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La policía de Jaldo reprimió el homenaje al Indio Solari en Plaza San Martin
6 de junio, por Tucumán — Cultura, Edición Argentina, Tucumán, Libertades Democráticas, Indio Solari, Osvaldo Jaldo, Cultura, Edición Argentina, Tucumán, Libertades Democráticas, Indio Solari, Osvaldo Jaldo
La policía de Jaldo montó un operativo con palos, gas pimienta y detenidos, para impedir que se realice el homenaje al Indio Solari. Entre los detenidos se encontraba un periodista y docente de la Facultad de Filosofía y Letras.
En horas de la madrugada de este sábado, la policía de Tucumán montó un operativo represivo para dispersar a las personas que se reunieron en la Plaza San Martin para homenajear al Indio Solari. Según los testimonios del lugar, sin mediar ningún incidente, la policía armó un cordón y empezó a reprimir con palos y gas pimienta a las personas que allí se encontraban, llevándose detenidas a tres personas entre quienes se encontraba el fotoperiodista y docente Julio Pantoja, quien cubría el evento.
En un poco habitual comunicado oficial de la Policía de Tucumán, la fuerza que comanda el gobernador Osvaldo Jaldo, manifestó que "su misión no es reprimir, sino garantizar el orden, la paz social y la seguridad pública". El operativo represivo generó un rechazo inmediato, desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, y el gremio ADIUNT, manifestaron el repudio al accionar de la policía.
El operativo que montó el gobierno de Jaldo (y Chahla), en consonancia con el operativo represivo montado en Plaza de Mayo por la policía de Macri y Milei, busca hacer de la demagogia punitivista una política de Estado, mientras avanza el ajuste nacional y provincial. Reprimir el homenaje a un ídolo popular es la demostración más cabal de la decadencia de un gobierno que no tiene nada para ofrecer a la juventud más que precarización laboral y represión.
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Marcelo Fuenzalida: el fiscal que persigue a los trabajadores de Fate y arrastra un historial de cuestionamientos
6 de junio, por El hombre detrás de las indagatorias — Política, Edición Argentina, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Fate, Fiscalía, Política, Edición Argentina, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Fate, Fiscalía
Mientras los trabajadores de Fate y sus familias llevan más de cien días de resistencia contra el lock out patronal impuesto por Javier Madanes Quintanilla, la Justicia vuelve a mostrar de qué lado está. El fiscal Marcelo Fuenzalida, quien impulsa las denuncias penales y pedidos de indagatoria contra trabajadores que defienden sus puestos de trabajo, no es un nombre desconocido en la historia reciente del Poder Judicial bonaerense.
La actuación de Fuenzalida ya había sido duramente cuestionada años atrás por familiares de víctimas de violencia de género, abuso sexual y femicidios en el partido de Tigre. En 2018, familiares de Luna Ortiz y distintas organizaciones realizaron protestas públicas para denunciar que el fiscal archivaba expedientes, no investigaba denuncias y permitía el avance de la impunidad.
Las denuncias llegaron a tal punto que terminó siendo apartado de la fiscalía especializada en violencia de género de Tigre. Según los reclamos de familiares de víctimas, existían causas en las que se ignoraban peritajes y otros elementos probatorios fundamentales.
Ese mismo año, los cuestionamientos llegaron hasta la Procuración General bonaerense. Durante un acto oficial en Tigre, familiares de víctimas realizaron un escrache público contra Fuenzalida y reclamaron la intervención de Julio Conte Grand, entonces procurador general de la provincia de Buenos Aires y máxima autoridad de los fiscales bonaerenses. Lo acusaban de archivar causas, no investigar denuncias e ignorar pruebas en expedientes vinculados a violencia de género y abuso sexual. Tiempo después, el fiscal dejó la unidad especializada que encabezaba en Tigre.
Aquellos cuestionamientos contrastan con la rapidez que hoy demuestra para actuar contra los obreros de Fate. El mismo fiscal que fue señalado por familiares que reclamaban justicia aparece ahora encabezando la ofensiva judicial contra quienes sostienen una lucha en defensa de cientos de puestos de trabajo.
En el conflicto de Fate, Fuenzalida ya había solicitado el desalojo de la planta ocupada por los trabajadores. Sin embargo, esa avanzada sufrió un revés cuando instancias superiores consideraron que se trataba de un conflicto gremial vinculado al ejercicio del derecho de huelga. Lejos de retroceder, la ofensiva judicial continuó mediante citaciones e intentos de criminalizar a quienes participan de la resistencia obrera.
Te puede interesar: Denuncian persecución judicial contra los trabajadores de Fate
La Justicia frente a quienes luchan por trabajar
Mientras Madanes Quintanilla lleva adelante un lock out ilegal para destruir toda organización sindical en la planta y reabrir más adelante con trabajadores sin derechos y con salarios de hambre, parte del aparato judicial concentra sus esfuerzos en quienes defienden el derecho al trabajo.
La actuación de Fuenzalida en el conflicto de Fate abre además un debate más profundo sobre el papel que desempeña la Justicia cuando quienes se movilizan para defender sus intereses son los trabajadores.
Mientras cientos de familias enfrentan la incertidumbre provocada por el lock out patronal y el deterioro de sus condiciones de vida, la respuesta judicial no parece orientada a garantizar el derecho al trabajo, sino a perseguir a quienes se organizan y coordinan acciones junto a otros sectores también afectados por las patronales y el gobierno de Javier Milei.
El caso expone una realidad conocida por amplios sectores populares. Cuando las patronales avanzan sobre derechos laborales, encuentran a menudo una parte del Poder Judicial dispuesta a respaldarlas. Cuando son los trabajadores quienes se organizan para resistir, aparecen las denuncias penales, las amenazas de desalojo y las citaciones judiciales.
Trabajar no es delito
Detrás de las indagatorias y expedientes abiertos contra trabajadores y activistas de Fate no solo está en discusión el futuro de una fábrica. También se debate qué tipo de justicia existe para quienes viven de su trabajo y qué respuesta reciben quienes se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos.
Tal es el caso de Madanes Quintanilla, que mientras celebra las ganancias millonarias de su otra firma Aluar, que conforman un holding junto a otras empresas, avanza sobre el predio de San Fernando. En los últimos días, la empresa cercó distintos sectores de la planta, una medida que los trabajadores interpretan como un intento de aislar la permanencia que sostienen desde hace más de tres meses.
En lugar de investigar las responsabilidades empresariales detrás de una situación que afecta a cientos de familias, la atención de la fiscalía parece concentrarse en quienes resisten.
No es la primera vez que ocurre. A lo largo de los últimos años, numerosos conflictos obreros terminaron enfrentando denuncias penales, imputaciones, desalojos y causas judiciales contra delegados y activistas. La criminalización de la protesta se transforma así en una herramienta complementaria de las patronales cuando buscan derrotar procesos de organización y resistencia.
Por eso el caso Fate excede a una fábrica y a un conflicto puntual. Lo que está en discusión es si defender un puesto de trabajo puede convertirse en motivo de persecución judicial y hasta qué punto sectores del Poder Judicial actúan como garantes de los intereses patronales frente a quienes deciden organizarse para luchar.
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¡Libertad para Mariela! El diputado Christian Castillo propuso una declaración en la Legislatura bonaerense
5 de junio, por Presa por cannabis — Política, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Christian Castillo, Marihuana, Cannabis, Legislatura bonaerense, Política, Géneros y Sexualidades, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Christian Castillo, Marihuana, Cannabis, Legislatura bonaerense
El diputado del FIT presentó un proyecto de declaración contra la detención de Mariela Agunin de Bahía Blanca, la fiscalía pide entre 6 y 20 años de cárcel por 7 gramos de cannabis. El reclamo por su libertad fue parte del documento que se leyó en la movilización local del Ni Una Menos.
El diputado provincial Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y representante del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) en la Cámara baja, presentó el 3 de junio un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para exigir la inmediata libertad de Mariela Agunin. La joven de Bahía Blanca se encuentra detenida en Saavedra por tener tan solo 7 gramos de cannabis, pese a que contaba con el certificado del Reprocann en trámite (hoy vigente).
En @HCDiputadosBA presentamos proyecto repudiando la persecución policial y judicial contra Mariela Agunin en Bahía Blanca pic.twitter.com/W5nDeTs86M
— Christian Castillo (@chipicastillo) June 5, 2026
<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>El proyecto repudia enérgicamente la persecución judicial y policial que sufre Agunin desde el pasado 15 de abril, tras un desmesurado allanamiento en su vivienda de Bahía Blanca. Asimismo, denuncia el accionar punitivo de la UFIJ N° 19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, a quien señalan por criminalizar sistemáticamente a usuarios y cultivadores de cannabis.
Conocé más de este caso: ¡Libertad para Mariela! Bahía Blanca: una joven trabajadora está presa hace un mes y medio por 7 gramos de cannabis
La Fiscalía de Del Cero está pidiendo para ella una pena que va de 6 a 20 años, coherente con su cruzada junto a la Policía Bonaerense contra jóvenes cultivadores y usuarios. Cabe recordar también que el fiscal Del Cero, apodado por la revista El Cohete a la Luna como “el cogollero gris” por su punitivismo, además fue garante de la impunidad del poder político de Monte Hermoso en el aberrante femicidio de Katherine Moscoso.
La mayor parte de las personas privadas de su libertad por casos encuadrados como “narcomenudeo” son mujeres. Por eso la consigna “Ni una presa más por cannabis” fue incluida en el documento del Ni Una Menos en Bahía Blanca junto a la de “¡Libertad para Mariela Agunin!” Y se organizó una intervención de candomberas, compañeras y amigas de Mariela al inicio de la movilización.
Desde el bloque de la izquierda calificaron el operativo en el que la detuvieron como un “ensañamiento del aparato punitivo”, que implicó 13 policías rompiendo la puerta de la pequeña casa de barro, construida por la propia mariela comunitariamente. “Mientras las grandes redes del narcotráfico operan impunes, las fuerzas de seguridad y la justicia provincial se ensañan con la juventud trabajadora y las mujeres, armando estadísticas a costa de su libertad y su salud”, declaró Chistian Castillo.
En Bahía Blanca, además, hay un amplio sistema de vigilancia con cámaras y persecución con redadas violentas en los barrios populares. Esta política municipal se complementa con el tándem entre el Fiscal Del Cero y la Policía Bonaerense que permanentemente requisan y arman causas a jóvenes y trabajadores por pequeñas cantidades de cannabis, se amparan en el concepto sui generis de "microtráfico" además con métodos muy cuestionables como en el caso, que cubrimos desde este medio, de los jóvenes de Puan.
El texto presentado en la Legislatura Provincial Bonaerense por Christian Castillo traza un paralelismo directo del caso de Mariela con el emblemático caso de Damián Raña en Ensenada (2019), cuya libertad se conquistó mediante la movilización popular, y destaca la contradicción de estas detenciones frente a la tendencia internacional, como la reciente reclasificación del cannabis en EE. UU.
Seguimos exigiendo la legalización integral, como plantea el proyecto presentado nuevamente hace pocos días en el Congreso Nacional por Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Es similar al presentado en 2016, previo intercambio con organizaciones cannábicas que participaron de su elaboración. Esto es central para terminar con la persecución, incoherente con el sistema de Reprocann que reconoce su uso medicinal, y conseguir la amnistía a todas las personas condenadas por cannabis.
Luego del #NiUnaMenos, que logró una masiva movilización en todo el país, frente a femicidios como los de Agostina Vera y bajo la consigna “¡Ni una presa más por cannabis!”, es necesario convocar a las organizaciones sociales, cannábicas y de derechos humanos a coordinar acciones para arrancar la libertad de Mariela.
Leé el proyecto de declaración completo acá:
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Muy grave: la policía de Torres detuvo a dirigentes de ATE en Comodoro Rivadavia
3 de junio, por Ataque antisindical — Mundo de l@s trabajador@s, Edición Argentina, Chubut, Libertades Democráticas, Trabajadores de ATE Presos, Trabajadoras y trabajadores estatales, Comodoro Rivadavia, En Clave Roja, Chubut , Ignacio Torres, UNPSJB, Mundo de l@s trabajador@s, Edición Argentina, Chubut, Libertades Democráticas, Trabajadores de ATE Presos, Trabajadoras y trabajadores estatales, Comodoro Rivadavia, En Clave Roja, Chubut , Ignacio Torres, UNPSJB
En el marco del paro de 72hs convocado por ATE y la CTA - A, trabajadores y dirigentes estatales intentaron entregar un petitorio reclamando por una recomposición salarial en la delegación del Ministerio de Educación de Comodoro Rivadavia. Pero la Policía de Ignacio Torres los reprimió con gases y balas de goma. Fueron detenidos cinco dirigentes de ATE y ya los liberaron. Reproducimos a continuación la declaración firmada por En Clave Roja en la UNPSJB previa a su liberación.
Desde En Clave Roja y la juventud del PTS en la UNPSJB, repudiamos la violenta represión por las fuerzas del gobernador Torres a los trabajadores estatales ocurrida hoy en la delegación administrativa del Ministerio de Educación de Comodoro Rivadavia y exigimos la inmediata liberación de Verónica Rosales, secretaria general de ATE y CTA - A Chubut, Lorena Rosales, Evangelina Arbe, Marcelo Echeveste y José Barra.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>Denunciamos que su detención constituye un grave ataque anti-sindical y, por lo tanto, es un hecho gravísimo que hay que repudiar ampliamente. Todos los centros de estudiantes de la UNPSJB y la FUP deberían pronunciarse ya mismo. Porque la detención es un atentado a las más mínimas libertades democráticas: se produjo durante una protesta para exigir una recomposición salarial de emergencia para las y los trabajadores estatales. Y su significado es el de un intento de golpe disciplinador contra la organización sindical y la protesta social, para garantizar el ajuste que aplica el gobierno provincial de Ignacio Torres, el mejor alumno de Milei.
Responsabilizamos de la integridad de los detenidos al gobernador, Ignacio Torres, y al ministro de seguridad, Hector Iturrioz.
Pero lejos de intimidar, la represión solo va a encender la chispa de la solidaridad y la lucha. La organización y la movilización son el camino para frenar el ajuste y conquistar la libertad plena de quienes se animan a pelear. Y por eso tenemos que acompañar a los trabajadores estatales, porque la dignidad no se negocia ni se encierra.
¡Libertad inmediata para Verónica Rosales, Lorena Rosales, Evangelina Arbe, Marcelo Echeveste y José Barra!
En Clave Roja (Juventud PTS + Independientes) en la UNPSJB.
Finalmente, alrededor de las 22hs los trabajadores y dirigentes estatales fueron liberados.
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Las vitrinas del horror. Qué fueron los “Museos de Lucha contra la Subversión”
31 de mayo, por A 50 años del Golpe — Sociedad, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Córdoba, Tucumán, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Detenidos desaparecidos, Nunca Más, Genocidas, Derechos Humanos, Museo, Dictadura, Negacionismo , Sociedad, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Córdoba, Tucumán, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Detenidos desaparecidos, Nunca Más, Genocidas, Derechos Humanos, Museo, Dictadura, Negacionismo
Su historia es poco conocida pero hubo al menos cuatro. Funcionaron durante la última dictadura en predios militares, a metros de los centros clandestinos de detención. Fueron desmantelados poco antes del 83. En el juicio a las Juntas, Videla negó su existencia. Hoy queda poca documentación que lo respalde, salvo algunas fotos, archivos dispersos y testimonios sueltos, más una estructura hallada en una excavación del EAAF en 2010 por la causa Santucho-Urteaga.
Pese al intento de borrar la historia, aún aparecen piezas del rompecabezas incompleto de lo que fue la última dictadura. Algunas llevan años a la luz, de otras no se sabe nada (dónde están los desaparecidos, dónde sus hijas e hijos apropiados), y algunas otras quedaron en el medio, en un camino de luces y sombras, conocidas pero no tanto, documentadas más o menos, aún recordadas entre voces. Como los Museos de Lucha contra la Subversión, esos espacios montados para la “batalla cultural” de entonces: la construcción de un enemigo temible que justifique la instauración de la dictadura más atroz que vivió Argentina. Y -quizás lo más macabro del plan- sea que esos “museos” abiertos al público estuvieran montados a metros de los lugares donde tenían a los “desaparecidos”, quienes probablemente habían sido los dueños de los objetos que se exhibían, mientras las Madres y organismos de DDHH llevaban rondas y rondas buscando.
Del allanamiento a la vitrina: la construcción del enemigo
Los Museos de Lucha contra la Subversión no eran museos; no tenían curadores ni carteles, tampoco público para recorrerlos, sus visitantes fueron personas cercanas al ámbito militar y estudiantes primarios y secundarios llevados en compulsivas visitas escolares. Lo que tenían eran vitrinas. Y dentro de esas vitrinas, desde armas -sobre todo las incautadas a la guerrilla en el Operativo Independencia en Tucumán- hasta equipos de radiofonía o para prensa clandestina; aunque lo que abundaba era lo otro: panfletos, revistas y publicaciones partidarias, banderas de organizaciones, muchos libros como los de cualquier casa, discos de música popular, radios, electrodomésticos, accesorios. Y el tinte más bizarro lo daban unos maniquíes que hubo en todos esos museos, vestidos a modo explicativo de “cómo visten los subversivos” en un sentido estereotipado por los militares, o tal vez porque podía ser la misma ropa de quienes metros hacia adentro del mismo predio, estaban sufriendo la tortura.
No fueron un capricho local. Fueron un dispositivo sistemático del que hasta la fecha se reconstruyó la existencia de cuatro. Se cree que todos fueron impulsados por el General Antonio Domingo Bussi, que los fue montando en cada destino militar que tuvo en su carrera, porque coincide con todas las fechas de inauguración:
El primero de ellos comenzó en 1976 en Tucumán, donde Bussi fue interventor (1976-1977); el segundo, dos años después en Campo de Mayo (provincia de Buenos Aires) donde fue Subjefe del Comando de Institutos Militares (1977-1979); el tercero en Córdoba en 1980 cuando se desempeñó como Comandante del III Cuerpo de Ejército; y el cuarto en 1981 en el Regimiento de Infantería I de Patricios en la Ciudad de Buenos Aires donde fue Comandante del I Cuerpo de Ejército (diciembre 1980 a diciembre 1981).
Y así empezaban las cosas en los Museos de la Subversión: un objeto robado a su dueño, un dueño al que le borraban el nombre y una historia que era armada pieza a pieza, contextualizada en un nuevo lugar.
Y así funcionaban. No explicaban. Exhibían y construían. Un mate al lado de un panfleto. Una olla de campamento junto a una foto de militantes. La cercanía física hacía el resto: los objetos eran prueba de subversión. Objetos anónimos que dejaron de ser el libro de Juana o los discos de Mario. Dejaron de pertenecer, de ser objetos de uso común a botines de guerra. Porque fueron trasladados en el secuestro y el robo, de la casa al centro clandestino y del centro clandestino a la vitrina, para construir el imaginario social de un enemigo que había que combatir por sus lecturas, por su música, por su deseo de cambiar el mundo. Y porque había que temer también esas lecturas, esas músicas, esas ideas, las prohibidas, las que podrían señalarte.
Los cuatro museos, banderas de la teoría de los dos demonios, fueron desmantelados poco antes de la restauración democrática. En el Juicio a las Juntas (1985) el exdictador Jorge Rafael Videla, principal acusado de entonces por los crímenes de la dictadura, se encargó de negar también su existencia. Si negaban la desaparición de personas y el robo de sus bebés, por qué admitir que además robaron todo cuanto pudieron. No solo los objetos sin valor de los museos sino el resto de las cosas que tuvieran las personas que asesinaron, electrodomésticos, joyas, autos, casas, terrenos, aunque nada de eso se haya exhibido después.
Recuerdos del Operativo Independencia. El museo que legitimó la represión en Tucumán
Tucumán fue el campo de pruebas donde el Estado comenzó a ensayar el terror un año antes del golpe. Los “Decretos de aniquilamiento” firmados por el gobierno de Isabel Perón en febrero de 1975 dieron inicio al Operativo Independencia. El nombre lo decía sin disimulo: el objetivo era aniquilar al enemigo. La provincia, con fuerte tradición sindical en los cañaverales y talleres ferroviarios, y con peso estudiantil combativo por ser el centro universitario del NOA, fue el primer territorio donde hubo operativos de secuestro con apoyo civil-empresarial, que facilitó operativos con cortes de luz como en Ledesma, cortes de rutas, vigilancia sobre casas, barrios, facultades, escuelas y lugares de trabajo, donde las burocracias sindicales entregaban compañeros. Y el primer centro clandestino del país comenzó a funcionar ese mismo año allí: la “Escuelita de Famaillá”. Un cuarto de los asesinatos y desapariciones de Tucumán ocurrieron solo durante ese operativo.
Ya en dictadura, para promover un relato que justifique los crímenes, el Ejército montó en 1976 el primero de estos espacios de exhibición: el “Museo de la Lucha contra la Subversión”, que se emplazó dentro de uno que ya existía (el Museo de la Policía) y que funcionaba en la Jefatura de policía de San Miguel de Tucumán, donde a su vez funcionaba un centro clandestino de detención y tortura de personas.
La historiadora Marta Philp documentó que el dispositivo se completó en 1977 con “simulacros de combate”, con helicópteros, morteros y desfiles para mostrar a la población una supuesta victoria sobre la “subversión”, y con la exhibición de “trofeos de guerra”. Homenajes a militares caídos y nombres de pueblos fundados durante el operativo reforzaban hacia la población civil, la idea de una guerra interna.
En el mismo sentido, en 1977 el Ejército Argentino publicó el libro “Tucumán, Argentina: cuna de la Independencia, 1816-1977; sepulcro de la subversión, 1975-1977 ”, y dictó su lectura obligatoria en instituciones educativas y bibliotecas públicas de todo el país. Este libro como los “museos” dejaron sentado el intento de la dictadura por controlar la lectura de la historia con su discurso triunfal sobre un enemigo peligroso y el ocultamiento de sus crímenes sobre población civil.
El más documentado: Museo de Lucha contra la Subversión - Córdoba
Inaugurado en 1980, funcionó en el Comando III del cuerpo del Ejército dentro del vastísimo predio de La Perla, uno de los centros clandestinos más grandes que hubo en el interior del país, de donde partieron “vuelos de la muerte”, y también conocido por sus prácticas de lo que llamaron “autopista de la muerte”, en referencia los fusilamientos de prisioneros que hacían al costado de la ruta. Desapariciones, tortura, violación, robo de bebés quedaron demostrados en la megacausa que juzgó los crímenes de este centro en 2016, donde también se determinó que allí se cometieron delitos de lesa humanidad incluso antes del golpe, durante el gobierno de Isabel Perón.
Es el museo del que más registros documentales y pruebas hay. Muchas revistas de la época publicaron fotos y descripciones del lugar, particularmente una que registra la visita nada menos que del teniente general Jorge Rafael Videla en el marco de un homenaje a las “víctimas caídas en la lucha contra la subversión”.
Según registros de prensa, su “museo móvil” tuvo una habilitación oficial y hasta un stand propio en la Muestra Agrícola, Ganadera e Industrial realizada en el predio de la Sociedad Rural de la provincia, con un acto presidido por el propio Bussi, el gobernador Adolfo Sigwald y el brigadier Antonio José Crossetto.
El historiador James Brennan ubica al museo móvil recorriendo distintos puntos del país ese mismo año para celebrar victorias en los lugares de algunos de los crímenes más atroces. Era una muestra itinerante que exhibía los mismos objetos de todos los museos, en número más reducido.
Capital Federal: Museo de la Subversión “Cesáreo Ángel Cardozo”
Funcionó dentro del Regimiento I de Patricios, sede del I Cuerpo de Ejército, en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo predio donde también operó un centro clandestino de detención. El I Cuerpo tenía jurisdicción sobre CABA y Gran Buenos Aires, y dependía operativamente de él la represión en centros clandestinos del circuito ABO: Atlético-Banco-Olimpo, ubicado a pocas cuadras del Regimiento.
Fue bautizado “César Augusto Carrizo” en homenaje a un policía federal asesinado por Montoneros en 1975. Igual que los otros museos, su lógica era brutal: mientras en un sótano se torturaba, en la planta alta se exponían objetos como prueba de una “guerra” que nunca fue tal.
No hay registro de que haya estado abierto al público y fue desmantelado antes de 1983.Nombre propio en Campo de Mayo: Museo “Mayor Don Juan Carlos Leonetti”
Ubicado en la zona noroeste del AMBA, Campo de Mayo fue el principal centro de exterminio y coordinación represiva del país. En sus ocho mil hectáreas hubo al menos cuatro centros clandestinos, una maternidad para robar bebés y una pista de donde despegaron los vuelos de la muerte hacia el Río de la Plata. En 1978 inauguró su museo antisubversivo por donde pasaron periodistas de distintos medios afines a la dictadura y está documentada la visita de contingentes de escuelas secundarias dependientes de las universidades de Buenos Aires y La Plata.
Las vitrinas mostraban lo de siempre en esos espacios: armas, libros, fotos, discos. Pero también una máquina lanza panfletos, una bandera vietnamita y una camioneta que ocultaba una emisora para interferir canales de televisión. Y en el subsuelo, bajo la losa, armaron la réplica de una cárcel del pueblo, igual a las que usaba la guerrilla.
El nombre fue en homenaje al jefe del operativo del grupo de tareas que en 1976 había emboscado a la cúpula del ERP en Villa Martelli y herido de muerte a Roberto Santucho y Benito Urteaga, porque en el tiroteo el coronel Juan Carlos Leonetti -póstumamente ascendido a mayor- también murió. La ambulancia y otros vehículos con los cuerpos, muertos y heridos fueron a Campo de Mayo. Aunque el museo fue destruido años después, pudo reconstruirse algo de la historia.
La prensa de la época describe una sala especial con todo lo robado del departamento de Santucho, de donde fue llevado: ropas, documentación falsa, cartas, pelucas, bigotes postizos, y en una pared un cuadro con su título de Contador Público y Perito Partidor expedido por la Universidad Nacional de Tucumán en 1961.
En los Juicios por la Verdad (1998) el suboficial Víctor Ibáñez declaró que Santucho no murió como se dijo en Villa Martelli, sino que llegó vivo a Campo de Mayo en cuyo hospital falleció horas más tarde. Además, testificó que en la inauguración del museo, en una ceremonia reservada a un selecto grupo de militares y su entorno, sentado en una silla dentro de la réplica de la cárcel del pueblo ubicaron el cadáver conservado de Santucho vestido con la misma ropa ensangrentada que llevaba puesta al morir. Y aunque no pudo ser probado, la gravedad del testimonio obligó al general Martín Balza a reconocer la existencia del museo y a entregar el inventario completo.
Ana Cristina Santucho, una de las hijas, recibió además del listado, una foto pegada sobre una cartulina roja. En letras mayúsculas con la tipografía del museo decía “CADÁVER DE ROBERTO M. SANTUCHO. ERP, 19 JUL 1976”, y una imagen de su rostro con dos heridas de bala. Las pericias no pudieron determinar si la foto es antes o después de muerto. Santucho continúa desaparecido.
En 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense excavó Campo de Mayo. Los cuerpos nunca aparecieron, pero sí encontraron pruebas del museo, como los cimientos de la cárcel del pueblo. El Hospital Militar, utilizado como maternidad clandestina, fue recuperado como Espacio por la Memoria, y el aeródromo también. Lo mismo sucedió con la mayoría de los centros clandestinos del país. Los museos en cambio, se desarmaron en silencio. No hubo juicio para las vitrinas.
Como el Operativo Independencia fue la antesala y ensayo de lo que vendría después, nada de lo que sucedió durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar fue al azar ni de forma aislada. Todo estuvo planificado: secuestros, torturas, violaciones, centros clandestinos, robo de bebés y de propiedades. Los museos también fueron parte de eso. Y como al resto, intentaron borrarlos, ocultar pruebas, pero los testigos, los huesos, los archivos y las fotos hablan.
A 50 años del golpe genocida, en tiempos donde el negacionismo quiere borrar la historia, los detenidos desaparecidos viven en cada lucha, porque la memoria no se guarda en los museos, es un presente que interpela y un futuro que construimos. Los sueños de cambiar el mundo de raíz no caben en las vitrinas porque su historia se escribe aún hoy en las calles.
Fue genocidio. Son 30.000.
Sobre el funcionamiento de estos museos ver
*Laura Malosetti Costa, "La bolsa de mando de Susana B..." Runa, 2026
*Mariana Sirimarco, “Museos de la Lucha contra la Subversión: exponer el triunfo”, Runa 40.2, 2019.
*Mariana Sirimarco, “Santucho en el Museo (de Campo de Mayo…)”, Revista del Museo de Antropología, UNC, 2023.
