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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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  • El Gobierno gastó casi $ 80 millones “extra” el 12 de marzo para reprimir a jubilados e hinchas

    18 de abril, por Plata hay — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Son fondos destinados al accionar específico de las fuerzas federales ese día, en el que casi matan a Pablo Grillo y le arrebataron la visión a Jonathan Navarro. A eso se suman los “gastos corrientes” (del presupuesto) y los “fondos reservados” de la SIDE y otras agencias con manejo vidrioso. Y después dicen que “no hay plata”.

    Este lunes el Gobierno nacional informó el monto del gasto oficial “extraordinario” del operativo represivo del miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso. Entre las cuatro fuerzas federales, en un solo día el Ministerio de Seguridad sumó nada menos que $ 78.720.989.10 a los “gastos corrientes” para actividades de esta naturaleza.

    Además del gasto habitual y de esos casi 80 millones “extra”, habría que agregar también otra fortuna volcada al financiamiento de infiltrados y operaciones de inteligencia diversas, como la impresión y reparto de volantes apócrifos del Frente de Izquierda o la “entrega” de un patrullero para su incineración en plena vía pública. Los famosos “gastos reservados” de la SIDE y otras agencias especializadas en el manejo críptico y nunca detallado de cuantiosos fondos públicos.

    Tal vez haya que sumar, también, otros fondos salidos de despachos oficiales para que pseudoperiodistas, animadores televisivos e incluencers intentaran instalar el relato de que, en lugar de la concurrencia de hinchas de fútbol solidarios con la causa de las y los jubilados, las inmediaciones del Congreso se llenaron de violentas patotas de “barrabravas” que buscaban algo así como un golpe de Estado. Algo que sólo estuvo en la imaginación del libertarianismo reaccionario.

    Vale recordar que, producto del accionar criminal de las fuerzas federales durante aquella jornada de protesta de jubiladas y jubilados, resultaron heridos muchos manifestantes. Entre ellos el fotógrafo de 35 años Pablo Grillo, quien sigue luchando por su recuperación, y el trabajador municipal de 33 años Jonathan Navarro, a quien un balazo de goma le cegó el ojo izquierdo. Además de 114 detenidos “al voleo” y de forma tan irregular que debieron ser liberados a las pocas horas.

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    “Desembolso con carácter extraordinario”

    La información sobre los gastos específicos destinados al operativo del 12 de marzo le fue remitida a la diputada nacional Natalia Saracho, del bloque de Unión por la Patria, quien la había solicitado formalmente. El informe de dos carillas lo firma Analía Zapulla, a cargo del área de acceso a la información pública de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad del Ministerio de Seguridad Nacional.

    Allí el Gobierno afirma que ese miércoles participaron 1.266 efectivos, contando los de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y detalla cuánto recibió cada fuerza en concepto de “desembolso con carácter extraordinario”, lo que incluiría “consumo adicional de combustible” y “equipos de apoyo”.

    Quienes más dinero agarraron ese día fueron los comisarios de la Federal. A esa fuerza el Ministerio le depositó para gastos “extraordinarios” $ 75.963.104, más del 96 % del total, lo que se vio reflejado en una presencia mayoritaria de azules entre las tropas apostadas para apalear y gasear manifestantes. Los gendarmes recibieron por idéntico concepto $ 1.843.558,10, los aeroportuarios $ 466.800 y los prefectos $ 447.527.

    Si se divide el total de erogación “extra” de ese día (es decir los $ 78.720.989.10) por la cantidad de efectivos oficialmente destinados a las tareas represivas (1.266 entre las cuatro fuerzas), se puede concluir que el Gobierno gastó ese miércoles $ 62.180 más que lo habitual para movilizar y pertrechar a cada policía, gendarme o prefecto. Un monto muy cercano a los congelados $ 70 mil mensuales que el Estado paga en concepto de bono jubilatorio.

    Si se tiene en cuenta que la jubilación mínima (con ese bono congelado desde hace un año) apenas alcanza los $ 349.000, Bullrich y sus secuaces se patinaron de forma “extraordinaria” en aquellas frenéticas horas del miércoles 12 nada menos que el equivalente a 225 haberes mínimos. Que, huelga decirlo, cada vez están más lejos de lo que vale la canasta básica de los jubilados, estimada en más de $ 1.200.000. Obsceno por donde se lo mire.

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    A pocos días de esa brutal represión La Izquierda Diario te contó otro dato. Cada cartucho de gas lacrimógeno como el que impactó en la cabeza de Pablo Grillo equivale a dos tercios de una jubilación mínima. En julio de 2024, por la compra de casi seis mil de esos cartuchos a Fabricaciones Militares S.E., el Ministerio de Seguridad gastó U$S 992.875. Sí, pagó en dólares, pese a que el proveedor es una empresa estatal.

    Plata para reprimir al pueblo hay. Y de sobra. Como se viene insistiendo en estas páginas, la posibilidad de que Bullrich y sus rabiosos perros de presa sigan con sus “gastos extra” para gases, bastones, balas de goma y demás pertrechos es inversamente proporcional a la masividad que alcancen las movilizaciones a las que se busca reprimir.

    Como ocurrió en 2024 con las movilizaciones universitarias, o el 1° de febrero contra el discurso machista y homolesbotransfóbico de Milei en Davos, o el 8 y el 24 de Marzo ante fechas emblemáticas como el Día Internacional de la Mujer y el aniversario del golpe genocida, cuantos más seamos en las calles más rápido se frenará el afán criminal de las fuerzas represivas de Bullrich.

    Miércoles 12 de marzo, momentos previos al comienzo de la represión | Foto Enfoque Rojo

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  • Murió el genocida Héctor Vergez, cerebro del centro clandestino La Perla

    18 de abril, por Córdoba — , , , , , , , , , , , , ,

    Fue en el Complejo Penitenciario de Bouwer de Córdoba donde cumplía condena por su accionar durante la dictadura. El ladero de Luciano Benjamín Menéndez organizó el Comando Libertadores de América, la “Triple A cordobesa”, que actuó previo al golpe de 1976. Amparado por las leyes de impunidad, continuó haciendo inteligencia, estando involucrado en coimas vinculadas a la causa Amia. Detenido en 2006, recién en 2012 fue condenado por sus crímenes de la dictadura.

    “La Perla fue mi hija, mi obra. Yo la hice”, le confesó al periodista Ricardo Ragendorfer en una entrevista que mantuvo en su casa del centro porteño, en 2004. Allí se jactó de haber llevado a cabo “una guerra de inteligencia”. Para Vergez “las batallas se liberaban en los interrogatorios. Eso no siempre implicaba la tortura sino una pugna psicológica muy sutil con el detenido”confesó en aquella entrevista.

    Espía y experto en Inteligencia del Batallón 601, Vergez formó parte del Comando Libertadores de América en la provincia de Córdoba, la versión cordobesa de la Triple A. Junto al comisario Pedro Telleldín (encargado de la inteligencia en la policía cordobesa y padre de Carlos, implicado en el atentado a la Amia), atentaron contra el diario La Voz del Interior y fueron los responsables de asesinatos en la ciudad durante 1975 como los de la familia Pujadas, Susana Luna y Marcos Osatinsky (jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias- FAR).

    Te puede interesar: El único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva

    Ya en curso la dictadura genocida, se desempeñó como Jefe del Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, dependiente del III Cuerpo de Ejército en el Grupo Operaciones Especiales (OP3) inaugurando el centro clandestino La Perla. Allí fue la cabeza que determinaba sobre la vida y la muerte de quienes eran secuestrados y torturados en la provincia, como así también del robo de sus bienes. En un libro que escribió a modo de "memorias", titulado "Yo fui Vargas", se vanaglorió de haber matado a 43 militantes de la JUP en 48 horas.

    Pasado a retiro en 1979, continuó sus fechorías entre servicios a la exSIDE y negocios privados. Fue gerente de una financiera en la ciudad de Córdoba, vinculada al exvicepresidente Victor Martínez, donde realizó infinitas estafas. Quedó comprobada su vinculación con Telledín hijo y el pago de coimas en el caso del atentado a la AMIA.

    Te puede interesar: Crímenes de lesa humanidad: pocos juicios en curso y la mayoría de los condenados siguen en sus casas

    Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, recién en 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 5 lo condenó a 23 años de prisión por los secuestros y desapariciones del abogado Julio Gallego Soto, del funcionario ministerial Juan Carlos Casariego de Bel y del militante del ERP Javier Coccoz. También fue juzgado por el secuestro de la esposa de Coccoz, Cristina Zamponi, y su hijo, quienes sobrevivieron. Posteriormente, en 2016, fue sentenciado a prisión perpetua en la megacausa "La Perla" por su responsabilidad en 448 delitos, incluyendo 108 homicidios calificados y seis casos de tormentos seguidos de muerte.

    Vergez murió en prisión. Fue encontrado tirado en el piso. Responsable de la represión, tortura y muerte en Córdoba fue uno de los pocos genocidas que cumplió condena en cárcel común.

    A pesar del negacionismo que busca instalar el gobierno nacional, seguiremos en la lucha por memoria, verdad y justicia porque FUE GENOCIDIO.

    Foto| Archivo Será Justicia

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  • Barry por la baja de la edad de imputabilidad: “Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro”

    https://youtu.be/a12YWnquVd4
    18 de abril, por Debate — , , , , , , , , , , ,

    La legisladora porteña por el PTS en el Frente de izquierda (MC), debatió sobre los Proyectos de Ley que se quieren tratar para bajar la edad de imputabilidad, en el marco de una crisis económica y social que afecta principalmente a los niños, niñas y adolescentes en IP Noticias.

    En la Argentina se quieren tratar Proyectos de Ley para bajar la edad de imputabilidad en los delitos cometidos por menores. Dichos menores tienen un régimen penal juvenil, el cual abarca desde los 16 a 17 años, con 18 años ya entran en el régimen de adultos. Existen entre 14 y 17 proyectos que están dando vueltas en el Congreso de la Nación. Si se aprueba alguno de estos proyectos, ¿realmente va a mejorar esta problemática? ¿Qué sucede con esos menores después de pasar por un centro de detención? ¿Pueden reinsertarse en la sociedad? Estas fueron algunas de las preguntas que realizó la periodista a quienes estaban presentes.

    Sebastián Queijeiro, abogado penalista, declaró que participó en uno de esos proyectos, “garantizo que luego de estas elecciones va a haber una reforma. No se llevó, ni se presentó ahora para que no se mezcle con la política”, aclaró.

    Dicho abogado asegura que estos proyectos se van a posponer hasta después de la elección, además garantiza que se votará a favor de uno de ellos, “sí o sí, para mí la edad tiene que bajar”, declara haciendo hincapié en que el sistema actual proviene de la dictadura, mencionando a Videla. “Está comprobado técnicamente, por los índices, que es un sistema ineficiente y muy costoso, el más costoso de la región. Claramente vamos a tener que hacer una reforma”, afirmó.

    Alejandrina Barry, especialista en infancias y niñes, salió al cruce con una postura totalmente contraria a la de Queijeiro, primero explicó que trabajó alrededor de 20 años con niños, niñas y adolescentes en Villa 21-24. “Soy parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y fui también, legisladora por el Frente de Izquierda. Participé de estas audiencias que hicieron todas las organizaciones de la niñez y se han manifestado en contra por unanimidad, planteando claramente que el problema es que nuestros pibes no son peligrosos, sino que son los que están en peligro en este momento”.

    Y agregó: “Primero hay que pensar que esta discusión se da en un contexto particular, donde los niveles de pobreza e indigencia de nuestros niños y nuestras niñas están en su peor momento, por no decir obscenos y, donde justamente lo que hay que enfocar es cómo garantizarle los derechos a esos pibes y pibas. Para que tengan en cuenta que es una discusión falsa, desde mi punto de vista parte de la agenda represiva de Bullrich, es que el 0,45% de los pibes de entre 12 y 17 años, participa de algún delito, o sea, estamos hablando de cifras muy ínfimas, es decir que el 95,55% de los pibes, no delinquen”.

    “En ese marco, las urgencias tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con el acceso a alimentación; que en los barrios pueda haber polideportivos; centros culturales; talleres de oficio; etc”.

    Queijeiro confronta a Barry basándose en la doctrina de Zaffaroni, en la tecnología y la neurociencia. También realiza un paralelismo: “Así como un jubilado hoy, a los 65 años es joven y se discute la edad jubilatoria, los menores de 16 años tienen otros estímulos, otra tecnología, no es lo mismo un niño de hace unos años que ahora”, afirma muy convencido.

    Barry no tiene acuerdo, “hay un contexto social que es el que hay que abordar con urgencia. Se debe contar con abordajes sociales en relación a la problemática. Acá, para mí, hay una cortina de humo, porque no se plantean medidas de cómo atacar a los que generan ese gran delito como el narcotráfico, los desarmaderos de autos, estos delitos tienen convivencia.

    En ese momento la periodista interpela a Barry con el caso del crimen de Kim Gómez en La Plata, en el cual los involucrados tienen 14 y 17 años. Barry contestó: “Si no ves el contexto, es decir, esos pibes robaron un auto, sí. Si no hubiera pasado lo de Kim ¿ese auto a dónde iba? a un desarmadero, todo el mundo sabe en los barrios, centralmente la policía, quiénes son los que los manejan. Entonces, si no atacas las causas del gran delito, los pibes son el eslabón más débil de esa cadena”.

    “La coyuntura de estos problemas se solucionan con medidas sociales, es la única manera. Si no se plantean medidas concretas para que esos pibes tengan un presente donde no sean víctimas de las redes de trata, de las redes de narcotráfico, de las redes de delincuencia, es algo que no se puede abordar, o sea, estadísticamente al contrario de lo que dice Queijeiro, en los países donde se bajó la edad de imputabilidad, aumentó el delito”, afirmó Barry.

    Y cerró el debate explicando que, “nosotros cuestionamos que es una ley de la dictadura, pero la ley que se quiere implementar ahora es peor que la de Videla, porque se va a condenar a pibes de 13 años, a 20 años de cárcel y no plantea absolutamente ninguna medida social en un contexto donde el 0,45% de los pibes de 12 a 17 años participan de un delito, el resto no. La cifra que duele son dos millones y medio de chicos y chicas que se van a dormir sin cenar”.

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  • Barry por la baja de la edad de imputabilidad: “Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro”

    https://youtu.be/a12YWnquVd4
    18 de abril, por Debate — , , , , , , , , ,

    La legisladora porteña por el PTS en el Frente de izquierda (MC), debatió sobre los Proyectos de Ley que se quieren tratar para bajar la edad de imputabilidad, en el marco de una crisis económica y social que afecta principalmente a los niños, niñas y adolescentes en IP Noticias.

    En la Argentina se quieren tratar Proyectos de Ley para bajar la edad de imputabilidad en los delitos cometidos por menores. Dichos menores tienen un régimen penal juvenil, el cual abarca desde los 16 a 17 años, con 18 años ya entran en el régimen de adultos. Existen entre 14 y 17 proyectos que están dando vueltas en el Congreso de la Nación. Si se aprueba alguno de estos proyectos, ¿realmente va a mejorar esta problemática? ¿Qué sucede con esos menores después de pasar por un centro de detención? ¿Pueden reinsertarse en la sociedad? Estas fueron algunas de las preguntas que realizó la periodista a quienes estaban presentes.

    Sebastián Queijeiro, abogado penalista, declaró que participó en uno de esos proyectos, “garantizo que luego de estas elecciones va a haber una reforma. No se llevó, ni se presentó ahora para que no se mezcle con la política”, aclaró.

    Dicho abogado asegura que estos proyectos se van a posponer hasta después de la elección, además garantiza que se votará a favor de uno de ellos, “sí o sí, para mí la edad tiene que bajar”, declara haciendo hincapié en que el sistema actual proviene de la dictadura, mencionando a Videla. “Está comprobado técnicamente, por los índices, que es un sistema ineficiente y muy costoso, el más costoso de la región. Claramente vamos a tener que hacer una reforma”, afirmó.

    Alejandrina Barry, especialista en infancias y niñes, salió al cruce con una postura totalmente contraria a la de Queijeiro, primero explicó que trabajó alrededor de 20 años con niños, niñas y adolescentes en Villa 21-24. “Soy parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y fui también, legisladora por el Frente de Izquierda. Participé de estas audiencias que hicieron todas las organizaciones de la niñez y se han manifestado en contra por unanimidad, planteando claramente que el problema es que nuestros pibes no son peligrosos, sino que son los que están en peligro en este momento”.

    Y agregó: “Primero hay que pensar que esta discusión se da en un contexto particular, donde los niveles de pobreza e indigencia de nuestros niños y nuestras niñas están en su peor momento, por no decir obscenos y, donde justamente lo que hay que enfocar es cómo garantizarle los derechos a esos pibes y pibas. Para que tengan en cuenta que es una discusión falsa, desde mi punto de vista parte de la agenda represiva de Bullrich, es que el 0,45% de los pibes de entre 12 y 17 años, participa de algún delito, o sea, estamos hablando de cifras muy ínfimas, es decir que el 95,55% de los pibes, no delinquen”.

    “En ese marco, las urgencias tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con el acceso a alimentación; que en los barrios pueda haber polideportivos; centros culturales; talleres de oficio; etc”.

    Queijeiro confronta a Barry basándose en la doctrina de Zaffaroni, en la tecnología y la neurociencia. También realiza un paralelismo: “Así como un jubilado hoy, a los 65 años es joven y se discute la edad jubilatoria, los menores de 16 años tienen otros estímulos, otra tecnología, no es lo mismo un niño de hace unos años que ahora”, afirma muy convencido.

    Barry no tiene acuerdo, “hay un contexto social que es el que hay que abordar con urgencia. Se debe contar con abordajes sociales en relación a la problemática. Acá, para mí, hay una cortina de humo, porque no se plantean medidas de cómo atacar a los que generan ese gran delito como el narcotráfico, los desarmaderos de autos, estos delitos tienen convivencia.

    En ese momento la periodista interpela a Barry con el caso del crimen de Kim Gómez en La Plata, en el cual los involucrados tienen 14 y 17 años. Barry contestó: “Si no ves el contexto, es decir, esos pibes robaron un auto, sí. Si no hubiera pasado lo de Kim ¿ese auto a dónde iba? a un desarmadero, todo el mundo sabe en los barrios, centralmente la policía, quiénes son los que los manejan. Entonces, si no atacas las causas del gran delito, los pibes son el eslabón más débil de esa cadena”.

    “La coyuntura de estos problemas se solucionan con medidas sociales, es la única manera. Si no se plantean medidas concretas para que esos pibes tengan un presente donde no sean víctimas de las redes de trata, de las redes de narcotráfico, de las redes de delincuencia, es algo que no se puede abordar, o sea, estadísticamente al contrario de lo que dice Queijeiro, en los países donde se bajó la edad de imputabilidad, aumentó el delito”, afirmó Barry.

    Y cerró el debate explicando que, “nosotros cuestionamos que es una ley de la dictadura, pero la ley que se quiere implementar ahora es peor que la de Videla, porque se va a condenar a pibes de 13 años, a 20 años de cárcel y no plantea absolutamente ninguna medida social en un contexto donde el 0,45% de los pibes de 12 a 17 años participan de un delito, el resto no. La cifra que duele son dos millones y medio de chicos y chicas que se van a dormir sin cenar”.

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  • Importante participación estudiantil en el Conversatorio contra la impunidad policial

    18 de abril, por CURZA- UNCo — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    En la sede de Viedma de la Univresidad del Comahue se desarrolló una charla titulada “Ramiro Dina y Facundo Castro: La juventud y la lucha contra la impunidad policial”. Organizada por la agrupación En Clave ROJA, participaron del panel Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, desaparecido y luego asesinado por la Policía bonaerense de Sergio Berni en plena pandemia; y las hermanas de Ramiro Dina, muerto en custodia en la Comisaría 30 de la capital de Río Negro.

    Unas 60 personas se hicieron presentes en el CURZA para participar del conversatorio, la gran mayoría estudiantes de las carreras de dicha sede, así como también fueron parte de la charla referentes y activistas de los pueblos originarios, docentes de provincia, miembros de la organismos de Derechos Humanos y militantes de izquierda. Durante aproximadamente dos horas se informó sobre ambos casos y se desarrolló un intercambio sobre las responsabilidad del estado y la lucha por justicia. Al final se hizo un llamado a las y los estudiantes a seguir tomando como propia las actividades de lucha y difusión de las hermanas de Ramiro así como en la ejemplar lucha que día a día da Cristina Castro por justicia para Facundo. Desarrollamos a continuación las principales ideas que destacaron las panelistas.

    Leonella relató el minuto a minuto del 9 de febrero, día en que su hermano Ramiro murió tras ser detenido por la policía. Ese día, Ramiro asistió a un partido de fútbol de la copa de Campeones en Viedma, junto a la hinchada de La 268, al finalizar el partido festejó en la cancha, y luego no subió a los colectivos porque según sus amigos, regresaría en un auto. Allí esperó, como confirman la gente de seguridad de las canchas, hasta que decidió comenzar su regreso caminando. En esa vuelta, ingresó a un barrio privado, posiblemente buscando que alguien lo ayude a comunicarse con su familia, ya que no tenía celular.

    Fue denunciado por un vecino solo por desconocerlo y la ropa que llevaba puesta, que no era otra que la que llevan todos los pibes de los barrios a la cancha: camiseta del equipo, zapatillas deportivas, visera y lentes de sol para aguantar el calor del verano. Allí es perseguido y detenido sin mayor resistencia, como atestiguan los vecinos del barrio y subido a un patrullero.

    Aproximadamente veinte minutos después aparece muerto en la Comisaría 30 del barrio Guido, como certifica el SAME, con signos de haber sido brutalmente golpeado. La familia, que lo buscaba desesperadamente, se enteró de su muerte solo porque Leonella, empleada judicial, logró acceder a información oficial. Desde entonces, Leonella y Guillermina, querellantes de la causa, junto a su familia y amigxs, luchan porque la justicia les pueda explicar qué es lo que pasó con Ramiro desde que a él lo cargan en el patrullero en el km 9 hasta que termina sin vida en la puerta de la comisaría n°30 del barrio Guido. Que se esclarezcan los hechos, que se termine el encubrimiento y justicia para Ramiro.

    En la intervención Cristina Castro señaló que en el relato de las hermanas de Ramiro lo que nota son muchas coincidencias con lo que le sucedió a su hijo Facundo y a otros casos de violencia institucional. Señaló que hay un patrón común entre la bonaerense y la policía de Río Negro: luego de perpetuar un asesinato los “ensucian” con discursos de estigmatización, tal como lo hicieron con Ramiro mintiendo sobre un supuesto robo o el caso de su hijo en el que llegaron a inventar que vendía droga.

    Te puede interesar: Cristina Castro, madre de Facundo: “Estoy hermanada con todos los familiares de desaparecidos”

    En relación a esto mencionó el odio racial que existe en todas las fuerzas policiales sobre la juventud, sobre todo en los momentos donde los pibes se sienten con mas libertad como es ir a una cancha. Habló del racismo de “la gorra” sobre nuestros “negritos” que usan “visera”. Y señaló que es momento de que las hermanas de Ramiro, “que son unas leonas”, logren repercutir en los medios nacionales.

    En lo que respecta a la situación de su causa contó como a 5 años siguen en etapa probatoria porque no quieren ni siquiera liberar los patrones de los celulares de los policías implicados. Llamó a todo el auditorio, la gran mayoría jóvenes, a que acompañen a las hermanas de Ramiro como se hizo por Facundo, haciendo murales, marchas, usando las redes.

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    En una segunda intervención señaló su experiencia con el Presidente Alberto Fernández y el Minsitro de Seguridad de ese momento en el primer gobierno de Kicillof, Sergio Berni; para señalar la importancia de decir que “el estado es responsable”, porque tanto en el poder judicial como en el política hay complicidad y si no se los investiga o no se los aparta, hay una gran cadena de encubrimientos.

    Al finalizar la charla, desde la agrupación En Clave ROJA se apeló a todos los presentes a seguir siendo parte activa de las siguientes jornadas de lucha que están convocando los familiares y amigos de Ramiro; y se apeló a que el grito de “universidad de los trabajadores” se haga carne en las aulas, organizando la lucha por justicia por pibes como Ramiro o Facundo, hijos de la clase trabajadora que no pudieron estudiar o cumplir sus sueños por ser víctimas de la violencia policial.

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