La Izquierda Diario - Libertades democráticas

En octubre de 2023 el Indec informó que el Estado nacional emplea de forma directa a 342.731 personas. De ese número, un 86 % está bajo convenio colectivo de trabajo y el 14 % restante se reparte entre personal “fuera de convenio” (3,5 %) y decenas de miles de empleadas y empleados bajo contratos flexibilizadores u otras modalidades como pasantías.

Esa masa de laburantes que, día a día, sostienen las más diversas dependencias públicas, están en la mira del gobierno nacional que conduce Javier Milei. Sobre ellas y ellos pesa la incertidumbre respecto a la continuidad de sus puestos, a sus ingresos y las condiciones laborales en las que deben realizar las más diversas tareas de la órbita estatal.

Y por si fuera poco, ahora La Libertad Avanza posa sobre ese sector de la clase trabajadora una nueva amenaza. Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo con su clásico tono provocador: “Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro”, en referencia a la medida del miércoles 24 convocada por la CGT y las CTA.

Para justificar la amenaza, Adorni argumentó que, como “el salario es una contraprestación” por un trabajo determinado, es razonable que no cobre” quien “no trabaja”. Y agregó que más justificada aún es la decisión porque, para el Gobierno, “no termina de quedar claro” por qué se convoca la medida de fuerza. “No existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles; no los entendemos”, desafió el vocero. Y dijo que si el descuento a los estatales que paren el miércoles deriva en una judicialización, “llegado al caso habrá novedades sobre el punto en cuestión”.

A fuerza de cotidianas conferencias de prensa, cada vez se hace más evidente que a Adorni no le preocupa en lo más mínimo quedar en ridículo ni mucho menos elucubrar respuestas insustanciales, que no responden nada a las preguntas del periodismo apostado en la Casa Rosada. Pero lo que no puede decirse es que no esté preparado para esa tarea. Por eso, si bien en su boca la amenaza de descuento a los estatales sonó a chiste de mal gusto, no hay que descartar que el vocero esté diciendo la verdad y su jefe termine ordenando el descuento del jornal a miles de laburantes.

Pero Adorni y sus mandantes saben perfectamente de la ilegalidad de su “idea”. Y por eso, tal vez, el anuncio de semejante ataque al bolsillo de las y los estatales no sea más que un (nuevo) intento de amedrentamiento para “convencer” de prepo al personal que se abstenga de sumarse al paro nacional. Una maniobra burda, sí, pero que en un contexto de extrema crisis socioeconómica tiene un objetivo claro en el marco del plan de guerra general contra la clase trabajadora.

El robo está mal, Milei

Si Milei y compañía descuentan el día de paro a las y los estatales, estarán pasando por encima de la Constitución Nacional. También estarán violando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vigente desde 1966. Y a la vez estarán desconociendo las normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a las que adhiere el Estado argentino.

El artículo 14 bis de la Constitución dice expresamente que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática”.

Cualquier laburante que lo lea rápidamente dirá “pero esto nunca se cumple”. Y razón no le falta, sobre todo si forma parte de ese universo de trabajadoras y trabajadores sin derechos formales que según diversos cálculos, representa casi la mitad de quienes tienen una ocupación. Pero el Gobierno de Milei no sólo vino a profundizar esa discriminación de derechos laborales, sino que encima se propone que nadie se organice y salga a luchar contra sus políticas.

El 14 bis obliga al Estado a garantizar a los gremios, entre otras cuestiones, “el derecho de huelga”. Esto implica que a ningún trabajador o trabajadora que esté bajo la órbita de un sindicato o federación se le deben modificar sus condiciones laborales por el simple hecho de adherirse a un paro convocado por el gremio que lo incluye. Sin embargo, el Gobierno asegura que modificará esas condiciones, a través de la reducción del ingreso regular (descontando el día) de quien se “atreva” a parar. Una ilegalidad por donde se la mire.

También son parte de la Constitución los tratados y convenciones internacionales a los que Argentina adscribe desde hace décadas. Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la ONU en 1966 y con rango constitucional en Argentina desde 1994. En su artículo 8, ese texto dice que los Estados parte “se comprometen a garantizar (...) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley”, entre ellas, lógicamente, la que garantiza el derecho de huelga.

El Estado argentino también adhiere al Convenio 87 de la OIT, que en su artículo 3 ordena “abstenerse” a los gobiernos “de toda intervención que tienda a limitar” el derecho de huelga, contando éste como parte de la serie de derechos elementales de toda organización de trabajadores”. Claramente, la amenaza de descontar el día de paro a las y los empleados de la administración pública nacional es un desconocimiento flagrante a esa normativa reconocida a nivel mundial.

Ante lo escandaloso de un Decreto de Necesidad y Urgencia y de un proyecto de Ley Ómnibus que pretenden modificar de un plumazo y sin debate público varias conquistas laborales y sociales para imponer un saqueo en línea sobre la población en beneficio de un grupo de corporaciones; que el Gobierno quiera descontar un día de salario a los estatales parece algo menor. Pero su relevancia radica en que si ese ataque “pasa” en el Estado, las patronales privadas se verán habilitadas para dar sus propios golpes a millones de trabajadores. Y otro tanto podrían hacer los gobernadores e intendentes con los planteles de los distritos que manejan.

Este ataque, aún en su discursiva fase de amenaza, no debe ser permitido por ningún dirigente sindical que diga representar a las y los estatales del país. El conjunto de las y los trabajadores de la administración pública tiene el desafío de avanzar en la organización democrática y masiva, para poder ganar cada vez más fuerza, ponerle un freno al gobierno de Milei y defender cada derecho y conquista, en alianza con el resto de la clase trabajadora, ocupada y desocupada, y los sectores populares que también salen a luchar.

El miércoles 17 de enero, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunciaron la creación del Comando Unificado en Trelew. Según se informó en distintos medios, el objetivo oficial es “brindar de una manera más ‘eficiente' las tareas de seguridad de las fuerzas policiales incorporando a fuerzas de seguridad federales”.

Bullrich y Torres anunciaron las mismas recetas de siempre: más fotos, más policía provincial, más fuerzas federales, y el despliegue del aparato represivo del estado. Las mismas recetas que vienen fracasando una y otra vez por los innumerables lazos de las fuerzas policiales y de seguridad con el gran crimen organizado que golpea en la ciudad de Trelew.

La derecha política en el gobierno continúa la política de Arcioni y Fernández de sostener e impulsar campañas de control social y represión con la excusa de intentar enfriar el “mapa del delito”.

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Trelew: en una ciudad empobrecida Bullrich y Torres sólo ofrecen control social y represión

La actual ministra de Seguridad y el gobernador de Chubut celebraron el desembarco de fuerzas federales en Trelew. Una respuesta que propone más control represivo en los barrios, mientras sigue creciendo la pobreza en la ciudad.

Mientras no dan ningún tipo de solución para superar el estado de pobreza de la población trelewense, con situaciones sociales que son un caldo de cultivo para la violencia de todo tipo, el gobernador y la ministra solo hablan de propuestas sobre “seguridad” que solo agravarán la situación.

Tanto Torres como Bullrich dejaron por sentado que, gobierne quien sea, para seguir cumpliendo con el FMI, el ajuste vendrá con más control social sobre las barriadas populares y represión a quienes salgan a luchar por sus derechos. Más balas, más control social y más criminalización de la pobreza en medio de una crisis social que se profundiza

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Respuestas represivas contra el pueblo trabajador que favorecen el gran delito

El caballito de batalla de los diferentes gobiernos, que nuevamente repiten Bullrich y Torres, para poblar de efectivos armados, patrulleros, cámaras y demás (onerosos) implementos de “seguridad” las calles de los barrios populares del país es el supuesto “combate” al crimen organizado, empezando por el narcotráfico. Pero desde hace décadas, paralelamente al crecimiento de esas tropas en las barriadas y a la detención de jóvenes pobres por portación de rostro (o de visera), también crece el gran delito.

En el marco de la profunda crisis económica y social por la que atraviesa el país, con sus lógicas consecuencias en términos de degradación en las condiciones de vida de las masas, el reforzamiento de los dispositivos represivos del Estado tiene el objetivo principal de controlar las regiones populosas a fin de evitar al máximo que la bronca y el descontento social se organicen y expresen en forma de lucha colectiva.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda repudiamos esta nueva ofensiva securitaria y represiva que impulsa el gobierno provincial y nacional y llamamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales a repudiar el comando Unificado en Trelew.

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Este domingo el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona fue entrevistado por la oficialista Radio Rivadavia. Allí habló de diversos temas y anunció su intención de enviar al Congreso, durante este año, un proyecto de modificación de la Ley 22.278, que hoy establece en 16 años el piso etario de imputabilidad. Según expresó, el gobierno de La Libertad Avanza quiere que ese piso baje a 14 años.

Para fundamentar su idea, afirmó que quienes tienen esa edad ya “muestran una personalidad que merece la atención y la sanción”. En ese marco, dijo que le “gusta” bajar la imputabilidad a 14 años “para todos los delitos”. Incluso afirmó que ése es el límite de edad “que sostienen casi los 30 proyectos” que supuestamente tiene “arriba del escritorio” y hasta hoy “no han tenido acogida legislativa”.

El ministro no especificó autorías de esa treintena de proyectos aludidos. Quizás entre ellos esté el del excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien hace años se ha declarado admirador (como Javier Milei) del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y también brega por la baja de la edad de imputabilidad, entre otras medidas de mano dura (como la incursión militar en los barrios populares para “combatir al narco”).

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Cuando Libarona dice “todos los delitos”, curiosamente no menciona hechos de sangre (como suelen hacer los sectores manoduristas cuando se produce un asesinato, por ejemplo) sino hechos como “un hurto o robo”. Es decir conductas contra la propiedad material, mayoritariamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas de quienes roban o hurtan.

Generalmente, las motivaciones de un joven para robar o hurtar son pocas: comer, tener algún bien “legalmente” inaccesible para sus bolsillos o bien, como en muchísimos casos, “trabajar” para un tranza o para un comisario. El caso de Luciano Arruga, en La Matanza, es emblemático de esto último. En 2009, con 16 años, se negó a robar para la Policía Bonaerense y terminó desaparecido y muerto.

Sabiendo de esas condiciones socioeconómicas, Libarona se ataja y dice que él lo que quiere es garantizar “la reinserción social” y el “acceso a la educación” de las y los menores de edad que serán condenados si su proyecto prospera. Si no, agrega, el sistema penal “no sirve”. Por eso propone para esa franja poblacional, penalizada tras cometer un robo, “cuidado, atención, reeducación, trabajo y formación”.

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Lo contradictorio o, mejor dicho, la falacia de lo que dice Cúneo Libarona es que, precisamente, él integra un gobierno que desde hace un mes ejecuta un feroz ataque a las condiciones de cuidado, atención, educación y trabajo de millones de niñas, niños y adolescentes. Tanto con el “caputazo” como con el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus, La Libertad Avanza demostró su intención de quitarle cada vez más ingresos a los sectores empobrecidos de la sociedad y, a la vez, garantizarles más pingües negocios al poder económico.

Si el gobierno del Frente de Todos dejó cifras catastróficas en términos de pobreza e indigencia infantojuvenil, las consecuencias de las políticas libertarianas serán de una aún mayor ultraprecarización de la vida de la juventud trabajadora y pobre. Y frente a los efectos más violentos y degradantes de esas políticas, los “cerebros” jurídicos del Gobierno proponen más balas, más rejas y más inhumanidad.

Cúneo Libarona disfraza sus motivaciones de clase con eufemismos. Dice que debería haber un “tribunal especializado” para las y los destinatarios de su proyecto penalizador, “con asistencia y defensa al menor, cuidado tutelar al imputado y a la víctima, y debe tener un sistema mucho más rápido que el juicio de mayores”. Por otro lado, asegura: “No me sirve que el menor vaya a una cárcel donde hay capacidad para 200 chicos, pero se alojan 350. Salen peor que como entraron y después pasan al régimen de mayores. Es espantoso”.

Su carga de cinismo es muy alta. Constata que en las cárceles hay niveles de superpoblación extremos, pero propone seguir llenándolas de presos. Habla de asistencia y defensa del menor, pero justifica las medidas que fuera de la cárcel dejan a esos mismos menores a la deriva y los llevan a integrar las redes de negocios ilegales (manejadas por “mayores” que el mismo Estado protege). Y por si fuera poco, reconoce que de las cárceles “salen pero que como entraron”, pero a la vez reivindica al mismo sistema penitenciario que, justamente, empeora todo.

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Libarona se muestra sensibilizado con aquellos que “tienen la posibilidad que tal vez otros no tuvieron de poder volver a reinsertarse en la sociedad adecuadamente”. Una definición rayana con la perversión. ¿Quiénes serían, según él, los “otros” que no tuvieron la posibilidad de “reinsertarse” de forma “adecuada”? ¿Serán quienes hoy, ya mayores, pueblan las cárceles (en muchos casos sin condena) y que hace diez o quince años tenían la corta edad que hoy “le gusta” al ministro para fijar como piso de imputabilidad? La Hipocresía Avanza.

“No creo en la sanción”, dice el millonario abogado devenido en funcionario del Estado capitalista. “Tenemos que darles herramientas para poder reinsertarse en la sociedad”, vocifera por Radio Rivadavia. “Démosle otra oportunidad, no hagamos como con el mayor de 50 que ya tiene su personalidad formada y entra en la cárcel así nomás”, agrega en un nuevo giro provocador.

Una vez más, como ya se vivió en 2004 con el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg (a quien el kirchnerismo “honró” con leyes de mano dura) o en otros tantos momentos de la historia reciente, afloran los “profetas” de la panelización y el encierro. Los mismos que justifican con sus palabras y acciones las políticas socioeconómicas que hunden a millones de personas en la miseria y degradan las relaciones sociales, dejando servidos en bandeja para las redes de los negocios ilegales a miles de niñas, niños y adolescentes.

No por trillado y efectista lo de Cúneo Libarona deja de ser peligroso. Además de ser ministro de un Gobierno que no reconoce “límites” institucionales para intentar imponer sus políticas, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad podría encontrar muchos adeptos en el Congreso, sean peronistas, radicales, del PRO o “federales”. Sólo el Frente de Izquierda se niega a sancionar leyes que profundicen aún más el control policíaco-militar y la represión contra las mayorías sociales.

Por la mañana de este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni aprovechó su habitual conferencia de prensa para ensayar una amenaza con el fin de buscar amedrentar a los trabajadores estatales que adhieran y participen del paro general convocado por la CGT y las CTA.

Según sus dichos, el Gobierno "está analizando como una posibilidad cierta” descontar el día de paro a los trabajadores estatales que participen. Se trata del paro general de 12 horas con movilización convocado para el próximo 24 de enero por la CGT, y al que adhieren las dos CTA.

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Se trata de una amenaza que tiene como fin intentar asustar a algunos trabajadores para que no ejerzan su derecho constitucional a la huelga, con el fin de restarle fuerza al paro. Algo de muy dudosa probabilidad que suceda y que muestra la preocupación del Gobierno en que la clase trabajadora exprese su descontento con las políticas adoptadas y propuestas durante esa jornada.

Más allá de las bravuconadas de los funcionarios del Gobierno de Milei, lo cierto es que el derecho a huelga de quienes decidan ejercerlo está consagrado en la Constitución. En el Artículo 14 bis establece los derechos colectivos del trabajo, garantizando a los gremios tanto el derecho a la negociación colectiva, como al derecho de huelga.

En segundo lugar, la ley de Contrato de Trabajo establece la protección del derecho a huelga en varias partes. Especialmente, el Artículo 244 señala que "El empleador no podrá concertar durante el tiempo de duración de la huelga u otras medidas de acción directa aprobadas por la organización sindical pertinente nuevos contratos de trabajo que tiendan a sustituir o reemplazar en su cargo al trabajador, ni adoptar medidas disciplinarias en su contra, ni alterar la situación o condición en que se encuentra revistando en la empresa".

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Por último, la ley de Asociaciones Sindicales describe en su Artículo 53 todas las acciones que realice el empleador que puedan ser calificadas y sancionadas como prácticas desleales. Entre ella menciona: "Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales...".

El respaldo jurídico que posee el derecho a la protesta y a la huelga en nuestro país es producto de las diversas luchas, movilizaciones, acciones y huelgas que fueron asentando esos precedentes. Son conquistas plasmadas en el terreno de lo jurídico pero que tienen su lugar de origen en las calles, fábricas, lugares de trabajo y movimientos sociales. Las mismas han valido todo tipo de amedrentamientos, despidos y represiones -algunas de ellas con muertes y heridos-.

Ello recuerda la importancia clave de movilizarse y organizarse para tirar abajo el plan del Gobierno y todo intento de atacar los derechos de las mayorías. Pero no se puede confiar en las direcciones sindicales de la CGT y las CTA, que permitieron pasar los ajustes de los últimos años y el retroceso en el poder de compra del salario. Hay que preparar el paro desde abajo para que sea activo e inicie un plan de lucha hasta tirar el DNU y la Ley Ómnibus.

La inviabilidad de las amenazas del Gobierno sólo se explican por su afán de atacar cualquier posibilidad de involucramiento y participación activa de los trabajadores, frente al brutal plan de ajuste que lleva adelante. Se suma a los artículos de la Ley Ómnibus que buscaban cercenar el derecho a la protesta callejera, sumado al protocolo antipiquetes de Bullrich. La protesta y la huelga son dos derechos que la clase empresaria junto a su funcionariado político busca en todo momento limitar o cercenar.