Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas

La Izquierda Diario - Libertades democráticas

http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas

Artículos

  • Delegación visita comunidad Mapuche con amenaza de desalojo

    https://www.laizquierdadiario.com/IMG/jpg/01-154.jpg https://www.laizquierdadiario.com/IMG/jpg/2-1558.jpg https://www.laizquierdadiario.com/IMG/jpg/03-138.jpg https://www.laizquierdadiario.com/IMG/jpg/04-136.jpg https://www.laizquierdadiario.com/IMG/jpg/06-100.jpg
    5 de marzo, por Derechos Humanos — , , , , , , , , ,

    Por la mañana una delegación de referentes de Derechos Humanos se hizo presente en la lof Buenuleo, una de las comunidades Mapuche que enfrenta desalojos dictados por la justicia. Mirá las fotos y conocé parte de la historia de esta comunidad que habita el territorio desde fines del siglo XIX.

    Sobre la lof Buenuleo pesa una nueva orden de desalojo, con sentencia firme judicial, en favor de un privado con un boleto de compraventa trucho. La comunidad fue reconocida por el INAI en el año 2020 con un territorio de 480 hectáreas a los pies del Cerro Ventana. La recuperación comenzó en 2019.

    Por esto, una delegación de Derechos Humanos constituída por María Laura Bretal y Celina Rodriguez (militantes de DDHH y feministas de Abya Yala) junto a las referentes del Frente de Izquierda Alejandrina Barry (CEPRODH) y Alhue Gavuzzo (CONICET) recorrieron la comunidad y hablaron con sus miembros.

    El recorrido comenzó en la escuela primaria Nº 329, la escuela lleva el nombre de "Don Antonio Buenuleo", quien 25 años atrás cedió las tierras para que las infancias no tengan que moverse tanto para estudiar. Hoy es una escuela intercultural, donde se aprende la lengua y la cultura Mapuche, el sueño de los abuelos de la comunidad que hoy pretenden desalojar.

    Luego de caminar por la rivera del arroyo Ñireco, pasar por la toma de agua y atravesar un bosque de lengas centenario se llega a la ruca donde la delegación conversó con Cinco (el quinto Antonio Buenuleo) y Sandra, miembros de la comunidad.

    Inmediatamente después de la casa empiezan las 92 hectáreas que se adjudica el privado, incluso termina ese sector y el territorio ancestral de la comunidad continúa. Las nacientes del arroyo Ñireco y el bosque de lengas que lo rodea, es resguardado por la comunidad desde fines del siglo XIX y actualmente abastece un tercio del agua potable que se utiliza en Bariloche.

    En un comunicado que la comunidad difundía el día de ayer decían: "El agua debe ser un bien común de los pueblos y no quedar sujeto a los intereses económicos: no es una mercancía". Es justamente lo que está sucediendo, la justicia de Río Negro falla a favor de un privado sobre un lote que es parte del territorio comunitario pero que además se encuentra dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales.

    Desde la comunidad señalaron que se están utilizando los incendios para avanzar sobre los territorios, los Parques Nacionales son ofrecidos a privados por parte del propio presidente Cristian Larsen y la criminalización a las comunidades y voluntarios que apagan los fuegos y sin embargo son señalados como los responsables.

    <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    Deslizá para ver la fotogalería

    / / / /

  • Jorge Macri puso de ministro de “Seguridad” a un policía represor de los años 70

    5 de marzo, por Frondoso prontuario — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El excomisario Horacio Giménez, reemplazante de Waldo Wolff, participó del Operativo Independencia, de la represión a obreros en Villa Constitución en 1975 y de la dictadura genocida. Reciclado en “democracia”, condujo la Metropolitana de Macri, desde donde reprimió con saña a médicos y pacientes del Borda. Siempre zafó de ser condenado. Prontuario de un ultra que quiere llevarse bien con Bullrich.

    El excomisario general de la Policía Federal Horacio Giménez acaba de ser designado en reemplazo de Waldo Wolff al frente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cambio se da en medio de la crisis que atraviesa el gobierno de Jorge Macri por la situación de miles de detenidos en comisarías y alcaldías porteñas, combinada con la “interna” que mantiene el PRO con el gobierno nacional, particularmente con la exmacrista Patricia Bullrich.

    “Es tiempo de policías (...) No tenemos dudas de que su profundo conocimiento en la materia y su compromiso con el orden serán clave para que Buenos Aires siga siendo una Ciudad segura y ordenada”, tuiteó el lunes Macri sobre Giménez al anunciar cambios en su Gabinete, marcando una clara línea de acción.

    La llegada de Giménez al Ministerio es leída por la ultraderecha como una “buena noticia”, ya que el hombre es portador de un frondoso prontuario. Y además, porque hace años está consustanciado con la represión en CABA. De hecho entre 2011 y 2016 condujo la Policía Metropolitana a las órdenes del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. De aquella época arrastra un procesamiento por reprimir a personal, pacientes y trabajadores de prensa en el Hospital de Salud Mental José Tiburcio Borda, causa que lleva años esperando una definición de la Corte Suprema de Justicia.

    <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    Setentista, pero de los malos

    Giménez nació en 1955 y siendo muy joven entró a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Ramón L. Falcón. Según información que él suele difundir, “desplegó una vasta carrera en la PFA”, donde llegó a ser jefe del Departamento de Seguridad de Organismos Nacionales, director General de Seguridad Interior y superintendente de Interior y Delitos Federales Complejos. Ese último puesto lo ocupó durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

    Décadas antes de alcanzar esos altos cargos, siendo un oficial de corta trayectoria, integró las bandas de la Federal que fueron enviadas a cumplir diferentes misiones represivas contra aquello que las clases dominantes llamaban “subversión”.

    Durante el gobierno de Isabel Perón y José López Rega, Giménez se sumó al pelotón de 5.000 hombres, encabezado por el Ejército, que se instaló en Tucumán para dar rienda suelta al tristemente célebre Operativo Independencia , ensayo general y antesala de lo que se extendería a todo el país a partir del 24 de marzo de 1976.

    A principios de enero de 1975 la presidenta peronista había firmado el decreto 261 que ordenaba “aniquilar el accionar de elementos subversivos” en territorio tucumano. Con esa cobertura “legal”, militares y policías hicieron estragos contra la población del norte, secuestrando, torturando y matando obreros, estudiantes y activistas políticos.

    Los propios ejecutores del Operativo Independencia reconocieron haber montado 80 “lugares de reunión de detenidos” en la provincia. No menos de once de esos lugares se convirtieron en centros clandestinos de detención. El más emblemático es la Escuelita de Famaillá , por donde se calcula que pasaron entre 1500 y 2000 detenidos.

    Por aquellos tiempos Giménez también anduvo reprimiendo en el sur de Santa Fe, más precisamente en Villa Constitución, bastión de la lucha obrera y popular que desde 1974 fue escenario del recordado “Villazo” contra patronales como Acindar, la burocracia sindical de la UOM y el “pacto social” que había impulsado el gobierno de Juan Perón.

    Esa gesta de la clase trabajadora fue brutalmente reprimida en marzo de 1975, en un operativo inédito del Gobierno Nacional a cargo de fuerzas estatales con apoyo de bandas paramilitares como la Triple A y hasta financiamiento empresarial. Acindar , por caso, llegó a tener un destacamento policial dentro de la fábrica.

    Desde noviembre de 2023 en los Tribunales Federales de Rosario se lleva a cabo un juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población de Villa Constitución. En el banquillo están sentados un exgerente de Acindar , un militar y más de veinte miembros de la Federal. En esa causa Giménez zafó, al igual que cientos de aquellos “jóvenes oficiales”.

    El hecho de que a lo largo de las décadas Giménez no haya sido procesado (menos aún condenado) por aquellos delitos no lo exime de responsabilidad. Como siempre han denunciado sobrevivientes y organismos de derechos humanos, los genocidas que terminaron presos son pocos si se los compara con las decenas de miles de militares, policías y penitenciarios que secuestraron, torturaron, mataron, desaparecieron y robaron bebés en los casi 800 centros clandestinos de detención montados en Argentina entre mediados de los 70 y principios de los 80.

    <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

    Represor metropolitano

    Como gran parte de sus “camaradas de armas”, Giménez logró reciclarse una vez finalizada la dictadura. A fuerza de enjuagues “democráticos”, fue uno de los tantos que logró desplegar “una vasta carrera” en la Policía Federal, al decir de su currículum oficial. Los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y los Kirchner siempre avalaron sus ascensos.

    Durante la segunda presidencia de CFK, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré motorizó cambios en la cúpula de las fuerzas federales. Tras años de ocupar altos peldaños del escalafón de la fuerza, Giménez y varios más fueron pasados a retiro.

    En su caso, además, se sumaba la acusación de otros federales que lo apodaban “el jefe de los traidores”. Porque en 2009 habría mandado a filmar y sacar fotos a aquellos miembros de la Federal que mostraban entusiasmo por pasarse a la recientemente creada Policía Metropolitana (la misma que conduciría dos años después).

    Desde su retiro, Giménez cobra una jubilación de las más abultadas de las que paga el Estado, muy lejos de la mínima que perciben los verdaderos trabajadores y trabajadoras que cada miércoles son reprimidos frente al Congreso por los “camaradas” del ex comisario general.

    En diciembre de 2011, a punto de cumplir 59 años, Giménez fue convocado por el alcalde Macri para reemplazar a Eugenio Burzaco en la jefatura de Metropolitana. Él aceptó gustoso. Al asumir el cargo, dijo nada menos que estaba “comprometido” con “el respeto y la garantía de los derechos humanos”. Entre los presentes hubo risas contenidas.

    Nostálgico, el exjerarca de la Federal encaró la conducción de la policía porteña con dedicación. Tanto que en su biografía quedará para siempre marcada como un “hito” la salvaje represión que comandó en abril de 2013 contra trabajadores, trabajadoras y pacientes del Hospital Borda .

    Fue en el marco de una protesta ante la decisión de Macri de demoler instalaciones dedicadas a talleres y actividades culturales. Aunque en verdad la Metropolitana tenía la orden de hostigar, perseguir, reprimir y encarcelar a todo lo que oliera a popular y antiPRO.

    En esa represión hubo más de medio centenar de heridos y varios detenidos. Hechos por los que Giménez, el propio Macri, otros funcionarios y policías terminaron procesados. Pero en febrero de 2015 todos fueron sobreseídos. Poco después la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la impunidad, fiel al mandato tácito de salvar a Macri y sus secuaces de toda complicación judicial.

    La causa por los hechos del Borda no está cerrada. Tras diversas apelaciones y presentaciones de querellantes, desde hace años el destino del expediente espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Aunque nada hace pensar que el máximo tribunal del país vaya a fallar en contra de funcionarios y policías. Menos aún si algunos de sus miembros llegaron a ocupar esos sillones gracias al propio Macri.

    Pese a su prontuario (o gracias a él) desde este lunes Giménez conduce el efervescente Ministerio de Seguridad porteño a las órdenes de Jorge Macri, primo de su exjefe y cómplice de andanzas. La intención parece clara: componer relaciones con la cartera represiva nacional que dirige la expresidenta del PRO Bullrich, quien a fuerza de tuits y gritos logró la eyección de su viejo conocido Wolff.

    En menos de 24 horas Giménez ya mostró su disposición a llevarse de maravillas con la jauría armada de La Libertad Avanza. Con todo el odio que le tiene a las manifestaciones populares, envió a sus subordinados a apalear y dispararles a vecinas y vecinos de la Villa 1-11-14 que cometieron el gravísimo delito de festejar el carnaval en el barrio. Total normalidad.

    <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    / / / / / / / / / / / / /

  • Denuncian apremios ilegales de la policía de Trelew

    4 de marzo — , , , , , , , , ,

    Durante este fin de semana largo, denuncian que la policía detuvo a un joven por no portar DNI y golpear a otro.

    En el marco de la política represiva que llevan adelante Merino y Torres en la ciudad y en la provincia, respectivamente—en sintonía con la misma línea represiva nacional impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich—el Comando Unificado parece haberse convertido en una máquina de persecución, especialmente contra los más jóvenes.

    Desde controles de DNI a pibes que salen a divertirse hasta detenciones con apremios ilegales, la violencia policial se intensifica. Así lo denuncia la familia de un joven que, durante un operativo de control, fue golpeado por intentar acercarse a su novia. “Le pisaron la cabeza contra el suelo”, relatan. Luego, fue detenido y hasta el momento continúa preso sin una justificación clara, según denuncian sus familiares, quienes hacen responsables a la policía, al gobierno municipal y al provincial por su integridad.

    La maldita policia de Chubut, en la ciudad de Trelew tiene antecedentes aberrantes en casos similares, como los de Antillanca y Castaño. Ademas la policia del Chubut tiene casos de persecusión politica como sintetizamos en esta nota.
    Por eso, es fundamental denunciar y visibilizar estos hechos. En un contexto en el que el gobierno no solo profundiza su política represiva—como mencionamos antes—sino que además intenta censurar toda expresión cultural y musical que lo cuestione, como sucedió con Milo J, es urgente organizarnos y pronunciarnos contra la injusticia.

    / / / /

  • El punitivismo no es salida: por qué el peronismo votó las leyes de mano dura de Bullrich y Milei

    1ro de marzo, por Informe — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El mismo día que el Senado se negó a investigar el criptogate y convalidó la suspensión de las PASO, se aprobaron tres leyes penales a pedido del Gobierno. Con el trasfondo de crímenes como el de Kim, se las presenta como leyes contra el crimen organizado. Pero sólo profundizan la represión y la criminalización social. Los senadores de Cristina Kirchner aportaron votos claves.

    Con el aporte de Jesica Calcagno

    La agenda mediática otra vez es absorbida por brutales casos de violencia callejera. Montados en la terrible muerte de la pequeña Kim de La Plata, se reinstalan los discursos más reaccionarios. El estafador Milei sugiere “intervenir” la provincia de Buenos Aires. El excitado Espert pide mutar ladrones en queso gruyere. El inefable Berni reaparece con su chamuyo tras haber conducido por cuatro años a La Bonaerense junto a Kicillof.

    Entre ellos Bullrich, experta en encubrir magnates del crimen organizado, descargar su furia en los eslabones más vulnerables de esas cadenas de la economía ilegal y, cómo no, detectar “delincuentes” en quienes luchan y se organizan contra el plan de guerra de La Libertad Avanza.

    ¿Cuánta “seguridad” puede dar una ministra que carga con las muertes, a manos de Gendarmería, del cocalero salteño Gómez y del albañil jujeño Torres? ¿Qué autoridad tiene la responsable política de los crímenes macristas de los jóvenes Maldonado y Nahuel? ¿Cuán seria puede ser quien aún no explicó el contrabando de municiones para los golpistas bolivianos en 2019?

    Sin embargo ella, que no encuentra a Loan Peña y encubre a su jefe criptoestafador, acaba de arrancarle al Congreso nada menos que un paquete de leyes para reforzar la mano dura contra el pueblo. Pese a sus famélicas bancadas de diputados y senadores, LLA consiguió la aprobación de las leyes 27.784, 27.785 y 27.786 (abajo se detalla el contenido de cada una). Fue con apoyo del PRO, la UCR y también de Unión por la Patria.

    Cuando el año pasado esos proyectos se debatieron en comisiones de Diputados, sólo los defendieron personajes oficialistas. En su contra llovieron críticas y rechazos de académicos, especialistas, fiscales, defensores oficiales, organismos de derechos humanos y víctimas del gatillo fácil y la represión (te lo contamos acá, acá y acá). Algunos habían sido convocados por el mismo peronismo que, curiosamene, meses después votó a favor de darle esas herramientas represivas a Bullrich.

    Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans
    Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans

    “Organizaciones criminales”

    Milei vocifera su “teoría” de que el Estado es la mayor organización criminal que existe. Pero Bullrich procura darle al Estado cada vez más poder de fuego. ¿Paradoja? Para nada. Tienen claro que, para garantizar los negocios del “sector privado” (léase grandes capitalistas) el Estado debe armarse hasta los dientes.

    Y no es sólo la ultraderecha nostálgica de la dictadura la que ayuda al libertarianismo. Tras la mascarada de la “lucha contra el delito”, también hay “progres” que dicen defender derechos humanos pero le votan esas leyes a Milei justo en su peor momento político. ¿Paradoja? Para nada. La criminalización social es una “cuestión de Estado” y allí las “grietas” se desdibujan. Porque, como siempre decimos, “el ajuste más grande de la historia” no puede pasar sin reprimir a quienes lo resisten.

    Las pruebas están a la vista. El jueves 20, en la sesión maratónica donde se resolvió no formar una Comisión Investigadora para analizar el caso $Libra y satisfacer el deseo de Milei de suspender las PASO, el Senado también convirtió en ley ese paquete represivo propuesto por Bullrich.

    En octubre de 2024 Diputados ya había dado media sanción al proyecto de ley de “abordaje integral del crimen organizado”, más conocido como “Ley Antimafia”. Y en febrero, durante las extraordinarias, también votó los proyectos de “reincidencia”, “reiterancia”, unificación de penas y “juicio en ausencia”. Finalmente, entre gallos y medianoche, la semana pasada el Senado le dio a todo eso fuerza de ley.

    Aquí un repaso de los puntos centrales, cuáles son sus efectos y con qué apoyos parlamentarios contaron.

    Myriam Bregman y Christian Castillo denuncian la colaboración del peronismo con las leyes represivas de Bullrich

    “Antimafias”

    “La Ley Antimafias va a ser la solución a las bandas que hay en la provincia de Buenos Aires”, dijo este jueves en A24 la ministra Bullrich, polarizando con el gobernador Kicillof en torno al caso Kim. Agradeció a quienes votaron a favor y agregó: “Con esta ley la capacidad de operación que tenemos es infinitamente mayor”. ¿A qué se refiere?

    Presentada como “de abordaje integral del crimen organizado”, en concreto la Ley 27.786 le da un poder exorbitante al Ministerio de Seguridad y las fuerzas represivas federales para actuar en vastos territorios del país donde se considere que operan “organizaciones criminales”.

    ¿Qué sería una “organización criminal”? Según la norma, son grupos de tres o más personas “que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. Allí entran el narcotráfico, el lavado, la corrupción, el tráfico de órganos, la trata, la prostitución, la corrupción de menores, los atentados y el enriquecimiento ilícito, entre otros delitos federales.

    Más allá de las declamadas intenciones, en la práctica la ley avanza fuerte contra las libertades democráticas y garantías constitucionales.

      • Trata de igual manera a quien se hace millonario con un negocio ilegal y a quien, lejos de enriquecerse, es parte de esa cadena a la fuerza. Bullrich, que nunca detiene a ningún magnate narco (de esos que financian campañas electorales) ahora puede llenar las cárceles de “soldaditos” y hasta de cultivadores de cannabis ajenos a cualquier conducta criminal.
      • Al igualar responsabilidades, se igualan las penas: entre 8 y 20 años para quien “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o mantenimiento” de una “organización criminal”. Sin distinción. A todos les cabrá “la pena que correspondiere al delito más grave” cometido por cualquiera de ellos. Así, a una mujer que es obligada a prostituirse se le pueden aplicar los mismos cargos que a su proxeneta (y no es difícil adivinar quién irá tras las rejas). Todo depende de la arbitrariedad de ministros, fiscales, jueces y policías.
      • Se podrá detener hasta 48 horas por “averiguación” a cualquiera que sea sindicado como potencial miembro de una “organización criminal”. Y si la investigación se considera “compleja”, la detención puede durar hasta 30 días.
      • Se podrá allanar, embargar y secuestrar bienes “presuntamente vinculados” al delito investigado. Aún sin juicio ni condena, basta con que haya “sospecha fundamentada de origen ilícito” de un bien para decomisarlo y hasta subastarlo. Ahora bien, si el imputado es sobreseído o absuelto se le devolverá el bien, pero no habrá compensación por daño moral ni lucro cesante.
      • Se habilita el espionaje sobre las comunicaciones y redes de las personas sindicadas como miembros de la organización, aún si no se les imputa un delito concreto. Si hay “urgencia fundada”, el espionaje puede no tener plazos. La fundamentación es “no malograr una pesquisa”.
      • Si alguien “cooperó” con la “organización” sin saber sus fines, ya no contará con el atenuante que contempla el Código Penal. Y nadie que sea considerado miembro de una “organización criminal” tendrá siquiera la posibilidad de tener un juicio abreviado.
      • Se incorpora el concepto de “zona sujeta a investigación especial”. A pedido de un fiscal o del mismo Ministerio, un juez puede habilitar la militarización de un barrio e incluso de “una o más ciudades”, donde actuará una “Comisión Investigadora Conjunta” con los gobiernos y policías locales.
      • Dentro de una “zona sujeta a investigación especial” todo podrá ser allanado, incluso sin orden judicial. Alcanza con que se considere que un domicilio “se relaciona” con otro sobre el que sí hay orden. En ese caso, una Fiscalía autorizará “por cualquier medio” (por ejemplo un mensaje de Whatsapp , fácilmente borrable) a las fuerzas represivas a actuar.

    La “Ley Antimafias” tuvo media sanción en Diputados el 2 de octubre del año pasado, con 137 votos afirmativos (entre ellos uno de Unión por la Patria), 92 negativos y 27 ausentes. No hubo abstenciones. Este 20 de febrero el Senado le dio sanción definitiva. Se aprobó con 38 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones y con 34 ausencias.

    Entre los 38 votos positivos están los de senadores peronistas como Carolina Moisés de Jujuy, Marcelo Lewandowski de Santa Fe, Cándida López de Tierra del Fuego y María Florencia López de La Rioja. El resto del bloque peronista se levantó antes de votar, pero esos cuatro fueron decisivos. Si se ausentaban dos, la sesión se caía por falta de quórum.

    La gravedad de esta ley es muy gráfica, no es especulación. Quien la promueve y aplicará es el mismo Gobierno que el año pasado armó causas truchas por “terrorismo” contra 33 manifestantes que protestaban frente al Congreso y este verano detuvo a brigadistas y atacó comunidades mapuche bajo falsas acusaciones de provocar los incendios en la Patagonia. Pese a que no fue “noticia”, la ausencia de pruebas hizo caer esos expedientes motorizados por Bullrich y sus socios.

    Reiterancia

    Antes del proyecto Antimafias el Senado trató la “modificación del Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas”. Ahí la votación fue más abultada: 67 afirmativos, ninguno en contra ni abstenciones. Sólo se ausentaron cinco.

    La Ley lleva el número 27.785 y va en línea con las políticas de criminalización de la pobreza y de la protesta social por parte del Estado, profundizadas por La Libertad Avanza desde que llegó a la Casa Rosada.

    Se trata de una norma que ya se aplica en algunas provincias y, lejos de terminar con la “inseguridad”, se usa especialmente para perseguir las luchas obreras y sociales. Como denunció Nicolás del Caño en la sesión de Diputados en la que se trató el proyecto, en Mendoza hace años se aplica esa ley contra ambientalistas, dirigentes sindicales y referentes del movimiento de desocupados.

      • Cambia el concepto de “reincidente”. Antes, se consideraba así a quien “habiendo cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad” comete un nuevo delito “punible también con esa clase de pena”. Ahora, es reincidente quien, ya teniendo una condena firme, es nuevamente condenado “a una pena privativa de libertad”, sin necesidad de que sea de la misma clase.
      • En cuanto a la unificación de penas, cuando un “reincidente” es condenado por un nuevo delito, el juez que aplicó la pena mayor debe dictar una “única sentencia”. Hasta ahora esa pena unificada se establecía por el método “composicional”. Ahora el juez está obligado a sumar aritméticamente todas las penas acumuladas. Es decir, tras las rejas por muchos más años y hasta décadas.
      • Se crea el concepto de “reiterancia delictiva”. Hasta ahora la prisión preventiva (anterior a una condena) se aplicaba si un juez entendía que había “peligro real de fuga” o de “obstaculización de la investigación”. Con la nueva ley, se puede encarcelar a cualquier imputado que afronte una causa “en forma coexistente con otro u otros procesos”, aún si son inconexos. Una invitación al armado de causas truchas. Si un manifestante ambientalista es acusado de “resistencia a la autoridad”, basta con que tenga un proceso previo por cuestiones de tránsito para que le nieguen la excarcelación.

    Según datos oficiales relevados por el CELS, entre 2010 y 2022 las prisiones preventivas aumentaron un 40 % y en el mismo período los delitos crecieron un 44 %. Llenar las cárceles (de por sí superpobladas) de más personas sin juicio ni condena no significa ningún avance contra el crimen. Esa idea es falsa y sus promotores lo saben.

    Acta de la votación en general en el Senado del proyecto de
    Acta de la votación en general en el Senado del proyecto de "reincidencia" y "reiterancia"

    Como se dijo arriba, en el Senado esta ley recibió un fuerte apoyo de todas las bancadas opositoras. Aquí es llamativa la conducta de Unión por la Patria. En Diputados el proyecto se trató el 6 de febrero. De los 138 votos afirmativos que le dieron media sanción, ninguno fue peronista. Pero catorce días después ese espacio político giró 180 grados y aportó 30 de los 67 votos afirmativos.

    Entre los que levantaron la mano de Unión por la Patria están los “progres” Wado de Pedro, Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, José Mayans, Oscar Parrilli y Mariano Recalde. Un regalo parlamentario a Milei y Bullrich avalado (¿impulsado?) por Cristina Kirchner, jefa de esos senadores.

    Que el kirchnerista Parrilli dijera que iban a proponer algunas modificaciones “en particular” es anecdótico. El oficialismo necesitaba que votaran en general y el bloque peronista se sumó unánimemente. Incluso propusieron sobre la “unificación de condenas” que la “suma aritmética” fuera sólo para delitos dolosos y no culposos, pero ante el rechazo del oficialismo, votaron igual.

    La lista de votos positivos incluye a Camau Espínola, ex UxP y socio del caído en desgracia Edgardo Kueider.

    Juicio en ausencia

    Por último, en esa misma sesión se aprobó la Ley 27.784 que modifica artículos del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, habilitando desde ahora al Poder Judicial a juzgar y condenar a quien no ha sido hallado por el Estado o bien se encuentra en otro país.

      • La “Justicia” podrá investigar, procesar, juzgar y condenar a cualquier persona que haya sido declarada “en rebeldía” o, directamente, “ausente”. Hasta ahora sólo estaba permitido investigar “en ausencia” durante la etapa de instrucción.
      • A su vez, si por la razón que fuera el acusado no nombra un defensor particular, el juez estará obligado a designarle uno oficial. Como el “derecho a defensa” es una garantía constitucional, esta modificación les da vía libre a jueces y fiscales para concretar el proceso judicial, sea quien sea el imputado.
      • El “juicio en ausencia” se aplicará a quien, independientemente de las razones que lo justifiquen, no se presente ante el juez tras ser citado por una causa en su contra. También corre incluso en casos de extradición degenerada por el Estado en el que se refugia el imputado. E incluso si pasaron cuatro meses sin éxito de un pedido de captura.
      • Con el mero aviso de parte del juez al defensor oficial o a la familia del imputado, el juicio sigue su curso. Si el imputado se presenta durante el juicio, sólo tendrá derecho a “ser oído”. Y si se presenta una vez terminado, dentro de los 10 días puede pedir un nuevo juicio sólo si “no tomó conocimiento del proceso” o si no pudo estar debido a un “grave y legítimo impedimento”.

    En un país como Argentina, con una larga historia de exilios y persecuciones políticas, la aplicación del “juicio en ausencia” no significa otra cosa que otro avance del Estado sobre las libertades democráticas de las y los ciudadanos. Algo con lo que parece acordar buena parte de la oposición. Por eso Bullrich y sus secuaces festejan.

    La Ley 27.784 fue aprobada en Diputados el 7 de febrero y en el Senado el 20. En la Cámara baja cosechó 147 votos afirmativos, 68 negativos, 9 abstenciones y 32 ausencias. Allí Unión por la Patria aportó 13 votos a favor y 63 en contra, 7 se abstuvieron y 15 se borraron. En el Senado el voto positivo del peronismo fue proporcionalmente mayor. De 45 aportó 8, entre ellos los del tucumano Juan Manzur, el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y los santiagueños Gerardo Montenegro y José Neder.

    En el debate Parrilli y Mayans criticaron el proyecto y anunciaron que votarían en contra. Pero reconocieron (como lo debe haber hecho también CFK) que varios de sus colegas apoyarían al oficialismo.

    Grietas difusas. Ministra Bullrich, exministro Berni, ministro Alonso
    Grietas difusas. Ministra Bullrich, exministro Berni, ministro Alonso

    El partido del orden

    En la misma noche parlamentaria del jueves, el peronismo le hizo un doble favor a Milei. Por un lado, convalidó la suspensión de las PASO con la que La Libertad Avanza busca llevar agua para su molino en las elecciones de este año y fortalecer sus bloques parlamentarios. Por el otro, aportaron votos muy valiosos para los deseos de Bullrich.

    ¿Qué pesa más a la hora del balance? ¿Ese aporte inestimable para crear leyes represivas o los chispazos discursivos que por estas horas se retribuyen Milei y Kicillof o la ministra Bullrich y el ministro Javier Alonso? Para la tribuna, los progres buscan separarse de los liberfachos. A la hora de los bifes, las cosas pueden ser más vidriosas.

    Este viernes, agobiado por la Casa Rosada y la campaña de la prensa canalla que usa cínicamente casos como el de Kim, el Gobernador le propuso “públicamente al Presidente una reunión para trabajar en conjunto para abordar el tema” de la llamada “inseguridad” en la Provincia. Si bien los diputados y senadores más identificados con Kicillof fueron los que “menos” aportaron votos para las leyes de Bullrich, el jefe de La Bonaerense necesita como el agua algún tipo de “gobernabilidad”.

    Mientras, Bullrich pide que todas las provincias adecúen sus códigos penales al paquete de leyes recién cocinadas en el Congreso. ¿Qué va a hacer el peronismo en la Legislatura Bonaerense? Lo más probable es que sea leal a su historia, marcada a fuego por el pacto permanente con la Maldita Policía y los magnates del crimen organizado. Por algo muchos lo consideran el “partido del orden”.

    Imagen creada con IA

    / / / / / / / / / / / / / / /

  • Weretilenck abre las sesiones legislativas mientras en la calle se exige justicia por Ramiro Dina

    1ro de marzo, por Río Negro — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Adentro del recinto el gobernador ensayaba su discurso acompañado de todo el arco político patronal, el poder judicial, la jefatura policial y parte de la burocracia sindical. En la calle nuevamente se hizo sentir el reclamo de familiares y amigos de Ramiro Dina contra la impunidad y el encubrimiento policial. Ramiro fue asesinado el 9 de febrero en la Comisaría 30 de la capital rionegrina.

    Adentro del recinto el procolo de siempre: un gobernador, Alberto Weretilneck, saludando a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, a los Jefes de la Policía de Río Negro, a todos sus funcionarios, a los legisladores de los partidos patronales y a parte de la burocracia sindical de ATE y CGT. En su discurso habló del incendio en El Bolsón, definiéndolo como “catástrofe natural”, claramente evadiendo las responsabilidades políticas del enorme vaciamiento que realizara su gobierno en materia de prevención. No se privó de saludar al gobierno nacional, quien según el gobernador ayudó priorizando recursos para atacar este incendio. Eso fue un gesto que barniza a un gobierno nacional que mientras sucedían los incendios solo se dedicó a colaborar con el gobernador en perseguir y criminalizar a brigadistas voluntarios.

    Pero mientras el discurso continuaba con toda una reivindicación de la política entreguista a los grandes capitales y con lamentos sobre las cuentas provinciales que propiciarán nuevas políticas de ajuste, afuera del edificio legislativo se escuchaban los cantos de los familiares y amigos de Ramiro Dina exigiendo justicia. Se trata del joven de 22 años quien, luego ir a la cancha acompañado de todos sus amigos del barrio, fue detenido por la Policía de Río Negro. Horas después aparecía muerto en la Comisaría 30 de Viedma.

    Te puede interesar: Denuncian que a Ramiro Dina lo mató la Policía de Río Negro

    Una vez realizada la manifestación en Legislatura provincial, los familiareas y amigos de Ramiro se dirigieron al Concejo Deliberante de Viedma. Allí el Intendente Castro, del mismo partido oficialista del gobernador, también abrió las sesiones ordinarias de dicho Concejo. Con las pancartas y banderas en sus manos, la familia hizo presente el reclamo de justicia ante un gobierno municipal que, como el propio gobernador, no han dicho ni una sola palabra sobre el hecho.

    Bandera colgando en Concejo Deliberante de Viedma, en pleno discurso del Intendente Castro
    Bandera colgando en Concejo Deliberante de Viedma, en pleno discurso del Intendente Castro

    La lucha seguirá en las calles

    El reclamo de justicia viene tomando fuerza a pesar del discurso oficial y de los grandes medios de comunicación, quienes desde un principio quisieron instalar la idea de que Ramiro habría muerto por un “desvanecimiento”. Los familiares y amigos están desde el primer día movilizados, ya han realizado una marcha hacia Fiscalía y otra hacia la Comisaría 30. Entre las denuncias a la violencia policial y al encubrimiento que están realizando, explican que esta lucha no es solo por justicia por Ramiro Dina, sino también para que se frene todo el atropello policial que sufren los del Barrio Guido donde está instalada dicha Comisaría.

    Es que no se trata de uno o dos policías, sino de toda la institución policial. Semanas antes del asesinato de Ramiro, en la ciudad de Villa Regina también sucedió un hecho muy similar: el joven trabajador Nacho Cerutti fue detenido por la policía y a las pocas horas declaraban que había muerto, nuevamente, por “desvanecimiento” en una de las comisarías reginense.

    Pese a los discursos del gobernador, se vuelve imprescindible redoblar la solidaridad con los familiares y amigos de Ramiro Dina y Nacho Cerutti, porque el estado es responsable de sus asesinatos en manos de la policía de Río Negro.

    Para seguir las novedades, puede seguir la cuenta de Instagram de Justicia por Ramiro Dina. Click ACÁ

    / / / / / / / / /