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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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  • ¿El “policía sin uniforme” que disparó a manifestantes en Congreso es un alto jefe de la Federal?

    10 de agosto, por Represión — , , , , ,

    Sería el Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina. Su foto circuló en medios de todo el país, disparando con su escopeta fuera de cualquier protocolo. El gobierno tiene que dar explicaciones.

    La imagen está recorriendo el país. Incluso el diario La Nación se hizo eco del “pedido de explicaciones” al Ministerio de Seguridad.

    Según información a la que pudo acceder La Izquierda Diario, el hombre que disparaba a mansalva en la esquina de Solís e Irigoyen, sin identificación y a una altura prohibida por los propios protocolos de la fuerza, sería el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna.

    El hombre es parte de la máxima plana de la PFA. En el Orden del Día (ODI) N° 9 de enero de 2025 fue designado como responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales. ¿Cuáles serían las "organizaciones criminales" a las que estaba investigando en ese momento?

    En ese momento estaba a cargo del Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich, quien dejó el cargo pero el jueves 6 de agosto “comandaba” las fuerzas parlamentarias de La Libertad Avanza a pocos metros de donde habría actuado Gauna. Pero se trata de un hombre conocido por la ministra.

    Desde que se ganó el cargo de comisario, según el Boletín Oficial en marzo de 2009, ocupó cargos de importancia en PFA. Antes del último ascenso clave, era jefe del Departamento Investigaciones Nacionales, un cargo clave en la investigación de los grandes delitos de la actualidad. Por eso recibió una capacitación por parte de la ANMAT en delitos contra la seguridad pública.

    En estas fotos se lo puede ver en esa disertación, en las pesquisas por el caso de la desaparición forzada del niño Loan Peña en Corrientes y en el juicio por el caso de Lucas González, asesinado por miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Barracas. En el caso del 6 de agosto, las fotos fueron sacadas por Kaloian Santos, Martín Vega y Susi Maresca que cubrían la jornada. Las imágenes confirmarían que se trata de la misma persona.

    La Izquierda Diario pidió al Ministerio de Seguridad la confirmación de la presencia de Gauna en la represión del jueves. Hasta el momento, dijeron las fuentes, no cuentan con esa información para difundir.

    Las fotos de la represión del jueves 6 de agosto, mientras miles de personas se manifestaban contra un proyecto del gobierno que ataca derechos fundamentales, recorrieron el mundo. Se pudo ver a jóvenes heridos con balas en el rostro, una periodista quedó internada con fractura en el cráneo y hubo más de 1500 heridos. La policía actuó de manera brutal y desafiando sus propios protocolos de actuación. La imagen del comisario, con la escopeta apuntando al cuerpo de manifestantes, deja claro que no eran “algunos locos” sino toda la institución, encabezada por sus principales jefes.

    Toda una muestra de la ferocidad con la que está dispuesta a manejarse el gobierno para imponer leyes a favor de los poderosos. Es por eso que debe dar explicaciones sobre el accionar del comisario que se puede ver en la foto y los responsables del operativo.

    Gustavo Antonio Gauna en la movilización del 6 de agosto, en Congreso (Foto: Kaloian Santos) / Gauna junto a Patricia Bullrich (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación) / Gauna junto a Enriqueta Pearson, subadministradora nacional de la ANMAT (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación)

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  • La Comunidad Mbya Puente Quemado II llama a la solidaridad para defender su territorio y reconstruir sus viviendas

    9 de agosto, por Misiones — , , , , , , , , ,

    La Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II difundió un comunicado urgente tras el desalojo ilegal y las amenazas de encapuchados vinculados al empresario Ruff. Solicitan solidaridad para reconstruir sus viviendas y sostener la resistencia. Reproducimos su comunicado.

    COMUNICADO URGENTE: desalojo ilegal por parte del poder judicial de Misiones, y violencia racista del empresario Ruff y un grupo de encapuchados contra la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II.

    En la mañana 28 de julio del 2026 en la provincia de Misiones, dos personas que se nombraron como juez y secretario del juzgado de Jardín América, el comisario de Garuhapé, acompañado por un operativo de alrededor de 50 policías con sus vehículos y una ambulancia, con se presentaron en la comunidad Mbya Guaraní, Puente Quemado II, Garuhapé.

    En sus manos traían una orden de desalojo totalmente irregular. Bajo amenaza y acorralamiento desalojaron a las familias de la comunidad, sin embargo, desde el juzgado de Jardín América dicen que el retiro de la comunidad fue “voluntario”.

    Asimismo, es importante mencionar que además de esta mentira -¿Cómo es posible que digan que se retiraron voluntariamente si rodearon a las familias con niños, ancianos un operativo de 50 policías exigiéndoles que se vayan-, ESTA SITUACIÓN TIENE MUCHÍSIMAS IRREGULARIDADES.

    Aquí enumeramos algunos de los puntos IRREGULARES para que visibilicemos y denunciemos públicamente la desprolijidad y la deshumanidad que habita en las autoridades de la justicia misionera:

    El caso lo está tratando un juzgado de instrucción, cuando en realidad, al tratarse de un territorio que se encuentra en demanda por titularización, el Juez Roberto Antonio Sena debería haber derivado el caso al Juzgado Civil de Posadas y no intervenir en el pedido del denunciante Alfredo Ruff.

    El día 5 de mayo de este año, sin orden del Juez de Puerto Rico detienen al cacique y desalojan a más de 12 personas por presunta usurpación sin reconocer el relevamiento de territorio indígena, el cual reconoce la posesión del territorio

    En esa fecha, la policía actuó bajo las órdenes telefónicas del secretario del juzgado de Puerto Rico, el señor Isidoro Duarte, ex abogado del empresario forestal Alfredo Ruff, titular de la propiedad en conflicto.

    Cuando la defensa de la comunidad buscó el expediente de la causa, se encontraron con que la detención se realizó sin orden, ni resolución judicial que haya ordenado dichas acciones.

    La defensa presentó estas anomalías y reiteró el pedido de que el caso sea tratado desde el Juzgado Civil de Posadas, como es competente al caso.

    Ante esta situación el juez de Puerto Rico, fue inhibido y pasó el caso al Juzgado de instrucción Dos de Jardín América, el cual el día 17 de julio ejecutó orden de desalojo express la cual no es aplicable para una comunidad indígena y sin tener en cuenta la defensa que se venía presentando.

    Para frenar el desalojo, la defensa presentó a la justicia una apelación: esta misma trataba de que se reconozca el derecho indígena, amparado en el Artículo 75, inc 17 de la Constitución Nacional, tanto como la carpeta técnica donde consta que dicha comunidad está dentro de un territorio indígena relevado en el marco de la ley 26.160, que reconoce la posesión de tierras y que debería protegerlo de los conflictos históricos que sufren los pueblos originarios frente a intereses inmobiliarios, agrícolas o estatales. Además existe el Convenio 169 de la OIT el cual obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte. Más allá, de estos puntos básicos, la defensa suma el cuestionamiento de que por competencia de un caso que se encontraba en juicio de titularización, el caso lo debía tomar el Juzgado de Civil que se encuentra en Posadas.

    Esta orden se encuentra legalmente suspendida tras la apelación presentada el pasado 17 de julio. Por lo que el procedimiento judicial y policial procedieron de forma ilegal e irregular porque el juez que la ejecutó, ya no tenía competencia gracias al efecto suspensivo de la apelación y porque corresponde que el caso lo tome el Juzgado Civil de Posadas y luego de la apelación la cámara correspondiente.

    Sin embargo, el día de 28 de julio, con el operativo mencionado, la comunidad fue desalojada por acorralamiento y amenazas, mientras que el juez Sena y las autoridades de la provincia comunican que la comunidad de Puente Quemado II se retiró de forma voluntaria para encubrir la ilegalidad con la que vienen actuando tanto el juzgado de Puerto Rico como el de Jardín América, amigos del empresario Forestal Ruff.

    El 28 de julio unas topadoras destruyeron las viviendas de las 7 familias que habían sido desalojadas y retiraron sus pertenencias en un camión jaula, limpiando el terreno para que el desmonte avance.

    El 30 de Julio, el fiscal de Instrucción Héctor Daniel Simón dictaminó a favor del recurso presentado por la Comunidad Puente Quemado II y solicitó que se deje sin efecto la resolución que ordenó su desalojo. También destacó que la defensa había denunciado la falta de tratamiento de distintos planteos, la omisión de medidas de prueba y la incorporación de documentación vinculada al reconocimiento de la Comunidad que deben ser analizados antes de tomar una medida de ejecución inmediata. Consideró que corresponde al juez revisar su decisión y, en caso de mantener el criterio, conceder la apelación para que el expediente sea revisado por la Cámara de Apelaciones.

    El 2 de agosto de 2026, los integrantes de la comunidad indígena de Puente Quemado II regresaron a sus tierras ancestrales, y las recuperaron en forma pacífica. Mientras las familias volvían al territorio, se presentó en el lugar Alfredo Ruff con un grupo de personas con camionetas con la patente tapada y encapuchados. Amenazaron y hostigaron con discursos de odio, mientras la comunidad intentaba explicarles sobre su preexistencia y los derechos que poseen. Irónicamente la policía de la provincia -la misma que hizo el desalojo del 28 de julio- actuó el domingo como escudo protector de la comunidad y de sus rituales.

    El 3 de agosto, “personas extremadamente agresivas que apoyan al empresario forestal Alfredo Ruff volvieron a invadir la comunidad, donde profirieron insultos y graves amenazas. No les importó en lo más mínimo el miedo y llanto de las niñas y niños Mbya. En un diálogo sostenido entre Roberto Bonetti, militante de la Libertad Avanza, y el empresario Alfredo Ruff, que se volvió viral, Bonetti expresó con total impunidad: ‘soy partidario que nosotros podemos defendernos, y si hace falta a los tiros, a los tiros tiene que ser'. Esto es apología del delito”. Estos hombres siguen llegando al lugar con sus camionetas anónimas para insultar y amenazar a las siete familias. Los hacemos responsables de cualquier agresión.

    No es menor destacar que esta situación se da en un momento en donde el gobierno nacional y algunos políticos provinciales quieren aprobar una ley en donde pone en riesgo nuestra soberanía, pero por sobre todo, al reconocimiento por el territorio y derechos indígenas.

    Desde la comunidad, que también atraviesa fuertes conflictos con la empresa Arauco, exigen que se reconozcan los derechos y garantías que les corresponden como Pueblos Originarios, que además cuentan con personería jurídica y el relevamiento territorial.

    Las abajo firmantes personas, instituciones y organizaciones:

    Visibilizamos y alertamos sobre la incitación al racismo y a la violencia por parte de Bonetti y Ruff, de forma presencial hacia las comunidades como por medio de las redes sociales. El delito está a la vista, por eso solicitamos al gobierno y a la justicia de Misiones que garanticen la seguridad de la comunidad Mbya.

    Denunciamos también a la multinacional Arauco, y exigimos que devuelvan a Puente Quemado II, las 333 hectáreas que robaron a la comunidad para invadir con monocultivos de pinos.

    Denunciamos el accionar del sistema judicial de la provincia, especialmente al juzgado de Puerto Rico por parte del secretario Isidoro Duarte y de Jardín América con el Juez Sena por actuar en favor de intereses privados, vulnerando los derechos indígenas.

    Repudiamos el servilismo y falta de perspectiva en defensa de los derechos indígenas de los funcionarios provinciales, que llegan a decir que las comunidades no tienen derecho a definir donde vivir en el propio territorio el cual se encuentra relevado.

    Exigimos el reconocimiento y respeto del territorio a la comunidad Puente Quemado II, reclamamos para que el caso sea llevado por las vías judiciales que corresponden. Que la comunidad pueda vivir en paz en su territorio.

    Reclamamos por la necesidad urgente de que las autoridades judiciales y funcionarios públicos de la provincia deben recibir formación de derecho indígena.

    ATENCIÓN

    A quienes puedan solidarizarse, la comunidad pide apoyo a la sociedad:

    Podemos acompañar de forma presencial en el territorio para sumar fuerza y sostener con cuerpo y espíritu, contra el discurso del odio de Ruff, Bonetti, el accionar de la justicia provincial y la falta de respeto por parte de la provincia.

    Podemos difundir las noticias y el petitorio a todas las oganizaciones e instituciones que conozcamos. Aprovechemos para generar conciencia sobre la situación de las comunidades y los discursos de odio y racismo con que las mismas conviven ante la falta de funcionarios, leyes y muchas veces una sociedad que falta perspectiva y formacion sobre el derecho índigena.

    ¡BASTA DE CRIMINALIZACIÓN, RACISMO Y VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

    Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II

    Contacto:Santiago Ramos (cacique Puente Quemado II) - 3743 583673

    PARA SUMAR TU FIRMA :

    https://docs.google.com/forms/d/e/1...

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  • Exigen la libertad inmediata de los presos políticos detenidos este jueves

    7 de agosto, por Represión — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Una treintena de personas fueron “cazadas” durante la tarde-noche, a varias cuadras del Congreso, por patotas de las fuerzas represivas. Además hubo unos 1.500 heridos de distinta gravedad. Organizaciones políticas y de derechos humanos exigen la liberación de todas y todos los presos por protestar.

    El saldo de la represión ejecutada por el gobierno de Javier Milei este jueves en las inmediaciones del Congreso, en el marco del tratamiento en el Senado de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, es brutal. Unas 1.500 personas heridas de diferente gravedad por balazos de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos. Y una cacería nocturna que concluyó con la detención de una treintena de manifestantes.

    Muchas de las personas detenidas fueron conducidas al Centro de Atención y Derivación (CAD) Sur de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Suárez 2050 del barrio de Barracas. Hasta allí fueron muchos familiares al enterarse de que sus seres queridos habían sido detenidos por estar protestando en la vía pública. Pasado el mediodía del viernes, aún muchos familiares no sabían bajo qué cargos los mantenían secuestrados y se les negó siquiera la posibilidad de verlos.

    Federico Puy, docente, secretario general adjunto de Ademys y referente de la Corriente 9 de Abril, difundió la situación desde las puertas del CAD Sur. “Estamos exigiendo la libertad de los presos, los familiares nos comentan que no los pudieron ver, no les permitieron el ingreso para saber cómo estaba, solamente les permitieron acercarles algo de agua y una frazada”, denunció. Y agregó: “Tenemos que preparar y exigir a todas las centrales sindicales que cuando quieran votar esta ley en el Congreso sea con una huelga general hasta que se vaya Milei”

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    Como sucedió en otras manifestaciones contra el plan de ataque de Milei contra la clase trabajadora y el pueblo pobre, a la represión en las inmediaciones del Congreso le sigue una cacería feroz por parte de las fuerzas represivas. Pasó ante la Ley Bases, ante las marchas de jubiladas y jubilados y ante la reforma laboral reaccionaria.

    Sin embargo, es importante destacar que este jueves las decenas de miles que se movilizaron al Congreso no sólo enfrentaron las inclemencias climáticas sino también, y mucho más, el afán represivo de La Libertad Avanza y sus aliados políticos y mediáticos. El pueblo en las calles es más fuerte que cualquier tropa mercenaria del Estado. Por eso, no hay que aflojar hasta voltear toda la ley en Diputados y pararle la mano al Gobierno.

    Policía Federal durante el operativo represivo de este jueves frente al Congreso | Foto Enfoque Rojo

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  • Represión en Congreso: periodista de La Izquierda Diario recibió un impacto de bala de goma

    6 de agosto, por Ataque a la prensa — , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    En medio de la brutal represión a la movilización que se desarrolló en Congreso en contra de la "ley de inviolabilidad de la propiedad privada", un periodista de este medio recibió un impacto de proyectil de parte de las fuerzas de seguridad que mandó el Gobierno. Hubo disparos por arriba de la cintura y herida en la zona de la cara a dos manifestantes. A pesar de ello, miles volvieron una y otra vez a la zona del Congreso.

    Mientras hacía su trabajo, un periodista de La Izquierda Diario recibió un impacto de bala de goma durante la represión por parte del Gobierno a la manifestación contra la ley de entrega que se trata en el Senado. A pesar de los ataques, miles de personas volvieron una y otra vez a la zona de Congreso a expresar su bronca y rechazo al proyecto reaccionario del Gobierno.

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    Te puede interesar: Bregman: "Milei y su banda no pueden seguir entregando todo, huelga general hasta derrotarlo"

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  • Con un DNU disfrazado de patriotismo, Milei da otro paso en su persecución y represión a inmigrantes

    30 de julio, por Xenofobia “libertaria” — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Se oficializó una medida que no por ridícula deja de ser peligrosa. A quien no haya nacido en el país se le podría negar el acceso por decir o escribir lo que el Gobierno considere que atenta “contra algún ciudadano argentino” o “el pueblo argentino en su conjunto”. Y podría expulsar residentes. Antiargentinos como la ministra Monteoliva o el amigo Reidel zafan sólo por haber nacido acá. Otro delirio a lo Micky Vainilla.

    Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros. La nueva norma ya está vigente, pese a pasar por arriba al Congreso y eludir todo debate popular sobre sus justificaciones y consecuencias. Otra amenaza a la integridad y seguridad de cientos de miles de personas que, por el solo hecho de no haber nacido en Argentina, pueden ser expulsadas o se les puede negar el acceso al territorio nacional.

    Fiel a su alineamiento con lo más rancio de las políticas aplicadas por Donald Trump en Estados Unidos, el DNU 681 agrega un inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871. Ese artículo se refiere a las “causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional”.

    El nuevo inciso m dice que, a partir de ahora, entre esas causales está “haber dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último; haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”.

    Para no parecerse del todo a una medida propia de una dictadura, el decreto aclara que “en ningún caso podrán encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”. Menos mal…

    A su vez el DNU agrega un inciso al artículo 62, el h, mediante el que autoriza a la Dirección de Migraciones a cancelar la residencia y disponer “la posterior expulsión” de quien cometa el mismo “delito” y viva dentro del territorio nacional. Y sustituye el inciso c del artículo 63, según el cual la residencia será cancelada y se conminará a la persona “a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional”.

    Vale decir que Milei ya firmó el año pasado el DNU 366 que restringe el acceso de extranjeros a la ciudadanía argentina mediante nuevos requisitos administrativos y habilita el arancelamiento de la atención en el sistema de salud y de la educación para quienes no hayan nacido en el país. En junio la Cámara Nacional Electoral emitió un fallo en el que declaró inconstitucional el decreto y anuló sus efectos. Esa sentencia ahora espera una confirmación de la Corte Suprema.

    Fachistoides

    ¿En qué se fundamenta este nuevo cambio de la legislación, a sola firma, eludiendo todo debate parlamentario y con efectos impredecibles? Los considerandos vertidos en el mismo DNU 681 parecen sacados de un sketch del icónico personaje Micky Vainilla de Diego Capusotto. Pero no por ridículas los hace menos peligrosos.

    El Gobierno afirma que en el último tiempo “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Alude a la sucesión de mensajes y comentarios motorizados por algunos influencers y artistas (especialmente de europeos) en redes sociales, que rebotaron mediáticamente y desataron un intenso debate tras la final entre Argentina y España en el Mundial. Una excusa muy poco seria.

    Posado sobre ese “argumento”, los cerebros de La Libertad Avanza aseguran que “ello constituye un riesgo para todos los argentinos” y “un quebrantamiento del respeto básico” que deberían tener “los extranjeros que pretenden ingresar o permanecer en el territorio nacional”. Así, el ingreso al país y la permanencia se transformaría en “una flagrante violación de las condiciones de convivencia armónica y paz social”.

    “Las acciones de odio o propagación de la violencia conllevan un impacto concreto en la vida de las personas y pueden afectar gravemente su integridad, salud, y sus derechos y garantías”, afirma el DNU. Probablemente, al redactar el texto, Milei y sus funcionarios se estuvieran mirando a sí mismos en los grandes espejos que pueblan los despachos de la Casa Rosada. Es precisamente el staff gubernamental el que hizo de los mensajes y acciones de odio y apología de la violencia contra toda persona o grupo que no coincida con sus teorías (muchas de ellas delirantes) un método de gestión institucional.

    En un acto de cinismo, el nuevo DNU también apela al Pacto de San José de Costa Rica, que desde 1994 tiene rango constitucional según la Ley 23.054. Allí se prohíbe “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

    A su vez se ampara en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también con rango constitucional, cuando limita la libertad de expresión en caso de “manifestaciones que conculcan el respeto a los derechos o la reputación de los demás y en aquellos casos en que sea necesaria la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

    Otra vez, Milei en el espejo. Es innecesario a esta altura enumerar la chorrera de mensajes suyos como de sus propaladores mediáticos basados en el odio racial, de color, religioso, idiomático o de origen nacional. Tampoco los que atacan los derechos o la reputación de los demás. Alcanza con mirar las propias cuentas del Presidente, de los militantes de La Fuerzas del Cielo y de filósofas como Lilia Lemoine. Allí son moneda corriente la xenofobia, el racismo, el odio al “marrón” y la islamofobia, para no hablar de la estigmatización de los cuerpos no hegemónicos, de la homolesbotransfobia y hasta la discriminación a las personas con discapcaidad.

    ¿Qué hacemos con Monteoliva y Reidel?

    Que el gobierno nacional está conducido por una banda antinacional es una verdad incontrastable. Si como muestra basta un botón, ahí están los honores recibidos esta semana por la titular del FMI Kristalina Georgieva, quien en su visita al país se dio el lujo de dirigir una reunión de Gabinete y de viajar a Neuquén para supervisar la fuente de dólares para el pago de la deuda que significa Vaca Muerta.

    Pero si se quiere ver las diferentes varas con la que este Gobierno mide y trata a quienes lanzan mensajes “contra el pueblo argentino en su conjunto”, ahí están como ejemplos la ministra de “Seguridad Nacional” Alejandra Monteoliva y el exfuncionario y amigo personal del propio presidente, Damián Reidel.

    Curiosamente el DNU 681/2026 recién salido del horno lo firma Monteoliva, quien no podrá ser expulsada del país porque es argentina, pero que según la visión oficial podría merecerlo. Hace dos semanas ella acordó con las autoridades estadounidenses y el Comité de Disciplina de la FIFA sancionar a todo hincha argentino que fuera al estadio de la ciudad de Atlanta a ver la semifinal blandiendo banderas o carteles con “el mapita de Malvinas” (sic) dibujado.

    Esa medida de “seguridad” para tamaño evento deportivo fue, en rigor, un acto de pleitesía para con Inglaterra, país imperialista que lleva 193 años usurpando parte de nuestro territorio en el sur continental. No sólo Monteoliva aceptó sin chistar lo ordenado por los agentes del FBI y la Policía de Atlanta. La prohibición de esgrimir un símbolo patrio, como lo es el recorte del mapa argentino que pone de relieve a las Islas Malvinas, también fue aceptada por miembros de las fuerzas federales argentinas en acuerdo con la policía inglesa.

    En marzo de 2025, en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires se hizo el Latam Forum organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA). Allí, ante multimillonarios magnates de la industria petrolera (muchos extranjeros), un funcionario y amigo personal de Milei lanzó sin vergüenza una definición lapidaria: “Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del pastel para el enfriamiento de los sistemas IA (...) No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos”.

    El emisor de ese mensaje era nada menos que Damián Reidel, entonces jefe del Consejo de Asesores del Presidente. Poco antes de esas declaraciones Milei llegó a decir que junto a Reidel estaba “reescribiendo” una “teoría económica” sobre “producción y rendimientos crecientes” por la que “probablemente” recibirían el Premio Nobel.

    Reidel no fue siquiera cuestionado por Milei tras aquella afirmación antiargentina. Es más, semanas después de ese discurso lo premió con el cargo de presidente de Nucleoeléctrica Argentina , la empresa pública que genera y comercializa energía eléctrica de origen nuclear y opera las centrales de Atucha I , Atucha II y Embalse .

    Como vienen denunciando las y los trabajadores del estratégico sector nuclear, Reidel llegó a ese puesto con un ofensivo plan de ataque para vaciar lo existente y favorecer negocios hipermillonarios a un puñado de corporaciones. Esas políticas paralizaron proyectos estratégicos, congelaron salarios de investigadores y provocan que cientos de profesionales estén migrando desde el Estado al ámbito privado o incluso se vayan del país.

    El mismo gobierno que promete expulsar “extranjeros” por ejercer su libertad de expresión en los hechos expulsa a muchas y muchos argentinos que fueron formados con fondos públicos en instituciones como el Instituto Balseiro o la Comisión Nacional de Energía Atómica.

    El antiargentinos Reidel ya no conduce a los asesores de su amigo Milei y en febrero último renunció a su cargo en Nucleoeléctrica . Obviamente, no fue por sus políticas que atentan contra los intereses del país. Fue cuando se supo que coordinaba a una red de funcionarios especializados en malversar fondos públicos mediante el uso de tarjetas de crédito corporativas para gastos de lujo personal como el ingreso a discotecas y hoteles cinco estrellas.

    Ahora el “candidato” al Nobel está imputado en una causa judicial que investiga el fiscal federal Ramiro González y se tramita en el juzgado federal de Comodoro Py a cargo de Daniel Rafecas. Aunque haya muy pocas expectativas de que se haga justicia, el caso está abierto.

    Milei no es el personaje Vainilla. Con su firma y la de sus empleados, él puede desatar una peligrosa caza de brujas sobre la mayoritaria parte de la población que cuestiona sus políticas. Mucho más sobre quienes, habiendo nacido o no en el país, levantan su voz ante la profunda crisis generada por esas políticas y se movilizan para enfrentarlas. Hay que frenarlos.

    Imagen creada con IA por La Izquierda Diario

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