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Caso Magalí Morales: violencia institucional, responsabilidad estatal
5 de abril, por Muerte en la comisaría — Política, San Luis, Libertades Democráticas, Violencia institucional, Violencia policial, María del Carmen Verdú, Magalí Morales, Política, San Luis, Libertades Democráticas, Violencia institucional, Violencia policial, María del Carmen Verdú, Magalí MoralesA 4 años de aparecer “suicidada” en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, San Luis, aún no hay fecha para el juicio oral y público. “Como familia nos sentimos desamparados”, denuncia la hermana sobre el acompañamiento estatal. Este viernes familiares, organizaciones feministas y vecinos se volverán a movilizar para exigir una condena ejemplar para los cuatro policías imputados y castigo a todos los responsables políticos.
Artículo publicado por La Izquierda Diario, El Corredor Noticias y ANRed
Florencia Magalí Morales salió de su casa el 5 de abril de 2020, en medio de la pandemia, y no volvió. Horas después, apareció muerta en una de las celdas disciplinarias de la Comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. “Suicidio”, dijo la Policía, pero esa nunca fue una opción para su familia, que no duda al decir que “a Magalí Morales la mató la Policía”.
““La Maga”, como todavía la llaman quienes la quieren, tenía 39 años. Trabajaba como empleada en un hotel. Vivía con sus hijos de 11 y 7 años, y con su nieta de 2. Era madre y abuela sola. Oriunda de Mendoza, llegó a San Luis pensando en un futuro mejor. Dejó atrás su pasado, a su familia en La Heras y se radicó en Santa Rosa, un pueblito tranquilo, ubicado en el norte de los, por entonces, terruños de los Rodríguez Saá, cerca de Merlo. En ese poblado de menos de diez mil habitantes, donde las siestas son sagradas, Magalí dejó de soñar.
Era domingo, como parecían todos los días en esas épocas donde regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio más estricto. Agarró su bicicleta y salió a comprar comida para sus niños. Querer alimentarles había sido su delito.
“Nadie se suicida en una comisaría”
La versión de la Policía santarrosina decía que Magalí Morales había sido detenida “cuando circulaba en bicicleta en contramano”, que fue llevada a la comisaría y que “al ser notificada de que iba a quedar detenida porque no le correspondía circular en la vía pública por la terminación de su DNI, intenta darse a la fuga forcejeando con dos policías de guardia”. El parte oficial también sostenía que la mujer se había quitado la vida: “Tenía asido a su cuello un cordón (posiblemente de la capucha del buzo que vestía) atado en el otro extremo a la bisagra superior de la puerta enteriza de madera de la celda”.
Celeste Morales, la hermana de “Maga”, admite que “había tenido una vida muy sufrida”, sin embargo, ella, a pesar de muchas situaciones que enfrentó, seguía adelante. Sus hijos y su nieta eran su motor. El tiempo, las pruebas y pericias que se fueron incorporando a la causa, confirmaron la sospecha: no se suicidó.
La cámara de seguridad del banco ubicado frente a esa comisaría captó el momento exacto en que Magalí Morales entraba a la dependencia policial de manera voluntaria. “Tenía una tarjeta de cobro alimentario. Fue a la comisaría alrededor de las 8 de la mañana a retirarla porque la tenía un amigo, oficial de la policía, para hacer la compra de la semana”, cuenta Santiago Calderón Salomón, el abogado que junto Federico Putelli, además de representar a la familia, la acompañan desde el principio.
En el expediente consta como prueba las grabaciones de las cámaras de la comisaría. Magalí –relata el abogado de la familia- preguntó por su amigo en la comisaría y le contestaron que no estaba. Detrás de ella entró el comisario Heraldo Clavero, que le pidió el documento. Fue en ese momento cuando empezaron los forcejeos.
“Lo llamativo acá es que empiezan a intervenir muchos miembros de la Policía para con una sola persona”, relata el abogado que, a su vez, abre un paréntesis para explicar que las personas demoradas durante la pandemia por incumplir el DNU eran alojadas en un patio interno hasta que les abrían la causa, les realizaban un chequeo médico y las mandaban de vuelta a la casa. “En el caso de Magalí, la llevaron directamente a un calabozo que previamente un policía había orinado”, denuncia Calderón.
Ese día había dos demorados que pudieron oír la desesperación de la mujer. Así recuerda el abogado el relato de los testigos: “Se escuchaban los gritos de la joven que decía que le faltaba el aire. Yo ingresé -al calabozo- cuando hice la inspección ocular y es increíble. Estás un segundo y no te entra una sola bocanada de aire”, describe sobre las condiciones “infrahumanas” de la celda.
Después aparece el amigo de Magalí y no lo dejan tener contacto con ella. Eso lo declara en la causa -aclara-. Tampoco dejan que la vea una vecina que fue a llevarle una mochila y escuchó los gritos de Magalí. Los testigos relatan que cayendo la hora de la tarde veían cómo los policías pasaban rápido por el patio interno donde estaban ellos. Iban y volvían como nerviosos. A las cinco de la tarde aproximadamente se enteraron de que había fallecido. Su hermana Celeste llamó a esa hora a la comisaría y le informaron que había sido demorada. Ya constaba en acta su muerte”, continúa Calderón.
Magalí Morales fue detenida de forma arbitraria, sin orden judicial ni delito flagrante. Esos son los dos únicos motivos, según la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de San Luis y los pactos internacionales, en los que una persona puede ser privada de su libertad. No se cumplió, como señala Calderón, ningún protocolo de actuación y detención de personas en pandemia.
Una persona muere cada 17 horas mientras se encuentra bajo custodia policial
María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), reflexiona sobre el caso y asegura que lo ocurrido con Magalí en San Luis no es un hecho aislado. Las muertes en lugares de detención son la primera causa de muerte a manos de las fuerzas de seguridad en el país. Los datos relevados por Correpi son alarmantes: una persona muere cada 17 horas mientras se encuentra bajo custodia policial.
“Las muertes en cárceles y comisarías vienen creciendo exponencialmente en los últimos 20 años, de la mano de las políticas oficiales, reformas legislativas y política judicial híper punitivistas que han convertido la carcelación en regla, excepto cuando se trata de sectores privilegiados como los integrantes de las Fuerzas de Seguridad”, manifiesta Verdú.Te puede interesar:Informe: las fuerzas represivas del Estado mataron a una persona cada dos días en cuarentena
Sin fecha para el juicio oral y público
En cuanto a la carátula cambió de “suicidio” a “averiguación de muerte” y, en 2023, a "torturas agravadas por el resultado muerte". Hay un comisario, un subcomisario y dos agentes procesados como coautores, pero todos en libertad. Son Reynaldo Clavero, Marcos Ontiveros, Eugenia Argüello y Victoria Torres, respectivamente. Sus defensores apelaron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Villa Mercedes que cambió la calificación de los hechos.
Actualmente, el expediente se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia. “Ya se han resuelto y fueron rechazados los recursos de casación de inconstitucionalidad que plantearon las diferentes defensas de los imputados y ahora esperamos que resuelva si hace lugar al pedido de revocatoria in extremis de uno de los defensores o reafirma el cambio de carátula, para volver al juzgado de instrucción, presentar nuevas pruebas y finalmente llegar a juicio oral”, explicó el abogado de la familia.
La principal irregularidad fue el tema de la autopsia ya que, para el abogado, esta prueba puede ser definitoria. En ese sentido, precisa que, en el primer informe, a cargo del forense Gustavo Lafourcade, no se hallaron moretones en el cuerpo de la víctima. A pedido de la familia, el forense presentó un segundo reporte en el que sí aparecen múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica, compatibles con la autodefensa. Al descubrir esas marcas, solicitaron a Jorge Pinto -juez de la causa-, una segunda autopsia, que se hizo cinco meses después y tuvo que ser solventada por la parte querellante.
“Cuando hacen la reautopsia, estalló un nuevo escándalo porque no estaban los músculos en el cuello. Aparecen varios hematomas, hasta un trapo amarillo dentro del cuerpo. Por la falta de los músculos, el estado de putrefacción, por la burocracia de la apelación y todas las trabas que nos pusieron, no se pudo determinar la causa de la muerte”, lamenta Calderón al repasar los detalles de la causa.
Sabemos que hubo tortura, maltrato, violencia, que hubo agresiones e incumplimiento de funcionario público, con privación ilegítima de libertad
“Sabemos que hubo tortura, maltrato, violencia, que hubo agresiones e incumplimiento de funcionario público, con privación ilegítima de libertad. Lo que falta determinar es si fue un estrangulamiento o si fue un suicidio inducido. Esto quiere decir que llegaron a un nivel de violencia y de tortura tal que le tiraron el cordón y le dijeron ‘matate o seguí sufriendo'. Nuestros peritos técnicamente consideran que hubo un estrangulamiento, que hubo un femicidio. Todo eso se va a resolver en el juicio”, enfatiza.
Después de 4 años, la justicia y la verdad que pide la familia no llega porque no aparece en el horizonte la fecha para el juicio oral y público. “No puede ser que el Superior Tribunal de Justicia todavía no haya contestado. Ya están todas las cartas sobre la mesa. Se demostró todo lo que dijimos. ¿Por qué no se mueve?”, reclama Celeste. “Hemos parido esta causa. Se nos hizo cuesta arriba en plena pandemia”, recuerda con cansancio, pero con fuerza para seguir la lucha hasta el final.
El letrado, por su parte, expone que la causa no avanza por la “burocracia” del Poder Judicial. “Se les vencen los plazos y no resuelven. Aparece un nuevo integrante del Superior Tribunal y suspenden plazos para que estudie el expediente. Y ahora estamos a la espera que se resuelva el último recurso de uno de los acusados. De ahí tiene que volver al juez de instrucción Jorge Pinto para que tome indagatoria por la nueva carátula”, detalla.
Celeste tiene sed de justicia por “La Maga”, por sus hijos, por su nieta, por ella. “Esperamos perpetua para (Heraldo) Clavero, perpetua para (Marcos) Ontiveros. Y que las otras dos (Eugenia Argüello y Victoria Torres) que se coman veinte años ahí adentro, porque ellas no hicieron nada por mi hermana, no actuaron, no pensaron como mujeres”.
Fueron todos partícipes necesarios, la Policía, el fiscal, el defensor, el juez y ni que hablar del forense
Pero en el camino de encontrar la verdad y la justicia quiere que los culpables lleguen a juicio en la cárcel: “Es vergonzoso que ni siquiera estén presos, recién hace un año y medio los echaron de la fuerza. Esta gente seguía disfrutando en libertad, estando con su familia y cobrando un sueldo”.
Pero para la hermana, una condena ejemplar para los cuatro policías no alcanza. Insiste en el castigo para los responsables políticos que, para ella, mintieron: “Yo sigo sosteniendo que son todos delincuentes, fueron todos partícipes necesarios, la Policía, el fiscal, el defensor, el juez y ni que hablar del forense”."Las causas donde hay violencia institucional siempre son difíciles, la mayoría termina en archivo", opina Calderón Salomón. Sin embargo, considera que haber logrado el cambio de carátula abre una luz de esperanza y asegura una condena: “Lo que buscamos ahora es que los condenen por lo que corresponde y no por delitos menores y la prisión preventiva mientras esperan el juicio”.
Pelear hasta el final
Los amigos y las amigas, sus hermanas, la madre, el padre, las organizaciones feministas, sus abogados, no se olvidan de Florencia Magalí Morales. Los cinco de cada mes, en cada movilización de mujeres y disidencias, rememoran, alzan la voz, gritan en manada, exigen justicia por su muerte.
Celeste Morales no puede evitar quebrarse por momentos. Le tocó la parte más pesada. Aprovecha que su hijo y sus sobrinos están en la escuela para hablar, descargarse, cargar contra una justicia que todavía no llega y un Estado que siempre estuvo ausente. “No me queda otra que salir adelante, sobre todo cuando tenés criaturas a cargo y nadie te da una mano”, dice la mujer que es partera y en la entrevista contó que hacía meses que estaba sin trabajo.
Por la memoria de su hermana, para que “los niños no crezcan pensando en que su mamá se suicidó”, ella lucha. Para aliviar el “dolor” de su mamá y su papá, que están atravesadas por la tragedia de haber perdido a otro hijo, ella lucha.
“Al principio de la causa, alguien me dijo, ‘Celeste, yo quiero que vos sepas algo: Esto va a llevar su tiempo, tiempo largo. Pero lo tenés que ver como una gran pelea. Porque gana quien resiste. Te vas a caer y te tenés que caer. Vas a llorar lo que tengas que llorar. Y te vas a levantar y seguir peleando'. Y es lo que he hecho al lado de mi familia desde entonces”, manifiesta con un tono que transmite orgullo.
Existen leyes que protegen a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional. Hay también legislación reparatoria hacia las víctimas del terrorismo de Estado o a familiares de víctimas de femicidios. Pero ninguna de ellas sirvió para que el Estado y sus instituciones acompañen a la familia de una mujer muerta en una comisaría en manos de la Policía.
El sentimiento de injusticia y abandono se evidencia en cada palabra que sale de la boca de Celeste: “Los niños nunca tuvieron una ayuda psicológica. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué no acompañan? Estoy enojada, sí. Pero hablo desde mi lugar de hermana, porque veo llorar a mi mamá, veo a mi viejo destruido. Estoy viendo crecer a los niños sin su mamá. Como familia nos sentimos desamparados”.
“Una vez la representante de la secretaría de derechos humanos de Mendoza vino para prometer cosas. Y al año siguiente volvió para seguir prometiendo. Le conté que me quedé sin trabajo, que cerró la clínica donde trabajaba ayudando a dar vida y lo único que recibí fueron excusas. Esperaba que me contacte con alguien, que me oriente. Nunca me llamaron. La secretaría de la Mujer de San Luis solo colaboró con algo dinero para los gastos de la autopsia. El gobernador Alberto Rodríguez Saá nunca nos recibió”, cuestiona.
Magalí Morales era una madre comprometida con la crianza de sus hijos. Era una abuela presente. Así la recuerdan. Desde su muerte, Celeste continuó con su tarea. Cuida y aloja a sus niños, sin ninguna ayuda ni asistencia estatal. A pesar de todas las dificultades que se le presentan, ella sigue. Agradece el apoyo de todas las organizaciones feministas que desde el minuto uno denunciaron, de la prensa que hizo trascender el caso y de los abogados por su persistencia. Sabe que la lucha por verdad y justicia, por cárcel para todas y todos los responsables materiales y políticos, habría sido aún más “cuesta arriba” en soledad.
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Omar Carrasco: un crimen en los cuarteles y el fin del servicio militar
4 de abril, por A 30 años — Historia, Libertades Democráticas, Fuerzas Armadas, Historia argentina, Servicio Militar Obligatorio, Historia, Historia, Libertades Democráticas, Fuerzas Armadas, Historia argentina, Servicio Militar Obligatorio, HistoriaEl 6 de marzo de 1994, el soldado fue asesinado a golpes dentro del Batallón Militar de Zapala, Neuquén. El repudio al crimen del conscripto fue utilizado por Carlos Menem para poner fin al servicio militar obligatorio y reorganizar las Fuerzas Armadas. Nuevas prioridades y subordinación proimperialista.
El 5 de enero de 1994 Omar cumplió 20 años. Hijo de una ama de casa y de un albañil. Hace changas para ayudar a sus padres. El 3 de marzo de 1994 deja su casa de Cutral Có y viaja 78 kilómetros hasta Zapala para cumplir con el Servicio Militar -era obligatorio para todos los jóvenes que salían sorteados cada año según la terminación de su número de documento-. Se incorpora al grupo de Artillería 161. Tres días después, el 6 de marzo, lo desaparecen. Los militares no avisan a la familia sobre esto.
Pasaron 15 días desde su ingreso y a Omar le corresponde su primer franco. Sus padres viajan 80 kilómetros para visitarlo. Cuando llegan al cuartel le dicen que su hijo desertó. No creen en esa versión y radican la denuncia.
La población de Cutral Có comienza a buscar a Omar. El pueblo petrolero, que venía sufriendo las consecuencias del plan privatizador del gobierno de Carlos Menem, muestra su disposición a no dejar impune este caso. Las marchas del silencio en Zapala y en la capital de la provincia se extienden.
La desaparición del soldado se convierte en un escándalo nacional. Esto logra que el cuerpo de Omar aparezca el 6 de abril de 1994. Tenía signos de haber sido torturado. Durante un mes estuvo escondido en la unidad militar. Se trataba del segundo rastrillaje que se hacía en el lugar que finalmente se localiza. En el primero, que pasó por ese mismo sitio, no se “encuentran rastros”. No hay dudas de que el cuerpo fue “plantado” en esa zona descampada del regimiento. Nunca se investigó las huellas de vehículos militares ni las pisadas que había alrededor.
Aquel 6 de abril que el Ejército anuncia oficialmente que hallaron el cadáver del soldado al que presentaron como desertor desde hacía un mes; tratan de instalan la versión de que se suicidó o murió de frío. Encierran el cuerpo en un cajón, vestido con ropa que le quedaba muy holgada, lo que demostraba que todo era un montaje, y se lo entregan a los padres que no creen en la versión oficial. Las movilizaciones continúan en la provincia. Realizan una autopsia del cuerpo que encuentra tres costillas quebradas, un pulmón perforado y el ojo izquierdo destrozado. Quedaba descartada la versión de que el soldado se había suicidado.
Los diarios de la época dan cuenta que ni bien apareció el cuerpo, Zapala se llenó de miembros de Inteligencia militar. Tenían a cargo la investigación paralela que dirigía el juez Caro -tiempo después el magistrado fue suspendido y afrontó un juicio político por presunto mal desempeño en la causa por el homicidio del conscripto-. Martín Balza, el Jefe del Ejército, también viajó a Zapala para “administrar” la crisis institucional.
Mientras avanza la investigación, las marchas del silencio en Zapala recorren la ciudad con una bandera: “Omar Octavio Carrasco. No a la impunidad. Sí a la vida”. En tanto los compañeros de colimba de Carrasco, jóvenes de 18 años, presentaron hábeas corpus para no volver al cuartel. Los padres de los soldados radican denuncias por las palizas en los cuarteles. Denuncias que se multiplicaban a lo largo de todo el país. Es que el servicio militar obligatorio, la “colimba” como se conocía popularmente a esta práctica -algunos dicen que este neologismo deriva de las abreviatura de “corre-limpia barre”-, expresaba los maltratos que sufrían los conscriptos. Las torturas que sufrió Omar, así como su desaparición forzada, fueron prácticas institucionalizadas centradas en el abuso y la humillación como método para disciplinar a los jóvenes varones, en general a los sectores más vulnerables.
La investigación
La investigación determinó que Omar fue víctima de prácticas de abuso y humillación frecuentes durante esos tres días que estuvo dentro del cuartel en Zapala. Según la causa, el subteniente Ignacio Canevaro “bailó” a Omar al menos por 20 minutos. Otros dos soldados, Víctor Salazar y Cristian Suárez, le hacían bullying. Ellos tres fueron los últimos que lo vieron con vida.
El 4 de julio de 1994, el juez federal de Zapala Rubén Caro procesó al subteniente Canevaro y a los soldados Suárez y Salazar por el crimen. El sargento Carlos Sánchez es acusado de encubrimiento. El 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condena a Canevaro a 15 años de prisión por homicidio simple. Los soldados Suárez y Salazar son sentenciados a 10 años por el mismo delito. El sargento Carlos Sánchez recibe una pena de tres años por encubrimiento. La Cámara de Casación y la Corte Suprema confirmó la sentencia ante sucesivas apelaciones.
La causa por encubrimiento, sin embargo, no prosperó. De haber avanzado el propio Martín Balza tendría que haber sido condenado. Bajo juramento, el jefe del Ejército, cuando declaró por escrito en el juicio del homicidio, negó la intervención de Inteligencia en el caso Carrasco.
Cinco testigos manifestaron que el jefe de Inteligencia de Balza, el general Miná, participaba en los interrogatorios que se realizaron bajo la pantalla de un sumario militar por abuso de autoridad. La justicia determinó que Inteligencia contribuyó a la pérdida de pruebas del homicidio que podrían resultar importantes.
En agosto de 1994, cinco meses después de que fuera encontrado el cuerpo de Omar, el presidente Carlos Menem, en medio de su campaña para su reelección, firmó el decreto 1537 que daba de baja la conscripción. Terminaban así casi 100 años de colimba, el servicio militar que en 1902 había creado el ministro de guerra Pablo Riccheri durante la presidencia de Julio Argentino Roca.
Fuerzas Armadas proimperialistas
La desaparición, torturas y muerte de Carrasco no fue un hecho más. Las múltiples manifestaciones que se dieron en todo el país para que el caso no quede impune encontró de nuevo el repudio contra las Fuerzas Armadas. Las mismas que dieron el golpe genocida del '76 durante el cual torturaron y desaparecieron a 30.000 luchadores; entre ellos colimbas a los que hacían pasar por desertores como fue el caso del soldado riojano Alberto Ledo en Tucumán. Las mismas que capitularon ante las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas durante la cual torturaban a los soldados, los verdaderos héroes de Malvinas. Esos soldados que dieron su vida durante la guerra antiimperialista para recuperar las islas que Gran Bretaña se apropió en 1833, fueron vejados y estaqueados por los militares.
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Durante los hechos que terminaron con la vida del soldado Carrasco, las Fuerzas Armadas -que contaban con un alto repudio popular por todo lo que describimos antes-, estaban impunes gracias a las políticas de la UCR y el PJ. La Obediencia Debida y el Punto Final dictadas durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, junto a los indultos otorgados por el peronista Carlos de Menem dejaban todavía intactas a las Fuerzas Armadas genocidas.
Atento a la repercusión política y social que suscitó el caso Carrasco, junto con la necesidad de establecer recortes en el presupuesto de Defensa, Menem suprimió la ley N° 3948 que establecía el Servicio Militar Obligatorio y el 31 de agosto de 1994 decretó su fin, mediante la ley 24.429, a la vez que se instituyó el Servicio Voluntario. “Hay quienes pretenden usar el caso Carrasco para atacar a las Fuerzas Armadas del pueblo argentino”, dijo Menem ante el repudio popular.
La supresión del servicio militar obligatorio fue utilizado por Menem como parte de la reorganización y salvataje de las Fuerzas Armadas. Esto incluía hacer un cuerpo de élite, profesionalizado, con menor presupuesto y apto para las misiones de la OTAN, en el marco de su subordinación al imperialismo norteamericano. El cambio geopolítico con la caída de la URSS auguraba el fin de las guerras globales, y las intervenciones militares del imperialismo fueron encubiertas bajo el eufemismo de “ayuda humanitaria”.
El rechazo a la llamada “colimba”, es decir a las vejaciones y maltratos que tenían los militares contra los soldados, donde no se impartía instrucción militar, era más que repudiable. Sin embargo, los socialistas defendemos el derecho democrático de los trabajadores y el pueblo al conocimiento del uso de las armas y la instrucción militar para la defensa de la soberanía nacional en contra de la expoliación imperialista. Que como se vio en la Guerra de Malvinas los únicos interesados en recuperar las islas fueron los soldados, los que habían recibido escasa o nula formación militar y casí no conocían del manejo de las armas. Por eso sostenemos la instrucción militar de toda la población, hombres y mujeres, realizadas durante las horas de trabajo y estudio, bajo el control de las organizaciones obreras y garantizando el mantenimiento de los salarios y puestos laborales por parte de la patronal y su Estado.
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Las Fuerzas Armadas no son una institución del pueblo argentino como por entonces dijo Menem, sino todo lo contrario. No solo por lo que hicieron en la década del 70. Durante todo el siglo XX las Fuerzas Armadas tuvieron el poder de intervenir en la vida política nacional contra de las mayorías populares. Fueron protagonistas de la masacre sangrienta del Paraguay y el exterminio indígena en el siglo XIX; del aplastamiento de las huelgas de la Patagonia Rebelde iniciado el siglo XX, durante el cual realizaron seis golpes de Estado: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Será a mediados del siglo pasado que comenzarán a responder a las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando Argentina −un país atrasado y dependiente del imperialismo−, firma pactos políticos y militares de subordinación con esta potencia. Esta política de subordinación fue continuada bajo todos los gobiernos constitucionales hasta hoy, incrementado bajo el actual régimen de coloniaje del FMI.
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Omar Carrasco.
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Absolución para Danilo Castro y fin del encubrimiento a los asesinos de Marcos Mendoza
4 de abril, por Tribuna Abierta — Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Quilmes, Impunidad, Represión policial, Violencia policial, Policía Bonaerense, Ezpeleta, Causas armadas, Política, Zona Sur del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Quilmes, Impunidad, Represión policial, Violencia policial, Policía Bonaerense, Ezpeleta, Causas armadasMi hermano está preso desde 2021 acusado de un crimen que no cometió. La familia del joven de 19 años asesinado en una entradera no conoce la verdad. La causa armada contra Danilo llega a juicio, sin pruebas y con múltiples irregularidades en la “investigación” previa. El 9 de abril nos movilizamos a los Tribunales de Quilmes. Basta de causas armadas contra pibes inocentes.
Soy Claudio Castro, tengo 43 años y soy hermano de Danilo, de 41. En 2014, junto a Matías Serón, fuimos acusados de un crimen que no cometimos. Estuvimos procesados (con todo lo que eso significa) hasta 2017, cuando finalmente el Tribunal Oral en los Criminal 6 de Lomas de Zamora, en un juicio de una hora y media de duración, nos absolvió. El Poder Judicial dejó en evidencia que fuimos víctimas de una causa armada para encubrir a los verdaderos culpables de aquel crimen.
Mi caso no es el único. Por eso desde hace años decidí organizarme y luchar por todas las víctimas de causas armadas por el Estado, a través de sus policías, jueces y fiscales. Junto a otras compañeras y compañeros integramos la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Hoy, uno de los casos por los que luchamos es el de Danilo, a quien en 2021 le armaron otra causa por un delito sumamente grave.
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La noche del 26 de febrero de ese año una pareja y su hija, todos de la comunidad boliviana, volvían a su casa luego de una jornada laboral. Llegando en su auto al domicilio de la localidad de Ezpeleta, Quilmes, fueron emboscados por tres hombres y una mujer. Cuando la familia bajó del auto, uno de los ladrones les apuntó con un arma. Mientras otros dos se metían en el garaje, un cuarto intentaba entrar a la casa.
Adentro estaba el otro hijo de la pareja, Marcos Mendoza. Al escuchar ruidos y gritos, el joven de 19 años salió a ver qué pasaba. Al ver que uno de los atacantes quería entrar, empezaron a forcejear cuerpo a cuerpo en la puerta. En ese momento el ladrón sacó un arma y disparó varias veces. Al ver que Marcos cayó, la banda emprendió la retirada corriendo. Al llegar a la esquina, se subieron a un Ford K gris. Cámaras de seguridad registraron la huida. Marcos murió producto de esos disparos.
En el hecho intervino personal de la Comisaría Sexta de Quilmes. Los primeros testimonios que recogió la Policía Bonaerense identificaron a cuatro personas. Sus domicilios fueron allanados, pero nunca fueron encontrados. Varios meses después, de forma muy sospechosa, esa comisaría fue apartada de la causa y fue reemplazada por la Segunda de Bernal.
Desde allí los policias Leonel Beruti y Diego Vicente, tomándose testimonio uno al otro, se encargaron de instalar la “pista” de que la mujer que huyó junto a sus tres cómplices en la trágica entradera era Rocío Ávalos, alias “Puki”. A su vez inventaron una novela de relaciones en la que mi hermano Danilo fue mencionado como su pareja. Sin pruebas, en junio de 2021 ambos fueron detenidos.
Los llevaron a una rueda de reconocimiento, realizada de forma totalmente irregular. Tan es así que esa “prueba” fue impugnada y se resolverá en el juicio su validez legal. Danilo era el único esposado del grupo seleccionado para el reconocimiento y sólo a él le habían hecho sacar los cordones de sus zapatillas. A Rocío nadie pudo reconocerla, pero a Danilo lo “apuntaron” dos veces. Estos mismos testigos describieron al asesino como un muchacho de tez morena y con una cicatriz en la cara. Pero Danilo no tiene cicatriz alguna.
No hay otros elementos fácticos que justifiquen mantener detenidos a Danilo y a Rocío, lo que deja al descubierto la arbitrariedad de sus detenciones. Desde la defensa se ha pedido una prueba de ADN sobre el gorro de uno de los asesinos que quedó en el lugar del hecho, así como pericias sobre un proyectil. En ninguno de esos análisis se hallaron rastros de Danilo.
También se pidió una prueba antropométrica dinámica para cotejar el video en el que se ve a los asesinos con una filmación de Danilo. En el video se ve a tres personas corriendo normalmente. Ninguna podría ser mi hermano, ya que él tiene una renguera debido a que los huesos de uno de sus pies son cuatro centímetros más cortos que los del otro. En su declaración para la causa, el especialista traumatólogo, doctor Ricardo Zambrano, indicó que es imposible que Danilo pueda correr con normalidad.
Danilo y Rocío no mataron ni robaron a nadie. El Poder Judicial ni siquiera pudo demostrar que hayan estado en la zona de la entradera esa noche de febrero de 2021. Sin embargo, ambos llevan casi tres años presos. En el caso de mi hermano, esos años de vida arrancados por el Estado represor se suman a los ya pasados en la causa de 2014, en la que fuimos acusados falsamente de otro crimen.
Danilo y Rocío deben ser absueltos. Y el Poder Judicial, como el resto del Estado provincial, en lugar de perseguir y condenar a personas inocentes debe explicarle a la familia de Marcos Mendoza qué pasó aquella noche, quiénes fueron los verdaderos culpables y cuál será el castigo que les dará.
Entre el 15 y el 19 de abril, tras una larga espera, finalmente el Tribunal Oral y Criminal 2 de Quilmes juzgará a Danilo y a Rocío, los únicos imputados por el homicidio de Marcos Mendoza. Nuestra familia estará allí, como lo hemos estado en todo este tiempo, exigiendo su absolución y libertad inmediata, así como el fin de todas las causas armadas contra jóvenes inocentes.
Una semana antes, el martes 9, llevaremos la misma exigencia a las puertas del TOC 2, para dar un mensaje claro a días de comenzar el juicio. Invitamos a todas las organizaciones de base, movimientos barriales y compañeros a movilizarse junto a nosotros. La absolución de Danilo y Rocío será un paso más en esta lucha por desenmascarar al Estado que arma causas para criminalizar aún más a los pibes de los barrios. La verdad está de nuestro lado.
Danilo Castro
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Mayor injerencia política y militar de Estados Unidos: llegó al país la jefa del Comando Sur
3 de abril, por Laura Richardson — Libertades Democráticas, Estados Unidos, China, Comando Sur , Laura Richardson, Libertades Democráticas, Estados Unidos, China, Comando Sur , Laura RichardsonLaura Richardson llegó al país para exigir al gobierno Argentino que investigue la base militar China en Neuquén. Además tiene previsto reunirse con el jefe de la Base Naval Austral de Ushuaia para intervenir en el proyecto de Polo Logístico Antártico de la Armada. El gobierno de Milei a los pies del imperialismo yanqui.
La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur estadounidense, llegó al país este martes, cuando se cumple un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, para redoblar la subordinación del país a los interéses de Estados Unidos. En la agenda oficial está previsto que se reuna con el jefe de Gabinete nacional, Nicolás Posse, el ministro de Defensa Luis Petri y el embajador de Estados Unidos Marc Stanley y con el jefe de la Base Naval Austral de Ushuaia. “Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con Argentina para que nuestros esfuerzos colaborativos en seguridad beneficien a nuestros ciudadanos, nuestros países y nuestro hemisferio de manera duradera y positiva. Estoy feliz de volver a Argentina y aprender más sobre este hermoso país”, expresó la generala.
Es la tercera vez que Richardson arriba a la Argentina. En 2022 se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho del Senado. Un año más tarde regresó para reunirse con el ministro de Defensa, Jorge Taiana.
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Estas visitas de la jefa del Comando Sur tiene por misión controlar política y militarmente la región. Esto quedó mucho más claro, por si alguien lo dudaba, luego que se conociera un video en el que daba un discurso en una reunión del Atlantic Council -organización integrada por ex militares estadounidenses vinculados a la OTAN- sobre América Latina: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tienes el triángulo del litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile… Tenemos 31 % del agua dulce del mundo en esta región…”. En el mismo video señalaba que “con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer, esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego… Tenemos también las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce. Tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro, y está la importancia del Amazonas como los pulmones del mundo”.
Tras los objetivos de su discurso, Richardson se reunirá con militares argentinos en Ushuaia. Estados Unidos está interesado en el proyecto de Polo Logístico Antártico de la Armada en Tierra del Fuego, que permitirá un mejor acceso a la Antártida y las Islas Malvinas. Su misión es que el gobierno provincial excluya a China de las inversiones de dicho proyecto. "Esto podría mejorar dramáticamente la capacidad de acceso de la República Popular China a la región Antártica y a su pesca”, pronosticó Richardson durante la audiencia en el Comité de Servicios Armados.
El gobierno de Javier Milei viene mostrando su decisión de llevar adelante las políticas económicas y comerciales que dispone los Estados Unidos. Firmó un acuerdo para que el país del norte realice monitoreos sobre la hidrovía del Río Paraná. Uno de los cursos de agua más importantes del mundo, por donde se traslada gran parte del comercio, no solo entre Argentina y Paraguay; es además, un centro de interés comercial enorme que buscan disputar Estados Unidos, China y Europa a través de sus empresas.
Estados Unidos también ofició para que Argentina comprara a Dinamarca -y no a China- aviones estadounidenses F-16 para la Fuerza Aérea Argentina.
El otro gran interés del imperialismo yanqui es poner freno al avance de China en la región.
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China y la base en Neuquén
Bajo el mandato de Cristina Kirchner se selló un acuerdo con Beijing que permitió la instalación de una estación espacial -que construyó el gobierno de Xi Jinping- en Neuquén. Se le otorgaron a China la concesión de 200 hectáreas por 50 años. Cuando la Cámara de Diputados trató este proyecto, en febrero de 2015, el diputado de izquierda Nicolás del Caño votó en contra. En su intervención en el recinto sostuvo: “Se trata de una verdadera entrega de la soberanía argentina, porque se garantizan a China grandes concesiones impositivas, enormes desgravaciones para sus operaciones comerciales y hasta la potestad de establecer las remuneraciones a los trabajadores del proyecto para la estación espacial en Neuquén según las condiciones que rigen en el país asiático, y todo esto con una vigencia de 50 años”, sentenció el diputado del Frente de Izquierda.
Las obras en la provincia neuquina finalizaron en febrero de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri. En el acuerdo firmado con la República China se acordó que la Argentina podía acceder gratuitamente al 10 % de tiempo de uso de la antena para el "desarrollo de proyectos y de cooperación regional e internacional".
Según dice el proyecto, la estación cuenta con una antena de 35 metros de diámetro destinada a misiones de exploración del espacio profundo, ubicadas a distancias que superan los 300 mil km de la Tierra, y es una de las tres antenas que conforman la red de estaciones de espacio profundo de China.
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Ante la llegada de la jefa del Comando Sur, el embajador Stanley manifestó públicamente la preocupación de los Estados Unidos por la base que China tiene en la provincia de Neuquén. "Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué", dijo y agregó: "Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí". Ante estas exigencias del imperio norteamericano, el gobierno de Javier Milei anunció que realizará una inspección técnica a la base espacial china .
Sin embargo, el gobierno de Milei no muestra ninguna preocupación sobre las dos “bases humanitarias” que Estados Unidos tiene en el país: una en Chaco y otra en Neuquén, cerca de Vaca Muerta.
Cuando se anunció la construcción de la base yanqui en Neuquén en 2018, financiadas por el Comando Sur bajo la figura de “ayuda humanitaria”, y con el aval del MPN y el gobierno de Macri, el diputado provincial Raúl Godoy expresó su rechazó. Desde la banca del Frente de Izquierda presentó un proyecto para impedir la construcción de una obra de coloniaje en el país. Entre sus fundamentos se insta al “Poder Ejecutivo Provincial a prohibir la ejecución de obras de la Embajada de Estados Unidos en la meseta de la ciudad de Neuquén, para la construcción del Comité de Emergencias de Neuquén (COE), con fondos donados por el US. Southern Command, bajo la figura de ayuda “humanitaria”, por implicar una avanzada sobre la soberanía nacional” y a “prohibir cualquier intento de instalar bases militares estadounidenses, en territorio de la provincia de Neuquén”.
Raúl Godoy por el Frente de Izquierda sostuvo que Estados Unidos siempre ha usado distintas excusas para instalar sus bases militares. La “ayuda humanitaria y apoyo ante las catástrofes naturales” es una de ellas.
Bajo el régimen del FMI se profundiza la subordinación del país a los dictámenes de Estados Unidos. En un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, la pelea contra el imperialismo encuentra nuevas razones para movilizarnos contra la entrega que esta planificando el gobierno de Milei.
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Que nos dejó el 24M en el Valle de Traslasierra
28 de marzo, por Córdoba — Política, Córdoba, Libertades Democráticas, 24 de Marzo, Traslasierra, Política, Córdoba, Libertades Democráticas, 24 de Marzo, TraslasierraAl igual que en todas las plazas del país, en el interior de Córdoba se expresó una contundente respuesta al negacionismo y al ajuste brutal de Milei y los gobernadores.
Desde las 17 horas del domingo se fueron congregando cientos de personas en la Plaza Mitre de Villa Dolores para iniciar el recorrido de la marcha.
Más de 4000 personas marcharon por las calles serranas. La convocatoria contó con una participación destacada de las asambleas que se están llevando adelante en Traslasierra, conformadas en enero pasado para enfrentar el ataque del Gobierno Nacional contra la disolución del Intaa, el INCAA, Telam, Conicet, contra el DNU y la ley ómnibus. Participaron la Asamblea Abierta de Traslasierra, la de Luyaba, el Cordobazo Cultural y la Asamblea Transfeminista.
Además confluyeron despedidos, trabajadores de la salud, docentes, judiciales, municipales, pequeños comerciantes, artesanos, jóvenes, jubilados, sectores del arte y la cultura, activistas feministas independientes, partidos de izquierda como PTS e Izquierda Socialista, ambientalistas, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, entre otros. Los ausentes fueron los sindicatos como UEPC, CISPREN, ATE, SEP entre otros.
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En este 24M se expresaron muchos sectores del Valle producto de la organización independiente de los gobiernos, de manera sistemática y periódica en las que el pueblo trabajador y los sectores populares pueden levantar todas las demandas. En este sentido, es que la participación se garantizó por la coordinación entre asambleas para confluir en la ciudad cabecera del Departamento de San Javier. El caravanazo fue la medida de lucha contra los últimos tarifazos de transporte para que este golpe al bolsillo de los sectores populares no limitara su participación en la marcha. Gran cantidad de autos se sumaron y compartieron costos para poder llegar a la Plaza Mitre a marchar.
Este 24M la cita era en la calle.. Ante el negacionismo y el brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei con la complicidad de los Gobernadores, el rechazo fue multitudinario al grito de fue un genocidio, son 30.000 detenidos desaparecidos, cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas, restitución de las y los nietos apropiados, apertura de los archivos de la dictadura del 76 al 83, se sumó la denuncia del ajuste del gobierno, los gobernadores que se pliegan a este plan y la bota opresora del FMI en nuestro país. También tuvo lugar la exigencia a las centrales sindicales que llamen a un paro y plan de lucha para derrotar el plan de ajuste y hambruna que se viene aplicando a todo el pueblo trabajador y no a la casta ni a los empresarios de siempre que siguen aumentando sus ganancias.
Balance del 24M en el Valle
A nivel nacional, desde los organismos independientes de los gobiernos que forman parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hacia los organismos históricos de Derechos Humanos alineados con el Peronismo, se les planteó la necesidad de unificar el reclamo y elaborar un documento único para denunciar a los sectores políticos que le garantizan gobernabilidad a Milei y se alinean con el avance del ajuste.
Tanto la Ciudad de Buenos Aires como Córdoba Capital contaron con dos marchas y dos documentos. ¿Por qué dos marchas y dos documentos? Te lo contamos en esta nota.
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El Valle de Traslasierra no fue ajeno al contexto provincial y nacional. En la marcha del 24M en Plaza Mitre sólo hubo un documento elaborado por organismos de derechos humanos. Desde éstos hubo una limitada invitación a las asambleas para participar y exclusión expresa de organizaciones políticas de izquierda para participar en la elaboración del documento. El documento leído en la Plaza fue el que acordó este organismo, sin darle tiempo a las demás organizaciones que puedan aportar al mismo. La participación de las asambleas independientes que se vienen organizando en cada pueblo y de la que participan distintos sectores en lucha fue limitada a la radio abierta por iniciativa propia.
En el documento leído en Plaza Mitre se presentaron casi como víctimas a los gobernadores de la política del Gobierno Nacional desplegada por el gobierno de turno cuando en rigor acompañan el ajuste nacional con sus propias modalidades.
En Córdoba, Llaryora, quien fue votado como el mal menor, se ha ubicado como el primer alumno de Milei, sin dudarlo el pituquito caminaba los canales de Buenos Aires destacando ser el primero en aplicar el ajuste, despidió personal de salud, del Senaf, personal del Paicor, atacó a la docencia dejando a cientos de docentes sin trabajo, ataca el derecho a huelga, libera la suba en las tarifas de transporte, tarifazos en la luz y el gas.
Ni Milei ni sus políticas cayeron del cielo. El gobierno del Frente de Todos dejó un país con 50% de pobreza, con más deuda externa, con devaluación y pérdida del poder adquisitivo del salario, con tarifazos, con empresarios que con cada medida del gobierno aumentaban sus ganancias como Arcor, Galperin, Paolo Roca, Mondelez por citar algunos.
En el Valle se repitió la misma situación con medidas del Gobierno Provincial y Municipalidades que avanzaron en la precarización laboral con ingresos a la baja, con el desfinanciamiento del sistema de salud regional, con despidos de municipales.
La situación de crisis que hoy golpea en los sectores más humildes, de hogares donde las mujeres son el sostén de sus hijas e hijos, en trabajadores precarizados de la construcción, hornos de ladrillos, en extracción de áridos, en la papa, en comercios, gastronómicos, Jubiladas y Jubilados, es también responsabilidad de los gobiernos del PJ que aplicaron políticas antipopulares.
¿Qué plan de lucha es necesario para frenar el plan de guerra contra el pueblo trabajador?
Cuando nos digan que hay que esperar… miremos las asambleas, la movilización histórica del 24E y del 8M, y esta masiva movilización expresada en este nuevo aniversario contra el golpe genocida del 76.
En las calles se demostró que fuerza hay para enfrentar el negacionismo, el ajuste de Milei y los Gobernadores y el FMI. Fuimos miles en las calles y principales ciudades de todo el país, además se expresaron lazos de solidaridad de la clase obrera en distintas ciudades del mundo.
Hay voluntad en salir a pelear y de movilizar, se puede enfrentar el plan motosierra y licuadora de Milei.
El ajuste está en curso y día a día vemos cómo se degrada la calidad de vida de las grandes mayorías mientras que un puñado de empresarios se enriquece aún más debido a las políticas de ajuste de todos los gobiernos. No hay tiempo, es hoy, es ahora. Hay que dar una respuesta organizando la fuerza que se vio en las calles de todo el país.
Y esa debe ser la perspectiva. Encontrarnos movilizados y organizados en asambleas independientes con todos los sectores en lucha en los pueblos del valle. Seguir replicando en casa pueblo estás experiencias asamblearias. Además es urgente continuar exigiendo a la CGT y la CTA que llamen a un paro general y plan de lucha para enfrentar estos ataques, para derrotar el DNU y e Protocolo Antipiquete de Bullrich.
A las fuerzas del cielo las enfrentamos con la fuerza en las calles.