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La Izquierda Diario - Libertades democráticas

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Artículos

  • La Policía de Jorge Macri impide que trabajen los manteros de Parque Los Andes

    3 de mayo, por Brutal — , , , , , , , , , , , , ,

    En la madrugada del sábado un inmenso operativo impidió que se instale la feria que lleva 20 años en la plaza del barrio de Chacarita. Denuncian que la policía se robó los puestos y la mercadería. El parque se encuentra militarizado. Mientras avanza el ajuste, quieren una Ciudad para pocos.

    Esta mañana el Parque los Andes amaneció militarizado. Motos con oficiales armados patrullan la zona. Uno pensaría que algo grave ocurrió. A los pocos metros, Jorge Macri anunciaba a un grupo de periodistas que recuperaron el "espacio público".

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    Lo que ocurrió en realidad. Con un brutal operativo, en la madrugada de este sábado, la Policía de la Ciudad impidió que los manteros y puesteros de la histórica feria de la plaza del barrio de Chacarita puedan trabajar como lo hacen hace 20 años.

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    Entrevistados por La Izquierda Diario que estuvo presente en el lugar, los manteros denuncian que la policía les robó la mercadería e incluso los puestos a quienes forman parte de lo que se conoce como la feria.

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  • Otra vez aplican el protocolo de Bullrich en una nueva movilización

    30 de abril, por Jubilados — , , , , , , , , , , ,

    Así fue informado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Posta de Salud y Cuidados que acompañaron como todos los miércoles el reclamo de los jubilados. La policía de Bullrich empujó contra una valla a una de las jubiladas que asiste a cada ronda.

    En el marco de la previa al 1° de mayo, día internacional de las y los trabajadores, las y los jubilados decidieron adherir a las convocatorias de las centrales sindicales y participaron en su tradicional ronda de todos los miercoles. Lo hicieron de forma pacifica levantando reclamos referidos al aumento de jubilacion, acceso a medicamentos y contra caristia de vida.

    Se encontraron con un operativo coordinado desde el Ministerio de Seguridad de la Nacion sobre la cual es responsable la ministra Patricia Bullrich, en el que intervinieron la Policia Federal con escuadrones antidisturbios, la motorizada, la Prefectura Nacional y Gendarmería Nacional. Hicieron un corralito reduciendo la libre circulacion de quienes se manifestaban de manera legítima y pacífica, además generaron caos en el tránsito, vallando las cuadras linderas al Congreso intentando impedir de esta forma que se expresen los jubilados frente a los diputados y senadores.

    Desde la Posta de Salud y Cuidados atendieron a Nancy Yulam luego que la Policía Federal la empujara contra una valla. No es la primera vez que está jubilada es atendida por las consecuencias de la brutalidad de las fuerzas.

    Sil - Enfoque Rojo

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  • Enorme repudio a Caputo por su actitud intimidante hacia el fotógrafo Antonio Becerra de Tiempo

    30 de abril, por Mafioso — , , , , , , , , ,

    Sindicatos, periodistas, medios de comunicación y diversos representantes políticos repudiaron la actitud amenazante de Santiago Caputo contra un fotógrafo de Tiempo Argentino. A las 15 hs. se convoca a un "camarazo" de ARGRA en repudio al asesor presidencial.

    Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei, ha vuelto a estar en el centro de la polémica. Tal como denunciamos anoche, el incidente se produjo durante el debate de candidatos a legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Caputo protagonizó un acto intimidatorio contra Antonio Becerra, fotógrafo del medio Tiempo Argentino. Este episodio no solo pone en evidencia la postura del oficialismo hacia la prensa, sino que también enciende las alarmas sobre el uso del poder en el actual contexto político.

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    El hecho ocurrió cuando Becerra intentó tomar fotografías del asesor, quien reaccionó tapando la cámara del periodista y fotografiando su credencial como una aparente advertencia de tipo mafiosa. Según se supo, Caputo calificó al fotógrafo de "desubicado" y mostró una actitud amenazante. Este accionar fue respaldado por sectores del oficialismo, que en redes sociales intentaron justificar su conducta. Esta mañana el mismo presidente Javier Milei salió a respaldarlo, al compartir en su cuenta de X varios posteos que defendían a Caputo y apuntaban contra la foto reportero y la profesión.

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    No obstante, el repudio a la actitud mafiosa de Caputo y su ataque al fotógrafo, visto como un ataque a la prensa que el gobierno se encarga de instalar cotidianamente, ha llenado los portales de los principales medios de comunicación, la mención de periodistas de renombre y ha sido tendencia en la red X. El vocero del presidente Manuel Adorni trató de poner paños fríos, minimizando el hecho "Quería saber quién era el periodista porque quería ver si había salido bien o no en la foto…la intención de Santiago era ver cómo habían salido las fotos".

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    Este no es el primer incidente controvertido protagonizado por Caputo. En el pasado, intervino de manera abrupta en una entrevista del presidente Milei con el periodista Jonatan Viale, además de haber tenido un altercado con el diputado Facundo Manes. Estas acciones, sumadas a la postura crítica del presidente hacia los medios de comunicación, generan un clima de tensión y hostilidad hacia la libertad de prensa en el país.

    Luis Novaresio fue uno de los tantos periodistas que cuestionó el polémico gesto: “Es funcionario público, y el funcionario público más importante, es asesor, no tiene cargo lo cual es grave, y el presidente dijo que es la persona que da el ok previo a que lo de él. Y tengo una mala noticia porque estamos en una República, donde hay que dar cuenta de los actos públicamente. Creo que vivimos en el tiempo donde hay que explicar que el agua moja. Es rarísimo. Los funcionarios dan explicaciones. Está en un acto publico y puede ser fotografiado. El trabajo de un fotoperiodista deber ser respetado. Es el mismo funcionario que intervino la nota a Joni Viale y el que patoteó a Manes. No tiene cargo y decide antes que el presidente. Rari”.

    La situación cobra mayor gravedad si se considera la posición de poder que ocupa Caputo. Este asesor no solo tiene una influencia significativa en la toma de decisiones del gobierno, sino que también controla áreas sensibles como la Secretaría de Inteligencia y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Su rol dentro del llamado "triángulo de hierro", junto al presidente y Karina Milei, lo coloca en una posición estratégica dentro del oficialismo.

    Desde La Izquierda Diario, repudiamos enérgicamente este acto de intimidación y reiteramos la necesidad de defender los derechos de los trabajadores de prensa. Y apoyamos la convocatoria a las 15 hs. a un "camarazo" de ARGRA en repudio al asesor presidencial.

    Este episodio debe servir como un llamado de alerta para el pueblo trabajador y para todas las organizaciones que luchan por los derechos humanos.

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  • Un lustro de impunidad: cinco años de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro

    30 de abril, por Crimen de Estado — , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    La causa por desaparición seguida de muerte está abierta. Pero la estancaron. El 30 de abril de 2020, empoderada por la cuarentena represiva, la Policía Bonaerense detuvo al joven en la ruta. Nunca más se lo vio con vida. Su cuerpo apareció 107 días después en un cangrejal intransitable. Kicillof y Berni ocultan la verdad. Cristina Castro denuncia: “Siguen matando a mi hijo todos los días”.

    Este miércoles se cumplen cinco años de la última vez que se vio con vida a Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años oriundo de la localidad de Pedro Luro, partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los casos emblemáticos de la represión desatada en 2020 por los gobiernos nacional y provinciales en el marco de la cuarentena por la pandemia de covid-19.

    En esos meses, las fuerzas represivas del Estado mataron a una persona cada dos días. El cuerpo de Castro fue hallado el 15 de agosto, 107 días después de ser retenido en la Ruta Nacional 3 por miembros de la Policía Bonaerense. Esqueletizado, yacía en un cangrejal de Villarino Viejo, terreno prácticamente intransitable al que nadie iría, por propia voluntad, si no fuera para pescar o deshacerse de algo que no quiera que se encuentre.

    La versión que siempre intentó instalar el gobierno de Axel Kicillof (con ayuda judicial y mediática) es que Facundo se ahogó allí (donde nadie más se ahoga), en soledad, tal vez desorientado en su intento de llegar a Bahía Blanca.

    Para sostener ese relato debieron ocultar varios “detalles”. Por ejemplo, que el cuerpo fue hallado desnudo (algo de su ropa apareció un mes después a cuatro kilómetros, junto a otras pertenencias, dentro la mochila). O que cerca del cadáver estaba, como una amenaza muda, su zapatilla derecha en perfecto estado (tras casi cuatro meses supuestamente a la intemperie). O que su celular se activó al día siguiente de que se lo vio por última vez con vida.

    Para no hablar de la “Testigo H” o “E.H.R.” (por sus iniciales), cuya identidad sigue inexplicablemente “protegida” y su versión es lo único que les ha servido a los defensores de la Bonaerense para “alejar” a Facundo de los destacamentos policiales de Mayor Buratovich y Teniente Origone, localidades villarenses donde se comprobó que estuvo el joven haciendo dedo.

    Facundo Castro a sus 22 años
    Facundo Castro a sus 22 años

    La Izquierda Diario cubrió el caso desde el inicio , cuando una desesperada Cristina Castro alzó su voz pidiendo saber dónde estaba su hijo. Con responsabilidad y rigor informativo, nada de lo denunciado en este sitio pudo ser desmentido o rebatido por las autoridades políticas, más preocupadas por ocultar el caso que por llegar a la verdad.

    “Son cinco años en los que todavía sigo viviendo en un limbo, para mí es como si hubiera sido ayer”, dice hoy Cristina ante la consulta de este diario. “Y cada día que pasa, siguen matando a mi Facu, tanto la Policía que sigue ‘trabajando' y nos sigue agrediendo, como el Poder Judicial que está más comprado que nunca; y el poder político, claro”, agrega.

    Desde el Estado cuestionaron, hostigaron y finalmente ningunearon a la madre del joven. Hasta las áreas de Derechos Humanos nacional y provincial le dieron la espalda. Pero ante cada ataque, ella se fortaleció, convencida de que la verdad está de su lado. “Otro año de elecciones, otra vez teniendo que poner el pecho y mi hijo sigue con esa injusticia. Duele muchísimo que en esta Argentina a los jóvenes, que son el futuro, los estén matando y encubran a los asesinos”, afirma con firmeza.

    Causa abierta

    Hace una semana Cristina publicó un video en vivo a través de su cuenta de Facebook. Eran las 7:34 de la mañana y hablaba desde una vereda, antes de ingresar a hacerse análisis clínicos. Allí recordó que la causa judicial por su hijo “no está cerrada, sigue abierta con la misma carátula de ‘desaparición forzada seguida de muerte' y estamos esperando más pruebas de la Datip que no aún han llegado”. Se refería a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, responsable de peritar teléfonos y otros dispositivos.

    La madre de Facundo agregó que en ese expediente, que se tramita en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, hay cuatro policías bonaerenses imputados y que fue el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez quien primero los consideró sospechosos del crimen. El mismo fiscal que luego, en acuerdo con el Poder Ejecutivo provincial, embarró la causa hasta donde pudo y finalmente terminó renunciando al caso. Los policías son Mario Sosa, Alberto González, Jana Curuhinca y Siomara Flores.

    Cristina filmó ese vivo con indignación. Es que el día anterior había terminado un juicio (del que este diario informará próximamente) contra el adiestrador canino Marcos Herrero, donde ella declaró como testigo. El hombre que halló rastros de Facundo en sedes policiales de Bahía y Villarino, actuando como perito en procedimientos celosamente custodiados por la Fiscalía y fuerzas como Gendarmería, acaba de ser condenado por “falso testimonio” en un proceso motorizado por el propio fiscal Martínez a partir de una denuncia de los mismos policías a los que imputó en 2020.

    Policías Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González | Fotos de redes sociales
    Policías Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González | Fotos de redes sociales

    Para ella, el juicio contra Herrero fue “muy oscuro”, donde no pudieron declarar testigos claves y hubo varias irregularidades tanto del Tribunal como de la Fiscalía. Y responsabiliza directamente al intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, quien desde el principio (tal como lo relató este diario) se puso al servicio de la defensa de los policías, del ministro de Seguridad Sergio Berni y del gobernador Axel Kicillof.

    Hay otros “detalles” que algunos pretenden pasar de largo. Por un lado que Sebastián Martínez, abogado de los cuatro policías que denunció a Herrero por “plantar pruebas” en la causa de Facundo, es a la vez asesor letrado del Municipio de Villarino. Es decir que reporta directamente a Bevilacqua. Por otro lado, que aún si las pertenencias de Facundo halladas en las comisarías por los perros de Herrero fueran quitadas del expediente por la desaparición forzada, hay muchas pruebas más que impiden exculpar del crimen a la Bonaerense.

    La causa por la desaparición forzada seguida de muerte sigue abierta. Pero a la vez en estos cinco años la llamada “Justicia” se empecinó en no buscar la verdad. Aún la familia y los amigos del joven quieren saber cuándo, dónde y cómo murió Facundo. Y quiénes fueron los culpables.

    La impunidad como método

    Leandro Aparicio, uno de los abogados de la querella, lleva años trabajando en causas por violaciones a derechos humanos. Consultado por La Izquierda Diario reflexiona: “Uno ya pasó por muchas de estas cosas y entiende que, pese a la claridad de los hechos, no es todo tan sencillo y hay comportamientos en los actores involucrados que se repiten. Lo que está pasando con esta causa ya lo anticipamos tiempo atrás”.

    Como si se trataran de capítulos de una misma serie, el abogado también asumió la defensa del perito Herrero. Respecto a esos “comportamientos” que se repiten en causas diversas, Aparicio grafica: “En septiembre vamos a tener una nueva audiencia en el caso de Daniel Solano, que desapareció en noviembre de 2011; un caso que, aún poniéndole todas las energías, sabemos que puede llevarnos veinte años. También participamos en la causa de Sergio Ávalos, desaparecido hace 22 años. Quiero decir que sabemos que la causa de Facundo puede durar mucho”.

    Las implicancias políticas del caso están a la vista. En medio de la cuarentena, las detenciones arbitrarias, las torturas, el gatillo fácil y hasta las desapariciones estuvieron a la orden del día. Algo que contradecía el discurso “progre” del Frente de Todos y que, por lo tanto, había que ocultar. Sólo la movilización popular, que llegó a manifestaciones masivas en Plaza de Mayo y otros puntos del país, obligó al Estado a dar (tibias) respuestas ante casos imposibles de tapar.

    “Yo no me voy a olvidar nunca que (Alberto) Fernández, (Cristina) Fernández y (Axel) Kicillof estaban al frente del Estado cuando mataron a mi hijo. Yo hubiera peleado contra cualquier gobierno, fueron de lo más corrupto y asesino”, dice Cristina sin titubeos.

    Aparicio agrega su percepción. “Desde hace un par de años vienen trabajando con el objetivo concreto de blindar la candidatura presidencial de Kicillof. Para intentar bloquear cualquier amenaza llegaron a contratar escritores a medida, que ya publicaron dos libros sobre el caso de Facundo con ese propósito evidente”, dice el abogado. Sobre uno de esos libros también se escribió en este diario.

    A nivel judicial también hay responsabilidades imposibles de obviar. Tanto el juez federal Walter López da Silva como el equipo de fiscales que integran Iara Silvestre, Horacio Azzolin y Alberto Gentili le deben muchas explicaciones a la familia. “En la medida de nuestras posibilidades y recursos hicimos todo para avanzar en que se sepa toda la verdad, pero no podemos decir lo mismo de la Fiscalía, desde donde parece haberse dejado todo en stand by . No es normal que llevemos dos años y medio esperando pruebas que surjan de las pericias a los teléfonos de los policías”, sentencia el abogado querellante.

    La lucha continúa

    “Son tiempos en los que parece que somos nosotros los que tenemos que defendernos, como si hubiéramos sido los criminales y no las víctimas. Y lo vamos a hacer, con la esperanza que nos da toda la prueba dura, técnica, que conseguimos en estos cinco años. En algún momento vamos a poder avanzar. Tenemos que poder establecer qué fue todo lo que pasó ese 30 de abril de 2020”, sentencia Aparicio desde Bahía Blanca.

    La esperanza de la que hablan desde la querella se basa en pruebas que ya constan en el expediente o están por ser incorporadas. Entre ellas figura la constatación, a través de pericias de la Datip, de que Castro estuvo en la comisaría de Mayor Buratovich el día de su detención, lo que desmiente la versión policial de que “lo dejaron seguir”. De hecho Curuhinca es quien le sacó una foto, de espaldas y probablemente esposado, delante del patrullero y junto al oficial Sosa.

    “También pudimos acreditar que Facundo estuvo tirado en la ruta después de ese primer ‘encuentro' con la Policía y que luego estuvo en Origone”, agrega el abogado. “Y que el relato de González sobre cómo fue el encuentro con la Testigo H difiere notablemente de lo que dice la misma mujer. Una testigo que no quiso entregar su agenda para peritar y que reconoció haber mentido cuando dijo que ese día fue a un lugar de Bahía Blanca al que en verdad nunca fue”.

    Cristina y los suyos tienen la certeza de que, al menos, tres de los policías estuvieron en contacto directo con Facundo ese día, pero de una manera totalmente distinta a la que relataron los uniformados y sus superiores políticos. “Obviamente deberían estar detenidos desde hace mucho, pero desde el momento en que Berni personalmente decidió meterse en la causa, todo se hizo más complejo”, reflexiona Aparicio. Vale decir que nada cambió al respecto con el reemplazo de Berni por Javier Alonso al frente del Ministerio de Seguridad (renovación del segundo mandato de Kicillof).

    Además de la causa principal por desaparición forzada seguida de muerte y de la subsidiaria en la que hace pocos días se juzgó y condenó al adiestrador canino, hay una tercera en la están imputados Luciano Peretto, el otro abogado de la familia, y la experimentada médica forense Virginia Créimer, que actuó en la causa como perita de la querella.

    “Supuestamente se los acusa de haber ayudado a Herrero a ‘plantar pruebas'”, dice Aparicio. Pero advierte: “Estamos pidiendo tener acceso a ese expediente y nos lo están negando. Es decir, no podemos siquiera conocer los fundamentos. Pero medios como La Brújula y La Nueva sí acceden a la causa y, por lo que ellos dicen, la causa está tan armada que no podemos descartar que terminen imputando a la misma Cristina”.

    Mientras tanto, la madre de Facundo sigue levantándose cada día para ir a trabajar a la estación de servicio de Pedro Luro. Desde ese mismo lugar, hace casi cinco años, hablaba por primera vez con La Izquierda Diario. Hoy, con ríos enteros pasados bajo el puente, vuelve a respondernos.

    “Simplemente quiero recordar a Facu como era. No quiero olvidarme de que mi hijo me regaló veintidós años de alegría, de felicidad, de compartir y de saber que hice bien las cosas, que crié un buen pibe. Que me lo arrebató la política y lo siguen matando todos los días. Pero mientras Dios me deje abrir los ojos, yo no voy a dejar de pelear por justicia. Facu se merece descansar en paz y nosotros nos merecemos hacer el duelo que llevamos cinco años sin poder hacer”. ¡Facundo Castro Presente!

    Notas clave para entender el caso

    Cristina Castro: “Estoy hermanada con todos los familiares de desaparecidos”

    Claroscuros de la autopsia de Facundo Castro: ¿que parezca un accidente?

    Cuando la Policía empoderada hizo de la cuarentena una máquina de matar

    Apartan a la jueza Marrón por su actuación a favor de la impunidad

    ¿Qué hizo el Estado con la mochila de Facundo Astudillo Castro?

    Kicillof tomó partido por la impunidad en el caso de Facundo Castro

    Declaró el pescador que halló el cuerpo de Facundo Castro: complicó más a Berni y a la Federal

    Diez testigos claves que Berni preferiría que no existan

    El falso testimonio del policía Galarza que deja al desnudo a la Bonaerense

    Walter, Teresa, Facundo… era en abril

    Entrevista agosto 2020: Cristina Castro y sus abogados desenmascaran a Berni y la Bonaerense

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  • Fronteras norte: Milei despliega el Ejército para la represión interna violando la Ley de Seguridad

    30 de abril, por Salta — , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    El anuncio del ministro de Defensa, Luis Petri, de desplegar efectivos del Ejército en zonas fronterizas bajo la "Operación Roca" -parte del Plan Güemes- es una medida para la represión social que viola la Ley de Seguridad Interior. Bajo el Plan Güemes asesinaron al bagayero Fernando Gómez.

    El ministro de Defensa acaba de confirmar que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la frontera norte, el gobierno de Javier Milei está capacitando y equipando a las Fuerzas Armadas para intervenir en tareas de seguridad interior, allanando el camino para su uso contra la protesta social.

    La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, incluyendo detenciones de civiles en flagrancia, viola las leyes llamadas de la democracia conquistadas por años de movilización de un amplio sector de la sociedad, luego de la última dictadura militar.

    El 14 de abril, Petri activó formalmente la Operación Roca, que implica el despliegue de militares en las fronteras norte y noreste hasta diciembre de 2025. La medida, coordinada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, busca reforzar el control en zonas como los departamentos San Martín y Rivadavia y les permite que detengan civiles en forma transitoria a quienes cometan delitos en flagrancia, entre otras medidas.

    Con la excusa de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno nacional, en alianza con el gobernador salteño profundiza la militarización de las fronteras mediante el "Plan Güemes", ahora reforzado con la "Operación Presidente Julio Argentino Roca", que incorpora al Ejército en tareas de seguridad interna.

    Sin embargo, el verdadero blanco no son los grandes narcos, sino los trabajadores precarizados que cruzan la frontera para subsistir. El primer tramo del Plan Güemes, lanzado en diciembre de 2024, ya dejó un saldo trágico: el asesinato de Fernando Gómez, un bagayero de 27 años, baleado por Gendarmería en Orán durante un operativo. A pesar de que cinco gendarmes fueron imputados, siguen en libertad, y la jueza federal Ivana Hernández encuadró el caso como "homicidio en riña", en lugar de investigarlo como un crimen de lesa humanidad.

    Te puede interesar: El Gobierno manda al Ejército a vigilar tierras salteñas mientras encubre a gendarmes asesinos

    Órdenes reservadas y armas cargadas: ¿Seguridad o amenaza?

    El gobierno de Javier Milei ha dado un paso alarmante al autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte bajo las llamadas "reglas de empeñamiento", una medida que, aunque se presenta como una estrategia contra el narcotráfico, enciende las alertas sobre un uso represivo contra la población.

    Según documentos a los que accedió Clarín, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, emitió instrucciones secretas que permiten a los militares:

    Detener civiles "en flagrancia" sin una regulación clara sobre qué constituye un delito en esas circunstancias. Portar armas cargadas en patrullajes, con protocolos ambiguos sobre el uso de la fuerza. Realizar "disparos de advertencia o neutralización", una fórmula peligrosamente vaga que podría derivar en violencia indiscriminada.

    Aunque el gobierno insiste en que estas reglas están alineadas con el Código Penal, estas nuevas normas chocan con las leyes vigentes. Particularmente con la Ley de Seguridad Interior y la de Defensa que limita el rol castrense a situaciones excepcionales, como las amenazas estatal externa. Así lo plantea la Ley de Defensa, en su artículo 2, a partir de un decreto reglamentado en el año 2006.

    Operativo Roca

    Este operativo, que implicará el despliegue de 10.000 soldados -el 25 % del Ejército en condiciones operativas-, cuenta con el respaldo de un decreto presidencial que, sin embargo, no es suficiente para modificar el texto de una ley, ya que en realidad se trata de una resolución ministerial muy opaca.

    Petri justificó la autorización para que los militares detengan civiles bajo el argumento de que "todos los códigos procesales lo permiten". Sin embargo, oculta tres detalles clave:

    Las "reglas de empeñamiento" son secretas, por lo que no hay control sobre los protocolos de uso de la fuerza. El decreto 1112/2024 fue firmado por Javier Milei sin debate parlamentario. Los efectivos se desplegarán en poblaciones del interior, no solo en pasos fronterizos, ampliando su radio de acción.

    Ante las voces que se alzaron contra esta resolución, Petri lo justificó diciendo que "es controversial para quienes defienden narcos y delincuentes". Pero la historia argentina enseña que cuando los militares asumen funciones policiales, termina en represiones brutales contra el pueblo trabajador y sectores populares, o en genocidio como fue la última dictadura militar.

    El Ejército en las fronteras: ¿seguridad o represión?

    La nueva fase del plan despliega efectivos militares en el departamento San Martín (Tartagal, Salvador Mazza, Aguaray), una zona con fuerte presencia de comunidades originarias. La decisión, formalizada mediante la Resolución 347/2025, autoriza a las Fuerzas Armadas a operar hasta diciembre de 2025, pese a que la ley les prohíbe participar en conflictos internos.

    En países como Colombia, México o Ecuador, la intervención militar en seguridad interna para, supuestamente, combatir el narcotráfico ha demostrado que es un fracaso completo. Entre otros motivos, porque estas fuerzas forman parte de estas bandas criminales, que, lejos de combatirlas, las robustecen.

    Te puede interesar: ¿Quién sostiene al narcotráfico? Las propuestas de la izquierda para atacar este negocio criminal

    Desde la izquierda, la candidata a concejal Daniela Planes, por el PTS en el Frente de Izquierda, sostuvo que es grave la resolución y agregó que “el gobernador Gustavo Sáenz y Bullrich quieren disfrazar con el plan Güemes la lucha contra el narcotráfico, pero es un plan represivo y racista”. Agregó, además, que las consecuencias de esto se encuentran en el asesinato de Fernando Gómez. “Ahora autorizan a militares a detener civiles. Hay que repudiarlo y enfrentarlo. Nos quieren hacer creer que con Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Salta pueden combatir el narcotráfico y las redes de trata. Cuando en verdad todo el pueblo sabe que el Estado es cómplice”.

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    Operación Roca: Un caballo de Troya

    El plan implica movilizar 10.000 efectivos (25 % del Ejército) con estas características alarmantes: Armamento en "nivel 3" (cargado y sin seguro) en situaciones de "potencial peligro". Facultades para "disparos de neutralización", un eufemismo que podría encubrir ejecuciones extrajudiciales. Coordinación con Paraguay, lo que internacionaliza la militarización bajo pretextos de "seguridad".

    El gobierno insiste en que solo actuarán ante "flagrancia", pero: ¿quién define qué es un delito "en flagrancia" en medio de un operativo militar?

    ¿Cómo se garantizarán derechos ante detenciones castrenses sin intervención judicial previa?

    La respuesta parece clara: se prepara un dispositivo para criminalizar la pobreza (migrantes, campesinos, comunidades originarias) y sentar precedentes para usar al Ejército en protestas sociales para avanzar en las reformas a las leyes de Seguridad interior y Defensa, que toda la derecha busca, como se vio bajo el gobierno de Macri, y que no pudieron avanzar porque un amplio sector de la sociedad se opone activamente a que los militares tengan ingerencia interna.

    La frontera es la excusa

    Milei y Petri mienten cuando hablan de "control fronterizo" para la lucha contra el narcotráfico. Lo que están construyendo es un aparato para la represión masiva, usando, junto a las indicaciones de Estados Unidos, el discurso del "enemigo interno" (narcos, terroristas, mapuches).

    Intentan mostrar que el Ejército puede ser la solución al narcotráfico y las redes de trata. Pero la realidad es otra: son los mismos uniformados los que forman parte de estas mafias, mientras jueces y funcionarios actúan como cómplices, encubriendo a los verdaderos capos que después financian a los partidos del régimen y a los políticos tradicionales.

    Foto: Luis Petri, Gustavo Sáenz y Patricia Bullrich durante el anuncio del Plan Güemes en la frontera norte de Salta

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