Portada del sitio > Contactos > La Izquierda Diario - Libertades democráticas
http://www.laizquierdadiario.com/Libertades-Democraticas
Artículos
-
Diputados del Frente de Izquierda convocan una audiencia pública contra el protocolo de Bullrich
14 de diciembre de 2023, por Derecho a la protesta social — Política, Libertades Democráticas, Christian Castillo, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca, Patricia Bullrich, Protocolo de Orden Público, Política, Libertades Democráticas, Christian Castillo, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca, Patricia Bullrich, Protocolo de Orden PúblicoNicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Pla convocan para el próximo martes una audiencia pública frente al anuncio de un protocolo que cercena el derecho a la protesta social, realizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad están convocando de manera unitaria e inmediata a realizar una audiencia pública en el Congreso Nacional que rechace el protocolo anunciado por Patricia Bullrich para intentar avanzar sobre el derecho a la protesta y poder perseguir las manifestaciones sociales.
Te puede interesar: Para intentar garantizar el ajuste de Milei: Bullrich anunció represión a la protesta social
La convocatoria es el próximo martes 19 de diciembre a las 16hs en la sala 1 del Anexo C de la Cámara de Diputados, donde se reunirán reconocidos referentes de derechos humanos, sindicales, gremialistas, estudiantiles y sociales, y de todos los sectores afectados por esta medida. Frente a la magnitud del ataque del gobierno de Milei que combina un plan de ajuste brutal y el avance para intentar reprimir la respuesta social en las calles que pueda generar, es fundamental que el pronunciamiento sea categórico y en unidad para defender las garantías y derechos constitucionales que buscan avasallar.
"Ante los recientes anuncios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien informó que desde el gobierno nacional intentarán cercenar todos los derechos y garantías constitucionales para que nuestro pueblo pueda manifestarse para defender sus derechos; las y los diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad invitamos a participar de una Audiencia Pública el martes 19 de diciembre a las 16 hs, en la sala 1 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación.
La audiencia contará con la participación de dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles, del movimiento feminista, profesionales y políticos de distintos espacios, unidos por este violento intento de conculcar el derecho a la protesta.
Esperamos contar con su presencia."
Myriam Bregman - Nicolás del Caño - Christian Castillo - Alejandro Vilca
Contacto:
113103-4422Te puede interesar: ¿Qué dijo la izquierda ante la amenaza represiva de Bullrich?
-
Ni “libertad” para protestar: Bullrich usa el ilegítimo artículo 194 contra cortes y piquetes
14 de diciembre de 2023, por Mano dura — Política, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Patricia Bullrich, Piquetes, Protocolo antipiquetes , Javier Milei, Represión, La Libertad Avanza (LLA), Protocolo de Orden Público, Política, Libertades Democráticas, Criminalización de la protesta social, Columnistas Vertical , Patricia Bullrich, Piquetes, Protocolo antipiquetes , Javier Milei, Represión, La Libertad Avanza (LLA), Protocolo de Orden PúblicoLa ministra de Seguridad de Milei relanzó su “protocolo” para criminalizar y reprimir a quienes reclamen en las calles por comida, salario, vivienda o en defensa del ambiente. Ya lo intentó en 2016, pero fracasó ante la masiva salida a las calles de la clase trabajadora y los sectores populares. Ahora vuelve recargada, agitando un artículo del Código Penal creado por el dictador Onganía. ¿Qué posibilidades tiene de aplicar su plan?
Como detalla Larisa Pérez en otro artículo de La Izquierda Diario , este jueves la ministra de Seguridad Patricia Bullrich inauguró su gestión buscando una nueva oportunidad para mostrar su política de mano dura.
Fue a través del anuncio de un “Protocolo de Orden Público” con el que se pretenderá sancionar penalmente a individuos y organizaciones que protesten cortando calles, avenidas o puentes. Protestas que el Gobierno de Javier Milei vaticina como respuestas lógicas al ajuste brutal sobre los bolsillos populares, que también fue anunciado esta semana por el ministro Luis Caputo.
Te puede interesar: Caputo anunció un plan de guerra contra la clase trabajadora: despidos, tarifazo, devaluación y ajuste fiscal
Hay que recordar que a fines de 2015, cuando asumió en el mismo cargo nombrada por Mauricio Macri, la funcionaria anunció la aplicación de un “Protocolo Antipiquetes”, con la intención de impedir, a como diera lugar, que la protesta social ocupara el espacio público “alterando” el tránsito. “Les vamos a dar cinco minutos, se van o los sacamos”, amenazaba rabiosa, apoyada en su idea por varios gobernadores y hasta algunos adversarios como Hugo Moyano.
Pero aquel protocolo nunca se pudo aplicar, ya que en las calles miles de personas, en diversas manifestaciones, le dijeron “¡no!” a esa violenta amenaza. Acompañando esas acciones populares, el Frente de Izquierda propuso en la Cámara de Diputados un rechazo a la iniciativa bullrichista.
Lógicamente, la no aplicación del protocolo lejos estuvo de impedirles reprimir en varias oportunidades, algunas con consecuencias trágicas como las muertes de Santiago Maldonado (cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de la represión de Gendarmería) y de Rafael Nahuel (asesinado por miembros de Prefectura recientemente condenados). La lista de personas criminalizadas en ese período se incrementó de forma exponencial.
Te puede interesar: Diputados del Frente de Izquierda convocan una audiencia pública contra el protocolo de Bullrich
Nada nuevo bajo el sol
El protocolo que ahora Bullrich presenta en sociedad tiene otro antecedente. En 2022, desde La Libertad Avanza se había empezado a agitar el supuesto lanzamiento del “Movimiento Antipiquetero Argentino”. Su antiperonismo los inhibió de ponerle “Alianza”, porque iba a confundirse con la Triple A. Su vocero principal era el legislador porteño Ramiro Marra, quien se paseaba por los medios diciendo que “un piquete es un hecho delictivo que está en el Código Penal, en el artículo 194”, y que “los piqueteros no son ni pobres ni vagos” sino “delincuentes”. Quedó para la historia este cruce de aquellos días, en Crónica HD, entre Marra y el hoy diputado nacional Christian Castillo del PTS-FITU, quien lo “atendió” como se debe.
Milei, Bullrich y compañía, de todos modos, no hacen más que extremar un argumento que, palabras más palabras menos, también esgrimieron en la historia reciente dirigentes de otras filiaciones políticas, incluso de sectores que, en otros terrenos, posan de “progresistas”. De hecho el año pasado, mientras Marra proponía el fantasmagórico MAA, el entonces ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta hablaba de “aprietes” para referirse a miles de trabajadoras y trabajadores que acampaban frente a su despacho reclamando alimentos para los comedores barriales.
Hay que decir que Bullrich no inventa nada, sino que a lo sumo juega a darle forma y colores distintos a lo que ya existe. Aunque en esta oportunidad, con su “Protocolo de Orden Público” se anima a ir un poco más allá de lo que le permite la propia ley que invoca.
Es importante decir que, en los 28 años en los que el peronismo (en sus diferentes etapas) gobernó desde 1983 a la fecha, nunca se propuso eliminar el entramado de leyes y decretos creados a lo largo de los años para perseguir y reprimir movilizaciones, huelgas y protestas. Es más, muchas de las normas más duras las impulsaron ellos. Y hasta se dio la supuesta paradoja de que, luego de la experiencia macrista, quienes hasta 2019 habían denunciado los planes represivos de Bullrich, una vez vueltos a la Casa Rosada aplicaron políticas sustentadas en la misma legislación.
¿Qué dice el 194?
Entre las leyes y códigos utilizados para reprimir la protesta, Bullrich se basa sobre todo en el mencionado artículo 194 del Código Penal de la Nación. Textualmente, “el 194” dice que quien, “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Ante todo, ése artículo es antidemocrático e ilegítimo desde su origen. No fue incorporado al Código Penal por una votación en el Congreso, sino que fue incrustado de facto en 1968 por el dictador Juan Carlos Onganía a través del “decreto-ley” 17.567. Eso es tan cierto como que ningún gobierno posterior se dignó a derogarlo, teniendo toda la razón para hacerlo. El último gobierno de Juan Perón derogó partes del decreto, pero mantuvo intacto ese artículo. Y tras la dictadura genocida de 1976-1983, las gestiones radicales, peronistas (incluyendo al kirchnerismo que en 2007 impulsó la Ley Antiterrorista), aliancistas y macristas lo sostuvieron hasta hoy.
Con el 194 en la mano, hace décadas que jueces y fiscales asociados a las clases dominantes imputan, procesan y (en algunos casos) condenan a luchadoras y luchadores obreros, sociales, estudiantiles, ambientales y barriales que encabezan movilizaciones, piquetes, acampes y demás formas de protesta por derechos elementales como el trabajo, el salario, la salud, la educación, la vivienda o el cuidado del medioambiente.
Pero más allá de los aprestos represivos de todos los gobiernos (en alianza con empresas periodísticas que ametrallan con el “caos de tránsito”), lo cierto es que en nuestro país existe una jurisprudencia según la cuál, aún siendo reaccionario y antidemocrático, el artículo 194 tiene límites concretos para ser aplicado. Por eso se da la aparente ironía de que muchas causas contra manifestantes a los que se los procesó con “el 194” duermen años en los juzgados y terminan cayéndose por “falta de mérito”. Aunque, claro, el daño está hecho y la protesta social sigue siendo atacada.
En febrero de 2016, durante el “primer tiempo” de Bullrich como ministra represora, desde la bancada del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman presentaron junto a otros legisladores un proyecto para derogar el 194. En ese texto se explicaba que en Argentina “no se castiga cualquier entorpecimiento o interrupción del tránsito, sino que sólo se pena cuando esas situaciones son el resultado de una manifestación pública”. Y se recordaba que ante eventos habituales como “un festejo deportivo o una celebración religiosa”, que también interrumpen la circulación (a veces incluso por más tiempo que una protesta), “no existe una sola causa por la aplicación del art. 194 del Código Penal”.
Una línea argumental similar a la de la izquierda tienen reconocidos constitucionalistas como Roberto Gargarella y organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Pésimo lo de la Ministra, sobre los piquetes. Como si se tratara de la actitud de unos aprovechadores q hacen del corte de calles su deporte. Lo q está en juego es otra cosa: el derecho de criticar y protestar de los q no tienen poder para hacer lobby o escribir en los medios
— roberto gargarella (@Rgargarella) December 14, 2023
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
En el caso del CELS , en varias ocasiones el organismo afirmó que “si bien han surgido variadas interpretaciones en la doctrina sobre este delito (...) el artículo 194 no delimita con suficiente grado de precisión la conducta prohibida penalmente. No tanto por los verbos típicos utilizados, sino más bien por la consecuencia que esas conductas deben generar, esto es la situación de un peligro no común”. Y agrega que “al aplicarse esta figura suele ampliarse el ámbito de punición hacia conductas no contempladas en el tipo penal (...) [Y] se suele aplicar esta figura a situaciones que no generan ningún perjuicio ni peligro de perjuicio a terceros. A su vez, la aplicación concreta del art. 194 del CP ha producido graves restricciones de derechos fundamentales, como el de peticionar a las autoridades, de reunión pacífica y de libertad de expresión, derechos que se encuentran protegidos de cualquier injerencia arbitraria del Estado, tanto constitucionalmente como a través de los distintos instrumentos internacionales incorporados a nuestro derecho interno”.
Aunque no exista una situación de “peligro común”, quienes reclaman la aplicación del artículo 194 contra cortes y piquetes insisten en que sí hay impedimento, estorbo o entorpecimiento del “normal funcionamiento” de transportes y servicios. Una falacia (como varias que ya acumulan Milei, Bullrich y compañía), ya que la totalidad de las protestas (sacando excepciones puntuales) se realizan en zonas que tienen diversas formas alternativas para la circulación y el transporte. Ni hablar de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y demás ciudades grandes del país, donde cada día hay más cortes por eventos oficiales u obras de mantenimiento que por protestas populares.
Este jueves Bullrich dijo que su “Protocolo de Orden Público” no contemplará si ante un corte o piquete hay vías alternativas tanto para vehículos como para personas. Es decir, que está incluso dispuesta a violar (por derecha) el mismo artículo redactado por los dictadores de la “Revolución Argentina” de 1966.
Hay que agregar un hecho que no por obvio deja de ser ilustrativo de las motivaciones políticas de la represión. Son los propios gobiernos (nacional, provinciales o municipales) los que, sabiendo de la realización de las protestas y teniendo en sus manos el manejo del tránsito, lejos de canalizar la circulación por vías alternativas diseñan operativos que complican aún más la circulación y hasta terminan “encerrando” autos, colectivos y camiones en embotellamientos sin sentido.
Organizarse y salir a luchar
Queda claro, entonces, que el artículo 194 no dice lo que muchos dicen que dice. Pero eso no invalida que sea usado a pleno por funcionarios, jueces y fiscales para buscar neutralizar y hasta encarcelar a quienes salen a las calles a luchar por mejores condiciones de vida. En este caso, no se trata tanto de la ley sino más bien de la trampa. Ésa que el Estado capitalista despliega en forma de campaña permanente para justificar el hambre y la miseria planificada.
Bullrich sabe bien por qué en 2016 fracasó estrepitosamente su “protocolo antipiquetes”. Y aunque hoy quiera basarse en el 55 % de votos que su jefe obtuvo en el balotaje, nada indica que su furia represora ahora pueda tener una revancha. Sobre todo porque el ajuste de su gobierno es un verdadero plan de guerra contra las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras (entre las que están muchos votantes de Milei). Y la historia Argentina tiene un largo muestrario de resistencias y combate en las calles a la violencia hambreadora del gran empresariado y sus agentes políticos.
Foto Matías Baglietto | Enfoque Rojo
-
Para intentar garantizar el ajuste de Milei: Bullrich anunció represión a la protesta social
14 de diciembre de 2023, por Protocolo "antipiquetes" — Política, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Edición Chile, Edición Uruguay, Javier Milei, Protocolo de Orden Público, Política, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Edición Chile, Edición Uruguay, Javier Milei, Protocolo de Orden PúblicoLa ministra de Seguridad busca una nueva oportunidad para mostrar su política de mano dura anunciando un "Protocolo de Orden Público" que sancione a quienes corten calles. Después del anuncio de ajuste brutal por Caputo y Milei esta semana, se preparan para más protestas porque saben que esas medidas generan más pobreza y desempleo. Un protocolo similar, anunciado por la misma funcionaria, había fracasado en el 2016 por la propia movilización social. Es necesario organizarse para garantizar el derecho a la protesta, como están convocando movimientos sociales, gremiales y de izquierda a llenar las calles el próximo 20 de diciembre.
Esta tarde, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del presidente Javier Milei, realizó una conferencia de prensa para anunciar un "Protocolo de Orden Público". La intención es prepararse para la respuesta en las calles contra la batería de anuncios de ajuste que incluyen tarifazos, despidos y un salto del tipo de cambio del 118% que revienta el salario. Un ataque brutal y generalizado brutal sobre los sectores populares, mientras los salarios, jubilaciones y planes sociales no aumentan.
Te puede interesar: Contra el ajuste de Milei y las amenazas de represión, convocan a movilizarse este 20 de diciembre
Bullrich dispuso que sean las fuerzas federales las responsables de intervenir para desalojar cualquier corte, piquete o bloqueo de las vías de tránsito, sean totales o parciales. "La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple" afirmó, argumentando que las fuerzas actuarán aplicando el código procesal vigente para los delitos que ocurran en flagrancia.
Bullrich anuncia su plan represivo para pasar el brutal ajuste anunciado por Caputo-Milei. Quiere amedrentar a quienes salgan a enfrentar la política criminal que generará más hambre y pérdida de puestos de trabajo. ¡Vamos a ejercer el legítimo derecho a la protesta!
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 14, 2023
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Anunció que próximamente tienen intención de enviar un nuevo proyecto de ley para reformar el artículo 194 del Código Penal. Cabe mencionar que este artículo se utiliza para perseguir y procesar a la protesta social, pero resulta inconstitucional por restringir el derecho a la protesta y fue instituido por la dictadura de Onganía. Incluso muchas personas que fueron procesados por el artículo 194 finalmente fueron sobreseídos porque se demostró que no era aplicable, dejando en evidencia la criminalización de protestas legítimas y no penables.
Te puede interesar: Ni “libertad” para protestar: Bullrich usa el ilegítimo artículo 194 contra cortes y piquetes
Como dijo la diputada nacional del Frente de Izquierda, y abogada de derechos humanos, Myriam Bregman, "Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo."
Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo.
— Myriam Bregman (@myriambregman) December 14, 2023
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
La legislación que rige el funcionamiento del servicio penitenciario impide hacer lo que dijo Bullrich. Sencillo.
— Myriam Bregman (@myriambregman) December 14, 2023
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Te puede interesar: ¿Qué dijo la izquierda ante la amenaza represiva de Bullrich?
Además, Bullrich sumo medidas que lejos de relacionarse con garantizar el tránsito, como argumentan justificando la política represiva, son para perseguir a cualquier opositor al gobierno o que intente manifestarse en oposición a sus políticas. Afirmó que "se van a identificar vehículos, conductores, infracciones administrativas, proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de transito o cuyos conductores no tengan la documentación que tengan que tener." También que se revisará en las estaciones de tren a las personas por "materiales que deban ser incautados" y a quienes no deseen ser reconocidos por las fuerzas de seguridad. Asimismo, que los datos de los organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación pertinentes y se creará un registro para quienes participen de las protestas.
Bullrich mostró su especial ensañamiento mostró con mujeres e inmigrantes, ya que se sancionará a quienes participen de movilizaciones con sus hijos/as, menores, y en caso de que las personas participando de una manifestación tengan nacionalidad o procedencia de otro país, su información será remitida a Migraciones. Esto, sabiendo que son parte de la población que peores condiciones de trabajo y de vida tienen, y que pueden ser parte importante de las manifestaciones contra el ajuste.
Un protocolo similar quiso implementar Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, pero su efectiva aplicación nunca llegó. Las movilizaciones no se frenaron a pesar de las amenazas represivas, y hubo movilizaciones masivas que dejaron en crisis al gobierno de Macri, como fue la aprobación de la reforma jubilatoria en el 2017.
Esta nueva versión del mismo intento fallido, viene recargado con una formulación que busca endurecer la persecución antes, durante y después de cada movilización, a los individuos y a las organizaciones que participen. La idea de "mandarle la factura" a quienes realicen los cortes de calle, para cubrir los costos del uso de las Fuerzas de Seguridad, resulta una provocación novedosa. Como si alguien fuera a pagar por ser reprimido, golpeado, detenido o le armen una causa. En todo caso, cabe preguntarse si uno no paga esa factura, ¿las fuerzas de seguridad entonces no ejercerían la orden de reprimir?
El reconocido constitucionalista Roberto Gargarella criticó duramente la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad de Milei. Señaló que “lo urgencia democrática es otra: frente a medidas que causan daño y afectan derechos, todos necesitamos enterarnos de las quejas que se generan, su dimensión, sus razones”.
Pésimo lo de la Ministra, sobre los piquetes. Como si se tratara de la actitud de unos aprovechadores q hacen del corte de calles su deporte. Lo q está en juego es otra cosa: el derecho de criticar y protestar de los q no tienen poder para hacer lobby o escribir en los medios
— roberto gargarella (@Rgargarella) December 14, 2023
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Alejandrina Barry, hija de desaparecidos asesinados por la dictadura genocida, dijo en las redes sociales que se trata de "un brutal plan represivo, única manera de aplicar las medidas de Milei de miseria planificada. Vamos a defender el constitucional y legítimo derecho a la protesta."
Patricia Bullrich anuncia un brutal plan represivo, única manera de aplicar las medidas de Milei de miseria planificada. La única libertad que te permiten es la de morirte de hambre. Vamos a defender el constitucional y legítimo derecho a la protesta.
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) December 14, 2023
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Cada derecho de las y los trabajadores, sectores populares, mujeres y jóvenes fue obtenido por la organización y la lucha; por eso para avanzar sobre estos tienen que buscar darle legitimidad a la represión. Una legitimidad que está en disputa, en el terreno político, ideológico, y también en las calles. Porque cuando aplicaron un poco de la represión que arengan, con graves consecuencias como los detenidos y heridos de diciembre del 2017 en Plaza Congreso, o Santiago Maldonado, implicó profundas crisis políticas para el gobierno de Macri. Sin embargo, las políticas de control social, persecución a la protesta y manifestaciones fueron parte también de gobiernos kirchneristas y peronistas, con funcionarios como Sergio Berni desalojando a las familias en Guernica o a los trabajadores despedidos de Lear en Zona Norte. Incluso la ex ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, mantuvo discursos de ataque permanente contra los movimientos sociales que reclamaron aumento en los subsidios y planes sociales bajo el ajuste de Massa y Unión por la Patria. Una estigmatización sobre la cual los sectores de la derecha más recalcitrante se apoyan ahora.
Los argumentos de Bullrich que buscan darle apoyo legal al nuevo protocolo son tan falsos como el objetivo de hacerlo en función de la "libre circulación". El derecho a expresarse, a criticar las medidas del gobierno, a manifestarse e incluso a la huelga son derechos reconocidos por nuestro orden constitucional y a nivel internacional como de primer orden. Porque es la única forma que tienen las grandes mayorías de defenderse de las políticas de hambre, de los ataques al movimiento feminista o de diversidad sexual, de los despidos arbitrarios y ajuste en las condiciones de vida. Las protestas surgen de la necesidad, y bajo los nuevos anuncios de Caputo y Milei, las necesidades vitales se hacen más urgentes.
El plan de gobierno es anunciar un brutal masazo a los ingresos populares, a las condiciones de vida de la clase trabajadora, junto con medidas represivas. Buscan que la crisis económica sea descargada sobre nuestras espaldas. Pero al mismo tiempo buscan cambiar una relación de fuerzas más profunda, en todos los planos: económicos, laborales, sociales y libertades democráticas. Por eso es el momento de organizarse y mostrar la fuerza que tanto temen se muestre en las calles. El próximo 20 de diciembre, ya organizaciones sociales y de trabajadores están convocando a mostrar en las calles el rechazo a las políticas de Milei. En cada lugar de trabajo, barrio, escuela, colegio y universidad, las mujeres, la juventud, los y las trabajadoras necesitamos unirnos para torcer la balanza a nuestro favor.
-
Contra la protesta social: el Gobierno anunció que habrá un protocolo “antipiquetes” y sanciones
14 de diciembre de 2023, por Último momento — Política, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Protocolo antipiquetes , Manuel Adorni, Protocolo de Orden Público, Política, Libertades Democráticas, Patricia Bullrich, Protocolo antipiquetes , Manuel Adorni, Protocolo de Orden PúblicoSegún informó el vocero presidencial, los detalles los dará la ministra de Seguridad, y amante de la mano dura, Patricia Bullrich por la tarde de hoy. En medio del duro ajuste que lanzó el oficialismo, buscan amedrentar y criminalizar la protesta de quienes sufren las consecuencias de sus políticas antipopulares.
Manuel Adorni, vocero presidecial, volvió a dar una conferencia de prensa al mediodía de este jueves para informar que el Gobierno tomó la decisió de elaborar un protocolo “antipiquetes”, denomindado “Protocolo de Orden Público” contra la protesta social.
Expresó que dicho protocolo, incluirá "sanciones severas a los involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos y alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.
Los detalles serán dados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se realizará a las 16.45 en la sede de la cartera ubicada en Gelly Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.
Vale recordar, que Bullrich, amante de la mano dura, fue también ministra de de Seguridad de Mauricio Macri y que bajo su mandato intentó hacer lo mismo para evitar los cortes de tránsito en la vía pública. Estamos hablando del año 2016, cuando el Gobienro de Macri también había anunciado un duro ajuste.
Te puede interesar: Libertades Democráticas. Un protocolo contra el derecho a la protesta
Bajo su mandado fue asesinado el joven Rafael Nahuel por la espalda por la Prefectura y se produjo también la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Te puede interesar: Prontuario. Bullrich confirmada en Seguridad: lo más duro de la casta para controlar, detener y reprimir
En medio del duro ajuste que lanzó, el Gobierno busca amedrentar y criminalizar la protesta social de quienes sufren las consecuencias de sus políticas antipopulares.
Foto: Télam
-
Alberto Baños, funcionario en la dictadura, nuevo titular en la Secretaría de Derechos Humanos
12 de diciembre de 2023, por Negacionismo — Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Secretaria de Derechos Humanos, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, Victoria Villarruel, Libertades Democráticas, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Secretaria de Derechos Humanos, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, Victoria VillarruelDesde la dictadura hasta acá mostró sus simpatías hacia las fuerzas represivas. Tuvo a su cargo la investigación por la desaparición del policía de la Ciudad, Arshak Karhanyan. A la Secretaría de Derechos Humanos le negó presentarse como querellante en esta causa. Tiene una estrecha relación con el ministro de Justicia Cúneo Libarona.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, designó a Alberto Baños, el juez que en septiembre se jubiló, como nuevo secretario de Derechos Humanos, en reemplazo de Horacio Pietragalla Corti.
Alberto Baños entró al Poder Judicial durante la dictadura y cumple con uno de los requisitos que busca este gobierno negacionista para nombrarlos en la función pública: tener antecedentes temerarios.
Baños asumirá la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La misma a la que le negó el derecho a presentarse como querellante en la causa judicial que investiga la desaparición de Arshak Karhanyan. También se negó a separar a la Policía de la Ciudad, principal sospechosa de lo ocurrido con el policia. Incluso, fue la propia Secretaría de Derechos Humanos la que pidió que el juez se apartara de la causa en la que se investiga la desaparición del Policía de la Ciudad, por “no tener intenciones de conducir la investigación hacia la búsqueda de la verdad”, además de acusarlo de las irregularidades en la investigación.
Baños integra la cátedra de Especialización en Derecho Procesal Penal de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), donde Cúneo Libarona era el decano de la Facultad de Derecho, hasta asumir en el Ministerio.
La Secretaría de Derechos Humanos es un área del ministerio de Justicia, y Cúneo Libarona ya anticipó recortes y despidos de personal.
Si bien la movilización de trabajadores estatales lograron que se renueven la firma de los contratos, perdura la incertidumbre de la continuidad en los puestos de trabajo que ocupan parte del predio de la ex-ESMA. Allí funciona el museo del centro clandestino de detención, el Archivo Nacional de la Memoria y otros organismos, además de albergar a distintas organizaciones de derechos humanos.
Como deciamos, el prontuario del juez designado, son las credenciales que necesita el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, confesos negacionistas de lo ocurrido en la última dictadura militar.