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• Juan Barreto denuncia acoso permanente: “me encuentro en estado de indefensión”

  19 de mayo, por Represión — Libertades Democráticas, Represión en Venezuela, Libertad de expresión, Edición Venezuela, Política Venezuela, Libertades Democráticas, Represión en Venezuela, Libertad de expresión, Edición Venezuela, Política Venezuela
  

  Juan Barreto, profesor de la UCV y dirigente del partido Centrados en la Gente es obligado desde hace varios meses a permanecer dentro de su casa, en una situación en los hechos de "casa por cárcel", hostigado por funcionarios policiales apostados en carros, camionetas y motocicletas, uniformados y de civil, portando todo tipo de armas. Organizaciones de de derechos humanos y políticas exigen el cese del hostigamiento y su derecho al libre desplazamiento.

  Esta acción represiva la vienen desplegando contra el ex alcalde Metropolitano desde diciembre pasado, y últimamente los organismos policiales involucrados se han esmerado en el acoso, en la calle Santa Isabel con Av. Principal de El Cementerio, Caracas. Barreto denuncia públicamente esta flagrante violación a sus derechos civiles, y exige a las autoridades suspender inmediatamente estas prácticas ilegales.

  “Sobre mí y mi familia se ejerce un cerco desproporcionado y un acoso permanente e injustificado desde hace varios meses. No soy un peligro para nadie. Soy un adulto mayor que vive con su familia. Es acaso eso, ¿una amenaza para alguien? ¿Cómo se justifica el uso permanente de numerosos agentes policiales dotados de pasamontañas y armas largas bloqueando mi puerta?... Hago un llamado a las autoridades para q resuelvan esta situación irregular. Hago un llamado a las organizaciones de DDHH, pues me encuentro en estado de indefensión y vulnerabilidad”, declaró este domingo en su cuenta de la red social X.

  

  Por su parte Marino Alvarado, miembro de la organización de derechos humanos Provea, también a través de la misma red social, declaró que "Al profesor ucevista Juan Barreto le han colocado vigilancia policial hasta por 17 días continuos. No lo dejan salir de su casa, no le permiten ingreso de familiares o amigos. Ha perdido consultas médicas porque no puede salir. Acosan también a los vecinos".

  Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y desde La Izquierda Diario, denunciamos que "en los hechos, es la imposición de un régimen de casa por cárcel, sin que medie ningún proceso judicial", y exigen el cese del hostigamiento, pleno derecho a la participación política, la libertad de expresión y el libre desplazamiento por todo el territorio nacional, sin impedimento alguno porque no existen en su contra causas legales que pudieran limitárselo.

  Denuncian el reforzamiento del acoso policial a la vivienda del ex diputado Juan Barreto, dirigente de la coalición política Centrados, en El Cementerio. Para la @LTS_ven, "en los hechos, es la imposición de un régimen de casa por cárcel, sin que medie ningún proceso judicial". pic.twitter.com/M2g42fXrnT

  — La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) May 19, 2025

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• El Ejército denuncia un ciberataque que filtró datos de 50 mil militares

  17 de mayo, por ¿Colador o autoatentado? — Libertades Democráticas, Ministerio de Defensa, Espionaje ilegal, Luis Petri, Libertades Democráticas, Ministerio de Defensa, Espionaje ilegal, Luis Petri
  

  Mientras el Gobierno manda a las Fuerzas Armadas a detener pobres en Salta, el Ejército está expuesto a cualquier hackeo. Por un e-mail anónimo se habrían enterado de que está a la venta información sensible de miles de efectivos. Según el ministro Petri, está todo controlado.

  El Ejército Argentino se encuentra en estado de alerta tras recibir un correo electrónico anónimo que aseguraba poseer datos personales de aproximadamente 50.000 efectivos, según trascendidos difundidos por la prensa. La denuncia fue presentada el 8 de mayo ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal. El martes 13 de mayo, el Ejército emitió un comunicado en el que confirmó la existencia de un “incidente de seguridad” actualmente bajo investigación, y aclaró que el acceso habría sido únicamente a “datos administrativos”, sin afectar operaciones militares. No obstante, fuentes especializadas y medios de comunicación, informaron que hackers habrían obtenido y puesto a la venta información confidencial, incluyendo documentos de identidad, fechas de nacimiento, domicilios, registros de viajes, destinos militares e incluso datos de familiares de los efectivos.

  El correo anónimo y la difusión en redes

  El caso saltó a la luz después de que el mensaje anónimo llegara a las autoridades castrenses. Poco después, cuentas especializadas en ciberseguridad, como Birmingham Cyber Arms LTD, en redes sociales como X (antes Twitter) difundieron que los datos de los militares estaban siendo ofrecidos en venta en foros clandestinos, incluyendo información sensible como lugares de residencia y registros de viajes.

  ? New #cybercrime intelligence.

  ?? #Argentina: TA selling data of 50,000 military personnel: DNI, date of birth, place of service, residence, travel records, diplomas & more.

  ? #ThreatIntelligence: @teamcapybara_.https://t.co/Hr9hgEKrOD

  — Birmingham Cyber Arms LTD (@BirminghamCyber) May 13, 2025

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  Mauro Eldritch, director de la empresa, contó a Clarín qué información se ofrece: “Se trata de un lote de 50.000 documentos en formatos mixtos entre PDF y capturas de pantalla, lo que indicaría el nivel de acceso que tiene el atacante al sistema del cual fueron extraídos”, explicó. Agrega que “el lote contiene mucha información sensible por ser de carácter militar, desde historial académico y fotografía, información de viajes y familiares de los efectivos, por lo que podría tratarse de una copia de seguridad de un sistema que contiene legajos”.

  Además, un exfuncionario de Defensa afirmó que el ataque ocurrió hace tres semanas mediante un ransomware, pero solo ahora se hizo público.

  Aunque el correo no adjuntó pruebas concretas, la denuncia judicial ya está en marcha y habrá que ver si en algún momento se determinará si hubo realmente un acceso ilegal a las bases de datos y, de ser así, identificar a los responsables.

  Fallas en la ciberdefensa y recortes presupuestarios

  Fuentes castrenses vinculan la vulnerabilidad a la reciente mudanza del edificio de Ciberdefensa, que operaría con capacidad reducida, sumado a la "notable desinversión" en el sector por los ajustes presupuestarios. "No se sabe el origen del ataque, y por ahora no hay capacidad para rastrearlo", admitió una fuente cercana al Ministerio. “Vendieron el edificio de Ciberdefensa. En la mudanza no están funcionando a capacidad plena y las bases de datos se volvieron vulnerables”, explica otra fuente que conoce el edificio Libertador, según explicó Página/12.

  Operación Roca: el contexto político

  La polémica por el hackeo coincidió con la visita del ministro Luis Petri a Salta para supervisar la Operación Roca, que despliega militares en fronteras con facultades para detener civiles; una medida que viola las leyes conquistadas con las movilizaciones populares, luego de la última dictadura militar, para que las Fuerzas Armadas no puedan intervenir en la vida interna del país. Por lo tanto, no pueden realizar tareas de seguridad como pretenden con el Operativo Roca en la frontera norte del país. Mientras el oficialismo insiste en ampliar el rol castrense, este ciberataque expone la vulnerabilidad de los sistemas de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas bajo un gobierno que destina grandes partidas presupuestarias en los dispositivos de Inteligencia.

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  ¿Fue un ataque de ransomware?

  Algunas fuentes sugieren que el acceso ilegal podría haberse realizado mediante un ransomware, un tipo de software malicioso que secuestra datos para exigir rescate. Sin embargo, esto no fue confirmado oficialmente.

  Argentina experimentó durante estos últimos años una gran cantidad de ataques a entidades estatales, desde la Dirección Nacional de Migraciones en 2020, el Senado de la Nación en 2022, el PAMI y la CNV en 2023 y uno de los casos más grandes, el RENAPER el año pasado.

  Más allá del intento de las autoridades del Ministerio de Defensa de “poner paños fríos” a la situación, la filtración deja numerosos interrogantes. ¿Se trata de un autoatentado por parte de las propias Fuerzas Armadas? ¿Por qué el gobierno no brinda explicaciones? ¿Fue un ataque externo? ¿Qué objetivos perseguían los hackers? Por ahora, son preguntas que permanecen sin respuesta. Lo cierto es que, mientras el gobierno recorta en áreas esenciales del Estado, como salud y educación, destina importantes partidas presupuestarias al espionaje ilegal y a tareas de inteligencia.

  Libertades Democráticas / Ministerio de Defensa / Espionaje ilegal / Luis Petri

• Más de cien (ex) familiares de genocidas repudian a Milei y la teoría de los dos demonios

  16 de mayo, por Dictadura — Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Operativo Independencia, Ricardo Bussi, Antonio Domingo Bussi, Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, Negacionismo , Política, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Operativo Independencia, Ricardo Bussi, Antonio Domingo Bussi, Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, Negacionismo
  

  Hijas, hijos y otros parientes de asesinos como Etchecolatz, Verna o Lederer presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un escrito contra el intento oficial de igualar acciones particulares de organizaciones de los 70 con el terrorismo planificado desde el Estado. “Los que reivindican el genocidio avanzan con la teoría de los dos demonios para atacar aún más la protesta social y las libertades democráticas”, alertan.

  Convivieron durante décadas con militares y policías que gozaban de gran reputación en los círculos del poder. Esos uniformados eran sus padres, tíos o abuelos, protagonistas a la vez del plan sistemático perpetrado en Argentina, entre mediados de los 70 y principios de los 80, para secuestrar, torturar, y desaparecer a miles de personas, robar cientos de niñes y enriquecerse saqueando a las víctimas.

  Con los años, rompieron con esas “herencias” sanguíneas y empezaron a reivindicar a las y los 30 mil detenidos desaparecidos, marchando junto a las Madres, Abuelas e Hijos. Sus testimonios son un enorme aporte para la construcción de la memoria y para la lucha por la verdad y la justicia.

  Gran parte de ellas y ellos se agrupan en organizaciones como el Colectivo Ex Hijas, Historias Desobedientes y Asamblea Desobediente. Un fenómeno que jamás podría darse a la inversa. Mal que les pese a los reivindicadores de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, es impensable que familiares de nuestras y nuestros 30 mil pudieran alguna vez apoyar a los genocidas.

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  Hoy, frente a la avanzada liberfacha que desprecia a las víctimas, reprime las luchas, brinda honores a Julio Argentino Roca y reivindica la teoría de los dos demonios ; esas hijas, hijos y parientes de genocidas alzan la voz en defensa de los derechos humanos. Saben que, más allá de los discursos inventados por “las fuerzas del cielo”, la verdad histórica está de su lado.

  Son más de cien. Y acaban de realizar una presentación internacional contra el Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, a través de una carta dirigida a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que comanda la abogada mexicana Tania Reneaum Panszi.

  En la misiva, las y los firmantes se presentan como “un grupo de personas primera y principalmente militantes y/o activistas por los Derechos Humanos”. Mayoritariamente integran las organizaciones arriba mencionadas. Allí solicitan a la CIDH que desestime el reclamo que viene realizando desde hace años la familia del capitán del Ejército Humberto Viola, asesinado en 1974 en Tucumán. Y a la vez alertan sobre la intención del Gobierno de usar ese caso como excusa para igualar (jurídica y penalmente) el accionar de las guerrillas setentistas con el genocidio ejecutado por el Estado en beneficio de las clases dominantes. Un intento de reedición de la teoría de los dos demonios diseñada por el alfonsinismo en la transición postdictatorial.

  Vale recordar que el pasado 24 de marzo Manuel Adorni anunció la supuesta firma de un “acuerdo de solución amistosa” entre el Estado y la familia de Viola, que incluiría reconocer como “crimen de lesa humanidad” aquel asesinato de 1974. Algo que choca con la jurisprudencia internacional y que, además, ya tiene sentencias firmes en casos similares con resultados opuestos a lo que desearía La Libertad Avanza.

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  El caso Viola

  Para comprender por qué los firmantes de la carta acusan al Gobierno de usar como ariete para su campaña negacionista el caso del militar muerto, es preciso refrescar algunos datos.

  En noviembre de 1974 el gobierno de Isabel Perón y José López Rega decretó el “estado de sitio” en todo el país, habilitando a las fuerzas represivas (con colaboración de bandas paraestatales como la Triple A) a avanzar contra los sectores obreros y populares que llevaban años poniendo en jaque los planes de las clases dominantes. Un mes después, el 1° de diciembre, el ERP ejecutó una acción armada en Tucumán, que culminó con la persecución al automóvil en el que viajaban el capitán del Ejército y una de sus hijas, María Cristina Viola, de tres años de edad. Ambos murieron. Con ese hecho como excusa, en febrero de 1975 el gobierno peronista lanzó el Operativo Independencia en la provincia, “ensayo” tucumano de lo que a partir del 24 de marzo de 1976 se nacionalizaría de forma recargada. El Operativo Independencia estuvo comandado por el general Antonio Domingo Bussi, quien al año siguiente sería ungido “gobernador” de Tucumán por la Junta de Videla, Massera y Agosti. Bussi y los camaradas del fallecido Viola regaron de sangre la provincia, atentando contra todos los derechos humanos. El Poder Judicial que acompañó al golpe de Estado “juzgó” a quienes calificó como los asesinos de Viola, que previamente habían sido torturados hasta “confesar” y obligados a firmar sin leer sus supuestas declaraciones. En 2003 el Congreso anuló las leyes alfonsinistas de Obediencia Debida y Punto Final, que habían dado impunidad por años a los genocidas. Al ver cómo militares y policías terminaban tras las rejas, familiares de Humberto y María Cristina Viola comenzaron a reclamar que esas muertes también fueran calificadas como “crímenes de lesa humanidad”. Buscaban equipararlos con los cometidos posteriormente y de forma sistemática por el Estado. En 2016 María Fernanda Viola dio un paso más. Pidió a la CIDH que exhortara al Estado argentino a considerar con ese mismo trato los casos de su padre y su hermana. Fue vía la Petición 1217 (que hoy es rechazada por un centenar de otros familiares de represores). Recién en 2022, seis años después del pedido de Viola, la CIDH notificó a la Argentina. Tras un análisis del caso, el Estado argentino rechazó la viabilidad del asunto y solicitó al organismo que no diera curso al reclamo. A través de un pacto nada “libertario”, en 2023 Milei ungió como candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza a Ricardo Bussi, hijo del sanguinario conductor del Operativo Independencia, parte de la “casta” tucumana y defensor de la “causa” Viola. Bussi apenas superó el 4 % de los votos, pero buena parte de sus ideas llegaron a la Casa Rosada. Tanto que el 24 de marzo de 2024 María Fernanda Viola fue una de las voces que aparecieron en un video provocador en el que el Gobierno de Milei apeló a amalgamas y mentiras para justificar el genocidio. Finalmente, el 24 de marzo de este año Adorni dijo en una conferencia de prensa que el Estado nacional se aprestaba a firmar un “acuerdo de solución amistosa” con la familia Viola. Acuerdo del que se desconocen públicamente los términos y el alcance, pero que tiene como base la teoría de los dos demonios .

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  Pasado y presente

  Según trascendidos, que el Gobierno no desmiente, La Libertad Avanza espera que sus bancadas de diputados y senadores crezcan en octubre para intentar que se legalice esa pretendida equiparación entre los crímenes cometidos por el Estado y las acciones de civiles, sean individuales u organizadas, bajo la misma figura de “delitos de lesa humanidad”.

  La versión se emparenta con lo que viene haciendo Patricia Bullrich en pos de criminalizar a quienes se movilizan contra el ajuste y la pauperización de sus condiciones de vida. “Terroristas” que quieren “un golpe de Estado”, llegó a acusar (sin pruebas) la ministra de Seguridad Nacional a manifestantes a los que les armó causa penales gravísimas.

  Por eso, alertados por el devenir liberfacho, decenas de quienes convivieron durante años con los genocidas en sus casas, comieron en sus mesas y escucharon sus “heróicas” anécdotas “antisubversivas”, no dudaron en salir a enfrentar públicamente el relato oficial.

  El rechazo a la Petición 1217-16 presentada por María Fernanda Viola ante la CIDH es un paso en ese sentido. Así como el alerta sobre las intenciones de Milei, Villarruel y compañía de llevar las cosas más lejos aún.

  “Nos oponemos y repudiamos enérgicamente este nuevo intento del Gobierno de reinstalar la nefasta teoría de los dos demonios , porque fue y es genocidio”, dice a La Izquierda Diario Erika Lederer, integrante del Colectivos Ex Hijas.

  Su padre, Ricardo Lederer, fue obstetra, capitán del Ejército y segundo jefe de la maternidad clandestina que la dictadura montó en Campo de Mayo. Él se quitó la vida en 2012, tras la recuperación del Nieto 106 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo . Al saberse que había falsificado el acta de nacimiento de Pablo Gaona Miranda (entregado al militar Héctor Girivone), Lederer se vio cercado. Además de apropiaciones de bebés, participó en los llamados “vuelos de la muerte”.

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  Erika es abogada. Trabajó once años contratada (precarizada) en la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia. En 2024 fue despedida junto a otras y otros quince mil estatales. Su propia biografía lleva inscripta la larga madeja de relaciones entre pasado, presente, dictadura, democracia y lucha de clases.

  “De la misma manera que hacemos esta presentación ante la CIDH , repudiamos el alojamiento de genocidas en cárceles VIP como la de Campo de Mayo, la concesión de beneficios procesales como las prisiones domiciliarias, el vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, la Conadi y los Sitios de Memoria. Vaciar es cerrar”, dice Erika.

  Y agrega: “Alertamos que esta clase de instrumento, como el que impugnamos, puede ser usado también para criminalizar legítimas acciones de protesta social amparadas por libertades democráticas y garantías constitucionales”. Como, por ejemplo, ya lo está haciendo Bullrich.

  

  Lederer firma la carta junto a decenas de familiares de otros genocidas como Miguel Etchecolatz, Julio Verna y Omar Capecce (también médicos en Campo de Mayo), Miguel Ángel Rodríguez (marino de la ESMA), Valentín Pretti (comisario bonaerense del Pozo de Banfield), Eduardo Lance (aviador de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo), Hugo Britos (policía cordobés del centro clandestino D2), Paulino Furió (militar del G2 de Mendoza), Héctor Lanza (policía también de Mendoza), Omar Vaca (militar del Batallón 121 de Rosario), Jorge Luis Delgadillo (otro comisario de la Bonaerense) y Hernán Lukaszewicz (genocida y también abusador de menores), entre otros.

  A ellas y ellos se suman las firmas de Lena Ditte Nissen, Alexandra Senfft y Anne Wihstutz, descendientes de jerarcas nazis que también decidieron plantar bandera contra sus herencias de sangre y ponerse del lado de las causas populares.

  Además de la carta, remiten a la CIDH documentos que confirman lo insustancial y equivocado del planteo de la familia Viola y de los funcionarios nacionales. Allí está la Resolución 158/07 de la Procuración General de la Nación en la que se instruye a las fiscalías penales del país a respetar la jurisprudencia nacional e internacional en casos como estos.

  Esa resolución del MPF de 2007 toma como base el caso del coronel Argentino del Valle Larrabure, muerto en Córdoba en 1975 en circunstancias nunca esclarecidas. El caso fue tomado por la vicepresidenta Villarruel como “bandera” de la misma campaña. Pero, como ya lo relató La Izquierda Diario, jurídicamente ya es cosa juzgada y nada relaciona esa muerte con algún delito de lesa humanidad.

  Los negacionistas del genocidio reivindican el accionar del aparato represivo del Estado. Los más avispados, a lo sumo, callan sobre las atrocidades más inocultables cometidas por empresarios, militares, policías y obispos. La insistencia en igualar esos crímenes sistemáticos con el accionar de algunas organizaciones que participaron de aquella heróica insurgencia obrera y popular, es parte del mismo manual de procedimientos. Hay que enfrentarlos en todos los terrenos. Bienvenida, entonces, la declaración de las y los más de cien (ex) familiares de genocidas.

  Apología de la dictadura. Javier Milei y Victoria Villarruel en desfile militar del 9 de julio de 2024 | Foto Presidencia

  Política / Libertades Democráticas / Genocidio / Dictadura cívico-militar-eclesiástica / Operativo Independencia / Ricardo Bussi / Antonio Domingo Bussi / Javier Milei / La Libertad Avanza (LLA) / Victoria Villarruel / Negacionismo

• Caso Andrés Nuñez: uno de los condenados pide prisión domiciliaria

  16 de mayo, por La Plata — Sociedad, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Desaparición forzada, Andrés Núñez, Sociedad, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Desaparición forzada, Andrés Núñez
  

  Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A casi 35 años del hecho, se espera por un nuevo juicio contra sus encubridores. El exoficial Pablo Gerez sigue prófugo. Familiares y amigos siguen exigiendo justicia.

  Este jueves, familiares y amiguos de Andrés Núñez se concentraron en las puertas de Tribunales de calle 8 entre 56 y 57, en la ciudad de La Plata, para repudiar el pedido de prisión domiciliaria del ex comisario Luis Raúl Ponce.

  Se llevaron a cabo dos audiencias: una con la esposa del detenido, Nelba Graciela Segovia, garante para alojarlo en su domicilio del barrio Altos de San Lorenzo. En la segunda audiencia, Mirna Gómez, compañera de Nuñez, junto a su abogada, manifestaron su rechazo al pedido del condenado.

  Ponce fue quien ordenó la detención de Andrés Núñez en la noche del 27 de septiembre de 1990, en el juicio quedó demostrado que el cuerpo de Andrés fue quemado en un campo de la familia Gerez – Duhalde en General Belgrano. Ponce estuvo 22 años prófugo hasta su detención en 2012 en Junín de los Andes.

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  En 2017 fue condenado a la pena de reclusión perpetua -e inhabilitación absoluta perpetua- por encontrárselo coautor funcional penalmente responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte” contra Andrés Núñez.

  Vale mencionar que este agente policial integró la patota de la Comisaría 5° que desapareció por primera vez a Jorge Julio López, según lo afirmó en su declaración.

  El exsuboficial Víctor Dos Santos también había sido condenado y murió en la cárcel hace algunos años. Pero la mayoría de los policías bonaerenses que actuaron en el hecho (como ejecutores o encubridores) sigue impune. Inicialmente se identificó a trece miembros de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense, con distintos grados de responsabilidad. Con el tiempo, varios quedaron exculpados gracias al accionar de jueces y fiscales.

  Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

  Sociedad / La Plata, Berisso y Ensenada / Libertades Democráticas / Provincia de Buenos Aires / Desaparición forzada / Andrés Núñez

• Alrededor de 80 heridos y 4 detenidos en una nueva movilización de jubilados

  14 de mayo, por Congreso Nacional — Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Jubiladas y jubilados, Patricia Bullrich, Represión, Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Jubiladas y jubilados, Patricia Bullrich, Represión
  

  Así fue informado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Posta de Salud y Cuidados que acompañaron como todos los miércoles el reclamo de los jubilados.

  En una nueva jornada protagonizada por las y los jubilados que reclaman por sus derechos el gobierno de Milei y Patricia Bullrich descargo su represión contra jubiladas, jubilados y quienes los acompañan de manera solidaria como al Padre Paco. Sumado a lo que ya se acostumbra de amedrentar a los trabajadores de prensa.

  Toda nuestra solidaridad con el periodista @rafagpalavecino de C5N, gaseado tras la represión de Bullrich a jubilados en Congreso pic.twitter.com/RuoS80AyyJ

  — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) May 14, 2025

  Hubo golpes, empujones y una cantidad impresionante de gases lanzados por los efectivos de Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal. Los gases, como viene ocurriendo desde hace meses, son lanzados directamente al rostro y a los ojos de las y los manifestantes.

  

  

  Tenemos conocimiento que al menos hay cuatro detenidos por la Policía Federal y la Prefectura Nacional Argentina, de quien exigimos su inmediata libertad.

  Represión en Congreso: así encierran a las personas detenidas dentro del vallado policial. pic.twitter.com/Ap78UcwNXs

  — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) May 14, 2025

  A continuación reproducimos el informe elaborado por estas instituciones que siguieron de cerca la situación:

  Comunicado de la Posta de Salud y Cuidado y el CEPRODH

  Se encontraron con un operativo coordinado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la cual es responsable la ministra Patricia Bullrich, en el que intervinieron 3 fuerzas federales con más de 900 efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Nacional y Motorizada de la Policía Federal. Había un camión hidrante de la Gendarmería Nacional, a dos cuadras del Congreso, preparado para intervenir.

  Estaban preparados para tirar balas de goma, gas lacrimógeno (gas pimienta), además de acorralar y reprimir manifestantes en la vereda.

  Desde la Posta de Salud y Cuidados hemos atendido a alrededor de 80 personas, afectados por los gases, que les provocaron quemaduras en la piel. Entre ellos se encuentran jubilados, trabajadores de prensa y manifestantes solidarios. Se realizó limpieza de gas lacrimógeno en rostro, ojos, cuello, tórax y miembros superiores. Se realizó atención de situaciones de angustia por el equipo de salud mental de La Posta, además se realizaron dos traslados por el SAME y uno al Htal. Santa Lucía.

  Hay cuatro detenidos por quienes exigimos su libertad.

  CONTACTOS:

  Alejandrina Barry: 11-5834-2351
  Franco “Paco” Capone: 11-3628-8264
  Agustina Ferro: 11-3763-5248

  Enfoque Rojo

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