Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas
http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas
Artículos
-
Crece el reclamo por libertad para Mariela Agunin, presa por cannabis
25 de junio, por Criminalización — Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Cannabis, Punitivismo, Legalización de la marihuana, Cannabis medicinal, Regulación del Cannabis, Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Cannabis, Punitivismo, Legalización de la marihuana, Cannabis medicinal, Regulación del Cannabis
Este viernes hay una acción a las 11:00 en Tribunales de Bahía Blanca. La justicia confirma su encarcelamiento como si fuera una narcotraficante peligrosa, en una causa absurda armada por el fiscal Mauricio "cogollero gris" Del Cero, que además la ataca en los medios de comunicación.
Mariela Agunin tenía su Reprocann en trámite por demoras del Estado, pero fue detenida en un operativo casi cinematográfico por 7 gramos de cannabis. Hoy tiene su certificado vigente, pero no puede acceder al uso de cannabis que tiene indicado por su médica. Esto, sumado al encierro y lo traumático de ser tratada como una criminal peligrosa, desencadenó en Mariela problemas de salud mental, ataques de pánico, de angustia, insomnio severo. Por eso hoy depende de dos medicaciones psiquiátricas para poder descansar, con los efectos secundarios que esto implica.
Esto implicaría un justificativo más que válido para otorgarle como mínimo la detención domiciliaria, sobre todo tratandose de un "delito" no violento y sin daño a terceros. Algo que el juez Alberto Manzi, a cargo de la causa en el Juzgado de Garantías N° 3 viene dilatando innecesariamente: puso una fecha recién a fines de julio para realizar peritajes de salud a Mariela, cuando ella ya tiene informes de una psiquiatra y de personal médico de la penitenciaría de Saavedra donde está presa.
Además, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, a cargo de los jueces Christian Yesari y Ángel Barbieri, confirmó el pasado viernes 19 su prisión preventiva, rechazando todas las apelaciones de la defensa de Mariela, en manos del letrado Carlos Carnevale. Utilizan como uno de los argumentos, para sostener la idea de que existe riesgo de fuga, la ausencia de trabajo en relación de dependencia.
Pero como muchas mujeres jóvenes, Mariela es una trabajadora autónoma, precarizada: vende comida casera, cuida chicos, hace construcción en seco y biocontrucción comunitaria en barro, método con el que construyó su casita, arrasada por 13 policías en el violento allanamiento con el que la detuvieron, en el que no encontraron absolutamente nada. Esta política persecutoria es contradictoria con la Ley de Cannabis Medicinal, se trata de una sustancia que cada vez más se reconoce su bajísima peligrosidad, y cada vez se habla más abiertamente de sus usos terapéuticos e industriales.
En ese marco, su hermano Santiago junto a la organización Cannabis y Salud y las comparsas de candombe de Bahía (donde Mariela tocaba el tambor chico antes de su detención) están convocando a una protesta en la puerta de los Tribunales de la justicia provincial que la está persiguiendo, para exigir su inmediata libertad. Esto se realizará este viernes 26 a las 11:00 en Colón 46.
Crecen en el país y en la ciudad de Bahía Blanca los pronunciamientos en solidaridad, por parte de organizaciones sociales, sindicales, políticas, de cultivadores, de cannabis medicinal, etcétera. La CTA Bahía Blanca publicó recientemente un comunicado al respecto que ya fue firmado por casi 200 organizaciones y referentes de todo el país. También en el Comité en apoyo a Myriam Bregman de Bahía Blanca, con la presencia de unas 120 personas, se votó tomar esta causa y proponer la creación de una Coordinadora por Libertad para Mariela Agunin, invitando a todas las organizaciones y personas que quieran llevar adelante acciones, para poder multiplicar este reclamo.
El fiscal Mauricio del Cero está pidiendo para ella una pena que va de 6 a 20 años, absurda en su desmesura, pero coherente con su cruzada junto a la Policía Bonaerense contra jóvenes cultivadores y usuarios. Además, sabemos que la mayor parte de las personas privadas de su libertad por casos encuadrados como “narcomenudeo” son mujeres, por eso la consigna “Ni una presa más por cannabis” fue parte del último Ni Una Menos en Bahía Blanca.
La fiscalía solamente pudo probar concretamente que le entregó 7 gramos de cannabis a una amiga en la plaza, pero fuerza la interpretación de los peritajes al celular de Mariela para pintar el cuadro de una persona que se dedica al "narcomenudeo". Utiliza el hecho de que se hayan encontrado en la plaza para hablar del agravante de un espacio público. De este modo, el delito que se le imputa tiene una altísima pena en expectativa, y así la justicia justifica su encarcelamiento preventivo.
Como si todo esto fuera poco, el "cogollero gris" Del Cero habla en medios de comunicación de que ella vendía "drogas, fundamentalmente marihuana", configurando una "fake new": sugiere así que hubo otra sustancia involucada además de cannabis, algo que es absolutamente mentira. Además, con su repugnante tono moralista, habla de "afán de lucro" y de "habitualidad", y eso reproduce el diario La Nueva, uno de los principales medios de la región. Pero lo único concreto son esos 7 gramos, que la mitad fueron un regalo, y un solo intercambio anterior de wassap con una amiga. Juntas, ambas situaciones citadas en la causa no suman ni siquiera el valor de 3 pizzas. Se trató de intercambios solidarios, por un monto que en dos meses no suma ni lo necesario para pagar una factura de un servicio.
El ensañamiento con una mujer trabajadora como Mariela, que no vivía de esto, y cuyos proyectos laborales (en docencia como técnica agropecuaria, en acceso por cuerdas para trabajar en los parques eólicos) quedaron totalmente truncados por el encarcelamiento, contrasta con la enorme impunidad de la que gozan los verdaderos narcos en la ciudad.
Sólo basta con recordar el caso de las "bobinas blancas" de 2017. Incautaron casi 2.000 kilos de cocaína ocultos dentro de enormes bobinas de acero en el Parque Industrial de Bahía Blanca, ningún directivo de las empresas logísticas del Parque Industrial involucradas terminó condenado o en prisión. A quien figuraba como responable en el país de la falsa empresa canadiense Can Trade Connections le dieron 6 años de prisión, a quienes lavaban el dinero y organizaban la logística concretamente, les dieron 5 años. Una pena menor que la que piden para Mariela, y se trataba de uno de los mayores secuestros de cocaína en la historia argentina.
También este año conocimos el brutal caso de Thiago, el niño baleado por soldaditos del narco en el Barrio Noroeste de Bahía Blanca. Las organizaciones sociales y territoriales como Proyecto Social, Educativo y Pastoral "Los Pibes de Don Bosco", Jóvenes Esperanza, Oratorio Taller de Soñadores y Oratorio Esperanza, vienen denunciando hace tiempo el crecimiento de la violencia y el narco. Su familia sigue denunciando que la causa de Thiago aún no tiene fiscal a cargo.
El contraste con la saña punitiva hacia Mariela es tremendo, y habla de la impunidad de los verdaderos narcos que brinda esta justicia para ricos y patriarcal. Una nota al margen para el fiscal Del Cero, que además fue garante de la impunidad del poder político de Monte Hermoso en el aberrante femicidio de Katherine Moscoso.
El diputado provincial Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y representante del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) en la Cámara baja, presentó el 3 de junio un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para exigir la inmediata libertad de Mariela Agunin.
En Bahía Blanca, además, hay un amplio sistema de vigilancia con cámaras y persecución con redadas violentas en los barrios populares. Esta política municipal se complementa con el tándem entre el Fiscal Del Cero y la Policía Bonaerense que permanentemente requisan y arman causas a jóvenes y trabajadores por pequeñas cantidades de cannabis, se amparan en el concepto sui generis de "microtráfico" además con métodos muy cuestionables como en el caso, que cubrimos desde este medio, de los jóvenes de Puan.
El texto presentado en la Legislatura Provincial Bonaerense por Christian Castillo traza un paralelismo directo del caso de Mariela con el emblemático caso de Damián Raña en Ensenada (2019), cuya libertad se conquistó mediante la movilización popular, y destaca la contradicción de estas detenciones frente a la tendencia internacional, como la reciente reclasificación del cannabis en EEUU.
Seguimos exigiendo la legalización integral, como plantea el proyecto presentado nuevamente en el mes de mayo en el Congreso Nacional por Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Es similar al que vienen presentando desde 2016, previo intercambio con organizaciones cannábicas que participaron de su elaboración. La regulación integral es central para terminar con la persecución, y conseguir la amnistía a todas las personas condenadas por cannabis.
-
Jujuy: Bullrich y el juez Lijo detienen a un joven campesino
25 de junio, por Libertad de expresión — Sociedad, Edición Argentina, Jujuy, Libertades Democráticas, Presos políticos, Solidaridad, Libertad de expresión, Derechos Humanos, Lucha por la tierra y el agua, Franco Oscari, Sociedad, Edición Argentina, Jujuy, Libertades Democráticas, Presos políticos, Solidaridad, Libertad de expresión, Derechos Humanos, Lucha por la tierra y el agua, Franco Oscari
Franco Oscari fue detenido tras un operativo violento de la policía federal que irrumpió de madrugada en su casa del Paraje Las Goteras en Santa Barbara. El motivo, una supuesta amenaza por redes sociales contra la senadora de la Libertad Avanza. El MNCI, organizaciones sociales, de derecho humanos y políticas denuncian persecución política por defender la tierra.
En la madrugada del miércoles 24, la Policía Federal allanó violentamente la vivienda donde vive el joven campesino, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena-MNCI VC, y de la organización Tierra Fértil, Franco Oscari. La orden la dio el juez Ariel Lijo a pedido de Patricia Bullrich. Ocurrió en el paraje Las Goteras, del departamento Santa Bárbara, al suroeste de la provincia.
¿Los motivos? Una supuesta amenaza a la senadora en la red social Facebook.
El repudio a esta arbitrariedad no tardó en generar solidaridad por parte de organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas, abogados, periodistas, sindicatos, activistas y referentes políticos. Desde la Legislatura de Jujuy fue la diputada Natalia Morales del bloque del PTS FITU, que denunció la situación durante la situación "en la provincia sabemos de presos por tuitear, ahora esta situación de extrema gravedad que vincula a un joven de una organización que defienden la tierra y el territorio".
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>El joven se encuentra detenido en la División Unidad Operativa Federal de la policía federal en San Salvador de Jujuy. Su detención ocurre en un contexto donde desde distintas comunidades y familias vienen enfrentando intentos de desalojo y peleando por el derecho de permanecer en sus tierras y en defensa del agua. Durante el día de hoy referentes de Derechos Humanos, de la organización campesina e incluso Nahuel Morandini, ex preso por tuitear fueron a constatar el estado en el que se encuentra detenido, también se hizo presente Lamia Debbo del bloque del PTS FITU quien brindó solidaridad con Franco y su familia y solicitó un informe sobre el operativo al jefe de la DUOF, tras las denuncias sobre procedimientos irregulares durante la detención.
Tras una reunión de coordinación por la libertad de Franco realizada ayer miércoles se está convocando a una concentración afuera del lugar de detención para exigir su solidaridad.
Ampliaremos.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> -
Los fusilamientos de José León Suárez de 1956 fueron declarados crímenes de lesa humanidad
23 de junio, por Operación Masacre — Política, Edición Argentina, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Rodolfo Walsh, Partido de San Martín Gran Buenos Aires, Pedro Eugenio Aramburu, Revolución Libertadora, Revolución Fusiladora, Operación Masacre, José León Suárez, Política, Edición Argentina, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Rodolfo Walsh, Partido de San Martín Gran Buenos Aires, Pedro Eugenio Aramburu, Revolución Libertadora, Revolución Fusiladora, Operación Masacre, José León Suárez
Fueron setenta años de impunidad, que incluyeron abrazos de Menem con el almirante Rojas. La lucha de familiares y militantes por los derechos humanos logró un juicio por la Verdad, que este lunes finalizó con una sentencia condenatoria por las cinco muertes y siete tentativas de homicidio ocurridas la noche del 9 de junio de 1956. Rodolfo Walsh lo reconstruyó un año después, pero el Estado siempre bancó a los asesinos.
Después de setenta años de silencio y encubrimiento estatal, los fusilamientos de José León Suárez, que Rodolfo Walsh retrató en su gran investigación Operación Masacre , fueron reconocidos judicialmente como crímenes de lesa humanidad. Fue este lunes, tras desarrollarse el juicio por la Verdad en los Tribunales de San Martín.
El proceso estuvo a cargo de la jueza federal Alicia Vence. Allí fueron juzgadas las responsabilidades por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad, homicidios agravados y tentativas de homicidios agravados ocurridos en la noche del 9 al 10 de junio de 1956, hace exactamente setenta años.
La investigación judicial, motorizada por familiares y organismos de derechos humanos, llevó a la jueza Vence a dictar una sentencia según la cual se dio por probado el secuestro de doce personas, su traslado a los basurales de José León Suárez (partido de San Martín) y un fusilamiento colectivo en el que cinco de las víctima resultaron asesinadas.
Sin embargo, más allá de la sentencia, no hubo condenados. O sí, pero ya están muertos. Se trata de parte de la plana mayor de la autodenominada “Revolución Libertadora” (rebautizada popularmente como “La Fusiladora”). Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Juan Ceferino Quaranta (exsecretario de Inteligencia del Estado), Desiderio Fernández Suárez (exjefe de la Policía de Buenos Aires) y Rodolfo Rodríguez Moreno (exjefe de la Unidad Regional de San Martín). Según la sentencia de la jueza Vence, todos ellos deberían haber sido condenados a prisión perpetua.
"En los colegios se tiene que hablar de lo que realmente pasó": Julia es hija de Nicolás Carranza, uno de los fusilados de José León Suárez. En minutos se conocerá el veredicto del juicio, a 70 años de los hechos. pic.twitter.com/BchS1QWt4t
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) June 22, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>En el juicio se dio por probado que por orden de “La Fusiladora” se allanaron dos casas de la localidad Florida, donde estaban reunidos Mario Brion, Francisco Garibotti, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Vicente Rodríguez, Rogelio Díaz, Norberto Gavino, Juan Carlos Livraga, Julio Torres, Horacio Di Chiano y Miguel Ángel Giunta. Menos Torres, que logró escapar, todos fueron detenidos. También cayeron Julio Troxler y Reinaldo Benavides, sorprendidos cuando llegaban a la reunión.
Los llevaron a la Unidad Regional San Martín de la Policía y horas después, en un colectivo de línea “prestado” para tal fin, se los trasladó a los basurales de la región donde se ejecutó un fusilamiento colectivo. Brion, Garibotti, Lizaso, Carranza y Rodríguez murieron en el acto. El resto sobrevivió, algunos fingiendo haber muerto. Giunta pudo escapar, pero al tiempo lo volvieron a apresar. Díaz también fue recapturado tras pasar varios meses escondido. Troxler y Benavides se fueron a Bolivia y Gavino se refugió en la embajada de ese país en Buenos Aires. Livraga fue el “fusilado que vive”, encontrado de casualidad por Walsh y cuyo relato dio inicio a la investigación periodística.
Durante siete décadas el Estado argentino garantizó la impunidad de esos crímenes. No sólo eso, sino que en 1989 el entonces presidente Carlos Menem fue a visitar a su casa al mismísimo Isaac Rojas, uno de los criminales, y se fundieron en un abrazo. El gobierno que hegemonizó al peronismo en los años 90 y hoy es “modelo” de la gestión de Javier Milei justificó aquella impunidad en su política de supuesta “reconciliación nacional”. Es sabido que las víctimas de la Operación Masacre se referenciaban, justamente, en la llamada “resistencia peronista” al golpe gorila instaurado en 1955.
Dos encuentros de Menem con Rojas, uno en 1989 y otro en 1996 durante un acto de la Armada Durante años los responsables gozaron de impunidad, protegidos por pactos de silencio y complicidades estatales. Sin embargo, la persistencia de quienes nunca bajaron los brazos logró torcer el rumbo. Tras largos años de lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, finalmente se logró que los estrados judiciales convalidaron lo que Walsh investigó y concluyó a poco de ocurridos los hechos. Inaugurando el género non fiction en estas tierras, Operación Masacre fue publicada por primera vez en 1957.
La sentencia deja en claro que aquellos crímenes no prescribieron y que sus causantes, aún amparándose en la impunidad biológica, pueden ser juzgados de cara a la Historia.
Julia Carranza, hija de Nicolás, dialogó con La Izquierda Diario en las afueras de los Tribunales de San Martín mientras aguardaba la sentencia. “Cuando a él lo fusilaron yo tenía 45 días. Mucha emoción, muchos nervios, es histórico lo que está pasando, porque después de setenta años se logra el juicio. Esperamos que en los colegios se hable de este tema, lo que pasó es la pura verdad. Que la juventud se asesore para que no vuelva a pasar, más en el tiempo que estamos viviendo”.
Alberto Palacio, abogado de las familias querellantes y director de la Escuela Secundaria Técnica de la UNSaM, destacó que en el debate oral y público los seres queridos de las víctimas “pudieron expresarse después de tanto tiempo sosteniendo el reclamo de memoria, verdad y justicia”. En ese marco, afirmó, la sentencia “es un acto reparatorio importante”.
Foto Huellas del Sur
-
Legalizan las Taser para fortalecer la represión en medio de la crisis social
23 de junio, por Río Negro — Política, Edición Argentina, Río Negro, Libertades Democráticas, Crisis social, Pistolas Taser, Derechos Humanos, Alberto Weretilneck, Represión, Política, Edición Argentina, Río Negro, Libertades Democráticas, Crisis social, Pistolas Taser, Derechos Humanos, Alberto Weretilneck, Represión
Este 11 de junio de 2026 la Legislatura de Río Negro aprobó una ley que habilita a la Policía provincial a incorporar y utilizar pistolas Taser, aerosoles irritantes y otros dispositivos denominados ‘armas menos letales'. Se profundiza una orientación represiva en un contexto atravesado por el ajuste, el crecimiento de la pobreza y el aumento del malestar social.
El gobierno provincial presenta esta medida como una herramienta moderna para la prevención del delito y bajo el argumento de que permitirían intervenciones más ‘seguras' y reducirían el uso de armas de fuego; sin embargo, detrás de este discurso de innovación y seguridad se profundiza una orientación represiva que busca ampliar las capacidades de control estatal en un contexto atravesado por el ajuste, el crecimiento de la pobreza y el aumento del malestar social.
El mito de las armas "no letales"
Las pistolas Taser no son herramientas inofensivas ni una solución eficaz frente a la inseguridad aunque suelen presentarse como armas ‘no letales' o ‘menos letales', distintos organismos de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de su utilización, ya que, producen descargas eléctricas destinadas a generar dolor e inmovilizacióny pueden provocar lesiones graves e incluso muertes en determinadas circunstancias. Por eso, no debe pensarse solamente como si fuera la llegada de una nueva herramienta tecnológica, sino como un cambio en la forma en que el Estado ejerce su poder de coerción.
Asimismo, el problema no es únicamente la existencia de un dispositivo eléctrico, sino la ampliación de las facultades de intervención policial en la vida cotidiana. La experiencia muestra que cuando se incorporan nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad su uso puede extenderse más allá de los casos excepcionales para los que fueron justificadas, aumentando las posibilidades de intervención y control sobre la población.
Si bien desde el gobierno se plantea que los efectivos recibirán capacitación para su utilización, otra de las cuestiones es ¿quiénes serán responsables de esa formación y bajo qué criterios se realizará?. En ese sentido, el uso de armas ‘menos letales' puede terminar legitimando mayores niveles de vigilancia, persecución y violencia institucional, especialmente sobre sectores vulnerables, jóvenes de barrios populares y trabajadores.
Más presupuesto para controlar, menos para garantizar derechos
La aprobación de esta ley en Río Negro no puede entenderse por fuera del contexto actual. El gobierno de Alberto Weretilneck se alinea a la derecha de Milei y Bullrich.Mientras faltan recursos para áreas fundamentales como salud, educación, vivienda y empleo, sí aparecen fondos destinados a reforzar el equipamiento represivo.
En los últimos meses, la provincia fue escenario de distintos episodios represivos que involucraron a fuerzas de seguridad, uno de los hechos más recientes ocurrió durante una jornada que comenzó con una acción de visibilización y una volanteada a la altura del puente carretero,en el marco de reclamos docentes por salarios y condiciones laborales dignas que terminó con la intervención represiva por parte de la Gendarmería Nacionaly la Prefectura Naval,y entrada la media mañana se sumó al operativo la Policía Federal, mediante el uso de gases y palos contra quienes participaban de la protesta.
Asimismo, frente a los problemas de violencia en las escuelas la respuesta estatal suele orientarse hacia medidas como: la presencia de policías en las instituciones escolares, el control de las acciones cotidianas, restricción en la circulación y el posible secuestro de dispositivos, trasladando el enfoque hacia la criminalización de las juventudes en lugar de abordar las causas sociales de fondo.
Mientras tanto, docentes y familias denuncian que muchos pibxs atraviesan situaciones de hambre, dificultades de acceso a la salud y falta de condiciones básicas dentro de las instituciones educativas. Esta forma de abordar la problemática también evidencia una expresión de violencia institucional: la falta de equipos interdisciplinarios, la ausencia de inversión en salud mental y la escasez de políticas de acompañamiento social. Como señaló la concejala Julieta Katcoff "la violencia también se ejerce cuando el Estado no garantiza los recursos necesarios".
En la misma línea, el gobierno de Río Negro avanzará con la implementación de controles biométricos, una herramienta que ya se aplica y se aplicó en distintos lugares del pais y el mundo, bajo el argumento de tener un mejor registro de asistencia de los empleados públicos mediante sistemas de reconocimiento facial y datos biométricos.
También, a nivel nacional esta misma lógica se expresa en las políticas impulsadas por el gobierno de Milei y Bullrich, que refuerzan el aparato coercitivo, el equipamiento policial y las herramientas represivas. Todos estos hechos se dan en un contexto de vaciamiento de la educación y la salud, con salarios docentes que continúan en niveles de pobreza y una creciente falta de respuestas a las demandas sociales. La orientación del Estado frente a los reclamos laborales y sociales parece enfocarse en el disciplinamiento y la criminalización por sobre la garantía de derechos.
Hacia otra respuesta frente a la crisis social
La incorporación de las pistolas Taser en Río Negro y otros dispositivos de control no representa una respuesta a las causas profundas de la inseguridad ni a los problemas sociales que atraviesan miles de familias trabajadoras. Por el contrario, forma parte de una orientación que busca fortalecer los mecanismos de control y coerción estatal mientras se mantienen el ajuste, la precarización laboral, el deterioro de la educación pública, la crisis habitacional y el vaciamiento de la salud.
Desde el PTS sostenemos que la verdadera seguridad para los sectores populares y de trabajadores comienza por garantizar trabajo con derechos, salarios que cubran la canasta familiar, acceso a la vivienda, educación pública y laica de calidad, salud integral y políticas de acompañamiento para las juventudes. Los millones destinados a equipamiento represivo deberían destinarse a crear equipos interdisciplinarios en escuelas y barrios, fortalecer la salud mental, construir viviendas, garantizar infraestructura educativa y generar empleo genuino.
Frente a una política que responde a la pobreza con más policía y más armas, proponemos una salida opuesta: la defensa irrestricta del derecho a la protesta, como garantía de todos los demás derechos, terminar con la criminalización de la juventud y los sectores populares, avanzar en la organización democrática de trabajadorxs, estudiantes y comunidades para decidir sobre las prioridades sociales, entre otras. Porque la salida a la crisis no puede ser más represión para quienes sufren sus consecuencias, sino una reorganización de los recursos en función de las necesidades de las grandes mayorías y no de los intereses de unos pocos.
-
Mucha tropa riendo en la calle: el espionaje de la Bonaerense a Los Redondos durante los 90
18 de junio, por Documentos — Cultura, Edición Argentina, Música, Libertades Democráticas, Walter Bulacio, Policía Bonaerense, Indio Solari, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincai de Buenos Aires (Dippba), Skay Beilinson, Cultura, Edición Argentina, Música, Libertades Democráticas, Walter Bulacio, Policía Bonaerense, Indio Solari, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincai de Buenos Aires (Dippba), Skay Beilinson
Durante años la Dippba hizo inteligencia sobre la banda y sus seguidores. Elaboró informes para las autoridades políticas y judiciales, lo que derivó en la prohibición de shows en Olavarría en 1997. La Izquierda Diario accedió a las cuatro carpetas, más de 300 fojas, que evidencian la persecución a un fenómeno cultural y juvenil de resistencia.
El asesinato de Walter Bulacio a manos de efectivos de la Policía Federal en abril 1991 luego de una violenta razzia en la fila de acceso a un recital de Los Redondos en Obras marcó un antes y un después en la consideración social sobre las fuerzas represivas del Estado luego de la Dictadura. A partir de entonces se multiplicaron las movilizaciones populares contra la violencia institucional y aparecieron organismos no gubernamentales dedicados a concientizar sobre derechos civiles y tomar denuncias de personas agredidas por uniformados.
Lejos de revisar sus conductas o amedrentarse, las distintas divisiones policiales solo parecieron acumular rencor por la visibilidad que adquirían sus procedimientos. Así se desprende de las innumerables carpetas que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acumuló con material de espionaje sobre el universo de Los Redondos, a quienes persiguieron con especial insidia después de que el caso Bulacio ubicara a estas fuerzas en un lugar de denuncia y observación en la agenda pública. A la luz del material ahora desclasificado, los objetivos son evidentes: demonizar a la banda y, a la vez, justificar la represión contra sus seguidores en los recitales para entonces ya masivos.
De las centenas de fojas se destacan especialmente dos legajos. Uno es sobre los tres shows que la banda ofreció a principios de mayo de 1992 en el Microestadio de Lanús, el primer desembarco de magnitud en el conurbano bonaerense después de las 17 funciones en Obras entre 1989 y 1991.
Entre otras cosas describe la cantidad de detenidos que hubo en cada uno de ellos, aunque con notables contradicciones en los distintos textos (uno, por ejemplo, indica que en el primer show hubo cinco mayores y seis menores, aunque el memo siguiente eleva la última cifra a ocho).
La versión oficial indicaba que todas las detenciones se debían a personas que pretendían ingresar a los shows sin entradas, aunque en el transcurso de los días se sumaron versiones que daban cuenta de la violencia con la que la Policía de la provincia gobernada por Eduardo Duhalde procedió incluso con gente que tenía sus tickets en mano y, así y todo, nunca pudo acceder al microestadio.
En ese sentido, este legajo repite varias veces la presencia en la comisaría 2a de Lanús (a la que pertenecía gran parte del personal policial afectado al operativo) de algunos diputados nacionales, “quienes se entrevistaron con los que aún continuaban detenidos en el hecho en cuestión, interiorizándose sobre sus condiciones de detención y circunstancias de los acontecimientos”.
También aparece una mujer que radicó en esa misma comisaría una denuncia debido a que su hija de 18 años había ido al recital pero fue “reprimida por parte de personal policial, reconociendo a su agresor”. Lo curioso es que el espía justifica este accionar “debido a los desórdenes producidos”. Una extraña manera de trasladar responsabilidades por carácter transitivo, como si los efectivos pegaran a inocentes por culpa de las reacciones que generaron los culpables. Otro documento, en cambio, señala que luego esa misma joven regresó a la seccional donde había sido detenida para ampliar la denuncia debido a que presentaba lesiones (aunque “posteriormente el médico de la policía dictaminó de carácter leve”, agrega el espía).
El detalle por las acciones legales que distintos jóvenes efectuaron contra la Policía Bonaerense se profundizó días después con un documento de espionaje –nuevamente confidencial– en el que aparecen el nombre y apellido de dos muchachos. Bajo el patrocinio de abogados pertenecientes al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ambos denunciaron a personal de la comisaría 2a de Lanús por “apremios ilegales, lesiones, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
En el legajo también aparece un hecho insólito en el que la DIPPBA luce obsesionada, aunque al mismo tiempo imposibilitada de definir la identidad de todos sus participantes y – nuevamente– con el abuso de potenciales. Todo comienza con un periodista de Radio del Plata que “se apoderó de un proyectil lanzado por una pistola lanza gases” y se lo entregó “a una militante que no pudo ser identificada”. La mujer –sin nombre– “se desempeñaría” como secretaria del Comité de la UCR en Lanús, cuyo titular es hermano de un diputado nacional que al mismo tiempo es abogado y, por lo tanto, constituido como letrado de dos jóvenes “que fueron duramente golpeados por efectivos policiales, siendo uno de ellos alcanzado por el proyectil en cuestión en una de sus piernas, debiendo ser trasladado a un centro asistencial para su atención”.
Los distintos agentes afectados a la confección de esta misión de inteligencia también repararon en las distintas miradas que los periodistas tuvieron no sólo con el hecho, sino especialmente con el operativo. “Algunos medios periodísticos hicieron referencia al recital, pero remarcando los incidentes registrados entre personal policial y jóvenes que trataron de ingresar al microestadio”, señala uno.
“El diario Página/12 del domingo 3 calificó de excesivo el dispositivo de seguridad montado por esta policía para preservar el orden”, detalla otro. “En realidad la actuación de Los Redonditos de Ricota venía precedida de expectativa entre sus seguidores, muchos de ellos, al parecer, caracterizados por su presunta adicción a la droga y el alcohol. El mismo repertorio del grupo musical posee varios temas apologéticos de la droga”, redunda. Más adelante el documento también consiga que el diario Clarín subraya las condiciones de los detenidos (“indica que los detenidos permanecen ‘en un minicalabozo de Lanús', siendo notoria una clara referencia al duro accionar policial”).
Sin embargo hay un apartado que le da otro valor al espionaje, ya que advierte un elemento que obsesionará a las fuerzas de seguridad de esa década. “Ya habrían comenzado a organizar lo que denominan ‘coordinadoras populares antirepresivas', que tendrán como misión asistir a personas detenidas para lo cual estarán presentes en los eventuales lugares donde se realicen espectáculos de rock, razzias, etc”, sospecha el texto. Y agrega: “Simultáneamente mantendrán un enlace directo con los medios de comunicación”.
“Cabe destacar que organizaciones de solidaridad y partidos políticos de izquierda se encuentran sumamente interesados en la explotación de esta problemática”, advierte el documento. “De esa manera, se estima que en la eventualidad de circunstancias futuras análogas a las que se informan, inmediatamente se verificará la intervención de dirigentes políticos de izquierda y filoizquierda, como así que la repercusión de los medios de comunicación será mayor” .
Varios folios fechados el 13 de mayo de aquel 1992 aluden —según su título– a la “postura de organismos de los Derechos Humanos”. El texto indica que “se ha tomado conocimiento” de una reunión organizada en Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires por la Secretaría de DD.HH. de la FUBA, en la cual se resolvió concurrir a dos shows que Los Redondos tenían previsto realizar pocos días después en Florencio Varela.
Según este documento de Inteligencia, el propósito de la Secretaría de Derechos Humanos de FADU era aliarse con el CELS para ir a Varela y “colocar una mesa en las adyacencias con el fin de recabar testimonios de aquellos jóvenes que concurrieron al recital celebrado en el Club Lanús, en razón de los golpes que recibieron en aquella oportunidad dos alumnos de esa facultad por parte de los efectivos de la Policía Bonaerense”. Además, “ha trascendido que las organizaciones en cuestión tienen la intención de montar cámaras de video para filmar el accionar policial ante la eventualidad de algún disturbio como el que aconteciera días atrás”.
Es evidente que la reunión fue observada por espías infiltrados, ya que se detallan con precisión los testimonios que dos estudiantes de la facultad ofrecieron en el encuentro (aún a pesar de errores gramaticales en el indistinto uso de la primera o la tercera persona): “En determinado momento, la Policía dijo que no entraba nadie más y que se fueran”; “durante una cuadra nos siguieron a pie y con palos en la mano”; “a la segunda cuadra los empezaron a correr y los encerraron en una esquina, agarrando como a 40 pibes” y “a los palos los hicieron poner contra la pared y a los que tenían lugar, les pegaban”.
Lo más sorprendente de este conjunto de fojas dedicadas al encuentro en la Facultad de Económicas de la UBA es el párrafo titulado “Apreciación de Inteligencia”, que –nuevamente en clave potencial– indica: “Cabe conjeturar que las denuncias citadas en el presente informe estarían alentadas por el líder el grupo musical Patricio Rey (SIC), quien para tales iniciativas se valdría de sus relaciones con miembros implicados e importantes dirigentes de la U.C.R., sobre todo de la Coordinadora”.
Toda esta acumulación de suspicacias perjudicó de manera inmediata a la banda con la suspensión del doble show que ofrecería a mediados de mayo en el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Florencio Varela. Así lo confirma un memo de la DIPPBA del 1º de junio de 1992, el cual reconoce como autor de la prohibición a “la comuna local”, aunque al mismo tiempo refiere a “una versión” que “sindicaba a tres concejales justicialistas de haber solicitado una determinada suma de dinero en razón del costo político que dicho recital entrañaba”.
Sin embargo el texto guarda espacio para un hecho insólito: los concejales varelenses José Chagaray y Raimundo Martín (ambos pertenecientes al partido MODIN liderado por el ex carapintada Aldo Rico) radicaron una denuncia por amenazas. “En las mismas –recibidas telefónicamente en sus domicilios– una voz masculina manifestó: ‘Que se deje de molestar, sino es boleta'”, indica el agente, nuevamente con una sintaxis que mezcla inexactamente el uso del plural con el del singular.
La DIPPBA le dedicó un carpetón de 153 fojas a uno de los episodios que vinculó con más intensidad a la cultura rock con los servicios de espionaje argentinos: los shows de Los Redondos en Olavarría el 16 y 17 de agosto de 1997, ambos anunciados y luego suspendidos a pesar de que sus músicos y miles de fanáticos ya estaban establecidos en la ciudad bonaerense a la espera de las vicisitudes.
Con gran cantidad de entradas vendidas, Olavarría empapelada con afiches y el escenario prácticamente montado en el club Estudiantes de esa localidad, la Inteligencia de la Policía Bonaerense decidió iniciar una misión casi a contrarreloj el 11 de agosto, apenas cinco días antes del primero de los dos conciertos programados.
Así lo confirma un documento que la delegación de Azul (a 50 kilómetros de Olavarría) le envía a la de Mar del Plata solicitándose cuatro ítems: “Características del grupo de fans, líderes y todo otro antecedente sobre los mismos”, “todo tipo de fotografías que sirva como identificación de aquellos posibles generadores de desorden y/o violencia”, “fundamentalmente filmaciones de recitales anteriores y sus consecuencias (este material será devuelto –SIC– una vez elaborado el servicio)” y “todo otro dato que sirva de interés por esta tarea”. El pedido se debe a que en esa ciudad balnearia Los Redondos habían tocado en octubre de 1996 con el seguimiento de espías.
Otro legajo proveniente de Azul sostiene que distintas “fuerzas vivas” de Olavarría (aunque sin precisar más que la Sociedad de Comercio e Industria) “habrían planteado su inquietud ante el Ejecutivo de la ciudad” por shows que este mismo había autorizado.
Entre la información aportada por la DIPPBA se incluye una errónea mención del guitarrista Skay Beilinson, el cual es rebautizado como “Beletson”. Aunque la descripción más delirante es la atribuida al Indio Solari: “Ese personaje místico llamado Patricio Rey no tardó en convertirse en el líder del grupo con su letra, su estilo e inconfundible voz”.
“Desde siempre sus integrantes tuvieron una actitud combativa en cuento a todo lo que podría llegar a identificarlos con “EL SISTEMA” (mayúsculas y entrecomillado textual del legajo), ya sea en lo político, comercial o la televisión a la cual se han negado sistemáticamente a aparecer”, prosigue el texto. Esto último reviste carácter profético, ya que Los Redondos rompieron esa consigna justamente para prestarse a una conferencia de prensa en Olavarría.
Sin embargo, lo más disparatado llega al momento en el cual el espía intenta explicar las letras: “Estas actitudes se expresan en los textos de las letras de las canciones escritas por “El Indio” Solari (SIC), que si bien no tienen una estructura tradicional, el mensaje está, pero se necesita conocer el código para descifrarlo. Para una persona que los escucha por primera vez, las letras… NO DICEN NADA… y diría que… CARECEN DE SENTIDO”. Las mayúsculas y los puntos suspensivos son textuales del informe, casi como si estuviera redactando un manifiesto para la revista Cerdos y Peces.
Con todo este material a cuestas, el entonces intendente municipal Helios Eseverri y su secretario de gobierno Héctor Luis Vitale firmaron el 12 de agosto un decreto que denegaba la autorización para el espectáculo, dando de ese modo por cancelados los dos shows de Los Redondos en Olavarría. Uno de los párrafos de ese texto confirma que “de los informes policiales y otras averiguaciones formuladas al efecto, también se desprende que ese movimiento multitudinario facilita la operación de pandillas vinculadas a la delincuencia que podrían en riesgo la seguridad ciudadana con antecedentes ciertos de violencia y desorden que han afectado a las ciudades y ciudadanos donde se han realizado”.
La banda apeló la medida en la Justicia ordinaria, pero el fallo volvió a favorecer al Municipio de Olavarría. Esta segunda noticia fue anunciada por el propio Vitale al programa Tiempos modernos de AM Continental, quien reconoció al aire estar brindando una información “que seguramente va a ser primicia”, tal como indica una desgrabación de la entrevista adjuntada en la carpeta de la DIPPBA dedicada a este affaire de Los Redondos.
Así las cosas, mucha gente decidió igualmente viajar a Olavarría con la expectativa de que la suspensión fuera revocada y lograr de ese modo que todo vuelva a foja cero. Es decir, que la banda pudiera cumplir con dos shows anunciados. Esta inesperada decisión del público ricotero obligó a los servicios de inteligencia de la Bonaerense a tener que prolongar un trabajo que creían culminado con la mera suspensión.
Fotos contra policías en Olavarría según legajo de DIPPBA. Reclamos frente al hotel donde se alojaban los músicos, pintadas en paredes, algunas calles cortadas y hasta quema de gomas ocasionaron un complejo movimiento de distintas dependencias de la DIPPBA. El producto de ese trabajo es un legajo adicional cargado de fotos y recortes periodísticos en el que se mezclan desde grafitis en Azul con los nombres de distintos barrios y ciudades de los cuales procedían los fanáticos (Chacarita, Isidro Casanova, Mar del Plata y Punta Alta son los destacados) hasta un seguimiento a la banda sin grandes resultados, dado que los músicos permanecieron en silencio a excepción de la recordada conferencia de prensa en el hall del hotel Savoy.
Finalmente el grupo decidió retirarse de Olavarría el domingo 17 de agosto sin poder brindar sus shows en esa ciudad, aunque no en esa zona. Es que poco menos de dos meses después (precisamente el 4 de agosto) Los Redondos tocaron a 100 kilómetros de distancia, puntualmente en Tandil, donde más adelante el cantante –ya como solista– ofreció cuatro recitales: curiosamente su mayor cantidad de presentaciones junto a La Plata, ciudad cabecera de la misma DIPPBA que durante años intentó espiarlo sin siquiera saber que su nombre es Carlos Solari y no Patricio Rey.
