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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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Artículos

  • Milei y Bullrich gastan millones para reprimir periodistas y jubilados que cobran la mínima

    28 de mayo, por Un gigantesco operativo — , , , , , , , , ,

    La fuerza federal golpeó y gaseó a jubilados, jubiladas, a quienes los acompañan solidariamente y a la prensa. Presente como cada miércoles, el diputado Nicolás del Caño (PTS-FITU) denunció como se reprime en las veredas y sobre la plaza, incumpliendo el protocolo que el mismo Gobierno quiere imponer.

    Cerca de las 16h, nuevamente las fuerzas represivas agredieron a las jubiladas y los jubilados que reclaman cada miércoles contra el ajuste, por un aumento de sus magros ingresos y por la restitución de la moratoria jubilados. La represión de las fuerzas federales se descargó también contra los manifestantes que acompañan a las y los adultos mayores. También, como viene ocurriendo desde hace meses, contra las y los trabajadores de prensa. Nuevamente se lanzó gas sobre los periodistas y un par de fotógrafos tuvieron que ser atendidos por la Posta de Salud.

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    La movilización está acompañada por diversos sectores y organizaciones sociales, sindicales y políticas de izquierda. Entre los sectores presentes, están los trabajadores de Industrias J.F. SECCO, dedicada a la generación de energía eléctrica, que habían iniciado con otra protesta más temprano, en la avenida 9 de Julio.

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    Presente en la movilización como cada miércoles, el diputado nacional del PTS-FITU Nicolás del Caño denunció que el Gobierno incumple su propio protocolo represivo, actuando contra los manifestantes que están en las veredas y en las plazas.

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  • Victoria Villarruel designó a exmilitar acusado de encubrir crímenes de lesa humanidad

    28 de mayo, por Ni olvido ni perdón — , , , , , , , , , , ,

    La vicepresidenta sigue dando pasos para avanzar en la impunidad de los represores de la dictadura militar, la lista es larga. El ex militar designado fue acusado de impedir el acceso al registro de nacimientos durante la última dictadura.

    Como parte del proceso de reestructuración del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel sigue generando polémica porque en las últimas horas formalizó la designación como subdirector de un sector clave de un controvertido ex militar de un área de Inteligencia que fue acusado de ordenar la destrucción de dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta, en el que se habían registrado nacimientos durante la última dictadura militar y los primeros años de la democracia.

    El reciente nombramiento de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Auditoría y Control de Gestión del Senado por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel no solo genera controversia, sino que también constituye un abierto desafío a los principios de memoria, verdad y justicia. Gestoso Presas, ex militar de Inteligencia, arrastra un pasado oscuro vinculado a intentos de encubrir delitos de lesa humanidad, específicamente la destrucción de registros históricos del Hospital Militar de Salta. Aunque sobreseído por prescripción, los hechos no pueden ser ignorados ni minimizados.

    En un país marcado por la dictadura, este tipo de decisiones son inaceptables. No solo se trata de la impunidad que siguen gozando la mayoría de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. También, particularmente, por los niños y niñas apropiados por represores durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983) de los que Gestoso Presas sería uno de los encubridores. Según la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, asciende a aproximadamente 510, de los que solo se logró, hasta diciembre de 2024, restituir la identidad de 139 de ellos . Esto significa que aún hay más de 300 personas que podrían estar viviendo sin conocer su verdadera identidad.

    Este movimiento es parte de una serie de designaciones impulsadas por Villarruel, que incluye la incorporación de otros ex militares y figuras vinculadas al aparato represivo e inteligencia. La lista es larga: Jorge Vives, coronel retirado de Inteligencia es asesor de Villarruel en temas de defensa y seguridad. Fue director de investigaciones de la Aduana en el gobierno de Mauricio Macri y quedó involucrado en la causa del falso abogado Marcelo D'Alessio; Carlos Becker Fioretti, teniente coronel retirado al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa; Marcelo Rozas Garay, coronel retirado, nombrado en la Subsecretaría de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias del Ministerio de Defensa; Claudio Gallardo, exjefe de la Agrupación de Inteligencia de Campo de Mayo y Director General de Inteligencia del Ejército en 2016, actualmente, se desempeña como asesor de Villarruel en el Senado; Jorge Domínguez ("El Potro"), exdirector de inteligencia de la Gendarmería Nacional durante el macrismo, fue acusado de espionaje ilegal en causas como la de Santiago Maldonado y en el intento de golpe en Bolivia, actualmente, trabaja como asesor de la vicepresidenta en el Senado. En relación a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Villarruel ha propuesto la incorporación de varios exmilitares retirados en áreas clave, como Producción, Planificación y Doctrina; Secretaría de Contrainteligencia; y la Escuela Nacional de Inteligencia. Estas designaciones incluyen a un subteniente retirado para el cargo de número dos de la AFI y a cuatro coroneles y un almirante retirados para distintas áreas.

    Es conocido los intentos de Milei y Villarruel de avanzar en el indulto de los genocidas que permanecen presos. Las visitas de autoridades del gobierno se han repetido, estallando en el escándalo el 11 de julio del año pasado, cuando seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron a represores condenados en el penal de Ezeiza, incluyendo a Alfredo Astiz, conocido como "el Ángel de la Muerte". La visita se realizó en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados, con la autorización del presidente de ese cuerpo, Martín Menem, y el visto bueno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

    Estas acciones generaron fuertes denuncias de parte de organismos de derechos humanos y muchísimas agrupaciones, organismos, partidos además de personalidades de la cultura que se reivindican democráticos y de izquierda. El intento de negacionismo que buscan instalar Milei y Villarruel se encontrará con una férrea oposición masiva como cada 24 de marzo. A poco de cumplir 50 años del inicio de la dictadura sigue concitando movilizaciones multitudinarias en todo el país por memoria, verdad y justicia, ratificando una y otra vez: fue genocidio y fueron 30.000 desaparecidos. Myriam Bregman, dirigente del PTS y del CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) fue una de las primeras voces que se alzó contra el negacionismo de Milei, cuando en el debate de candidatos a presidente de 2023, televisado para todo el país, y en su cara, cerró su exposición con lo que es un lema popular: son 30.000 y fue un genocidio.

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  • A un año de su partida, habrá un homenaje a Norita Cortiñas en Pompeya

    27 de mayo, por Domingo 1° de junio — , , , , , , , , , , , , , , ,

    Será desde las 16:30 en el Espacio Cultural Pompeya, que Norita defendió ante intentos de desalojo del Gobierno porteño. Habrá un festival con importantes artistas, una feria popular y una mesa en la que dialogarán referentes de la lucha por los derechos humanos. Convoca Pañuelos en Rebeldía.

    El Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía convoca a participar del Homenaje a Norita Cortiñas, la recordada y querida Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora fallecida en 2024 a los 94 años. El evento se realizará el próximo domingo 1° de junio desde las 16:30 en el Espacio Cultural Pompeya (Carlos María Ramírez 1469), sitio al que la misma Norita defendió de las amenazas de desalojo provenientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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    Habrá una “feria de la economía popular”, barra, muestra fotográfica y un festival. Además, participarán de un “diálogo sobre la memoria y los aprendizajes de Norita” referentes de la lucha por los derechos humanos como María Laura Bretal (ex detenida desaparecida e integrante de la Colectiva Feminista Las Azucenas), Ana Careaga (ex detenida desaparecida e hija de Esther Ballestrino de Careaga, Madre de Plaza de Mayo asesinada en la dictadura), Carlos “Sueco” Lordkipanidse (ex detenido desaparecido e integrante del Encuentro Militante Cachito Fuckman), Claudia Korol (Pañuelos en Rebeldía), Pablo Contreras (H.I.J.O.S. Zona Oeste) y Adriana Leiva (Archivo Popular por la Memoria).

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    A partir de las 19 dará comienzo el Festival por la Memoria ¡Celebrándote Norita! con la actuación de Liliana Herrero, Luciana Jury, Pedro Rossi, Varón Fernández, Malena DAlessio, Pezones Cardozo y Eco Ilógico , con lecturas de poesía a cargo de la locutora y activista Liliana Daunes.

    Foto Enfoque Rojo

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  • El Gobierno de Milei quiere perseguir aún más a opositores a través de la SIDE

    26 de mayo, por Casta brava — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    La Libertad Avanza intenta negar información precisa sobre el nuevo Plan de Inteligencia Nacional. Pero en lugar de aclarar, sigue oscureciendo. Milei, Caputo y Adorni atacan con fake news cuando se los descubre in fraganti. ¿El Gobierno mandó a hackerar las cuentas Hugo Alconcada Mon, el periodista que sacó a la luz el documento secreto?

    Este domingo Hugo Alconada Mon publicó en La Nación una denuncia sobre el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con confirmación de distintas fuentes y extractos de un documento secreto de 170 páginas al que accedió el periodista, la información difundida reviste suma gravedad y motivó que, en pocas horas, desde la propia Casa Rosada intentaran negar lo que salió a la luz. Como se sabe, lo que el Gobierno de Javier Milei niega, suele ser real.

    A través de la cuenta de X de la llamada Oficina del Presidente, el Gobierno difundió su “desmentida” en la tarde del domingo. Buscaba desautorizar las “versiones periodísticas” y aseguró que “este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”. Lógicamente, Milei lo retuiteó y le agregó: “EL PERIODISMO (90%) Los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad. Fin”.

    Como se sabe, la SIDE está conducida por Sergio Neiffert, un alfil del matón presidencial y vértice del triángulo gubernamental Santiago Caputo.

    ¿Qué dice el documento secreto?

    El Plan de Inteligencia Nacional firmado por Neiffert y sus espías marca la línea de acción de la SIDE para “los próximos años”, según afirma Alconada Mon, para quien el documento secreto de 170 páginas está plagado de “generalidades, zonas grises y ambigüedades”.

    Además de definiciones sobre “prevención del terrorismo” o “lucha contra el crimen organizado”, el PIN “entreabre la puerta a tareas de espionaje interno que podría recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o al gobierno nacional”.

    Según la investigación publicada en La Nación, la SIDE “dispone de la facultad de recabar información de todos aquellos que busquen ‘erosionar' la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios” de las áreas de Seguridad y Defensa. En ese sentido, el documento secreto es ambiguo ya que no precisa “si alude a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionen los operativos de la ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados”.

    A su vez la SIDE define que se concentrará en espiar a los “actores” que, según la visión oficial, generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno. Algo así como hacer espionaje y reunir información sobre gran parte de la sociedad que, cada vez más, sufre las graves consecuencias del plan libertariano, enfocado en beneficiar a los sectores más concentrados del poder económico nacional y multinacional.

    El documento secreto analizado por Alconada Mon “también define como sujeto de interés de la SIDE a todos aquellos que puedan ‘manipular' a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la ‘desinformación'”. El periodista se pregunta con ironía si los mandamases de la SIDE quedan así “habilitados a reunir información sobre los ‘influencers' libertarios e incluso funcionarios de la Casa Rosada como Juan Pablo Carreira que en plena veda electoral difundieron videos en las redes sociales contra el expresidente Mauricio Macri”.

    En esa senda, el Gobierno da un paso más en su intento de amedrentar todo tipo de oposición o disidencia respecto a sus políticas de ajuste, miseria y hambre. “El documento enuncia como foco de interés a quienes promuevan la ‘distorsión' de la ‘percepción' y afecten los procesos ‘cognitivos' de la opinión pública. Por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial”, detalla Alconada. Un verdadero catálogo de estalinismo argento.

    Monos con navaja

    Según consigna el periodista, antes de que se publicara la nota dominical el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado sobre este tema por La Nación. Él pidió “que se le enviaran las preguntas por escrito”, pero nunca mandó las respuestas. Sin embargo, menos de un día después de publicada la denuncia, Adorni redactó un “descargo” insuficiente y poco creíble, publicado desde la cuenta de la espectral Oficina del Presidente.

    Sin responderle al cronista que firma la denuncia, en apenas tres párrafos el Gobierno buscó desacreditar lo que destacó en su portada del domingo una de las empresas periodísticas más grandes del país. Empresa que, como todo el mundo sabe, hace todos sus esfuerzos para sostener al propio gobierno de Milei desde el principio de su mandato, colaboró invalorablemente con su campaña electoral previa y comparte muchos intereses de clase con la gestión liberfacha.

    Por si fuera poco, en el anochecer del domingo Alconada Mon denunció que “hackers han intentado tomar el control” de sus cuentas de WhatsApp y de X. “Por ahora no lo han logrado”, decía al tiempo que pedía que se retuiteara el hecho. Es altamente probable que detrás de ese intento de hackeo esté la propia SIDE, a quien Milei, Caputo, Neiffert o alguien más le habrá pedido actuar ante el desenmascaramiento del PIN.

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    Como lo informamos hace poco más de dos semanas, LLA acaba de sumar $ 25.000 millones al presupuesto de la SIDE en calidad de “fondos extra”. De esa fortuna, un tercio es para “gastos reservados”. Como el financiamiento de hackers o creadores de contenidos falsos que luego se viralizan a través de las cuentas del espectro libertariano.

    Decíamos a su vez que, como históricamente hicieron todos los gobiernos, esos fondos nunca son para alguna causa relacionada con la “soberanía nacional” sino para financiar campañas favorables al oficialismo y armar operetas contra quienes se oponen. Sobre todo si esa oposición viene desde la clase trabajadora y los sectores populares. Y más aún si se manifiesta masivamente en las calles.

    Ya te contamos muchas veces (como acá, acá, acá o acá) por qué los servicios de inteligencia, más que los “sótanos” o las “cloacas” del Estado capitalista, en verdad forman parte de sus “cimientos”. Lejos de cambiar en algo, la llegada de Milei al poder reforzó esa condición de los servicios de inteligencia. Quienes llegaron a la Casa Rosada con el chamuyo de la “honestidad” y la supuesta “lucha contra la casta”, una vez más dejan en claro para quiénes y para qué modelo de sociedad gobiernan. Hay que organizarse desde abajo, movilizarse masivamente y luchar con decisión hasta derrotar su nefasto plan.

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  • Chaco: procesan a exintegrantes de la Policía y el Ejército por crímenes entre 1974 y 1977

    25 de mayo, por Lesa humanidad — , , , , , , , , , , , , , , ,

    Son once los represores procesados en la causa conocida como "Caballero IV". Se trata de la quinta investigación judicial en la provincia, donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad en la Brigada de Investigaciones, el principal Centro Clandestino de la provincia, como así también en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7.

    El pasado 12 de mayo la Cámara Federal de Resistencia, integrado por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, confirmó el procesamiento de once exoficiales y exsuboficiales de la policía provincial y el Ejército al ser imputados por delitos de lesa humanidad contra víctimas, en el marco de la denominada causa “Caballero IV”.

    Los acusados son los extenientes coronel Aldo Martínez Segón y Tadeo Betolli y al exteniente primero Alberto Patteta, pertenecientes al Ejército Argentino; al excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, al exsuboficial mayor Gabino Manader, al exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, al exsargento José Marín y al exagente Emilio Zárate, quienes integraban la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco, junto al agente Ignacio López del área de Comunicaciones. También procesó al oficial de la Alcaidía policial Juan Ramón Rodríguez Valiente y al exalcalde y jefe de guardia de la U7 de Resistencia, Pablo Cesar Casco.

    Se trata de la quinta investigación judicial donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1974 a 1977 en la Brigada de Investigaciones -el principal centro clandestino que funcionó en la provincia de Chaco y donde en la actualidad funciona la Casa por la Memoria-, como así también en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7.

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    En la causa Caballero IV hay 23 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, todos ellos con militancia social en colegios, facultades, parroquias y barrios, así como también en Ligas Agrarias y en agrupaciones como la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

    Las víctimas fueron secuestradas en el marco de operativos de fuerzas conjuntas del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego fueron llevadas al Centro Clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones y después trasladadas a la Alcaidía Policial y a la Cárcel Federal U7.

    El fallo de las camaristas Roció Alcalá y Patricia García confirmó los procesamientos que habían sido dictados el 30 de diciembre pasado por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.

    ¿Cuál es la situación de los imputados? Tanto Ibarra como Marín cumplen prisión preventiva en la cárcel federal U7. En los casos de López, Zárate y Juan Ramón Rodríguez Valiente el Poder Judicial les otorgó el privilegio de la prisión domiciliaria. Manader, Rodríguez Valiente, Martínez Segón, Patetta y Betolli continuarán cumpliendo la prisión preventiva con modalidad de arresto domiciliario por condenas por otros hechos similares y Pablo Casco se encuentra excarcelado. En la misma resolución fueron revocadas las faltas de mérito de los imputados Ignacio López y Humberto Maidana, para quienes ordenaron una nueva resolución.

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    Para las juezas, todos los testimonios de las víctimas y familiares “adquieren singular importancia ya que fueron protagonistas de los sucesos, sin perjuicio de su confrontación con otras declaraciones obrantes y con documentación que ilustra sobre la modalidad represiva imperante en la época”. Afirman que dichas declaraciones “resultan contundentes y verosímiles en lo que respecta a las condiciones de detención en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía Provincial, la identificación y el estado físico de los detenidos, los tratos recibidos y especialmente, la individualización de los presuntos responsables”.

    Así mismo sostuvieron que “puede colegirse el modus operandi de algunos funcionarios policiales y militares intervinientes, quienes ejecutaban procedimientos violentos como parte de un plan sistemático dirigido a la población civil a efectos de obtener información respecto de otros objetivos, lo que permite encuadrar jurídicamente sus conductas dentro de los tipos penales atribuidos, considerados como "delitos de lesa humanidad”.

    A pesar del desarrollo a cuentagotas de los procesos judiciales contra todos los que fueron parte de la dictadura y la complicidad de todos los gobiernos que no han abierto los archivos, a casi 50 años de los hechos, seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los culpables.

    ¡Cárcel común, perpetua y efectiva!

    ¡30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, presente!

    ¡Fue Genocidio!

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