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Un guiño para la impunidad: se suspendió la audiencia preliminar en la causa del ingenio La Fronterita
15 de febrero, por Tucumán — Política, Tucumán, Libertades Democráticas, Genocidio, Juicios por la dictadura, Ingenio La Fronterita, Operativo Independencia, Política, Tucumán, Libertades Democráticas, Genocidio, Juicios por la dictadura, Ingenio La Fronterita, Operativo Independencia
Estaba programada para el lunes 17, donde se definiría la modalidad del juicio oral a los empresarios acusados por su complicidad con delitos de lesa humanidad.
Para este lunes 17 de febrero estaba programada la audiencia preliminar del juicio que investiga la complicidad empresarial en una decena de secuestros y desapariciones forzadas en torno al ingenio La Fronterita. Finalmente por una decisión judicial se suspendió la audiencia preliminar y no hay certezas aún de una próxima fecha.
Esta instancia preliminar es un paso importante donde iban a definirse las modalidades de las audiencias del juicio a empresarios del grupo empresario José Minetti y Cía por su complicidad con delitos de lesa humanidad. Este causa es importante porque se trata del primer juicio a empresarios en una provincia donde su complicidad con el genocidio comenzó durante el Operativo Independencia en 1975 y continuó con la dictadura tras el 24 de marzo de 1976.
Como parte de las actividades por el 50° aniversario del Operativo Independencia, organismos de derechos humanos realizarán este lunes 17 una concentración en la sede del Tribunal Oral Federal de San Miguel de Tucumán, con actividades entre las 9 y 12.
Un guiño para la impunidad
La decisión judicial es un guiño a la impunidad de los empresarios en una causa judicial que ya lleva 10 años. La decisión judicial es funcional al “Punto Final biológico” que asegura la impunidad de los procesados al ser apartados por razones médicas o directamente fallecer sin ser juzgados. En la causa del ingenio La Fronterita, de los seis procesados en un principio, solo dos empresarios llegan al banquillo de los acusados. Se trata de Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, ya que otros tres acusados fallecieron y uno fue apartado por su estado de salud.
Esta dilación también afecta a sobrevivientes y testigos en una causa que reúne los casos de 68 víctimas. Entre ellas se encuentran 7 personas que fueron víctimas de desaparición forzada y 19 que fallecieron; mientras que de las 28 víctimas que se tienen datos certeros, 11 tienen más de 70 años. Casi la mitad de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal Federal son mayores de 70 años.
La participación empresaria en el genocidio
El ingenio La Fronterita se encuentra ubicado en el departamento de Famaillá, a cuarenta y cinco kilómetros de San Miguel de Tucumán. Fue propiedad de la Sociedad José Minetti y Cía desde 1923 hasta 2016, cuando fue adquirido por Arca Continental (embotelladora de Coca-Cola). A partir del Operativo Independencia, en el predio del ingenio funcionó un espacio como centro clandestino de detención, siendo uno de los tantos ejemplos de participación empresaria en el genocidio. El papel empresario además implicó la realización de tareas de inteligencia, facilitando listados, información y fotografías de los trabajadores del ingenio que debían ser secuestrados (a veces desde las propias colonias del ingenio).
El grupo Minetti tenía como objetivo descabezar al activismo fabril y a la comisión directiva del sindicato del ingenio, que había sido recuperada por sectores combativos y tuvo un rol destacado en la huelga general de la FOTIA en 1974. Luego de avanzar sobre la organización obrera se abocó a sus planes de aumentar sus ganancias por la vía de la intensificación de los ritmos de trabajo, la introducción de cosechadoras integrales y despidos masivos.
Fotografía: Agustín Indri.
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Organismos de DDHH junto a sindicatos marcharon en Plaza de Mayo
14 de febrero, por Marcha de la Resistencia — Mundo de l@s trabajador@s, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CTA, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Agrupación Marrón, Sitio de la memoria, Javier Milei, Memoria, Mundo de l@s trabajador@s, Ciudad de Buenos Aires, Libertades Democráticas, CTA, Dictadura cívico-militar-eclesiástica, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Agrupación Marrón, Sitio de la memoria, Javier Milei, Memoria
Este viernes por la tarde comenzó la Marcha de la Resistencia convocada por ATE junto a otros gremios, organizaciones de Derechos Humanos como Abuelas y Madres y otros sectores en lucha. Culmina mañana sábado al mediodía con la lectura de un documento. En el marco del ataque a la memoria y a los trabajadores del Estado del gobierno de Milei e impone frenarlo en las calles.
Este viernes por la tarde, comenzó la Marcha de la Resistencia. Cientos de trabajadores estatales agrupados en ATE y de otros gremios, de luchas en curso y organismos históricos de Derechos Humanos junto a referentes políticos rodearon el mástil de la Plaza de Mayo en una movilización que culminará el sábado al mediodía con la lectura de un documento.
Como referencia tomaron la histórica ronda de las Madres. Estuvieron presentes, Catalano junto a delegaciones de ATE, CTA y de La Bancaria. Los secretarios generales de SUTEBA, Baradel y Yasky. La diputada Victoria Montenegro de UxP. Del PTS en el Frente de Izquierda estuvieron presentes Nicolás del Caño, la legisladora porteña Andrea D'Atri y la ex legisladora y referente de DDHH, Alejandrina Barry. Abuelas y Madres, junta otros históricos organismos de DDHH como HIJOS o el CePRoDH, entre otros.
Trabajadores despedidos de Sitios de Memoria estuvieron rodeados por la solidaridad de otros sectores del Estado. También participaron despedidos de Shell, de Volkswagen, de Pilkingon, de Procter & Gamble y otros sectores en lucha. La Posta de Salud y Cuidado no podía faltar.
#MarchaDeLaResistencia en #PlazaDeMayo
El diputado @NicolasdelCano y las legisladoras @andreadatri y @Barry__Ale, junto a trabajadores en lucha, acompañaron la marcha convocada por ATE y otros gremios. pic.twitter.com/AqCw1PBGlR
— Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) February 14, 2025
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Dato no menor que le dio un carácter más urgente a la convocatoria. Horas antes de que se lleve a cabo, el gobierno, en la figura del Ministro de Justicia Cúneo Libarona, censuró el recital del cantante Milo J, nieto de una víctima del terrorismo de Estado, y suspendió todo evento en los Sitios de la Memoria que no cuente con autorización previa. Incluso se impidió la presentación de un libro en el Faro de la Memoria en Mar del Plata.
La lluvia por otro lado no pudo impedir una nueva movilización contra el ataque que el gobierno de Milei viene lanzando contra la histórica lucha por los Derechos Humanos y la memoria por los 30mil que tiene la forma de desguace de los Sitios de Memoria. Su política es clara, para justificar la represión actual tiene que justificar la de la dictadura.
La respuesta tiene que aclararse. Desde la Agrupación Marrón plantean que al negacionismo de Milei hay que responderle con miles en las calles como ocurrió el 1 de febrero.
No se puede negociar ni pactar con este gobierno. Nada se puede esperar de la rosca en el Congreso. ATE y la CTA tienen que convocar a una gran asamblea en Plaza de Mayo de todos los sectores que están peleando. Poner la fuerza de los gremios a disposición, llamar a asambleas en los lugares de trabajo para empezar a preparar un paro con movilización que muestre que hay fuerzas
Una muestra de eso ocurrió el jueves cuando más de 80 organizaciones de trabajadores de la salud y trabajadores en lucha como los del Posadas o Bonaparte se reunieron en el Garrhan para convocar a una gran movilización el 27 de febrero desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo contra los ataques del gobierno.
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RAM: mientras deja correr el fuego, Bullrich recrea un enemigo “terrorista” a quien culpar
14 de febrero, por Patagonia — Política, Neuquén, Chubut, Río Negro, Libertades Democráticas, Mapuche, Pueblo Mapuche, Patricia Bullrich, Terrorismo, Comunidad mapuche, Política, Neuquén, Chubut, Río Negro, Libertades Democráticas, Mapuche, Pueblo Mapuche, Patricia Bullrich, Terrorismo, Comunidad mapuche
La ministra vuelve a usar al pueblo mapuche como chivo expiatorio. Mezclando e inventando hechos sin mostrar pruebas, culpa a referentes y organizaciones indígenas de incendiar los mismos bosques en los que viven hace siglos. Su mentira tiene patas cortas, su complicidad con los terratenientes no.
Tal como lo había anticipado días atrás la ministra de “Seguridad” Patricia Bullrich, el gobierno de Javier Milei incorporó en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Lo hizo a través de la Resolución 210/2025 del Ministerio, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Hace años que se habla de la RAM en la Patagonia. Sin embargo, en todo este tiempo el Estado argentino no ha podido identificar a personas que se reivindiquen miembros de ese grupo, ni lugares de reunión ni mucho menos hechos que le sean indudablemente adjudicables. Lo que sí abunda sobre el tema es todo tipo de especulaciones, rumores y estigmatización racista.
Tal como lo hiciera en 2017, luego de que las fuerzas represivas a su mando reprimieran a comunidades mapuche y se llevaran las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ahora Bullrich vuelve a la carga con la “RAM” en un contexto en el que su ministerio está profundamente cuestionado por su accionar nefasto en torno a los voraces incendios en Chubut, Río Negro, Neuquén y Corrientes. Al respecto, quien suena como nuevo subsecretario de Ambiente de la Nación, Jorge Brom (en reemplazo de la “estresada” Ana Lamas), le reconoció este mismo viernes al animador Eduardo Feinmann que el Gobierno “no lo ha hecho bien”. Otro candidato a la “guillotina” por reconocer una verdad.
Caza de brujas
En los últimos días, desde el propio Ministerio de “Seguridad”, en complicidad con los gobernadores patagónicos, se desató una caza de brujas contra organizaciones mapuche y grupos de brigadistas que desde el primer momento, mientras los funcionarios miraban para otro lado, estuvieron en la primera línea de combate del fuego. De hecho muchos de ellos también perdieron sus casas.
La maniobra llegó al colmo de detener, sin pruebas, a personas acusadas de haber “iniciado los incendios”, quienes apenas realizadas las audiencias judiciales debieron ser liberadas y sobreseídas. El bochorno fue de tal magnitud que, para no quedar tan mal, el juez de Río Negro Sergio Pichetto (sobrino del dipufacho Miguel Ángel) decidió dejar a Nicolás Heredia (uno de los acusados) encerrado por treinta días para supuestamente evitar que “se fugue” o “entorpezca la investigación”.
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La avanzada criminalizadora incluyó allanamientos violentos a comunidades mapuche, secuestro de pertenencias de sus referentes (desde teléfonos a libros), destrucción de inmuebles, ataque a una radio comunitaria y hasta la detención de Victoria Núñez Fernández, quien integra la Lof Pillañ Mawiza. Pero pese a la campaña, nada vincula a las víctimas de esta persecución con la llamada RAM . Así lo denunció la escritora y activista Moira Millán, miembro de esa comunidad.
<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>En la resolución de este lunes, firmada sólo por Bullrich, se afirma que “la RAM actúa en coordinación con otras agrupaciones con nombres de fantasía, pero que sin duda responden a su coordinación y al alcance de los mismos objetivos”. Muy poco serio.
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A lo Stalin
Tergiversando pasadas declaraciones de Jones Huala, según las cuáles reivindicaba “sabotajes y atentados” contra “la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes” en pos de defender los territorios ancestrales, el Gobierno desató una campaña mediática-judicial contra referentes y organizaciones mapuche que encarnan la lucha por su derecho a la tierra comunitaria.
Coordinadamente, este viernes los medios oficialistas difundieron la noticia. “El informe del Gobierno para declarar grupo terrorista a la RAM de Jones Huala: 136 hechos violentos, incendios, robos y dos crímenes”, titula Infobae; “El Gobierno declaró organización terrorista a la RAM, apuntada por los incendios en la Patagonia”, dice Clarín; “La ministra Patricia Bullrich firmó una resolución para declarar a la RAM como organización terrorista”, acompaña La Nación. Pero alcanza con leer rápido esas crónicas para detectar la opereta. Tanto que los mismos medios evitan comprometerse de más y sólo se limitan a reproducir lo manifestado por Bullrich.
Al incorporar a la llamada RAM en el RePET, el Gobierno ahora dobla la apuesta y busca igualar al pueblo mapuche con organizaciones como ISIS o Al Qaeda. Eso significa que, amparándose en el artículo 41 del Código Penal, se podría encarcelar y condenar por “terrorista” a cualquier persona o grupo al que desde el Estado se le ponga la etiqueta de “RAM” .
Un paso más en el plan represivo contra quienes se plantan en defensa del territorio y los bienes naturales comunes frente al ataque de las corporaciones extractivistas, del “turismo” y la depredación amparadas por los agentes estatales.
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Para justificar la operación, Bullrich y sus secuaces crearon una “carpeta” en la que reúnen hechos, nombres y circunstancias de una forma burdamente direccionada. Según ese armado, desde 2013 operarían en la Patagonia células “seudomapuches” dedicadas al sabotaje, la destrucción de edificios y campos y hasta el asesinato de personas.
Hay que traer al presente un dato nada menor. En 2017, con “Pato” como ministra, el gobierno de Mauricio Macri difundió un Informe RAM plagado de esas falsedades. En los ocho años que pasaron desde entonces, no hubo un solo expediente judicial que haya avanzado en demostrar alguna relación entre los hechos denunciados y los supuestos “terroristas”. Incluso en las causas penales ordinarias que se abrieron contra Jones Huala, la “RAM” y el “terrorismo” brillan por su ausencia.
Hoy, la misma metodología de amalgamar hechos y circunstancias, buscando adjudicar culpabilidades a una organización de la que poco y nada se sabe, reaparece en la resolución del Ministerio de “Seguridad” que declara “terrorista” a la “RAM” . ¿Pruebas? No hacen falta. Con la palabra de la mitómana funcionaria alcanza y sobra.
El texto publicado en el Boletín Oficial dice que la RAM “representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”, ya que hoy “los milenarios bosques patagónicos” estarían siendo arrasados por “los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM”. Sospechosamente, no se nombra a uno solo de esos supuestos “líderes”. Ninguna mención a la situacion catastrófica de los incendios en Corrientes. ¿También allí actuaron los mapuche?
Más burdo aún es el “listado” de “hechos con características terroristas” que fundamentaría catalogar a la “RAM” como tal. En la propia resolución Bullrich escribe: “Tal listado surge, simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión, que han dado cuenta de numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas”.
En un perfecto juego de roles, entre funcionarios y empresarios periodísticos van armando la campaña. Muchas veces tomando hechos reales y otras creándolos, desde oscuras oficinas estatales los servicios de inteligencia proveen “datos”, videos y fotos a las redacciones amigas. Allí se arman “informes especiales” disfrazados de investigaciones, donde la “RAM” aparece como ejecutora.
En lo que bien podría ser un homenaje a los más abyectos métodos estalinistas, no importa si la acusación carece de sustento fáctico. Lo que sirve es publicar la “noticia”. Luego, desde oficinas estatales ya no tan oscuras, se anuncian “operativos” para “ir a fondo” contra los “terroristas”, mientras en despachos judiciales se acompaña con causas que, a veces por años, perseguirán a organizaciones y personas que nada tiene que ver con la “RAM” .
En este diario hemos dado cuenta de cómo esas causas terminan en la nada. O, mejor dicho, terminan en absoluciones de las personas falsamente imputadas. Que no es la nada. Porque esas personas nunca tendrán siquiera un derecho a réplica en los medios que las habían acusado. Porque las comunidades siguen siendo criminalizadas con nuevas campañas y nuevas causas. Y porque la voz de sus miembros sigue siendo silenciada y nunca llega a las audiencias que previamente fueron intoxicadas con pescado podrido.
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Desmontar la opereta y seguir luchando
El círculo de la operación contra las comunidades mapuche y las poblaciones que no se comen el verso de quienes gobiernan se cierra con un dato demoledor. Usando al sello “RAM” como chivo expiatorio, los sectores dominantes de la Patagonia y sus sirvientes políticos y mediáticos acusan a ese pueblo originario de atentar contra “la propiedad privada” que, supuestamente, obtuvieron en buena ley terratenientes como el británico Joe Lewis (amigo de Macri) o el italiano Grupo Benetton .
Pero las casas y campos que hoy se queman en la Patagonia no son ni de Lewis, ni de Benetton ni de ningún gran terrateniente. Son de pobladores comunes y corrientes que, en su gran mayoría, conviven y bancan a las comunidades mapuche en sus luchas ancestrales. Pobladores que, ante la negativa del Estado de combatir al fuego, arriesgan sus vidas convertidos en brigadistas.
Bullrich y sus secuaces, que siempre bancaron a Lewis, Benetton y otros ecocidas, además de armar causas penales contra las comunidades y brigadistas, avalan los ataques contra quienes se solidarizan con ellos por parte de patotas a caballo enviadas por los mismos terratenientes.
Allí cumple un rol clave Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón, quien (¡oh, casualidad!) antes de llegar a la jefatura comunal fue contador de la empresa Laderas. La firma es propiedad del magnate inglés Lewis, apropiador de Lago Escondido y anfitrión de visitas de jueces, fiscales y gerentes de medios para pasar relajadas jornadas en sus tierras. Más claro, échenle agua.
Hay que desenmascarar a Bullrich y su intento de recrear en la “RAM” al enemigo terrorista sobre el que cargar las culpas de los incendios que ya devastaron decenas de miles de hectáreas. Una burda operación que tiene un doble objetivo: desviar la atención de la responsabilidad del Estado y sus mandantes económicos en dejar avanzar el fuego sin poner todos los recursos para apagarlo; y profundizar la persecución y criminalización de las comunidades que luchan contra el extractivismo contaminante y la apropiación capitalista de los bienes naturales comunes.
Hay que organizarse, coordinar todas las luchas y no bajar los brazos. Porque el verdadero “terror” lo aplican ellos.
Patricia Bullrich (cruz en cuello y gorra de la Policía Federal) junto al gobernador Ignacio Torres
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Se sigue organizando la resistencia en asambleas contra los ataques de Milei
14 de febrero, por Luego del 1F — Géneros y Sexualidades, Violencia de género, LGTBIQ+, Salta, Libertades Democráticas, #Asamblea8M, Feminismos, Géneros y Sexualidades, Violencia de género, LGTBIQ+, Salta, Libertades Democráticas, #Asamblea8M, Feminismos
se reunió la asamblea "Antifascista y Antiracista" convocada por la comisión organizadora de la marcha del orgullo el pasado miercoles de cara al 8M. Se votó ser parte de la jornada del 18F por "Justicia por Fernando Gomez e Ivo Torres " y llamar a una nueva instancia de debate y organización unificada con la "Asamblea Lesbotransfeminista" .
Se realizó asamblea para preparar una masiva movilización hacia el 8M, después de llenar las calles de todo el país el 1F. Participaron activistas y organizaciones que son parte de la asamblea lesbotransfeminista y de la comisión organizadora de la marcha del orgullo, agrupaciones del frente de izquierda y de la Campora.
Se intercambió sobre la masividad de la movilización del 1F en las distintas ciudades del país como a nivel internacional en algunos países. Que fue una respuesta contra los discursos de odio y que participaron estudiantes, trabajadoras y trabajadores, docentes, estatales afectados por el plan de ajuste de Milei y sus cómplices.
Se expresó angustia y bronca por el ataque en Oran a M por ser lesbiana junto a la situación que avalan los discursos de odio de gobierno nacional pero que el gobierno provincial sigue siendo un aliado como se viene mostrando con la votación en el congreso y con la presencia del Patricia Bullrich en Aguas Blancas festejando el Plan Güemes que la consecuencia fue el asesinato en manos de la gendarmería de Fernando Gómez, Bagayero de Orán y Rodrigo Torres, laburante, originario y pobre de Jujuy; confirman la intención de pasar el ajuste con bala y represión.
En este sentido se votó, al igual que en la asamblea lebotrasnfemisista, participar de la jornada a realizarse el 18 de febrero a las 18 hs en la plaza 9 de julio a dos meses del asesinato de Fernando Gómez salir a decir Justicia por Fernando, Ivo y Lucas Mercado. Contra los crímenes del Estado y discursos de odio. En la jornada se realizara un pañuelazo.
Entre otras actividades la asamblea voto realizar una nueva asamblea unificada el 25 de febrero a las 20hs en la Usina Cultural para preparar una gran movilización el 8M, actividad el 7M se conmemora el día de la visibilidad lésbica en homenaje a Pepa Gaitán, asesinada por lesbiana.
Ahora que comenzó el cursillo en la UNSa, la docencia asiste a las escuelas, en cada lugar de trabajo, en los barrios es importante organizarse, en unidad con las luchas de trabajadores que son parte de la resistencia a las políticas de este gobierno. Te invitamos a participar de la Jornada del 18 de febrero y a la próxima asamblea del 25/02 , junto a Pan y Rosas.
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Una orden judicial bloquea posible eliminación de archivos
13 de febrero, por Crímenes de Lesa Humanidad — Política, Libertades Democráticas, Derechos Humanos, Política, Libertades Democráticas, Derechos Humanos
La Justicia dictó una medida que impide la manipulación o traslado del Archivo General de la Armada Argentina, clave para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.
En un contexto donde las políticas de memoria, verdad y justicia enfrentan retrocesos alarmantes por las políticas del gobierno nacional, la reciente decisión judicial de dictar una medida de "no innovar" sobre el Archivo General de la Armada Argentina se presenta como un hecho significativo. La medida fue tomada por el juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, y prohíbe cualquier traslado, manipulación o depuración de los documentos alojados en la sede ubicada en Bolívar 1622, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La decisión judicial responde a la intención de la Armada de trasladar este archivo al denominado Garage Central y llevar a cabo un proceso de "depuración" que, según denuncias de organismos de derechos humanos, implica la destrucción de documentos. Este archivo es crucial para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983). En particular, constituye una fuente probatoria esencial para las causas judiciales en curso, como la megacausa ESMA, que busca esclarecer hechos como desapariciones forzadas y apropiaciones de menores.
La medida de "no innovar" dictada por el juez Kreplak no es aislada. Se suma a una decisión previa del Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, que también buscaba garantizar la preservación de documentos en el marco de investigaciones similares. En este contexto, resulta evidente que estas decisiones judiciales reflejan una preocupación compartida por la preservación de material probatorio fundamental para las causas de lesa humanidad.
La fiscalía, en su pedido al juez Kreplak, argumentó que las acciones anunciadas por la Armada comprometían seriamente la posibilidad de obtener justicia y esclarecer los crímenes del pasado. Asimismo, destacaron que la documentación contenida en estos archivos es fundamental no solo para las investigaciones actuales, sino también para futuras indagaciones.
Ni un paso más en favor de beneficiar a los genocidas
Desde la izquierda, se denuncia que estas acciones no son hechos aislados, sino que responden a una política sistemática de debilitamiento de las instituciones vinculadas a los derechos humanos. Estas políticas incluyen el cierre de organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el desmantelamiento de áreas clave en la Secretaría de Derechos Humanos. La izquierda subraya la importancia de resistir estos embates y defender las conquistas históricas en materia de memoria, verdad y justicia.
El desguace de estas instituciones y la amenaza sobre archivos históricos no solo afectan a las causas judiciales en curso, sino que también constituyen un ataque a la memoria colectiva y a los derechos de las víctimas y sus familiares. Por ello, la lucha por preservar estos documentos es también una lucha por garantizar que los crímenes de la dictadura no queden impunes y que las nuevas generaciones puedan conocer la verdad sobre este oscuro capítulo de nuestra historia.