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Bahía Blanca: una joven trabajadora está presa hace un mes y medio por 7 gramos de cannabis
30 de mayo, por ¡Libertad para Mariela! — Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Cannabis, Juventud trabajadora, Punitivismo, Legalización de la marihuana, Cannabis medicinal, Política, Edición Argentina, Bahía Blanca, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Cannabis, Juventud trabajadora, Punitivismo, Legalización de la marihuana, Cannabis medicinal
Mariela Agunin tenía su Reprocann en trámite por demoras del Estado, pero fue detenida en un operativo casi cinematográfico por 7 gramos de cannabis. Su familia nos hace llegar su testimonio, que habla de salud mental, encierro y punitivismo, de sus proyectos frenados por la detención. Este 3J también vamos a decir ¡Ni una presa más por cannabis!
Mariela le dio una bolsita con 7 gramos de cannabis a una amiga en la plaza central de Bahía Blanca, pero agentes policiales las interceptaron y allí comenzó una causa totalmente desproporcionada. La Fiscalía de Mauricio del Cero está pidiendo una condena por un delito de tráfico que según la nefasta Ley de Drogas involucraría entre 6 y 20 años de prisión. Es clave en la causa el “agravante” de que el hecho haya tenido lugar en un espacio de “esparcimiento público”, como si estuviera distribuyendo algo al público, cuando se trató de una interacción entre dos personas que tenían una amistad.
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Un operativo cinematográfico contra una mujer trabajadora sola en su casa
Mariela es una trabajadora autónoma que vende panes rellenos a la salida de los boliches, también trabaja de niñera, hace trabajos comunitarios de bioconstrucción y changas de construcción en seco con su familia. Ella estaba buscando otras salidas laborales, por eso hizo un curso para tener una certificación como técnica en acceso por cuerdas para poder trabajar, por ejemplo, en los molinos eólicos de la región.
Además estaba buscando insertarse en el sistema educativo a partir de su título como técnica agropecuaria. Tenía que presentar un proyecto en la segunda quincena de abril, y exactamente el 15 de abril es allanada su casa y ella queda detenida, en un operativo desmesurado, con más de una docena de policías. Esa modalidad de grandes despliegues policiales para atacar las casas de jóvenes laburantes es un modus operandi del tándem entre Del Cero y la Policía Bonaerense.
“Fue de película” cuenta Mariela a sus familiares que la visitan: “Yo estaba sola, para colmo estaba desnuda, me rompen la puerta, entran 13 efectivos armados, rodean la casa, me preguntan si había alguien más, digo que no hay nadie. Se ríen, yo al estar desnuda no podía levantar las manos. Fue totalmente desmedido, no encontraron absolutamente nada, yo no tenía plantas ni nada. Me dijeron que fue el allanamiento más rapido que habían hecho, en dos horas habían terminado con todo. Mi casa es de 4 por 6, una casa de barro muy humilde. De todas manera me llevaron detenida, inculpándome con cinco causas”.
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Cannabis, salud mental y encierro
Mariela además cuenta con Reprocann, el cannabis la ayudaba con su insomnio y para eso se lo indicó su médica. Al estar detenida ya no pudo utilizarlo, y su salud mental se deterioró, con episodios de ansiedad, pánico e insomnio, por lo que debió requerir psicofármacos. Por eso Mariela expresa a su familia que lo que están pidiendo es “Que se considere mi salud mental, el encierro no me está haciendo bien. Yo antes no era así, no necesitaba tomar nada, ahora no puedo dormir si no me dan dos pastillas”.
Está hace un mes y medio privada de su libertad en Saavedra. Ella relató a sus familiares sobre el impacto de todo esto en su salud: “Llego acá y fue muchísima angustia, llanto todo el tiempo, acostarme llorando con desesperación, despertarme en medio de la noche y seguir llorando. La médica clínica del penal me da clonazepam para dormir, a la tercera semana me empiezan a agarrar pesadillas horribles con que alguien me quería matar.
Me daba terror que me manden a un penal. Acá todo el tiempo se escuchan ruidos, estaba en permanente alerta. Me despertaba con episodios de pánico a las 3 de la mañana. Pedí que me vea una psiquiatra porque el clonazepam no me alcanzaba, logré que me vea una psiquiatra particular que me agrega Quetiapina, la médica clínica de la penitenciaría avaló esto, y con ambas medicaciones empecé a dormir mejor aunque estoy todo el tiempo cansada, con el efecto residual de las medicaciones.”
El ensañamiento de la justicia y la necesidad de la lucha contra el prohibicionismo
Además del operativo totalmente desmesurado, se había fundamentado la detención y el allanamiento en información irregular, proporcionada por la Fiscalía de Del Cero, que posteriormente fue descartada. El abogado de Mariela, Carlos Carnevale, pide la nulidad del allanamiento y la detención, la inmediata excarcelación, y el arresto domiciliario.
En aquel momento, Mariela tenía ya en trámite su Reprocann, con indicación médica que la habilitaba con una receta a tener sus plantas. Su certificado quedó en trámite desde 2023, trabado no por responsabilidad de Mariela sino por responsabilidad del propio Estado. Hoy su Reprocann se encuentra aprobado pero nada de todo esto fue tenido en cuenta por la Fiscalía. De hecho la Fiscalía de Del Cero rechazó todos los pedidos de arresto domiciliario y nulidad de la investigación. Ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones la posibilidad de revisar todas estas irregularidades, y considerar la salud mental para definir la excarcelación y el arresto domiciliario.
En una futura nota vamos a revisar quién es el Fiscal a cargo del caso, su permanente cruzada contra cultivadores y usuarios de cannabis, y un sistema de vigilancia articulado entre el Municipio de Bahía Blanca, la Policía Bonaerense y la Fiscalía que permanentemente puebla los portales de noticias policiales con supuestos “golpes al narco” por dos plantas o un par de cogollos. Por eso el Fiscal Mauricio del Cero se ganó que la revista El Cohete a la Luna lo bautizara “el cogollero gris”.
Mariela sabe que si bien su caso trascendió a la prensa, “así como yo hay un montón de personas en la misma situación y la verdad es que no se habla”. Por eso es fundamental rodearla de solidaridad, que las organizaciones cannábicas, los centros de estudiantes y el movimiento de mujeres, que este 3J saldrá a las calles en un nuevo Ni una menos, exijan libertad para Mariela, y que esto sea parte de la pelea por el fin de la persecución a cultivadoras, cultivadores, usuarias y usuarios de cannabis. ¡No más presas y presos por plantar y utilizar cannabis!
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Bolivia: organismos de derechos humanos denuncian torturas, detenciones ilegales y amenaza de estado de sitio
29 de mayo, por Represión — Internacional, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Edición Estado Español, Edición Chile, Bolivia, Edición Bolivia, Edicion Perú, Represión, Rodrigo Paz, Internacional, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Edición Estado Español, Edición Chile, Bolivia, Edición Bolivia, Edicion Perú, Represión, Rodrigo Paz
Belén Dávalos integra el ProDHCre (Profesiones por los Derechos Humanos y Contra la Represión Estatal). Denuncia el brutal accionar estatal. Reclaman la solidaridad internacional de organismos de DDHH, políticos, sociales, contra la represión y en defensa del derecho de protesta.
Publicamos a continuación el testimonio de Belén Dávalos, integrante del ProDHCre (Profesiones por los Derechos Humanos y Contra la Represión Estatal). La representante de la organización de Derechos Humanos denuncia el brutal accionar policial y estatal durante la represión a los bloqueos y en las marchas que se realizaron en la ciudad de La Paz. Al mismo tiempo desde el ProDHCre pide la solidaridad internacional de organismos de DDHH, políticos, sociales, contra la represión y en defensa del derecho de protesta.
"Yo soy Belén Dávalos, miembro del Procre, profesionales por los derechos humanos contra la represión estatal en Bolivia. Actualmente vivimos un un momento de altísima conflictividad social en el país.
Desde el 1ro de mayo al 24 de mayo tenemos el registro de más de 320 detenidos en el marco de las movilizaciones y bloqueos y distintas acciones de represión que ha realizado la policía y el ejército, sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto. En este momento tenemos reporte que más de 221 personas han sido liberadas de estas detenciones. Tenemos también el reporte de siete fallecidos.
Nos hemos acercado a los distintos espacios de las celdas judiciales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero también de los comandos policiales de las zonas de San Pedro y Cotahuma.
Lo que nosotros hemos podido constatar en estas visitas y acompañamientos es que ha existido un exceso de fuerza en en las detenciones, ha habido tortura no solo el momento de la detención, sino también durante el tiempo que han permanecido en las celdas judiciales.
Con otras instituciones de derechos humanos a nivel nacional como el ITI que es el Instituto de terapia especializada en tortura y represión estatal, algunas otras también que nos han venido acompañando como la Asamblea permanente derechos humanos paralela y las asambleas permanentes de derechos humanos de provincia, hemos podido reportar con fotografías, videos y entrevistas.
En estos días hemos podido evidenciar casos terribles, como el de un compañero de la tercera edad que venía de provincia, un hombre que apenas hablaba español, hablaba el aimara como lengua principal. Él no contaba con documentos de identidad, fue detenido en una movilización el 18 de mayo, vulneraron todos sus derechos, no se siguió el debido proceso ni al momento de la detención ni durante las supuestas investigaciones posteriores. El señor ni siquiera contaba con un documento de identidad, situación que es muy recurrente y común en personas del área rural, sobre todo de la tercera edad. Ni siquiera recordaba su fecha de nacimiento.
¿Cómo es posible que una persona sin un documento de identidad y sin poder ser reconocido en el propio sistema pasa a ser imputado directamente por un crimen de sedición y terrorismo? Un hombre que además no no llevaba nada, no fue encontrado en flagrancia, no estaba cometiendo ningún delito, más que solamente el hecho de protestar que hoy en día en Bolivia se se está persiguiendo y criminalizando.
Hemos podido evidenciar el caso de varias mujeres a las que incluso se les ha negado el acceso a insumos de higiene menstrual durante las detenciones. Tenemos el caso de una madre y una hija que pasaban por una de las movilizaciones, se resguardaron con el grupo movilizado de los gases que lanzaba la policía durante la represión, fueron detenidas, se les quitó sus medicamentos, fueron obligadas a estar detenidas durante más de 3 días en celdas judiciales, cosa que también va en contra del debido proceso, porque no podrían estar más de 24 horas detenido en estas instancias.
Ellas incluso tenían a cargo menores de edad, a los que no pudieron atender durante estos días por la detención, no se les permitía ceder a una llamada para comunicarse con sus familiares, no se convocaban abogados para defender sus casos. La mayoría de los detenidos y detenidas pasaban directamente con imputación por crímenes como sedición, terrorismo, paraguas legales bastante ambiguos. Ese es un poco el juego que también hace el el sistema eh policial y judicial en en Bolivia eh para seguir vulnerando sus derechos. Muchos de los detenidos y detenidas señalan que hubo una saña racial durante las detenciones.
Es decir, a muchas de las personas las llevaban detenidas únicamente por llevar un aguayo por llevar alguna prenda digamos de los de los pueblos originarios o por el propio color de piel. En ese sentido hacemos una denuncia internacionalmente por todas estas vulneraciones de los derechos humanos que está cometiendo el Estado y a la constante criminalización.
Queremos denunciar que lo que está sucediendo no son excesos aislados en el marco de las movilizaciones y los conflictos sociales que venimos atravesando en el último mes. Estamos hablando de un patrón sistemático por parte del Estado para la criminalización de la protesta y la vulneración de derechos humanos. El gobierno ha tratado de instalar una narrativa en distintos espacios internacionales de que lo que estamos viviendo en Bolivia es una violencia bilateral. Y en ese sentido desde el ProDHCre queremos denunciar que no podemos equiparar las violencias que se pueden ejercer desde el aparato estatal haciendo uso de los sistemas policiales, militares, judiciales y de detención con algunos hechos de violencia que pueden surgir en el marco de las movilizaciones.
En este momento el gobierno de Bolivia está instalando una narrativa que criminaliza a todos los movilizados, que criminaliza y quita el derecho democrático a la protesta de las y los bolivianos, que en este momento exigen su renuncia, pero que nacen, los conflictos, desde una serie de exigencias y peticiones que el gobierno ignoró olímpicamente durante todo este tiempo.
Desde Bolivia y desde el ProDHCre llamamos, convocamos a las distintas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional a a escuchar nuestra las denuncias, a enviar comisiones de veduría para lo que hoy estamos atravesando en el país, más que necesarias, justamente en búsqueda de esta imparcialidad que pueda generar justicia y frente a todos los hechos de vulneración de derechos humanos que está cometiendo el Estado en este momento contra la gente movilizada y que se encuentra en los distintos puntos de bloqueo.
Hoy día. fue abrogada tanto por la Cámara de Senadores como de diputados, la ley 1341, también conocida como la ley Eva Copa, que era una ley que generaba la normativa necesaria en caso de que el ejecutivo quisiera decretar un estado de sitio o un estado de excepción. Realmente alertamos a la comunidad internacional y a todos los defensores de derechos humanos a que esta situación que estamos atravesando en el país de vulneración de derechos y de criminalización de la protesta pueda agravarse frente a las posibilidades de el decretar un estado de sitio o un estado de excepción donde corre un mayor riesgo la vulneración de nuestros derechos. Pedimos y exigimos la liberación inmediata de todos los detenidos y detenidas.
Pedimos y exigimos también la eliminación de todos los procesos de investigación que han sido levantados sin haber seguido los debidos procesos Así que convocamos a toda la comunidad internacional de derechos humanos a poner los ojos en Bolivia, a enviar comisiones de veduría y a sumarse a nuestras denuncias."
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Persecusión judicial en Bahía Blanca: una mujer presa por 7 gramos de cannabis
28 de mayo, por Criminalización — Sociedad, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Marihuana, Cannabis, Legalización de la marihuana, Regulación del Cannabis, Reprocann, Sociedad, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Provincia de Buenos Aires, Marihuana, Cannabis, Legalización de la marihuana, Regulación del Cannabis, Reprocann
El caso de Mariela muestra la realidad del “combate contra el narcotráfico”: ensañamiento con usuarios de cannabis que evidencia las contradicciones entre el discurso del REPROCANN y el accionar de un sistema penal que criminaliza antes de investigar.
“Nunca necesité nada para dormir y ahora me veo obligada a tomar medicación porque el miedo no me deja descansar”. Quien habla es Mariela, una mujer que lleva más de un mes privada de su libertad en una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. El motivo de su encierro es, al menos, cuestionable: se la acusa de haber comercializado siete gramos de marihuana en un espacio público. Su situación, además de injusta, está agravando un cuadro de deterioro emocional marcado por el aislamiento, los ataques de pánico y la angustia constante dentro del penal.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la realidad de la "guerra contra las drogas", que lejos de combatir el narcotráfico, se ensaña con usuarias de cannabis, evidenciando las contradicciones entre el discurso oficial del REPROCANN y el accionar real de un sistema penal que criminaliza antes de investigar.
Una imputación desproporcionada
La causa tramita en Bahía Blanca bajo la órbita del fiscal Mauricio del Cero y el juez Alberto Manzi. La imputación es grave: "comercialización de estupefacientes agravada por haberse realizado en un lugar de esparcimiento público", puntualmente la Plaza Rivadavia.
Según la versión judicial, el episodio se reduce a un encuentro en la plaza donde Mariela le entregó un envoltorio con siete gramos de cannabis a una amiga. Un movimiento que, para el sistema judicial, constituye un delito agravado.
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Aunque la fiscalía intenta justificar la acusación con registros telefónicos y fílmicos, la defensa sostiene que no existe ninguna prueba que acredite una estructura de venta organizada.
De hecho, la imputada no contaba con los elementos propios de un punto de venta: no había stock relevante, no se halló dinero que indicara actividad de narcomenudeo, ni listas de clientes. Mariela es una trabajadora autogestiva, técnica agropecuaria, acróbata y técnica en acceso por cuerdas que, hasta su detención, se ganaba la vida vendiendo panes rellenos y realizando cuidados.
El allanamiento y la realidad del REPROCANN
Meses después del episodio en la plaza, el despliegue policial fue desmesurado: trece efectivos armados irrumpieron a primera hora de la mañana en la casa de barro donde vive sola.
El resultado del procedimiento fue contundente, no había nada. Apenas unas pocas migajas de cannabis que ni siquiera pudieron ser pesadas por la balanza oficial.
Lo más alarmante es que Mariela contaba con su trámite de REPROCANN iniciado en 2023, el registro oficial que debería amparar el acceso al cannabis medicinal. Pese a esto, el sistema penal avanzó sin contemplaciones, ignorando las normativas vigentes y el derecho a la salud.
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El costo humano de la prisión preventiva
Mientras la Cámara de Apelaciones y Garantías revisa los planteos de la defensa —que insiste en la nulidad del proceso y el cese de la prisión preventiva—, la vida de Mariela está marcada por la incertidumbre y el daño psicológico.
La defensa cuestiona duramente que la prisión preventiva se fundamente simplemente en la "gravedad de la pena en expectativa", cuando no existe riesgo de fuga ni peligro de entorpecimiento. La prueba central ya fue recolectada y la mujer no tiene antecedentes penales.
Dentro del penal, la rutina se ha vuelto insoportable. Mariela relata que los ataques de pánico y las pesadillas fueron una constante, obligándola a recurrir a un tratamiento psiquiátrico que ni siquiera quería iniciar. “Tengo miedo de todo”, confiesa, resumiendo el terror de estar encerrada por una causa que, por donde se la mire, carece de proporcionalidad.
Por la libertad de Mariela y el fin de la criminalización
El caso de Mariela desnuda la hipocresía de una política criminal que, mientras avanza hacia una supuesta regulación medicinal, mantiene las viejas prácticas de allanamientos invasivos, secuestros de dispositivos personales y prisiones preventivas prolongadas para usuarias de cannabis.
Es urgente visibilizar este caso y exigir el fin de este mecanismo de persecución. Que el encierro de Mariela no pase desapercibido es el primer paso para terminar con un sistema que castiga a quienes cultivan y consumen, mientras las verdaderas redes de narcotráfico operan con impunidad. ¡Libertad para Mariela y basta de perseguir a usuarias de cannabis!
Segui su caso en @mari_agunin
Mariela cuenta con su trámite de REPROCANN, registro oficial que debería amparar el acceso al cannabis medicinal.
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Bregman con Guadalupe Godoy: “Si no llevábamos la memoria incómoda a los juicios, ¿quién iba a hacerlo?”
25 de mayo, por Entrevista — Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Genocidio, Jorge Julio López, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Myriam Bregman, Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich, Edicion Perú, Guadalupe Godoy, Política, Edición Argentina, La Plata, Berisso y Ensenada, Libertades Democráticas, Genocidio, Jorge Julio López, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Myriam Bregman, Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich, Edicion Perú, Guadalupe Godoy 
La diputada nacional conversa con la directora de Políticas de Memoria y Reparación de la UNLP. Hace veinte años ambas abogadas encabezaron los primeros juicios a genocidas tras la anulación de la leyes de impunidad. Los desafíos de juzgar a Etchecolatz, Von Wernich y los civiles genocidas. Y la desaparición de Julio López como ícono de muchas continuidades.
La diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman viajó a la capital de la Provincia de Buenos Aires para conversar con Guadalupe Godoy, directora de Políticas de Memoria y Reparación de la Universidad Nacional de La Plata. A cincuenta años de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, ambas abogadas recuerdan cuando hace veinte años fueron parte de las querellas en los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad inaugurados tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos a los genocidas.
“Con Guadalupe nos une haber vivido juntas experiencias que nos cambiaron la vida”, comienza diciendo Bregman, fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) . “Hace ya veinte años, siendo jóvenes abogadas, tuvimos el orgullo de participar de los primeros juicios a los genocidas tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia de Vida. Pero éramos apenas la cara visible de organizaciones integradas por un gran movimiento de lucha contra la impunidad, iniciado allá lejos con las primeras rondas de las Madres en 1977 y que tuvo hitos como las marchas contra los indultos o el 24 de Marzo de 1996, cuando nosotras también empezamos a salir a la calle”.
Recuerda que “con las compañeras y compañeros del colectivo Justicia YA! luchamos para que desde las primeras sentencias se dejara sentado que esos crímenes aberrantes no fueron hechos aislados, sino parte de un genocidio llevado adelante con la planificación y la participación de los grandes empresarios que hoy, cincuenta años después, siguen dominando los destinos del país. Así como con la complicidad de la jerarquía eclesiástica y otros sectores civiles”.
Godoy afirma: “Son memorias incómodas. Y llevar esas memorias incómodas a los juicios, si no lo hacemos nosotros, ¿quién?”
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En la conversación reflexionan sobre la particularidad de La Plata como una ciudad en la que se ha investigado, identificado y juzgado a civiles que participaron del genocidio. Uno de los primeros juicios fue contra Christian Von Wernick, el excapellán de la Policía Bonaerense, en el año 2007. Ambas estuvieron al frente de la querella.
“Era un engranaje más de la tortura, que intentaba quebrar las voluntades y convencerlos de delatar a sus compañeros”, dice Godoy sobre cómo usaba el cura las “confesiones” a las y los detenidos en centros clandestinos. Y recuerda las dificultades de encarar ese juicio tras la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Entre las amigas de los genocidas que solían presenciar el juicio a Von Wernich eran Cecilia Pando y la actual vicepresidenta Victoria Villarruel. Otro de los personajes que empezaban a actuar en esa época era Nicolás Márquez, a la postre biógrafo de Javier Milei.
Las responabilidades de civiles, desde empresarios a jueces y fiscales, en el genocidio también fue parte del trabajo común de los organismos de derechos humanos querellantes en los juicios, donde Godoy y Bregman cumplieron roles destacados. “Empezaban a parecer gerentes de empresas potentes como Techint o YPF y también complicidades (de las dirigencias) sindicales”, remarca Godoy.
Begman agrega que en ese proceso se le dio “una mirada histórico-política que se reflejaba en lo jurídico y no al revés. No pensábamos la calificación legal primero, sino que la calificación legal que poníamos era adaptada a la acusación y al contenido histórico-político que le queríamos dar a lo que había ocurrido en la Argentina”.
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Otro de los ejes de la charla refiere al contenido de clase del genocidio, con la persecusión y eliminación de comisiones internas y cuerpos de delegados en una acción común entre militares, policías, empresarios y burócratas sindicales. “A mí siempre me conflictuó un poco que hay una memoria predominante de lo que pasó, que es una memoria más de los sectores medios, los sectores medios que pudieron denunciar y organizarse”, reflexiona Godoy. “En los relatos posteriores a la dictadura, la clase obrera perseguida fue bastante borrada”, suma Bregman.
El juicio de 2006 a Etchecolatz, con el agregado de la segunda desaparición de López, se lleva buena parte de la entrevista. Ambas abogadas también encabezaron en ese proceso la querella del colectivo Justicia YA!
“Siempre habíamos dicho que los genocidas continúan impunes, que las patotas siguen actuando, pero en ese juicio nos tocó saber que eso no eran frases hechas de la militancia, sino que era verdad. Y una mañana estábamos esperando que llegue Julio López para alegar en su nombre y no llegó”, recuerda Bregman.
“Ese juicio se hizo en el contexto del segundo intento de purga o reforma policial. Etchecolatz y los grupos que querían impedir la continuidad de los juicios fueron los que eligieron a quién, pero no quienes llevaron adelante eso. El contexto era el de una pelea feroz de la Bonaerense por seguir siendo la Bonaerense”, suma Godoy dimensionando la tragedia que significó la desaparición de López. “Y sobre todo nos da real dimensión de lo que significó la decisión política de que, aún sabiendo eso, permitieran que durante un año y medio la causa por su segunda desaparición la siguiera investigando la Policía”, completa.
Un momento emotivo. Guadalupe le hace escuchar a Myriam un audio de Radio Provincia de septiembre de 2006, cuando la recordada Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos , relata a la prensa las primeras horas sin López.
“Creo que hemos enfrentado mucho y que supimos dar esa respuesta colectiva en enormes movilizaciones que mostraron que no nos iban a paralizar”, afirma la diputada nacional del FITU. “Yo pienso en cómo toda esa etapa nos permitió ir tomando dimensión de quiénes eran efectivamente los que querían impedir la continuidad de los juicios”, concluye la abogada de La Plata.
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Armada Argentina: una asociación ilícita camuflada tras la sombra de Guillermo Brown
25 de mayo, por Sumario sin secreto — Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Armada, Fuerzas Armadas, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Edición Uruguay, Emilio Eduardo Massera, Dictadura, Masacre de Trelew, Vuelos de la Muerte, Sumario sin secreto, Política, Edición Argentina, Libertades Democráticas, Genocidio, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Armada, Fuerzas Armadas, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Edición Uruguay, Emilio Eduardo Massera, Dictadura, Masacre de Trelew, Vuelos de la Muerte, Sumario sin secreto
En el 212° aniversario de su creación el jefe de la Armada, el ministro de Defensa y el canciller contaron un cuentito feliz, ocultando los crímenes y golpes de Estado que protagonizó la Marina. Bombas en Plaza Mayo, fusilamientos en Trelew, picanas en la ESMA, vuelos de la muerte, rendición cobarde en Malvinas y hasta espionaje ilegal durante el kirchnerismo. Aunque la quieran hundir, la verdad siempre sale a flote.
A horas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y a pocos días de haberse cumplido 212 años del Combate Naval de Montevideo (que puso fin al dominio de la corona española en aguas rioplatenses), la Armada Argentina en modo “libertario” encara un proceso de cesión de soberanía pocas veces visto.
Lejos de hacer avanzar la “libertad”, el pacto entre el gobierno de Javier Milei y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos entrega el monitoreo del Mar Argentino a Washington. Hay cierta continuidad con acuerdos anteriores, incluso uno firmado por el gobierno del Frente de Todos con el Departamento de Estado. Ahora (y como en todos los temas) la ultraderecha estafa a la sociedad con la excusa de “proteger los bienes comunes globales” y perseguir la “pesca ilegal”.
Pero lo que podría pensarse como una “novedad” es un nuevo capítulo en la larga historia de entrega al imperialismo con las Fuerzas Armadas como protagonistas. Una historia acallada en los manuales escolares y tapada por el relato romantizado de heróicas gestas patrióticas. Hace una semana ese relato reemergió durante los festejos del 212° aniversario del triunfo de la Escuadra comandada por el almirante Brown frente a las costas uruguayas. Pero, aunque la quieran hundir, la verdad sale a flote.
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Yanquis go to Argentine
“ Guillermo Brown había nacido en Irlanda, pero a los ocho años se fue a vivir a Baltimore con toda su familia. Allí se hizo marino. Después de la Revolución de Mayo, Brown viene a Buenos Aires y se instala como comerciante que navegaba por el Río Paraná y los puertos de la costa oriental. Cuando se forma la primera escuadrilla nacional fracasan en San Nicolás y son derrotados por los barcos españoles que estaban en Montevideo. Ahí aparece la figura de Guillermo Brown que todos conocemos como un buen marino y en donde se le encarga la organización de la primera escuadra marina nacional argentina”.
Esta cita se lee en Si lo contás te mato. Confesiones de Carlos Guillermo Suárez Mason, el general más sanguinario de la dictadura. El libro de Gustavo Sammartino acaba de ser publicado por Planeta, 23 años después de la muerte del genocida que, desde el 24 de marzo de 1976, condujo nada menos que el Primer Cuerpo del Ejército. Allí, entre anécdotas represiva y algunas imprecisiones históricas, el militar metió en su álbum familiar a Brown, el fundador de la Armada Argentina.
William Brown | Oleo de Alfredo de la María Según Suárez Mason, el padre de su tatarabuelo fue William Robert Mason, un navegante que conocía a Brown de joven, cuando ambos eran mercaderes en Baltimore. Tras el triunfo del 17 de mayo de 1814 contra los realistas en Montevideo, Brown fue ungido prócer nacional. Agradecidas por la contribución anglosajona, las autoridades argentinas invitaron a la burguesía yanqui a hacer negocios en la otra punta del continente.
Uno de los primeros que viajó a Sudamérica fue William Mason, amigo de Brown. Como a tantos otros mercaderes, le dieron una autorización especial para atacar barcos extranjeros y quedarse con las ganancias de los botines capturados. A cambio, el naciente Estado obtendría una comisión.
El domingo pasado, en la Base Naval Puerto Belgrano, cercana a Bahía Blanca, el Gobierno y la Armada Argentina festejaron los 212 años del Combate Naval de Montevideo. El mayor homenajeado fue Brown, claro. Pero en el acto lleno de almirantes, comodoros, capitanes y funcionarios nadie cometió el desatino de recordar las corruptelas y prebendas de aquellos patrióticos marinos.
“Las más nobles tradiciones navales”
En la ceremonia hablaron el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada, el teniente general del Ejército Carlos Presti, ministro de Defensa, y el timbero Pablo Quirno, actual canciller. Ninguno habló de los “botines” de Brown y Mason de hace dos siglos. Mucho menos de las mil y una criminalidades de las Fuerzas Armadas cometidas contra la propia población argentina desde entonces.
El ministro Presti, como ya te contó La Izquierda Diario, es hijo del coronel del Ejército Roque Carlos Presti, un torturador, asesino y ladrón de bebés que, oh casualidad, actuó en dictadura bajo las directivas de Suárez Mason y murió impune en 1993. El actual titular de la cartera de Defensa siempre reivindicó la “trayectoria” de su padre.
El canciller Quirno, el ministro de Defensa Presti y el jefe de la Armada Romay festejando el cumple de la fuerza| Foto Miniserio de Defensa El domingo, en el homenaje a la Armada, Presti dijo que “sin el dominio del río y del mar, no había independencia posible”, que Brown “lo entendió antes que muchos” y que por eso aquella victoria “quebró el principal sostén marítimo del poder colonial en el Río de la Plata”. Audaz, el hijo del genocida agregó: “Las generaciones que nos precedieron construyeron esta institución con sacrificio. Hoy nos toca a nosotros hacerla avanzar y crear las condiciones para que quienes vengan detrás nuestro puedan llevarla aún más lejos”.
A su turno, en un largo discurso, el almirante Romay leyó una historieta romántica donde la fuerza que conduce siempre estuvo en manos de valientes caballeros libres de toda mácula. Habló de una “Armada bicentenaria forjada al calor de vivencias heroicas y de jornadas de gloria, aunque no exenta de dificultades y desafíos”.
La Armada, siguió Romay, está “fundada en principios y valores imperecederos, y nutrida de las más nobles tradiciones navales heredadas de nuestros próceres. Orgullosos de ese legado, hoy la Armada Argentina procura estar preparada para hacer frente a los desafíos del Siglo XXI”. Finalmente el jefe de la Marina expresó su deseo de “compartir esta visión con todos los argentinos, nuestros conciudadanos, a quienes servimos”.
Bombas en la Plaza
Los jerarcas de las Fuerzas Armadas se llenan la boca hablando de “la Patria”. Pero reivindican a la Marina que hace siete décadas bombardeó a plena luz del día la patriótica Plaza de Mayo, asesinando a no menos de 300 compatriotas que iban o volvían de trabajar, estudiar o simplemente paseaban. Fue el jueves 16 de junio de 1955.
Cinco días antes, la Iglesia católica había organizado una procesión de corpus christi en Buenos Aires. Ese sábado miles de derechistas opositores al gobierno de Juan Perón salieron a las calles al grito de “¡Cristo Vence!”. Pero en pocas horas la liturgia mutó a manifestación política. Enojado, Perón apretó a la Arquidiócesis, hizo expulsar a dos obispos y planeó un acto de desagravio para el jueves siguiente. Los golpistas se le adelantaron.
Los aviones de la Armada que bombardearon la Ciudad de Buenos Aires con la referencia "Cristo Vence" Se calcula que 14 toneladas de explosivos fueron lanzadas a lo largo del día sobre el centro porteño. El “plan” era atacar la Casa Rosada, matar al Presidente, copar edificios públicos y extender el golpe a todo el país. Durante horas las aeronaves de combate de la Aviación Naval descargaron su fuego sobre la Plaza de Mayo y alrededores. Destruyeron un trolebús lleno de pasajeros. También atacaron el Palacio Unzué (entonces residencia presidencial), la sede de la CGT y la del ministerio de Ejército, entre otros edificios.
El golpe fracasó. Las Fuerzas Armadas debieron esperar tres meses más para hacer renunciar a Perón. Nunca nadie pagó por los cientos de muertos y heridos del 16 de junio. Pese a todo, la retina popular nunca olvidará aquellas imágenes de los aviones de la Armada lanzando su odio gorila desde aviones pintados con una cruz dentro de una V… porque Cristo vence.
Balas en Trelew
Los militares tampoco hablan de la masacre perpetrada la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de la provincia de Chubut. Al mando del capitán Luis Emilio Sosa, un pelotón de fusilamiento ametralló a 19 detenidos indefensos. Era un grupo de militantes de organizaciones populares, recapturados una semana antes tras el fallido intento de fuga del penal de Rawson.
Con la “valentía” que los caracteriza, en los días previos a la Masacre de Trelew los herederos de William Brown torturaron a su gusto a las y los presos políticos. Finalmente el lunes 21, tras una reunión de la Junta Militar encabezada por el dictador Alejandro Lanusse, recibieron órdenes desde Buenos Aires: “¡Mátenlos!”
Sosa reunió a sus subalternos Emilio Del Real, Carlos Marandino y Roberto Bravo (uno de los más entusiastas torturadores). Pasadas las tres de la mañana del martes 22 despertaron a los 19 detenidos y los sacaron de los calabozos. Los fusilaron en cuestión de segundos. A algunos los remataron en el piso.
Los prisioneros de Trelew que serían fusilados días después | Foto Emilser Pereira - Diario Jornada Alejandro Ulla, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos del Rey, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Mena, Mario Delfino, Miguel Ángel Polti y Rubén Bonnet (todos del PRT-ERP); Alfredo Kohon, Carlos Astudillo y María Sabelli (FAR); Mariano Pujadas y Susana Lesgart (Montoneros) murieron en el acto. Tenían entre 20 y 36 años.
Sólo sobrevivieron María Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar. Tras ser enviados al penal de Villa Devoto, la movilización popular los liberó junto a otros quinientos presos políticos el 25 de mayo de 1973. Cuatro años después Camps murió acribillado en la puerta de su casa de Lomas de Zamora. Berger y Haidar terminaron secuestrados y desaparecidos, ella en 1979 y él en 1982, por patotas de la Escuela de Mecánica de la Armada. De la misma Armada que ya los había fusilado.
Días después de la masacre, desde la misma Base Almirante Zar el capitán de navío Horacio Mayorga diría que la Armada no tenía nada de qué arrepentirse. “Lo hecho bien hecho está. No hay de qué disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión de muchos”, sentenció.
Recién cuarenta años después los marinos Sosa, Del Real y Marandino fueron condenados a perpetua por un tribunal de Comodoro Rivadavia.
Bravo, el más sanguinario, tras los hechos fue enviado como agregado militar a la Embajada en Washington. Se nacionalizó yanqui y se convirtió en un próspero empresario de la “salud”. Estados Unidos se negó a extraditarlo a Argentina. Familiares de fusilados lo denunciaron en Miami y lograron que se lo juzgue allí, pero sólo civilmente. En 2022 apenas lo condenaron a “indemnizar” a los denunciantes. Ni él ni sus camaradas pidieron siquiera perdón.
La mecánica de la Escuela
Al mando de Emilio Eduardo Massera, la Armada tuvo su punto cúlmine de criminalidad durante los años del genocidio contra la población trabajadora argentina perpetrado entre mediados de la década de 1970 y principios de la de 1980. Y su nave insignia fue la Escuela de Mecánica de la Armada.
La ESMA fue el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Por ese chupadero, ubicado en Avenida del Libertador al 8.000 del exclusivo barrio porteño de Núñez, pasaron más de cinco mil personas, la mayoría de las cuales fueron asesinadas y desaparecidas. Los herederos de William Brown sólo dejaron un puñado de sobrevivientes.
Escuela de Mecánica de la Armada Al igual que sus socios del Ejército, de la Fuerza Aérea, de todas las policías y de los servicios penitenciarios, los “grupos de tareas” de los marinos cometieron los más atroces crímenes de lesa humanidad. Pero además de secuestrar, torturar y matar, ellos arrojaron personas vivas al Río de la Plata y hasta armaron la mayor “maternidad” clandestina para hacer parir a las detenidas embarazadas y robarles sus bebés.
Por si eso fuera poco, en la ESMA los almirantes, comodoros y capitanes crearon un rentable sistema basado en el trabajo esclavo. Mientras en “la Escuela” los cadetes tomaban sus clases militares, en los sótanos los torturados eran obligados a producir documentos y pasaportes falsos que luego comerciaban los jerarcas.
En una extensa entrevista publicada en marzo por La Izquierda Diario, el sobreviviente Carlos “Sueco” Lordkipanidse recordó junto a Myriam Bregman una de las acciones más perversas de los marinos. En 1979 la Iglesia católica le cedió a la Armada la quinta El Silencio , ubicada en una isla del Tigre, para que allí fueran escondidos los secuestrados de la ESMA.
El plan fue “despejar” el predio de Núñez ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertada por las denuncias de familiares de desaparecidos. Terminada la dictadura, Lordkipanidse y otros sobrevivientes lograron localizar la isla y denunciar lo vivido. Por ése y otros hechos la Conferencia Episcopal Argentina siempre se negó a abrir sus archivos.
Vuelos
La jerarquía eclesiástica también justificó nada menos que los vuelos de la muerte con los que la Armada intentó borrar del mapa los cuerpos de miles de desaparecidas y desaparecidos. A lo largo de los años (y de los juicios) se supo que los obispos “tranquilizaban” a los genocidas que ejecutaban esos viajes infernales explicándoles que el descarte de los cuerpos en el Río de la Plata o el Mar Argentino era la forma más cristiana de morir que les cabía a los “subversivos”.
En 1995, el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo le confesó al periodista Horacio Verbitsky detalles de cómo se hacían esos vuelos. El tipo estaba retirado y libre gracias a la alfonsinista Ley de Obediencia Debida. Según su relato, el modus operandi fue “una decisión orgánica” de la Armada comunicada apenas consumado el golpe de Estado “a todos los oficiales con destino en el área naval Puerto Belgrano”.El vicealmirante Luis Mendía, entonces comandante de Operaciones Navales, fue quien informó la orden. “Dijo que se había consultado con las autoridades eclesiásticas para buscar que fuese una forma cristiana y poco violenta”, explicó Scilingo. Y agregó que “al regresar de los vuelos, los capellanes confortaban a los oficiales con citas de los Evangelios sobre la necesaria separación del yuyo del trigal”.
Avión Short Skyvan SC-7 utilizado en los vuelos de la muerte, hoy expuesto en la ESMA Dos años después, de paseo por el Estado español, Scilingo le dijo a TVE que “todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa a los oficiales que se harían cargo, de forma tal que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por eso”. Y remató: “De la misma forma en que los nazis crearon las cámaras de gas, en la Armada usamos ese método para eliminar a alrededor de cuatro mil personas”.
Como te contamos en la edición anterior de Sumario sin secreto, entre 1977 y 1978 algunos de esos cuerpos reaparecieron en las costas argentinas y uruguayas. Entre ellos los de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Ángela Aguad, Esther Ballestrino de Careaga y Mari Ponce y el de la monja francesa Léonie Duquet. Habían sido secuestradas por una patota de la ESMA, luego de que se infiltrara entre ellas el capitán de navío Alfredo Astiz.
Scilingo y Astiz hoy cumplen condenas a prisión perpetua por algunos de los múltiples crímenes que cometieron. Dicen que cada domingo van a misa.
Cobardes en Malvinas
El 15 de junio de 1982, 74 días después del desembarco en Puerto Argentino y tras semanas de combate, la dictadura encabezada por Leopoldo Galtieri anunció que las tropas al mando de Mario Benjamín Menéndez, “gobernador” de Malvinas, se iban finalmente de las islas tras “negociar” con los generales ingleses. Fue una lisa y llana rendición incondicional, con consecuencias nefastas para el país.
Un símbolo de aquella humillación fue, precisamente, el marino Astiz. El mismo genocida que secuestró madres y monjas, que ejecutó torturas y vuelos de la muerte contra personas indefensas, fue el primero en rendirse en el campo de batalla ante el avance de las tropas británicas. Y lo hizo con el patético récord de no haber disparado un solo tiro contra el enemigo pirata.
Margaret Thatcher (ídola de Milei) cometió el crimen de guerra que derivó en el hundimiento del ARA General Belgrano en aguas excluidas de la zona de confrontación. En el crucero viajaba un millar de marinos, de los cuales 323 (casi todos soldados) murieron en el acto. Se salvaron prácticamente todos los jerarcas de la Armada. Los mismos que terminarían rindiéndose cobardemente sin haber tomado medidas mínimas para enfrentar en serio al imperialismo.
La rendición de Alfredo Astiz en las Islas Georgias Espionaje en “democracia”
Que el Estado, gobierne quien gobierne, hace espionaje ilegal sobre la población es un secreto a voces. Permanentemente salen a la luz ejemplos de cómo tanto la SIDE como las oficinas de “inteligencia” de las fuerzas represivas nacionales y provinciales usan los fondos públicos para perseguir y armar operaciones contra opositores, activistas y organizaciones populares. La Armada no tenía por qué ser la excepción.
Décadas después de la Masacre de Trelew y en plena “democracia”, la Base Aeronaval Almirante Zar de Chubut volvió a ser noticia por sus acciones criminales. En un juicio cuya sentencia se conoció en 2015 se determinó que entre 2003 y 2006 (gobierno de Néstor Kirchner) desde esa base los militares realizaron tareas sistemáticas de espionaje ilegal contra dirigentes y organizaciones sociales, políticas, sindicales.
Los responsables de esas tareas clandestinas fueron el almirante Jorge Godoy, jefe del Estado Mayor conjunto de la Armada (de plena confianza de Kirchner) y el entonces subjefe Benito Rótolo. Ambos terminaron condenados a dos y años y un año y ocho meses de prisión, respectivamente. Por ser penas en suspenso, ninguno pisó una cárcel. Además se los “condenó” a tomar cursos de “derechos humanos” y “derechos constitucionales”. Un chiste de pésimo gusto.
Nadie con dos dedos de frente creerá que la Armada sólo espió a la población civil durante esos tres años. Eso fue apenas lo que se descubrió. Y el caso de Godoy es emblemático en ese aspecto.
“En 1977 estuvo asignado en el centro clandestino de Mar del Plata, de donde era Astiz. Godoy sabe perfectamente bien qué pasó con los compañeros que pasaron por ahí. Habría que preguntarle qué pasó con Cecilia Viñas, que estuvo en la ESMA y después fue llevada a la base de Mar del Plata”, dijo en aquellos años Cachito Fukman, sobreviviente de la “Escuela” y cofundador de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
En las últimas décadas del Siglo XX el productor y empresario mediático Alejandro Romay se ganó el mote de “zar de la televisión”. Uno de sus fuertes fue la producción incesante de telenovelas, muchas de ellas aún recordadas. Hace una semana su tocayo, el almirante Juan Carlos Romay, lo homenajeó al leer en la Base Naval Puerto Belgrano un ficticio cuento feliz sobre la historia de los marineros argentinos. Ficción que esconde crímenes y delitos. Como todo lo que dicen los comandantes de La Libertad Avanza.
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