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Secundaria 20 de Gral. San Martín - Lo que los punitivistas no se preguntan
31 de marzo — Juventud, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Juventud, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas
¿Cómo falló un sistema social y económico en donde un joven de 16 años puede acceder a un arma? ¿Qué se puede esperar de un sistema que defiende en mayor o menor medida la meritocracia y tiene poco para ofrecerle a la juventud?
A partir de los hechos ocurridos en la secundaria 20 de Gral San Martín, traemos a la palestra el inicio de un gran debate que nos debemos como sociedad y como educadores para poder explicar y entender este fenómeno. La naturalización de la pobreza, la falta de recursos y la precariedad laboral se une con la falta de inversión en educación, espacios recreativos y formativos.
El pasado viernes 21 de marzo, se viralizaron imágenes filmadas frente a la municipalidad de Gral. San Martín donde un estudiante menor de edad amenazaba a otro con un arma de fuego. Todo empezó con una riña frente a la E.E.S. N° 20 "EEUU" y continuó hasta llegar a metros de la Municipalidad. El hecho nos obliga a reflexionar profundamente sobre las causas que conducen a que los adolescentes vivan estas realidades. Frente a esto, la escuela solo resolvió al día siguiente de los acontecimientos, meter la policía en el aula y requisar menores de edad.
La escuela esquiva el debate, los sectores reaccionarios también
Sin suspensión de clases para organizar seriamente un profundo debate involucrando e interpelando alumnos, docentes y las familias, a la fecha todo sigue como si no hubiese ocurrido nada.
Tras más de una semana de los hechos la escuela emite un comunicado para los docentes por whatsapp, sin ninguna firma, en el que menciona reuniones privadas solo con las familias de los estudiantes implicados, jornadas de convivencia y talleres para “algunos cursos”. Luego, siguiendo esta línea, en otro comunicado propone reunión “para establecer un buen clima escolar” sin suspensión de clases y fuera del horario escolar para el viernes 4 con un participación limitada a 5 preceptores, 10 profesores, equipo de orientación, 2 auxiliares y personal jerárquico.
Sin embargo, un debate es necesario y urgente, son diversos los factores que contribuyen a que la problemática de las peleas entre pibes y pibas sea un emergente con el que conviven tanto los docentes como las familias. Quienes parecen no querer verlo, además de la escuela, son los sectores reaccionarios quienes aprovechan para pedir por la bajada en la edad de imputabilidad, más policía y cárcel.
En un año electoral, es muy sencillo interpelar votantes sembrando el sentido común de que más policía significa más seguridad. Más sencillo que cuestionar un sistema al que defienden a capa y espada, aunque sea inútil para solucionar los problemas sociales y que de hecho, los potencia.
Para la educación NO HAY PLATA
Quienes tienen la responsabilidad política de que estos hechos no ocurran, ni se molestan en siquiera destinar fondos para aplicarles el “parche” de las políticas públicas. Mientras desde el gobierno de Milei se destinan nuestros recursos para pagar al FMI, beneficiar empresarios y fortalecer policías y cárceles, Axel Kicillof se suma también a la motosierra. Habría que preguntarle al gobernador Kicillof y al ministro de Educación: ¿realmente piensan que la policía en las aulas va a ser la solución? Una posible respuesta a este interrogante es que Kicillof, mientras ajusta en educación, reparte $ 1.700 millones para patrulleros y balas.
Te puede interesar: Mientras-ajusta-en-educacion-Kicillof-reparte-1-700-millones-para-patrulleros-y-balas
kicillof o cualquier partido patronal son meros sostenedores de un régimen social degradante que aplica sobre la docencia y la juventud políticas de cohersión y, a lo sumo, de contención.
La situación en el aula
Las escuelas públicas están en crisis. Las olas de calor dejan en evidencia la falta de infraestructura adecuada: en las oficinas ministeriales hay aire acondicionado, pero en las aulas los estudiantes están sometidos a temperaturas insoportables. La falta de insumos, la precarización del salario docente y las reformas curriculares impuestas sin consulta agravan la situación.
Hay que mencionar que los docentes han alertado en reiteradas ocasiones sobre conflictos que afectan la construcción de identidades y la escolaridad, y han solicitado herramientas para abordarlos sin recibir respuestas. Desde provincia, la “guía” para intervenir en situaciones de riesgo, es altamente punitiva y habilita el ingreso de la policía al aula. ¿Qué es lo que la guía de Kicillof resuelve con todo esto?
Al mismo tiempo, los bajos salarios, con aumentos como el último de un 2% para abril en provincia, afectan la salud y la calidad de vida de los docentes porque el salario de un cargo se mantiene bajo la línea de pobreza, pero también afecta la calidad educativa. Los educadores deben trabajar 3 turnos para subsistir y a esto se suma una feroz persecución con auditorías por el sistema de licencias médicas y la implementación de reformas en el régimen académico. Reforma que se resolvió sin la participación activa del cuerpo docente y que su implementación demanda dividir tiempos y atención entre variados grupos de estudiantes, el curso, recursantes y los que intensifican. La cuenta es sencilla, hay docentes precarizados y sobreexplotados, mientras tanto, se siguen ignorando los problemas reales que enfrentamos en las calles y en las aulas.
¿Qué rol jugó la burocracia sindical?
Los gremios se presentaron el día viernes junto con los inspectores. Si bien hubo representantes por SUTEBA, FEB y UDOCBA, ninguno presionó a los inspectores para que faciliten la participación de los docentes en un gran debate para abordar el tema.
También es necesario señalar que junto a la precariedad de los salarios docentes, los ajustes en la educación, la persecución por las licencias médicas y el caos del nuevo régimen educativo, la burocracia sindical también dejó pasar desde el 2023 la guía de intervención para situaciones de violencia que permitió el ingreso de la policía al aula que, más allá de ser tácticamente punitivista, tiene un rol estratégico, que es dejar pasar el ajuste, a pedido del FMI y el gobierno, a pesar de su retórica, y tiene consecuencias concretas muy graves, como la carestía de vida que dificulta el sustento de las personas, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y estudio, y un largo etc.
El sindicato es una oficina más del gobierno que dictamina la pauta salarial y administra las consecuencias del ajuste en el mejor de los casos.Acceso a armas y convivencia policial
La facilidad con la que un adolescente puede acceder a un arma de fuego es alarmante. Existen pruebas de la complicidad entre fuerzas policiales y el delito organizado facilitando el tráfico de armas. Es urgente investigar y desarticular estas redes para garantizar la seguridad de nuestra juventud. Ya lo hemos visto durante décadas: los grandes delitos como la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas, cuentan con la complicidad de la policía. La represión en las protestas sociales en donde por ejemplo, golpean y gasean a nuestros jubilados y los casos como el de Luciano Arruga, obligado a robar para la policía antes de su desaparición, nos muestran el verdadero rol de las fuerzas de seguridad.
¿Hay futuro para la juventud? Cuestionemos algunos de los problemas estructurales
Muchos padres y madres deben trabajar jornadas extenuantes en empleos precarios, lo que limita su tiempo de acompañamiento a sus hijos y les imposibilita muchas veces brindarles una alimentación adecuada. Si a esto sumamos la falta de espacios recreativos y de formación, los jóvenes quedan más expuestos a situaciones de violencia y vulnerabilidad.El futuro que les propone este sistema a nuestros jóvenes no es mucho mejor que el de sus padres. El del trabajo precario y no registrado, el de las APPs, sin ningún tipo de derecho laboral y encima, por un salario mínimo que no les permite ahorrar, apenas sobrevivir para volver al día siguiente, es desalentador para los jóvenes. Un futuro en el que les roban todo el tiempo del día para el estudio, descanso y ocio.
Te puede interesar: Las medidas que hacen mal. Niñeces, recortes y censuras
Impacto de las políticas de ajuste
Las políticas de ajuste impuestas por el FMI han agravado las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Mientras se reduce el gasto social, Milei impulsa una campaña para bajar la edad de imputabilidad, trasladando la responsabilidad del Estado a la criminalización de la juventud.
¿Pretenden que la cárcel sea la nueva escuela? Si no hay organización para enfrentar el ajuste, si no nos cuestionamos los problemas de fondo de este sistema, no va a haber nunca una salida.
Exigimos aumento del presupuesto educativo y de infraestructura escolar, junto con salarios dignos para docentes y trabajadores de la educación. Es imprescindible una inversión en clubes deportivos y espacios culturales gratuitos para niños y adolescentes, garantizando alternativas formativas y recreativas que contribuyan a su desarrollo integral.Las políticas públicas deben abordar la violencia juvenil desde la prevención y la inclusión, no desde la criminalización y el castigo. La plata está. Rechazamos que se destine a pagar una deuda ilegítima mientras la educación pública se desmorona y nuestros jóvenes quedan expuestos a la violencia. Necesitamos un cambio de rumbo urgente.
La solución no vendrá sin un cuestionamiento radical a esta sociedad de clases y en ese sentido las herramientas políticas de organización de la clase trabajadora y la juventud son muy importantes. No es lo mismo que en una escuela haya centro de estudiantes a que no lo haya. Tampoco que la docencia tenga sindicatos democráticos que promuevan foros abiertos de discusión, asambleas participativas, que convoquen a las familias y a la juventud a politizar todos los problemas.
El debate recién comienza, mientras tanto, llamamos a la autoorganización desde abajo, junto a los estudiantes y las familias.
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Lo que los punitivistas no se preguntan sobre los hechos en la secundaria 20 de San Martín
31 de marzo, por Zona Norte GBA — Juventud, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Juventud, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas
¿Cómo falló un sistema social y económico en donde un joven de 16 años puede acceder a un arma? ¿Qué se puede esperar de un sistema que defiende en mayor o menor medida la meritocracia y tiene poco para ofrecerle a la juventud?
A partir de los hechos ocurridos en la secundaria 20 de Gral San Martín, traemos a la palestra el inicio de un gran debate que nos debemos como sociedad y como educadores para poder explicar y entender este fenómeno. La naturalización de la pobreza, la falta de recursos y la precariedad laboral se une con la falta de inversión en educación, espacios recreativos y formativos.
El pasado viernes 21 de marzo, se viralizaron imágenes filmadas frente a la municipalidad de Gral. San Martín donde un estudiante menor de edad amenazaba a otro con un arma de fuego. Todo empezó con una riña frente a la E.E.S. N° 20 "EEUU" y continuó hasta llegar a metros de la Municipalidad. El hecho nos obliga a reflexionar profundamente sobre las causas que conducen a que los adolescentes vivan estas realidades. Frente a esto, la escuela solo resolvió al día siguiente de los acontecimientos, meter la policía en el aula y requisar menores de edad.
La escuela esquiva el debate, los sectores reaccionarios también
Sin suspensión de clases para organizar seriamente un profundo debate involucrando e interpelando alumnos, docentes y las familias, a la fecha todo sigue como si no hubiese ocurrido nada.
Tras más de una semana de los hechos la escuela emite un comunicado para los docentes por whatsapp, sin ninguna firma, en el que menciona reuniones privadas solo con las familias de los estudiantes implicados, jornadas de convivencia y talleres para “algunos cursos”. Luego, siguiendo esta línea, en otro comunicado propone reunión “para establecer un buen clima escolar” sin suspensión de clases y fuera del horario escolar para el viernes 4 con un participación limitada a 5 preceptores, 10 profesores, equipo de orientación, 2 auxiliares y personal jerárquico.
Sin embargo, un debate es necesario y urgente, son diversos los factores que contribuyen a que la problemática de las peleas entre pibes y pibas sea un emergente con el que conviven tanto los docentes como las familias. Quienes parecen no querer verlo, además de la escuela, son los sectores reaccionarios quienes aprovechan para pedir por la bajada en la edad de imputabilidad, más policía y cárcel.
En un año electoral, es muy sencillo interpelar votantes sembrando el sentido común de que más policía significa más seguridad. Más sencillo que cuestionar un sistema al que defienden a capa y espada, aunque sea inútil para solucionar los problemas sociales y que de hecho, los potencia.
Para la educación NO HAY PLATA
Quienes tienen la responsabilidad política de que estos hechos no ocurran, ni se molestan en siquiera destinar fondos para aplicarles el “parche” de las políticas públicas. Mientras desde el gobierno de Milei se destinan nuestros recursos para pagar al FMI, beneficiar empresarios y fortalecer policías y cárceles, Axel Kicillof se suma también a la motosierra. Habría que preguntarle al gobernador Kicillof y al ministro de Educación: ¿realmente piensan que la policía en las aulas va a ser la solución? Una posible respuesta a este interrogante es que Kicillof, mientras ajusta en educación, reparte $ 1.700 millones para patrulleros y balas. Kicillof o cualquier partido patronal son meros sostenedores de un régimen social degradante que aplica sobre la docencia y la juventud políticas de cohersión y, a lo sumo, de contención.
La situación en el aula
Las escuelas públicas están en crisis. Las olas de calor dejan en evidencia la falta de infraestructura adecuada: en las oficinas ministeriales hay aire acondicionado, pero en las aulas los estudiantes están sometidos a temperaturas insoportables. La falta de insumos, la precarización del salario docente y las reformas curriculares impuestas sin consulta agravan la situación.
Hay que mencionar que los docentes han alertado en reiteradas ocasiones sobre conflictos que afectan la construcción de identidades y la escolaridad, y han solicitado herramientas para abordarlos sin recibir respuestas. Desde provincia, la “guía” para intervenir en situaciones de riesgo, es altamente punitiva y habilita el ingreso de la policía al aula. ¿Qué es lo que la guía de Kicillof resuelve con todo esto?
Al mismo tiempo, los bajos salarios, con aumentos como el último de un 2% para abril en provincia, afectan la salud y la calidad de vida de los docentes porque el salario de un cargo se mantiene bajo la línea de pobreza, pero también afecta la calidad educativa. Los educadores deben trabajar 3 turnos para subsistir y a esto se suma una feroz persecución con auditorías por el sistema de licencias médicas y la implementación de reformas en el régimen académico. Reforma que se resolvió sin la participación activa del cuerpo docente y que su implementación demanda dividir tiempos y atención entre variados grupos de estudiantes, el curso, recursantes y los que intensifican. La cuenta es sencilla, hay docentes precarizados y sobreexplotados, mientras tanto, se siguen ignorando los problemas reales que enfrentamos en las calles y en las aulas.
Te puede interesar: Mientras ajusta en educación, Kicillof reparte $ 1.700 millones para patrulleros y balas
¿Qué rol jugó la burocracia sindical?
Los gremios se presentaron el día viernes junto con los inspectores. Si bien hubo representantes por SUTEBA, FEB y UDOCBA, ninguno presionó a los inspectores para que faciliten la participación de los docentes en un gran debate para abordar el tema.
También es necesario señalar que junto a la precariedad de los salarios docentes, los ajustes en la educación, la persecución por las licencias médicas y el caos del nuevo régimen educativo, la burocracia sindical también dejó pasar desde el 2023 la guía de intervención para situaciones de violencia que permitió el ingreso de la policía al aula que, más allá de ser tácticamente punitivista, tiene un rol estratégico, que es dejar pasar el ajuste, a pedido del FMI y el gobierno, a pesar de su retórica, y tiene consecuencias concretas muy graves, como la carestía de vida que dificulta el sustento de las personas, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y estudio, y un largo etc.
El sindicato es una oficina más del gobierno que dictamina la pauta salarial y administra las consecuencias del ajuste en el mejor de los casos.Acceso a armas y convivencia policial
La facilidad con la que un adolescente puede acceder a un arma de fuego es alarmante. Existen pruebas de la complicidad entre fuerzas policiales y el delito organizado facilitando el tráfico de armas. Es urgente investigar y desarticular estas redes para garantizar la seguridad de nuestra juventud. Ya lo hemos visto durante décadas: los grandes delitos como la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas, cuentan con la complicidad de la policía. La represión en las protestas sociales en donde por ejemplo, golpean y gasean a nuestros jubilados y los casos como el de Luciano Arruga, obligado a robar para la policía antes de su desaparición, nos muestran el verdadero rol de las fuerzas de seguridad.
¿Hay futuro para la juventud? Cuestionemos algunos de los problemas estructurales
Muchos padres y madres deben trabajar jornadas extenuantes en empleos precarios, lo que limita su tiempo de acompañamiento a sus hijos y les imposibilita muchas veces brindarles una alimentación adecuada. Si a esto sumamos la falta de espacios recreativos y de formación, los jóvenes quedan más expuestos a situaciones de violencia y vulnerabilidad.El futuro que les propone este sistema a nuestros jóvenes no es mucho mejor que el de sus padres. El del trabajo precario y no registrado, el de las APPs, sin ningún tipo de derecho laboral y encima, por un salario mínimo que no les permite ahorrar, apenas sobrevivir para volver al día siguiente, es desalentador para los jóvenes. Un futuro en el que les roban todo el tiempo del día para el estudio, descanso y ocio.
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Impacto de las políticas de ajuste
Las políticas de ajuste impuestas por el FMI han agravado las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Mientras se reduce el gasto social, Milei impulsa una campaña para bajar la edad de imputabilidad, trasladando la responsabilidad del Estado a la criminalización de la juventud.
¿Pretenden que la cárcel sea la nueva escuela? Si no hay organización para enfrentar el ajuste, si no nos cuestionamos los problemas de fondo de este sistema, no va a haber nunca una salida.
Exigimos aumento del presupuesto educativo y de infraestructura escolar, junto con salarios dignos para docentes y trabajadores de la educación. Es imprescindible una inversión en clubes deportivos y espacios culturales gratuitos para niños y adolescentes, garantizando alternativas formativas y recreativas que contribuyan a su desarrollo integral.Las políticas públicas deben abordar la violencia juvenil desde la prevención y la inclusión, no desde la criminalización y el castigo. La plata está. Rechazamos que se destine a pagar una deuda ilegítima mientras la educación pública se desmorona y nuestros jóvenes quedan expuestos a la violencia. Necesitamos un cambio de rumbo urgente.
La solución no vendrá sin un cuestionamiento radical a esta sociedad de clases y en ese sentido las herramientas políticas de organización de la clase trabajadora y la juventud son muy importantes. No es lo mismo que en una escuela haya centro de estudiantes a que no lo haya. Tampoco que la docencia tenga sindicatos democráticos que promuevan foros abiertos de discusión, asambleas participativas, que convoquen a las familias y a la juventud a politizar todos los problemas.
El debate recién comienza, mientras tanto, llamamos a la autoorganización desde abajo, junto a los estudiantes y las familias.
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El CEPRODH llega a la UNPAZ: Un espacio para la reflexión y la acción en defensa de los derechos humanos
31 de marzo — Juventud, Universidad, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Juventud, Universidad, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), organización que cuenta con la participación activa de la destacada abogada y defensora de derechos humanos Myriam Bregman, llega a la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), con el objetivo de promover la reflexión y sumarse a la lucha en defensa de los derechos humanos.
Comunicado:
Somos un organismo que agrupa a profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, como también voluntarixs y activistas por los DDHH, que ponemos a disposición nuestros conocimientos y herramientas en favor de las luchas y reclamos del pueblo trabajador.
Fundado en 1997 en respuesta a la represión de ese entonces de los movimientos de desocupados, la persecución y hostigamiento institucional hacia la juventud, defendiendo a los detenidxs por protestar. Fuimos querellantes en las causas contra los genocidas por delitos de lesa humanidad. Myriam Bregman, una de sus fundadoras, fue defensora de Julio López y cumplió junto a otros compañeros abogados un rol importante en el juicio contra Miguel Etchezolatz.
Desde el CeProDH, fuimos los abogados y aportamos en la lucha de los trabajadorxs de fábricas recuperadas como Zanón, Bruckman y más recientemente de Madygraf (fabrica bajo gestión obrera de zona norte de Bs. As.). Acompañamos y asesoramos a trabajadores que se quieren organizar en sus lugares de trabajo de forma independiente y democrática. Hemos presentado amparos con éxito contra los tarifazos del subte, denunciamos al gobierno de la ciudad de Larreta y Macri por los alimentos en mal estado que entregaban en las escuelas. También realizamos colaboraciones y aportes a reclamos de viviendas, en contra de los delitos contra la ecología.
Estamos en cada una de las movilizaciones contra el ajuste de Milei, presentando en la Justicia, habeas corpus, amparos y colaborando también con la liberación de los detenidos por luchar.
Nos organizamos en los lugares de estudio y con profesionales, voluntarixs y activistas, hacemos capacitaciones e intervenimos actualmente con la nueva ley de base estamos impulsando la campaña contra los despidos discriminatorios en Shell, Volkswagen, Pilkington, P&G, Hospital Posadas, Subte, Cencosud entre otros. A lo largo de los años, logramos reincorporaciones de centenares de trabajadores ilegítimamente despedidos. Esto lo hacemos porque consideramos que los trabajadores son el motor de cambio que necesita hoy en día la sociedad.¡Integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y gritamos bien fuerte que son 30.000!
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Estamos convencidxs que a Milei y a sus cómplices, y toda la política que impulsa el FMI de ajuste y represión, la vamos a combatir con organización. Contra la indiferencia, construimos lazos solidarios, creyendo en una salida colectiva y desde abajo. La pelea es grande, y tu aporte es valioso desde donde unx pueda ser parte hace a la diferencia.
¡Sumate a poner tus conocimientos al servicio de que nuestras luchas!
Si queres conocernos más, completa el formulario y nos pondremos en contacto.
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Urgente: fiscal pide la detención de Federico Soria por las movilizaciones contra la minera San Jorge
31 de marzo, por Gravísima persecución — Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Extractivismo, Persecución política, Política, Mendoza, Libertades Democráticas, Extractivismo, Persecución política
Tras la audiencia de esta mañana, el referente de las asambleas por el agua quedó detenido en el marco de la causa que impulsa el Gobierno de Mendoza contra quienes se movilizaron en Uspallata contra la minera San Jorge. La detención de Soria se suma a la de Mauricio Cornejo, quien se encuentra con prisión domiciliaria.
Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ
En la audiencia de esta mañana desarrollada en el Polo Judicial de Mendoza, el fiscal de la causa pidió la detención de Federico Soria, reconocido referente de las Asambleas por el Agua Pura, quien quedó detenido en el momento a la espera de una nueva audiencia.
Esta nueva detención, que se suma a la de Mauricio Cornejo, es una escandalosa persecución política contra el pueblo de Uspallata, que se movilizó de manera masiva contra la reactivación de la minera San Jorge desde principios de año.
A ambos les imputan, bajo el Artículo 213 bis del código penal, una figura que no se utiliza desde la última dictadura militar: de formar parte de una “agrupación que intenta imponer sus ideas o combatir las ajenas por medio de la violencia o el terror”. Un gravísimo salto en la criminalización de la protesta que no podemos permitir.
Mauricio Cornejo se encuentra con prisión domiciliaria, luego de haber estado 21 días detenido en el Polo Judicial en pésimas condiciones de salud. El traslado a su domicilio se conquistó luego de reiteradas movilizaciones al juzgado y por recomendaciones médicas, dado que Mauricio había sido recientemente operado de la clavícula y de los dedos del pie.
Previo a la audiencia, había circulado por WhatsApp un audio de Soria, donde denunciaba que "corporaciones, Gobierno y municipio nos persiguen por decirle no a Minera San Jorge y sí al área natural protegida Upallata Polvaredas. A través de una causa armada pretenden acusarnos y privarnos ilegítimamente de la libertad a Mauricio Cornejo y a mí por delitos que no hemos cometido, a partir de una denuncia falsa del señor Edgardo Vera, sin pruebas ni testigos, con cuatro declaraciones contradictorias entre sí y un atentado incendiario de bandera falsa en el medio, causa armada por el gobierno de Mendoza. Por cuenta y orden de Minera San Jorge y su dueña, Soulwide Holding, empresa offshore radicada en paraísos fiscales, acusada de sobornos, contaminación, persecución, violaciones a los derechos humanos y asesinatos en todas las partes del mundo a donde ha impuesto la megaminería mediante la violencia y el miedo".
Fede Soria y Mauricio Cornejo integran las Asambleas por el Agua de #Mendoza
Hoy están en prisión por orden del autoritario Gobernador Alfredo Cornejo que busca imponer la Megaminería infundiendo terror en la gente con cárcel a quienes protesten. Libertad para Fede y Mauricio YA! pic.twitter.com/VESG0E2aaQ— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) March 31, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>"Ha llegado el momento de luchar, pero posta por el área protegida, porque definitivamente con esa figura legal propuesta por nuestra asamblea, se le sacaba el negocio a estos tipos que pretenden imponer la megaminería con mano dura, como hacían con sus ideas fascistas los gobernantes de la dictadura. Luchen por la preservación del agua y el territorio, no caigan en la conspiranoia y en la posverdad. No suscriban ideas que no surjan de la comunidad local. No dejen nunca de analizar todas las cosas y los hechos con pensamiento crítico, enfoque multidisciplinario y cosmovisión ancestral. Y sobre todo no dejen nunca de ser ustedes. Les mando un abrazo fraterno e incondicional a todas y todos, los extraño. Extraño Payata, espero pronto poder estar allí con ustedes cuando todo esto termine, que será más temprano que tarde sin retorno. No a Minera San Jorge, sí al área natural protegida Upallata, Polvaredas", continuaba la denuncia de Soria.
Por su parte, desde las Asambleas por el Agua denunciaron que “Mendoza revivió el terrorismo de estado”. Para este martes, convocaron a un ruidazo en el KM0 desde las 19Hs para rechazar este nuevo atropello contra quienes defienden el agua y los bienes comunes naturales de nuestra provincia.
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El 24 de marzo Agustín Laje y el gobierno le mintieron a todo el país
31 de marzo, por Escándalo — Política, Libertades Democráticas, Megajuicio La Perla- Campo de La Rivera, 24 de Marzo, La Perla, Genocidas, Javier Milei, Agustín Laje, Política, Libertades Democráticas, Megajuicio La Perla- Campo de La Rivera, 24 de Marzo, La Perla, Genocidas, Javier Milei, Agustín Laje
Laje cobró notoriedad este 24 de marzo por un video suyo emitido por el gobierno. Según él la memoria “no estaba completa”, lo que es seguro que ocultó la suya. Acá te la contamos.
El 24 de marzo el gobierno difundió un video institucional por el Día de la Memoria donde Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro y fiel aliado al gobierno, repasa la historia del período contando su versión de los 70 para concluir la consabida defensa acérrima de la dictadura militar.
‘Yo no lo viví' parece ser el justificativo de Agustín Laje para dar a entender que su video de la contramemoria goza de absoluta imparcialidad. Ni terrorista ni militar. ‘Joven Argentino' que se define como escritor, investigador, conferencista, politólogo.
El video arranca contando que su búsqueda fue completamente inocente, “Nací en 1989, soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica, que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad con fines partidarios, ideológicos y económicos”.
La información brindada en la página de la Casa Rosada, y difundida en las redes, refuerza esta versión biográfica: “El adoctrinamiento que recibió en la escuela y la censura que experimentó en su aprendizaje lo llevaron a buscar más allá de lo que le enseñaron, y contra muchos obstáculos, hoy puede contar la historia completa”. Laje que se pinta como un joven bueno e inquieto completa el montaje diciendo que: “Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen”.
Pero el pasado de Laje no es rosa sino negro. Su representación es pura sanata. Laje mintió ante todo el país. Su verdadera biografía lo une por lazos de sangre, en Córdoba su provincia natal, con el genocida y torturador teniente coronel Raúl Eduardo Fierro, alias “El francés”. Hermano de su abuela, Fierro ocupó la jefatura de Inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército desde 1975, IV Brigada de Infantería Aerotransportada y se decía mano derecha del general Luciano Benjamín Menéndez. El represor fue condenado –junto con los genocidas Jorge Rafael Videla y Menéndez– por delitos de lesa humanidad, en su caso, por los crímenes de 30 detenidos, por el tormento seguido de muerte de una víctima y por las torturas a 32 presos políticos –entre ellos, a prisioneros en "La Perla" y "La Ribera". En este último C.C.D. torturó al padre Weeks y a cinco seminaristas, entre otros.
Fuente: El cohete a la luna Fierro fue detenido en 2008 –murió 8 años después–, cuando Laje tenía 17 años y comenzaba sus estudios universitarios en el Instituto Universitario Aeronáutico, organismo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Obsesionado con la defensa a los militares, el joven progenocida con 22 años publicó Los mitos setentistas: Mentiras fundamentales sobre la década del 70, y consiguió una beca para estudiar "Estrategias Contraterroristas" en los Estados Unidos.
Una de las pocas sobrevivientes del principal centro clandestino de detención de Córdoba y del país "La Perla", donde se estima que hasta diciembre de 1978 estuvieron secuestradas allí aproximadamente 2500 personas, Graciela Geuna, declaró en el mega juicio a los principales represores del C.D.D.. Por entonces, ella y otras víctimas reducidas a la esclavitud, estaban lavando los autos que se utilizaban para “chupar” gente, el represor Ricardo “Fogo” Lardone “llegó e hizo comentarios porque había una goma quemada. Nos dijo que no podía soportar el olor porque le recordaba a los fusilamientos. Que los fusilaban así: esposados atrás y como algunos tenían miedo, (el torturador Raúl) Fierro les hacía atar también las piernas”.
Cecilia Pando, defensora de los genocidas, afirmó que conoció a Laje cuando este tenía entre quince y dieciséis años. Fue un 5 de octubre, en un "acto homenaje a las víctimas del terrorismo en Argentina". Laje se les acercó para darse a conocer y hacer preguntas. Unos años después, antes de cumplir dieciocho, Laje habló en uno de esos actos. Después se empezaron a ver menos: “Él empezó a prepararse, pero siempre estuvimos en contacto”, dijo en declaraciones que fueron publicadas en la Revista Anfibia.
Publicó un libro junto a Nicolás Marquez, un escritor ultraderechista, quien había escrito diez años antes La mentira oficial: el setentismo como política de Estado. A los 15 años, Laje llegó al libro de Márquez por su abuela Blanca Julia Fierro, la hermana del genocida, quien lo había alentado a buscar una “campana” diferente a la que le enseñaban en el colegio. También contó que después de muerta su abuela "solo" iba a visitar a su tío abuelo dos veces por año.
Sobran las palabras para el gobierno de Milei, Villarruel, Bullrich, que combina la represión con una "batalla cultural" vistiendo de oveja a un fiel representante de los genocidas.
