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Números del horror: Correpi presentó su informe anual sobre violencia estatal contra la población
20 de marzo, por Razón de Estado — Política, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Correpi, Violencia institucional, Violencia policial, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Policía Federal, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Patricia Bullrich, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Principal2 1, Política, Libertades Democráticas, Gatillo fácil, Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Correpi, Violencia institucional, Violencia policial, Servicio Penitenciario Federal (SPF), Policía Federal, Policía Bonaerense, Brutalidad policial, Patricia Bullrich, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Principal2 1
Muertes evitables en cárceles y comisarías, torturas, gatillo fácil, criminalización de la pobreza y de la protesta social. En lo que va del gobierno de Milei, los asesinatos a manos de las fuerzas represivas, federales y provinciales, representan un 10 % del total registrado desde diciembre de 1983. La porteña y la bonaerense, entre las policías más letales. Nuevos datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Desde 1996 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) elabora cada año un informe con el listado de víctimas y el estado de situación en la materia. Desde hace treinta años, ante la inexistencia de registros oficiales garantizada por todos los gobiernos, ese informe representa una de las fuentes más confiables para saber cómo, cuándo, dónde y por qué el Estado mata a ciudadanos y ciudadanas de diversas modalidades.
Este jueves la Correpi presentó su Informe de la Situación Represiva Nacional 2025, con datos actualizados a enero último. “Continuamos actualizando año tras año nuestro archivo a partir de la investigación y relevo de casos en medios nacionales y locales, pero sobre todo a partir de la colaboración y cobertura de medios alternativos y organizaciones que nos hacen llegar información de difícil acceso o que se oculta deliberadamente”, dice el organismo de derechos humanos en su presentación.
En el estudio (que puede verse completo acá) se afirma que con la llegada de Javier Milei y Patricia Bullrich a la Casa Rosada se produjo “un verdadero cambio de régimen”, basado en la reestructuración desde el Estado del “sistema normativo público y privado”, afectando “buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida”.
En ese marco, destaca que “el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad” provocaron “un gran incremento de las muertes bajo custodia y los fusilamientos de gatillo fácil, las dos modalidades preponderantes en el Archivo” que confecciona Correpi .
Según la organización dirigida por María del Carmen Verdú, se está ante la presencia de “un récord absoluto de muertes a manos del aparato estatal en sus distintas modalidades”. Récord logrado a partir de un mayor empoderamiento y vía libre para todas las policías y servicios de inteligencia y penitenciarios. También a través del endurecimiento de leyes y normativas, con el hito reciente de la aprobación de la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. Y, por supuesto, con la represión a la protesta social como una marca registrada del gobierno de La Libertad Avanza.
Bajo el gobierno de Milei, se denuncia, “todas las fuerzas de seguridad son compatibilizadas expresamente con la reinstalación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y las fronteras ideológicas, para perseguir a los ‘enemigos' marcados desde el gobierno y en especial por el Ministerio de Seguridad Nacional, dejando en evidencia el rol de ejecutor de las políticas de EEUU y su socio, el Estado de Israel”.
El informe consigna que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 20 de enero de 2026 se contabilizaron 10.181 muertes en Argentina provocadas por las fuerzas represivas estatales con diferentes modalidades. De ese total, 1.056 (el 10,4 %) se produjo durante los primeros 25 meses del gobierno liberfacho. “Nunca -ni siquiera en la anterior gestión ministerial de Bullrich bajo la presidencia de Macri- un gobierno llegó tan lejos en la expresa legitimación del gatillo fácil como política de Estado”.
Agrega que “en la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros), confluyen los clásicos ‘suicidios', que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no se presta auxilio o se hace tardíamente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados ‘coches-bomba' (sicarios)”.
“También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.). La muerte de personas bajo custodia de funcionarios de las fuerzas de seguridad, en cárceles, comisarías u otros lugares de encierro es la modalidad de mayor incidencia numérica”, afirma Correpi .
Sociedad encarcelada
Como causal de estas muertes aparece un largo y progresivo proceso de encarcelamiento ocurrido durante las últimas décadas, con el endurecimiento de penas y demás recursos punitivos sobre la población. Proceso profundizado a partir de las llamadas “Leyes Blumberg” del año 2004, impulsadas por el gobierno de Néstor Kirchner. Desde entonces las cárceles y comisarías de todo el país nunca dejaron de llenarse de jóvenes, sobre todo pobres, quienes mayoritariamente pasan años encerrados sin tener siquiera una condena en primera instancia.
Correpi recuerda que “en 2001 había 34.000 personas privadas de su libertad en todo el país” y que hoy ese número “ronda al menos 135.000 y con un ritmo creciente”. Y aclara: “Las causas de esta suba masiva de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron. En 2001, la tasa de homicidios dolosos era de 8,6 cada 100.000 habitantes. En 2025, descendió a 3,7. Es similar la diferencia en delitos como robo, robo agravado y robos en grado de tentativa”.
Diferentes uniformes, una misma violencia
Respecto a los crímenes cometidos en lo que va de gobierno de Milei, en su desglose por fuerzas actuantes en cada muerte Correpi muestra “una imagen precisa de la intervención de cada una. El 60,15 % de las muertes (622 casos) corresponde a los servicios penitenciarios provinciales y federal; le siguen las policías provinciales con el 31,24 % (323 muertes); la Policía de la Ciudad, 4,74 % (49 muertes), la Policía Federal, 2,80 % (29 casos) y bastante más lejos Gendarmería (6 muertes); Prefectura (2 muertes) y otras fuerzas como las Armadas”.
Entre las fuerzas locales más asesinas están la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense. Ambas son conducidas desde años por gobiernos de signos políticos opuestos. Una por el macrista PRO y la otra por el peronismo de Unión por la Patria. En los últimos nueve años, siempre según el informe de Correpi , la Policía porteña asesinó a 195 ciudadanos y la bonaerense a 630. Teniendo en cuenta la cantidad de efectivos que integra cada fuerza, ambas tienen altísimas tasas de asesinatos.
En ese marco, si se excluyen del análisis los casos protagonizados por personal de penitenciario, “que en casi su totalidad corresponden a muertes bajo custodia”, y se hace foco en el resto de las fuerzas, “resulta abrumadora la incidencia del uso del arma reglamentaria fuera de servicio”. Por eso Correpi insiste en “la prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil, lo que redundaría de inmediato en una baja importante del gatillo fácil, además de disminuir las muertes intrafuerza”.
Siempre, contra la juventud y los sectores populares
“Si desglosamos por rango de edad, excluyendo los casos en que carecemos del dato de la edad, en la mayoría de muertes bajo custodia, la franja de 15 a 25 años es la más afectada durante la gestión Milei, y representa el 40 % del total, seguida por el 28 % entre 26 y 35. Niños y niñas de menos de 14 años representan el 5 % y las personas de 36 a 45 años, el 17 %”, detalla el informe de Correpi .
En sus conclusiones, el texto remarca que “así como da cuenta de una política de control y disciplinamiento social propia de un sistema de división de clases, el análisis comparativo de las diversas gestiones es prueba eficiente de cómo se agrava cuando, como sucede hoy, la brecha de desigualdad se profundiza”, en referencia al plan económico en curso, una de cuyas características es la larga lista de daños ocasionados en lo social.
Imagen La Caja Roja
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Del Cordobazo a la dictadura: historias de lucha y represión en la voz de María Giovis
20 de marzo, por Video / Entrevista — Política, Historia, Libertades Democráticas, Cordobazo, Julio Cortázar, Coordinadoras interfabriles, Sitrac-Sitram, Bloque1 A4 2, Vicente Zito Lema, 50 años del golpe de Estado de 1976, Política, Historia, Libertades Democráticas, Cordobazo, Julio Cortázar, Coordinadoras interfabriles, Sitrac-Sitram, Bloque1 A4 2, Vicente Zito Lema, 50 años del golpe de Estado de 1976
En diálogo con La Izquierda Diario, María Giovis recorre la resistencia obrera y estudiantil, la represión y la perspectiva revolucionaria, a 50 años del golpe de 1976. Conversamos con la realizadora de “66/76 Insurrección obrera y estudiantil”.
La realizadora de realizadora de “66/76 Insurrección obrera y estudiantil” nos visitó en los estudios de La Izquierda Diario y conversamos sobre los principales hechos de la lucha de clases como el Cordobazo, el clasismo y la solidaridad obrera y estudiantil en los años 60 y 70.
Hablamos de la Revolución, de lo cerca que estuvo el movimiento obrero y popular de luchar por una sociedad sin explotación ni opresión. También de la represión que implicó la última dictadura en Argentina y reflexionamos sobre el 50 aniversario del golpe genocida.
También nos contó que planes tiene para el futuro y algunos detalles de su producción audiovisual.
Tanto “66/76 Insurrección obrera y estudiantil” como “Ingeniero White. Un pueblo que están matando” y de “El ferrocidio. Historia de lucha y resistencia obrera” están disponibles en Youtube para acceso libre y gratuito.
Cuestión de Estado: Las cifras de la impunidad ¿sabías cuántos genocidas de la dictadura cumplen condena?
En estos días, a poco de cumplirse el 50 aniversario del golpe genocida de 1976, recomendamos ver y difundir la gran producción “66/76 Insurrección obrera y estudiantil” que cuenta con imágenes inéditas y entrevistas a sus protagonistas.
Foto: María Giovis y Daniel Lencina
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Las cifras de la impunidad ¿sabías cuántos genocidas de la dictadura cumplen condena?
19 de marzo, por Cuestión de Estado — Política, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Terrorismo de Estado, Apertura archivos, Dictaduras en el Cono Sur, 50 años del golpe de Estado de 1976, Política, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Terrorismo de Estado, Apertura archivos, Dictaduras en el Cono Sur, 50 años del golpe de Estado de 1976
El pasado martes la Procuraduría de lesa humanidad publicó su informe sobre el estado de los juicios y procesos a los genocidas. Aquí analizamos los datos publicados a poco de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado iniciado el 24 de marzo de 1976.
El martes 17 de marzo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a través del sitio Fiscales.gob.ar publicó los datos actualizados -hasta el 12 de marzo inclusive- que revelan la impunidad de la represión cívico-militar-empresarial-eclesiástica, que incluye tanto al último gobierno peronista previo al golpe de Estado (1973-1976) como a la última dictadura militar (1976-1983).
En el informe leemos que actualmente solo hay 504 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de ese total 425 represores se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria.
Por otra parte, 61 genocidas cumplen su condena en la Unidad Penitenciaria N°34, ubicada en Campo de Mayo, ubicado en la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires. Vale aclarar que si bien formalmente es una “cárcel” -léase: cárcel VIP-, en los hechos es la "casa" de los genocidas, donde tienen todo tipo de privilegios.
Finalmente el dato más representativo de la impunidad que deja ver la actualización presentada, nos dice que solamente 18 represores se encuentran cumpliendo condena en diferentes cárceles comunes del país.
El informe publicado contiene una serie de datos realmente escalofriantes. Se analizan los resultados de los juicios que se reabrieron a partir de 2006 a la fecha. Allí leemos que desde la reapertura de los juicios los “tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250”.
Te puede interesar: Comenzó el juicio oral por la Masacre de Calle Corro, los genocidas en el banquillo de los acusados
En este momento se están llevando a cabo 12 juicios. En el día de ayer comenzó el juicio por la “Masacre de Calle Corro”, ocurrido en septiembre de 1976 (el mismo se puede ver online).
Los represores masacraron a gran parte de la secretaría política de Montoneros y entre las víctimas se encontraba Vicky Walsh, la hija del reconocido escritor Rodolfo Walsh. Por su parte, Myriam Bregman -diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda-, es parte de la querella contra los genocidas.
Crímenes sexuales a las mujeres detenidas-desaparecidas
Además de golpes y torturas a los detenidos-desaparecidos también hay que sumar los delitos sexuales ocurridos en los Centros Clandestinos de Detención.
Al día de hoy, solo se encuentran condenados 174 represores por violaciones y abusos sexuales durante el Terrorismo de Estado. En el informe citado leemos: “De acuerdo con las sentencias, el fenómeno criminal -que incluye la amplitud de conductas tipificadas que tienen como objeto la agresión sexual- tuvo como víctimas a 230 mujeres y a 40 varones” y agrega que “la procuraduría también informó que 45 personas que fueron acusadas por este tipo de delitos resultaron absueltas al cabo de los juicios”.
Impunidad biológica y democracia burguesa
Desde 1983, la democracia burguesa pactó con las cúpulas militares que fueron responsables de los 30 mil detenidos-desaparecidos. Hay nombres y apellidos concretos en la fabricación de la impunidad: los radicales de la UCR (Alfonsín/De la Rúa) y el peronismo del PJ (Menem y, pese a una sostenida retórica de defensa de los derechos humanos, también el kirchnerismo y Alberto Fernández), nunca abrieron los archivos del Terrorismo de Estado, sosteniendo un manto de impunidad desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983.
La apertura de los juicios luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final y de los Indultos, no fue una concesión de ningún gobierno sino una conquista de la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.
Por otra parte, los gobiernos que a lo largo de 40 años no abrieron los archivos de la represión allanaron el camino para que hoy, se haya instalado cómodamente el negacionismo como política de Estado bajo el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Años neoliberales: La lucha contra los genocidas y el nacimiento del Ce.Pro.D.H.
Las consecuencias del negacionismo del genocidio son graves para el pueblo trabajador, no solo de Argentina, sino también de todo el Cono sur americano, dado que el terrorismo de Estado no fue un hecho aislado, sino que fue parte del Plan Cóndor, orquestado por el imperialismo norteamericano para derrotar al movimiento obrero y popular que luchaba por una sociedad sin opresión ni explotación.
Todos los actores que aquí mencionamos fueron y son claves cuando revisamos el dato de la impunidad biológica: 1257 represores se llevaron los secretos de la dictadura a la tumba, mientras los archivos de la represión siguen ocultos y muchos fueron destruidos por los propios militares a la salida de la dictadura.
La impunidad como política de Estado
Los datos que aquí analizamos arrojan como resultado que la impunidad siempre fue una cuestión de Estado, lo que implica que más allá de que cambien los gobiernos de turno mediante el sufragio universal, los genocidas siempre salieron impunes.
Si pasamos en limpio los datos vemos que solo hay 504 represores detenidos. El número es escandaloso porque en la Argentina se registraron al menos 814 Centros Clandestinos de Detención, lo que arroja un saldo de apenas 0.6 represores por cada lugar de tortura, violaciones, golpes y muertes. Recomendamos visitar el sitio “Mapas de centros clandestinos de detención (CCD) y hechos represivos” que registra la represión entre 1974 y 1983, es decir que se incluye en el informe al último gobierno peronista que, vale recordar, solo con el accionar de la Triple A se cobró la vida de más de 1500 luchadores obreros y populares.
Este 24 de marzo al cumplirse 50 años del golpe genocida, millares de personas saldrán a las calles y plazas centrales en todo el país a luchar contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestro medio denuncia el ajuste del gobierno de Milei y los cómplices del peronismo que con gobernadores y parlamentarios garantizaron el ajuste en estos años y permiten que el negacionismo y la impunidad sean una cuestión de Estado.
La lucha por Memoria, verdad y justicia es cosa de todos los días, para homenajear y continuar la lucha de los 30 mil detenidos-desaparecidos, sumate a marchar en la columna independiente.
Foto: Junta Militar
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“Charly de Fate”: hijo de desaparecidos, militante y obrero en lucha contra Madanes Quintanilla
19 de marzo, por A 50 años del Golpe — Mundo de l@s trabajador@s, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Fate, 24 de Marzo, 50 años del golpe de Estado de 1976, Mundo de l@s trabajador@s, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Fate, 24 de Marzo, 50 años del golpe de Estado de 1976
Con medio siglo de lucha por la verdad y la justicia a cuestas, Carlos “Charly” Oroño es uno de los trabajadores de Fate que acampan frente a la fábrica y en su techo para resistir el cierre. Su historia cruza la reivindicación de los 30.000 y la dura batalla por el futuro de sus hijos. Hoy convoca a marchar este 24 de marzo de manera independiente y masiva.
La historia de “Charly de FATE” cobra una relevancia importante en el presente y el futuro, encarnado en las nuevas generaciones que toman en sus manos la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. En un contexto político y social donde las derechas proclaman sus discursos negacionistas y en especial el gobierno de Javier Milei es clave resaltar los hilos de continuidad que permanecen latentes en las historias de quienes no olvidan, no perdonan y reclaman memoria verdad y justicia.
“Me motiva retomar los pasos que dieron mis viejos”
A Charly lo atravesó la historia de sus padres, que lucharon por una sociedad distinta y un mundo más justo. Su mamá, Justa Isabel Moreyra, y su papá, Carlos Omar Oroño, fueron desaparecidos en José C. Paz durante la última dictadura cívico-militar, cuando él tenía apenas tres meses de vida.
Desentrañar el camino que emprendieron sus padres a través de los testimonios de vecinos y vecinas —que recordaban el trabajo social que realizaban en el barrio en aquellos años de plomo— lo motivó a retomar sus pasos. Él recuerda: “Mi viejo era profesional, técnico, y enseñaba electricidad para que la gente pudiera ganarse el mango”.
Charly conoció la vida y la militancia de sus viejos en voces ajenas. Rearmar las piezas que no encajaban frente a las mentiras oficiales y a los discursos de los partidos del régimen, que buscaban atenuar responsabilidades, fue fundamental para avanzar con más decisión y firmeza.
Aquel legado dejó huellas en su vida y marcó su impronta. Comenzó una militancia activa en HIJOS; acompañó y acompaña cada jueves la Ronda de las Madres, que desde 1977 realizan alrededor de la Pirámide de Mayo con sus emblemáticos pañuelos blancos. Charly lleva en su pecho las fotos de Isabel y Carlos.
Cada 24 de marzo levanta con orgullo la bandera de los 30.000 y también invita a reflexionar sobre una lucha incansable y colectiva que fue clave para condenar a los genocidas y a algunos responsables civiles, pero también sobre todo lo que aún falta, a 50 años del golpe de 1976.
Los pañuelos blancos y los desaparecidos de Fate
La convicción de transformar la sociedad de raíz y su militancia en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) lo llevaron a unir su causa histórica con la lucha obrera cuando, hace 13 años, entró a trabajar en Fate. Esa patronal, como tantas otras de la Zona Norte, tuvo un rol activo durante la última dictadura.
Empresarios sedientos de ganancias no dudaron en planificar el terror y el secuestro de activistas y delegados combativos cuando se sintieron amenazados por la organización obrera en coordinadoras interfabriles, comisiones internas y centros de estudiantes.
Entre las miles de trabajadoras y trabajadores desaparecidos del principal cordón industrial del conurbano, Fate tiene en su haber a 12 de ellos. La mayoría pertenecía al sector de Electrónica. Por eso, en 2018 se realizó un acto en la seccional San Fernando del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), donde se colocó una placa para recuperar la memoria y homenajear a los desaparecidos entre marzo y abril de 1976. También se impulsó una pancarta para visibilizar el rol de la empresa durante la dictadura y llevarla cada 24 de marzo a las marchas.
“Hijo, Nahuel, papá está acá y te quiere mucho”
Con esas palabras, frente a una cámara de C5N, el país conoció a Charly obrero. Ese día le habló a su hijo mientras hacía pública la situación que atraviesan hoy más de 900 familias que pelean por sus puestos de trabajo y contra el cierre de Fate.
Aquel mensaje a su pequeño llevaba en su interior la misma pelea por memoria, verdad y justicia que marcó su historia familiar. Los hilos de continuidad entre generaciones se expresan en las luchas del pasado y del presente.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Cuando “Charly de Fate” le habla a Nahuel, lo hace con la convicción de dar una batalla contra una patronal que carga con 12 trabajadores desaparecidos. Sabe que el dueño de la planta, Javier Madanes Quintanilla —una de las mayores fortunas del país— intenta avanzar con un programa que la burguesía nacional soñó imponer de la mano de la junta militar: derrotar la resistencia de la clase obrera y su decisión de no ser sometida por los grandes grupos económicos y el FMI.
Este martes 24 de marzo, a 50 años del golpe del '76, marchamos junto a los trabajadores de Fate y sus familias contra el cierre de la planta y la reforma laboral. Seamos miles en las calles por las y los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, por la reapertura de los archivos y por cárcel común y efectiva para todos los responsables del genocidio de clase.
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Laura Costanzo: "Desenterrar la historia para reconstruirla y repararla”
19 de marzo, por A 50 años del golpe genocida — Mundo de l@s trabajador@s, Salud, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, 50 años del golpe de Estado de 1976, Mundo de l@s trabajador@s, Salud, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, 50 años del golpe de Estado de 1976
Conversamos con la autora del libro “La fuerza del silencio. Revisando la historia del Hospital de Melchor Romero”. Historia de la lucha gremial, social y política del Hospital de Melchor Romero en los años 70. Un recorrido por historias de resistencia, organización y las continuidades de lucha para el presente.
Laura Constanzo es psicóloga, trabajó en el Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos "Alejandro Korn" de la ciudad de La Plata durante 29 años con una participación sindical muy activa en Cicop (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de PBA) siendo dirigente del gremio y fundadora junto con otros y otras compañeros/as.
En esta entrevista relata la necesidad de conocer lo sucedido en la historia de la lucha gremial, social y política del hospital en la década del 70 como motor para escribir el libro, incursionando en los archivos del hospital encontrando una historia olvidada de luchas y con la necesidad también de cambiar un paradigma de atención, de modificar las prácticas y las condiciones de vida de las personas internadas.
Esta entrevista logra hacer un recorrido por historias de resistencia, organización y las continuidades de lucha para el presente.














