buenos Aires es sede de la cumbre mundial de la DEA. La excusa oficial es la cooperación contra el narcotráfico, pero la historia de estas políticas muestra que, a más de cien años de guerra contra las drogas, el negocio criminal sigue creciendo. La cumbre solo refuerza el vínculo de Milei con Trump y la agenda y los negocios security.
El Palacio Libertad de Buenos Aires recibe a cientos de delegados internacionales en la 40ª Conferencia Internacional “contra” el narcotráfico. La cumbre, encabezada por la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, y organizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), se presenta como un hito de la cooperación global. Sin embargo, este tipo de eventos no son más que una fachada que oculta el fracaso de más de cien años de una política, la guerra contra las drogas, que no hizo más que fortalecer las redes de narcotráfico que cuentan con la complicidad de jueces, policías, gobernantes y entidades bancarias (que lavan el dinero ilegal); todos ellos piezas clave en el engranaje del narcotráfico.
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El encuentro, que se extiende entre el 18 y el 20 de agosto, es una demostración más del servil alineamiento del presidente Javier Milei con la administración de Donald Trump. La elección de Buenos Aires como sede busca consolidar el rol de Argentina como "socio estratégico" de Washington en su intento por recuperar el dominio perdido en Latinoamérica. Pero mientras los 400 a 600 altos funcionarios de un centenar de países deliberan a puertas cerradas y con hermetismo total, la realidad en las calles de la región es otra: el narcotráfico no cesa su avance, las muertes por este negocio capitalista no paran de crecer mientras los grandes capitales ilegales siguen lavándose en el sistema financiero global con total impunidad.
El show de la cooperación
La conferencia, que comenzó a gestarse en 2025 bajo la gestión de Patricia Bullrich, se enmarca en la misma lógica de "mano dura" que ha fracasado estrepitosamente en todo el continente. En lugar de atacar las causas estructurales del problema, como la prohibición de las drogas, la estrategia se centra en la persecución penal a los consumidores o pequeños vendedores a la par del fortalecimiento de los aparatos represivos. Pero el problema no está en la falta de cooperación internacional, sino en la corrupción endémica que permea las instituciones estatales que son cómplices de este negocio ilegal.
La historia reciente de Argentina y América Latina está plagada de ejemplos que vinculan a altos mandos policiales y judiciales con el narcotráfico. El narcotráfico, un negocio capitalista, está integrado por bandas criminales asociadas con funcionarios estatales, fuerzas de seguridad, jueces y políticos que protegen y son parte de estas asociaciones criminales.
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La propia DEA ha sido señalada en múltiples ocasiones por su papel en la desestabilización de gobiernos y su colaboración con actores cuestionables, todo bajo la excusa de la "lucha contra el narcotráfico". En ese contexto, la cumbre en Buenos Aires no es una solución, sino un síntoma más de una agenda security internacional.
Millones en una cumbre, pero ni un centavo para la vida de los jóvenes
Mientras se destinan millones de dólares a la organización de estos megafestivales de la seguridad, estas bandas criminales y sus socios siguen generando violencia y muerte en el continente. La respuesta oficial es siempre la misma: más cárceles, más patrulleros, más extradiciones. Sin embargo, el negocio del narcotráfico no se combate sin desmantelar las redes de lavado de dinero que operan en los paraísos fiscales y en las grandes plazas financieras, a menudo con la complicidad de Estados Unidos y sus aliados.
La conferencia, que busca "fortalecer la cooperación operativa y compartir inteligencia crítica", pretende, una vez más, ocultar quiénes fortalecen esas redes criminales. Mientras Monteoliva posa junto a los jerarcas de la DEA, los grandes narcos se pasean impunemente por barrios privados. Por caso, José Luis Espert, hasta hace poco un funcionario “probo” de La Libertad Avanza, tuvo que renunciar a su cargo, luego que la justicia lo acusara de recibir US$ 200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado y detenido en Estados Unidos, y que se declaró culpable de lavado de dinero a cambio de no ser condenado por narcotraficante.
La cumbre que inaugura Monteoliva solo se puede leer como parte de la política del gobierno de Milei, que ha decidido subordinarse completamente a los designios de Washington. Detrás de los discursos grandilocuentes contra el narcotráfico, se esconde la misma realidad de siempre: un sistema que genera ganancias multimillonarias para unos pocos, mientras la mayoría de la población queda atrapada entre la violencia y la desesperanza. La verdadera lucha contra el narcotráfico parte de la legalización de las drogas,nacionalizar la bancay denunciar a los verdaderos cómplices de este negocio capitalista.
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Foto: Ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva
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A 33 años de la desaparición de Miguel Bru: el grito "Presente" volvió a copar las calles de La Plata
18 de agosto, por El Estado es responsable — Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Miguel Bru, Desaparecidos por la policía, Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Miguel Bru, Desaparecidos por la policía
Como cada 17 de agosto, la intersección de las calles 5 y 59 volvió al escenario, una vigilia cargada de memoria, bronca y reclamo. Nos encontramos una vez más frente a la Comisaría Novena de La Plata, en un nuevo aniversario por la desaparición de Miguel Bru, acompañando a su madre Rosa Bru, sus familiares, organizaciones de derechos humanos y políticas. El reclamo sigue siendo exigirle al Estado que rompa el pacto de silencio corporativo y responda qué hicieron con Miguel
Miguel era un pibe de 23 años, estudiante de periodismo, que luego de ser hostigado y perseguido, fue secuestrado, torturado hasta la muerte y desaparecido por la Policía Bonaerense en 1993.
Aunque la incesante movilización popular logró arrancar condenas históricas en 1999 para los ex policías Justo López y Walter Abrigo, el andamiaje de encubrimiento policial y judicial nunca se desarmó. A 33 años, la fuerza represiva sigue ocultando el destino de su cuerpo. El sistema judicial y el Estado en su conjunto continúan funcionando a la perfección para proteger a sus fuerzas y mantener la impunidad. Los gobiernos pasan, cambian los discursos, pero la matriz de la Policía Bonaerense y de las fuerzas represivas sigue intacta.
El caso de Miguel Bru demuestra una vez más la continuidad de una práctica represiva por parte del Estado, nunca fue desmantelada. La misma Bonaerense que desapareció a Miguel bajo un gobierno peronista en los 90, es la institución que hoy sigue hostigando en los barrios populares, administrando el gran delito organizado y cobrándose la vida de la juventud a través del gatillo fácil, amparada por los discursos de mano dura de los gobiernos de turno, en una demagogia punitiva.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Frente a un contexto de ajuste donde el Estado fortalece la represión para hacer pasar el saqueo económico, la lucha de Rosa Bru nos marca de qué lado tenemos que estar. El caso de Miguel Bru no es una página cerrada de los años 90, sino una bandera fundamental en la lucha actual contra la violencia institucional.
Seguiremos exigiendo la apertura de todos los archivos y el desmantelamiento de las redes de encubrimiento. No hay olvido ni perdón para los responsables materiales y políticos.
¡Miguel Bru, presente!
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Cristina Castro: “Éste es un Estado encubridor, cómplice de los policías que mataron a Facundo”
15 de agosto, por Entrevista — Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Impunidad, Policía Bonaerense, Desaparición forzada, Facundo Castro, Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, Axel Kicillof , Impunidad, Policía Bonaerense, Desaparición forzada, Facundo Castro
A seis años del hallazgo del cuerpo de su hijo en un cangrejal de Bahía Blanca, La Izquierda Diario conversó con la trabajadora de Pedro Luro. ¿Cómo recuerda aquel momento tras 107 días de búsqueda desesperada? ¿Por qué cree que Kicillof, Berni, el fiscal Ulpiano Martínez y otros funcionarios se pusieron del lado de los asesinos? “Hay venas de la dictadura que quedaron abiertas y siguen haciendo sangrar a muchas madres”, afirma mientras no deja de luchar por verdad y justicia.
“Somos gente laburante, y la gente laburante plata y miedo no tiene”, le dijo a este diario hace poco más de seis años Cristina Castro. Hablaba desde su puesto laboral en la estación de servicio Shell de Pedro Luro, partido de Villarino. Llevaba semanas buscando intensamente a su hijo Facundo, de 22 años, desaparecido el 30 de abril de ese 2020 tras cruzarse con una patota de la Policía Bonaerense mientras hacía dedo en la Ruta Nacional 3.
En otra nota publicada hoy actualizamos el caso, con sus connotaciones políticas y con una causa judicial federal por “desaparición forzada seguida de muerte” que sigue abierta, aunque adormecida. Allí Leandro Aparicio, abogado de Cristina junto a Luciano Peretto, suma sus reflexiones sobre ese caso emblemático de la cuarenta represiva instaurada en Argentina, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la pandemia de covid-19.
Hace exactamente seis años, el sábado 15 de agosto de 2020, la búsqueda de Facundo llegaba a su fin. Su cuerpo esqueletizado y desnudo fue hallado por un lugareño en medio de un cangrejal de Villarino Viejo (Bahía Blanca). El nefasto fiscal del caso, Ulpiano Martínez, junto a la delegación bahiense de la Policía Federal y acompañado por el Gobierno de Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni, montaron la escena antes de dar aviso a la familia Castro.
En un nuevo diálogo con La Izquierda Diario, Cristina vuelve a recordar aquellas horas que transformaron su vida para siempre. Como ella misma lo hizo público, en febrero pasado la familia sufrió otra triste pérdida. Pero, lejos de doblegarse y bajar los brazos, ella no resigna sus convicciones y su lucha por verdad y justicia.
“Facu no murió ahí, estoy convencida de que plantaron su cuerpo”
A seis años de aquel frío sábado de agosto, ¿cómo estás?
– Estoy bien. Hoy, en este aniversario, por suerte no trabajo y me toca quedarme en casa.
Después de 107 días de intensa búsqueda, llegó ese aviso de que se había encontrado el cuerpo. ¿Hoy cómo recordás ese momento?
– Ese día yo estaba en mi trabajo. Nunca me voy a olvidar, justo cuando me llamaron para avisarme estaba teniendo un zoom con la Madres de Plaza de Mayo, entre ellas con Norita Cortiñas. Algunas hoy ya no están con nosotros. Recuerdo que les dije que tenía que desconectarme porque mis dos abogados me estaban llamando desesperados. “Cristi, apareció un cuerpo, estoy yendo a buscarte”, me dijo Luciano. Me congelé, se me cayó el mundo encima. Dejé todo, entré corriendo a la estación de servicio, agarré mis cosas y dije “me tengo que ir”. Nadie me pidió explicaciones, mi cara lo decía todo.
Encima desde Pedro Luro a General Cerri, donde está el cangrejal, hay casi una hora y media de viaje
– Se me hizo eterno ese viaje hasta la entrada de Cerri. Nos habían pasado mal la ubicación. Cuando avanzamos por esa zona la camioneta de Luciano empezó a encajarse y el agua del mar la arrastraba. No podíamos hacer nada y nos quedamos parados arriba de la camioneta. Al rato vinieron a buscarme los de la Policía Federal. Fue todo muy siniestro, en el móvil me sentaron al lado de la persona que había encontrado el cuerpo. Y no me olvido más de que, cuando llegué al sitio, Ulpiano Martínez estaba hablando con Berni.
Justo con Berni, las dos personas que en esos meses peor te trataron
– Sí, con Berni. Estaba muy oscuro, ya era de noche, y cuando llegué vi al fiscal con su teléfono prendido. En la pantalla decía "Berni". Imposible olvidarlo.
¿Cómo siguió todo?
– Yo les pedí acercarme. Esperaba encontrar un cuerpo, reconocer a mi hijo. Pero eran huesos. Igual lo reconocí. Era el cuerpo de mi hijo, estaba boca abajo, reconocí su estatura y contextura, y especialmente la cabeza. Dije “ése es Facu”. Cercaron el lugar. A Leandro la Policía no lo dejaba llegar, lo retenían a unos kilómetros de ahí. Después lo dejaron llegar, pero ahí nos dijeron que no se iba a hacer nada hasta el otro día. Decían que si queríamos podíamos quedarnos toda la noche, pero que era un problema nuestro y debíamos hacerlo detrás de una vallas que habían puesto. Nos corrieron.
¿El domingo cómo siguió?
– Esa noche no dormí. Me levanté muy temprano y preparé algunas cosas por las dudas de que me tuviera que quedar largo tiempo ahí. No me iba a mover hasta que pudiera acercarme a mi hijo. Luciano me pasó a buscar por casa y volvimos al lugar. En ese momento no podía dejar de estar pendiente de todo lo que se decía. Escuché que Berni dijo que también se había encontrado la mochila de Facundo, pero la mochila recién apareció mucho después, en otro lugar alejado. Estoy segura de que la tenían ellos y la hicieron aparecer cuando quisieron. Fueron tantas puñaladas juntas... Yo digo que, desde entonces, a Facu lo vienen matando todos los días. Y no sólo ellos. También los fiscales que no hacen nada. En fin, es todo el sistema que todos los días lo mata un poquito más.
Ustedes siempre denunciaron que esa escena había sido de alguna manera “plantada”. Seguramente muchas personas que en todo el país reclamaban la aparición de Facundo y estaban informadas de cómo venía todo, pensaron lo mismo. ¿Lo seguís pensando?
– Sí, por supuesto. Es más, llegando justo hasta el cuerpo de Facu había huellas bastante recientes de una camioneta grande. Pero nadie en ese momento, ni siquiera la Policía, había llegado en vehículos porque no se podía. Los pescadores que lo encontraron también dijeron que habían llegado caminando. Yo estoy segura de que él no murió ahí, estoy convencida de que el cuerpo fue depositado en ese lugar. Después lo escuché a Berni decir que si le daban un día más seguro lo encontraba. ¿Entonces sabía que el cuerpo estaba ahí? La impunidad con la hablaba y sigue hablando hasta hoy es grotesca.
Cuando viajaron a Buenos Aires se reunieron con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y ahí denunciaste a Ulpiano Martínez. ¿Qué pasó con esa denuncia? Porque hasta hoy el fiscal sigue haciendo lo que quiere e incluso armó causas paralelas donde llegó a denunciar a uno de tus abogados
– No pasó nada. Él sigue impune. La denuncia mía se la pasaron por el traste, nunca me respondieron. Traté de comunicarme con el Procurador y hacerle algunas preguntas, pero no lo conseguí. Fue a través de gente que teníamos como intermediarios, pero nunca me respondieron.
Es una frase siempre repetida esa de que “el Estado es responsable”. Bajándolo a tierra, a seis años de ese hecho tan conmocionante, siendo la madre de un pibe que estuvo desaparecido 107 días y apareció de esa forma tan terrible, ¿cómo definirías el trato hacia la familia de parte del Estado en su conjunto, incluyendo al Presidente y el Gobernador pero también a jueces, fiscales y demás funcionarios?
– Lo definiría tan simple como que el Estado encubre asesinos. Es un Estado encubridor de asesinos, tan cómplice como los policías. Quizás sea así porque les sirve a todos. Si no, no se entiende por qué hicieron tantísimo daño. Siempre pienso que son venas de la dictadura que quedaron abiertas y hasta el día de hoy hacen sangrar a tantas madres que sólo queremos vivir en paz. Ahora Kicillof quiere ser candidato a Presidente. Imposible pensar en votar a ese señor.
Pese a todo, nunca bajaste los brazos
– Claro que no. Hoy estoy un poco más tranquila, diría, porque necesito encontrar mi eje después de todo lo que nos ha pasado. Recuperando fuerzas. Pero nunca dejamos de pelear y de reclamar lo que corresponde. Que no nos escuchen es otra historia, sabemos que va a ser así. Pero nunca hay que dejar de luchar. Sé que algún día voy a poder obtener las respuestas que hoy se nos niegan. Mientras tanto, nos atacan. Nosotros pedimos justicia, nada más que eso. Sé que, haga lo que haga, nada me devuelve a mi hijo, pero todos esos asesinos, los encubridores y los malabaristas de la justicia (que hacen aparecer y desaparecer causas) alguna vez tienen que pagar. A mí me queda un sólo hijo, pero hay que seguir luchando por los que vienen atrás, para que no sigan expuestos a lo que haga toda esa gente. Mientras ellos sigan libres e impunes, ¿cómo no va a seguir habiendo asesinatos y todo tipo de corrupción?
Una vez más, te preguntamos si en todos estos años alguien de las instituciones del Estado, sea del área de Derechos Humanos, del Ministerio de la Mujer u otros lugares institucionales, se contactó con vos y se puso a tu disposición. ¿Alguien tuvo algún gesto diferente al del Gobernador Kicillof y al del exministro Berni?
– No, nunca, en seis años jamás nadie tomó contacto conmigo.
¿Y por qué creés que pasa eso?
– Y... como alguna vez dijeron de mí acá en la intendencia, “hay que callarla”. Las órdenes vienen de arriba y todos como soldaditos acatan. Acá han atacado a personas que, sin deberle nada a nadie, han estado a nuestro alrededor apoyándonos. Con esa lógica de “te rodeamos hasta que te rindas”. Pero a mí, para hacerme más daño del que me hicieron, directamente me tienen que pegar un tiro en el pecho. El daño que tenían que hacer ya lo hicieron.
¿Qué mensaje le darías a tanta gente que desde el principio estuvo con vos, con tu lucha, y que aunque quizás hoy ya no te vea presente en los medios sigue recordando y valorando todo lo que hiciste y hacés?
– Les diría gracias por seguir pidiendo justicia conmigo. En estos momentos yo estoy sanando un poco, para poder levantarme con más fuerzas. Hoy nos están zamarreando y descontrolando. Pero si nos abrazamos un poquito vamos a ser fuertes. Argentina está llena de gente fuerte que marca caminos. No dejemos de luchar. En algún momento todo va a cambiar. Esperemos que ese día llegue pronto. Mientras tanto, hagamos todo lo que podamos para que no sigan desapareciendo a nuestros hijos.
Foto Tomás Ramírez Labrousse | Amnistía Internacional
